Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 13 de mayo de 2011.
En nada sorprende la intervención de SaludCoop. Porque los hechos eran tan graves y de tanto tiempo que el tapen-tapen ya no daba más, asediado por las acusaciones de quienes no se dejaron silenciar. A Santos y a Angelino, que nunca dijeron ni pío, les tocó montarse en las denuncias, no fuera que los superaran los acontecimientos, luego de que fracasara el intento del minprotección, Mauricio Santa María, de silenciar la gran sobrefacturación de medicamentos del Grupo SaludCoop que detectó la Universidad Nacional de Colombia, al igual que otros casos que se denunciaron en el Senado. Quien revise las posiciones y las fechas verá que el gobierno se movió tarde y a regañadientes (http://bit.ly/jpna5G).
El que tenga que responder ante la justicia que responda, garantizándole el debido proceso. Pero este problema no puede limitarse a un caso penal. Es bastante más complejo. Se está ante un sistema, el de la Ley 100 de 1993 –en cuyo diseño participaron Gaviria, Santos y Uribe–, perverso, torcido, que induce y facilita cualquier desproporción, hasta ponerlo a navegar en un mar de pus. Porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de la nación, lo que significa que primero son las ganancias de los intermediarios y luego lo demás. A mucha gente la enferma y la mata la Ley 100.
El sistema es tan sesgado que el gobierno les da a las EPS del contributivo 500 mil pesos por afiliado al año, para que de ellos se paguen los derechos de salud. Pero también les dice que de esos 500 mil pesos saquen sus ganancias, con lo que las empuja a la peor práctica: entre menos medicamentos, especialistas y hospitalizaciones les den a los pacientes, más plata ganan los negociantes de la salud. Otro caso. Una EPS puede reportar que una pastilla de acetaminofén o lavar una sábana le costó una suma estrambótica, hasta la más absurda, y ello no solo no es ilegal sino que puede no suscitar reclamo alguno, porque las normas dicen que no hay control de precios y que estos los determina la “libre competencia” entre las EPS. Árbol que nace torcido…
Además de que la Ley 100 genera este espanto, sus desarrollos normativos, tan neoliberales como la propia ley, contribuyen al saqueo de los recursos públicos. Tal el caso de la integración vertical entre las EPS y las IPS (clínicas, por ejemplo), que puede llevar a que un gerente de una EPS que a su vez sea socio de una IPS organice las cosas para cobrar altos precios por los servicios, de manera que la IPS defrauda a la EPS y al sistema de salud, pero el gerente se enriquece. Y son muchas más las formas como se saquean los recursos de la salud.
Aplicadas las necesarias sanciones, lo principal es el debate de fondo. ¿Va a cambiarse el modelo de salud o van a fritar unos peces flacos y hasta gordos para que todo siga igual? ¿Cambiarán a unos vivos poderosos por otros más vivos y más poderosos? El negocio es tan grande –27 billones de pesos en lo público– que alborota la codicia hasta en Wall Street. El ministro Santa María, fiel a su dogmatismo interesado, dijo que era absurdo derogar la Ley 100, cuando lo absurdo es no derogarla, porque ella es la causa del problema. La corrupción es la fiebre y la enfermedad es el modelo económico de salud, sin cuyo reemplazo nada se modificará de verdad e incluso puede empeorarse.
Lo principal que hay que comprender es que las EPS sobran, no se necesitan en un sistema de salud. Cualquier sistema exige gastar en médicos, enfermeras, medicinas y procedimientos, en clínicas y otros centros de atención, tanto públicos como privados, y también en gerentes y administradores en general. Pero las EPS, tras el pretexto de que administran los recursos públicos, cobran lo que cuesta la administración y, además, sacan grandes ganancias para hacer con ellas lo que se les antoje, utilidades que hacen falta para darles buena salud a los colombianos.
La dificultad para cambiar de fondo el modelo de salud es que la Ley 100 cuenta con amigos poderosos: el cartel de las EPS de ahora y del futuro, el sector financiero, las cúpulas de los partidos santistas, el jefe del Estado y la casa Blanca, que mediante el libre comercio impone la salud como negocio y el libertinaje en los precios de los medicamentos y demás gastos. La ventaja es que crece un gran movimiento por la salud y la dignidad nacional que exclama: ¡Basta ya! ¡No más abusos y corruptelas! ¡No más humillaciones! ¡La salud debe ser un derecho y no un negocio! Este es, sin duda, el gran debate democrático del momento en Colombia.
