Juan Pablo Fernández M.
@FernandezMJP
El gobierno Santos está por imponer la peor contrareforma agraria de la historia de Colombia. No le importa que la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sean reiterativas en señalar que los baldíos deben ser destinados, en adjudicación y explotación, a campesinos pobres y trabajadores rurales sin tierra. La Ley Urrutia Zidres es inconstitucional, abusiva y por completo inconveniente si lo que se busca es el desarrollo democrático del campo. Nadie se había atrevido a tanto.
Siendo presidente Álvaro Uribe, al enfrentarse al dilema de despojar a los pobres del campo de sus derechos sobre los baldíos, expresó cómo en la entrega de tierras propiedad de la Nación existe el límite legal de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, y que para superarlo debía tramitarse en el Congreso una reforma que permitiera dar esas tierras en extensiones de 40, 45 mil hectáreas. El exmandatario dijo: “No vemos la posibilidad política” (http://bit.ly/1QQD2r8). Y agregó que el camino eran las concesiones y las alianzas productivas de débiles con poderosos, las de la zorra con las gallinas. Santos continua esa línea y se apresta a resolver lo que un exministro de Agricultura llamó el “chicharrón de los baldíos.”
Se está ante el sexto intento de Santos por ‘arreglar’ el “chicharrón”. Para hacerlo pretende pasar por encima de los derechos de los propietarios medianos y pequeños y de los pobladores pobres del campo, y de Alcaldes y Concejos municipales –para legalizar las ilegales acumulaciones de baldíos cometidas por compañías como Cargill, la mayor multinacional del agronegocio del mundo–.
Las Zidres serán enclaves territoriales administrados por el gobierno nacional que podrán crearse en cualquier parte del territorio nacional, sin intromisión de Alcaldes, Concejos y autoridades ambientales. Todas las propiedades se declararán de utilidad pública e interés social, excepto para fines expropiatorios. Esta figura legal tiene como fin restringir el ejercicio del derecho a la propiedad privada, que incluye el dominio, el uso y la explotación. El dominio no se toca. Luego, a los propietarios y/o tenedores dentro de una Zidres les dirán cómo usar y explotar sus propiedades y no podrán opinar sobre si lo impuesto les resulta o no conveniente y mucho menos si desean o no estar dentro de esas zonas. Estas medidas confiscatorias del derecho a la propiedad privada se aplicarán en beneficio de poderosísimos monopolios del agronegocio, quienes tendrán la potestad de decidir cómo operar y bajo qué parámetros desarrollar sus proyectos agropecuarios. Es otra ley del embudo contra las gentes sencillas del campo.
De acuerdo con la Constitución y la Ley 160 de 1994 los baldíos nacionales deben entregarse a los campesinos y trabajadores rurales sin tierra. La Ley Urrutia Zidres crea la figura de la concesión o el arrendamiento para su explotación y sin límite de extensión, cuando hoy no pueden ser entregados en superficies superiores a una UAF. En la práctica la iniciativa permitirá que se entregue la explotación de los baldíos en períodos y extensiones ilimitados, creándoles un nuevo destinatario: los monopolios.
Los derechos de explotación sobre los baldíos entregados en las Zidres, además de que podrán ser objeto de compra venta, irán acompañados de un tipo particular de alianzas productivas, las de la agricultura por contrato, modelo impulsado por Cargill y aplicado en Colombia por Indupalma. Estas falsas asociaciones consisten en que un operador-gestor les traslada a los propietarios de la tierra todos los riesgos asociados a la producción agropecuaria mientras este solo recibe los beneficios como gestor y como operador adquiere el derecho a “tumbar” a campesinos y empresarios nacionales que terminarán convertidos en nuevos “siervos de la gleba” y poniendo en riesgo su patrimonio, como ha sucedido en el caso de Indupalma.
Santos prueba que es el presidente más antiagrario de la historia con el modelo de las Zidres. La combinación de libre comercio y TLC, el clientelismo rural y las Zidres consolidarán un campo donde, de una lado la dieta básica de los colombianos será importada –arruinando el trabajo y la producción colombianas y entregando la soberanía alimentaria–, y de otro lado la renta de la tierra y el trabajo rural colombianos sean extraídos en favor de los monopolios y los especuladores. Bastas zonas del campo quedarán abandonadas del respaldo estatal y continuarán sumidas en la pobreza y el atraso, mientras los enclaves rurales de las Zidres gozarán de las gabelas y apoyos gubernamentales abriendo el camino para crear de esta forma una nueva fuga de la riqueza nacional y lesionar la soberanía territorial del país.
Bogotá, 15 de diciembre de 2015
