Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre el impacto de la parapolítica en el Congreso y la reforma política, Plenaria del Senado, 2 de abril de 2008.
Quiero unirme a las voces que expresan la gravedad del momento político. No es de poca monta que cerca de 55 congresistas, de los elegidos en el 2006, sin contar a los del 2002, estén hoy encartados y empapelados por cuenta de la parapolítica y el paramilitarismo. Y que de esos haya más de 20 tras las rejas, pero repito, pasan de medio centenar los que de una u otra manera están encartados.
Lo primero es expresar nuestro absoluto respaldo a la Corte Suprema de Justicia para que siga actuando conforme a la Constitución y a la ley y persiguiendo este tipo de delitos execrables. Y preguntarnos qué pasa con la Fiscalía General de la Nación, del antiguo viceministro de Justicia del presidente de la República, ¿por qué tanta lentitud? Recordemos que la Corte Suprema investiga a unos pocos colombianos, creo que no llegan a 300, mientras que la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar al resto, a los otros 40 millones. Y entonces llama la atención la escasa proporcionalidad entre unas actuaciones y las otras, cuando es obvio que en este lío del paramilitarismo no hay solo políticos involucrados, o por lo menos congresistas, sino que debe de haber funcionarios de todos los tipos, empresarios, ciudadanos del común, jueces de la República, etc., porque este cáncer permeó todas las instancias del vida nacional. Entonces uno sí se debe preguntar qué pasa con la Fiscalía. Y vuelvo a subrayar en primer término el respaldo que hay que darle a la Corte Suprema de Justicia por las labores que viene cumpliendo.
El Polo no tiene ningún congresista encartado
Y entonces ante el hecho monstruoso, porque es monstruoso, de que tantos congresistas estén involucrados en la parapolítica ha aparecido la tesis de la ilegitimidad del Congreso. No se está hablando de la ilegitimidad de los congresistas encartados, ni la ilegitimidad de los partidos de los congresistas encartados, ni de la ilegitimad de los reemplazos de esos congresistas encartados, sino de la ilegitimidad de todo el Congreso. Y así me permito establecer la primer duda: ¿cuántos delincuentes debe haber aquí para ilegitimizar a todo el Congreso, igualándonos, y esto no lo puedo aceptar de ninguna manera, a quienes nada tenemos que ver con quienes sí tienen que ver? Y particularmente, en el caso del Polo, que no tiene a ningún congresista encartado, me suena realmente desproporcionada la tesis de que es ilegítimo, junto con toda la institución y todo el Congreso, porque repito, cuál es el punto en el que se establece la ilegitimidad.
El término preciso es parauribismo
Hay otro argumento que me permito señalar: afirmé hace unos meses que el término preciso no debía ser parapolítica, sino “parauribismo”. Casi me fusila el ministro del Interior. No hubo calumnia ni infamia que no disparara contra el senador Robledo porque dije que la aritmética me daba para afirmar que había demasiados uribistas encartados y eso hacía que el término preciso fuera el de parauribismo. Bueno, y en este momento qué me dice la aritmética: que cerca del 95% de los empapelados y más de 80% de los presos son uribistas. Es hora entonces de reivindicar nuevamente que el calificativo de parauribismo se acerca más a la verdad que el de parapolítica. Con esto no estoy diciendo que cada uribista sea un paramilitar ni mucho menos, ni siquiera que cada congresista uribista sea un parapolítico. Pero si en un lote cualquiera hay muchos cafetos y solo unas cuantas plantas de otro tipo, lo que hay allí es un cafetal y no un bosque de manera genérica.
Esto me lleva al punto más interesante: si aquí hay una situación de ilegitimidad del Congreso, porque un número importante de sus congresistas fue elegido con votos espurios, ¿qué sucede con la legitimidad del propio señor presidente de la República, elegido con esos mismos votos? Pienso que el número se acerca al millón de votos, o a más, de los dirigentes uribistas encartados en parapolítica, millón de votos que engrosó las urnas del jefe del Estado. Afirmo entonces, con toda franqueza, que si es ilegítimo el Congreso del Colombia porque esos votos ilegitiman la institución, también es ilegítimo el presidente de la República que fue elegido con esos mismos votos. Y no sólo fue elegido, sino que ayudó a ponerles esos votos a los parapolíticos empapelados, porque aquí todos sabemos que las relaciones clientelistas son de doble vía. Y como bien lo dijo el senador Bernal, se nos vuelve ilegítimo cualquier funcionario que haya sido elegido por el Congreso, porque absorbería dicha ilegitimidad. Luego aquí tenemos un asunto bastante más complejo del que pueda vislumbrarse a simple vista.
Sería un golpe de Estado porque no existen normas para cerrar el Congreso
¿Existen normas en Colombia para cerrar el Congreso? No, no existen, ni constitucionales ni legales. Luego el cierre del Congreso mañana o pasado mañana o dentro de quince días tendría que hacerse configurando el clásico golpe de Estado. Se cierra el Congreso de la República porque llega la policía y nos saca de aquí a los bolillazos y clausuran este recinto, atropello que ha sucedido otras veces en la historia de Colombia. Pero entonces lo que habría sería un golpe de Estado y el presidente se convertiría en un dictador sin atenuantes, en este caso, el presidente Álvaro Uribe Vélez, que paradójicamente está tan ilegitimizado por los votos de la parapolítica como ilegitimizado está el Congreso la República. Les planteo con toda franqueza, ¿queremos un golpe de Estado en Colombia? ¿Queremos que el presidente de la República se convierta en un dictador? ¿Queremos que Álvaro Uribe Vélez sea un dictador? Este es el tipo de problemas que estamos discutiendo. Porque a quienes piensan que aquí se puede hacer una operación de escalpelo, les digo con franqueza, senador Petro, que las cosas son bastante más complejas en la vida y que después que una bola arranque a rodar, tal como están las cosas en Colombia, lo que se termina es configurando la dictadura del presidente de la República y no su derrocamiento, como parece estarse sugiriendo. Llamo la atención sobre este hecho que, por supuesto, es de extrema gravedad.
Me replican: no, es que no vamos a cerrar el Congreso ni vamos a proceder por fuera de la ley, sino a hacer una reforma constitucional o legal que anticipe las elecciones. Les diría al respecto: primero, toda la discusión sobre la ilegitimidad o no del Congreso quedaría incólume, así lo que se adelante sea un proceso de reforma legal para cerrarlo o reemplazarlo o como se llame. Y agregaría que si lo hacen, por la vía de una reforma legal o constitucional, estaríamos asistiendo a un hecho horrible, que ya pasó en la Constitución del 91, y es que se consumó un golpe de Estado en beneficio del presidente de la República y contra el Congreso de Colombia, un golpe justificado por la propia Corte Suprema de Justicia en su momento. El golpe de Estado no se configura sólo cuando aparece la ilegalidad del procedimiento, sino que el procedimiento político mismo puede a mi juicio configurarlo.
PDA no está de acuerdo ni con el cierre ni con la muerte política
Por estas consideraciones es que la casi totalidad, una mayoría larguísima, casi unánime, en el Polo Democrático Alternativo no comparte la tesis de que se anticipen las elecciones o se revoque o se cierre el Congreso, o como se quiera llamar, por estas argumentaciones generales que estoy exponiendo y otras más que les podría dar. Pensamos que este asunto hay que abordarlo de una manera diferente. Y si a la propuesta se le suma, como leía hoy en el periódico El Tiempo, otra que según se dice planteó mi compañero de bancada, el senador Petro, que el cierre del Congreso o el anticipo de las elecciones incluiría que quienes hoy somos congresistas no podamos aspirar a reelegirnos, pues estamos asistiendo a la muerte política de quienes somos absolutamente inocentes. No logro entender cómo quien ha hecho tantos esfuerzos por perseguir a la parapolítica, como también lo hemos hecho muchos otros de los congresistas, y particularmente los del Polo Democrático Alternativo, y también el senador Jorge Enrique Robledo –pues mi inocencia en estos temas la tengo absolutamente asegurada y garantizada–, entonces no entiendo, repito, cómo puede ser bueno para Colombia que el Polo Democrático Alternativo se quede sin esta tribuna. Es que si anticiparan las elecciones y se cerrara el Congreso, perdería la investidura y no podría hacer este discurso. Saldrían beneficiadas las fuerzas más poderosas y retardatarias de Colombia, las que no necesitan esta tribuna del Congreso, las que detentan el monopolio de la opinión pública. Y sectores minoritarios y de oposición como nosotros nos quedaríamos sin posibilidad de expresar nuestros puntos de vista.
Más grave todavía si a la jefatura política del Polo se le decreta la muerte política. Yo pregunto: en esas nuevas elecciones ¿quién gozaría de todas las ventajas? ¿Las fuerzas tradicionales, las fuerzas del clientelismo, las fuerzas del paramilitarismo, porque el paramilitarismo no se ha acabado, o las fuerzas democráticas, disminuidas, lesionadas, contrarrestadas, golpeadas y a las que se les ha decretado la muerte política? No voy a decir que sus mejores dirigentes, pero sí una parte importante de ellos, en este caso, los del Polo Democrático Alternativo. Si uno observa la propuesta, y la analiza con mesura, tiene que aceptar que no es así como se van a resolver los problemas de Colombia, porque además, quién les garantiza a las gentes honradas, que son muchas, que en una nueva elección, en un cambio del Congreso, van a ser menos los malos que van a llegar. Quién nos asegura que, en las condiciones de la Colombia de hoy, el paramilitarismo no vuelva a poner el 10 ó el 20 ó el 30% ó el 60%. Y quién nos garantiza que en unas nuevas elecciones del presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez no resulta reelegido con esos mismos votos del crimen. Ya se vio en las elecciones pasadas. Los congresistas que están hoy en las cárceles empapelados y encartados ¿no dirigieron desde las celdas las campañas electorales de gobernaciones y departamentos y concejos y asambleas de sus respectivos departamentos? ¿No ganaron en una cantidad porcentualmente importante esos acusados de parapolítica presos? Aquí parte del debate es no caer en la ingenuidad y pensar que porque simplemente se revoque al mandato del Congreso, o se cierre, o se anticipen las elecciones, no importa el nombre que se dé, van a cambiar las costumbres políticas. Ojalá fuera así de fácil. Soy de los que piensan que las costumbres políticas en Colombia no van a cambiar porque se modifique una o otra norma, sino porque el pueblo colombiano asuma la actitud a la que hoy ha renunciado, que es la de vigilar con moralidad y ética fuertes y condiciones duras y exigentes por quién vota. Mientras en Colombia haya alcaldes que ganen con la consigna “Vote por fulanito, que roba pero hace”, que es en la práctica el tipo de consignas que se utilizan en las campañas, y mientras el pueblo bueno, decente pero manipulado y en medio de este ambiente de descomposición, caiga en ese tipo de trucos, aquí podemos cambiar el Congreso treinta veces y la corrupción seguirá campeando.
Hubo un golpe de Estado contra el Congreso de Colombia en la Constitución del 91. ¿Este Congreso no tiene origen en ese golpe de Estado? ¿No se suponía que si se revocaba el mandato de los congresistas las costumbres políticas iban a cambiar? Me pregunto: ¿cambiaron? Por el contrario, si se quiere, las cosas están bastante peor. Llamaría entonces a los congresistas y a los colombianos todos a que le entremos a este debate de una manera más cuidadosa y analítica y paciente para intentar comprender el fenómeno.
En contra del umbral del 5%
A mí me parece muy bien la propuesta que se hace aquí de que se cite un debate a fondo y que hablemos con tiempos largos y discutamos qué hacer. Me parece una vergüenza la reforma política que se está tramitando, una reforma política que no le hace ni cosquillas al paramilitarismo, a la parapolítica, a la corrupción, pero que al subir el umbral al 5%, y en esto expreso mi desacuerdo de manera directa con el Partido Liberal, sí amenaza partidos absolutamente honrados pero que no cuentan con ese porcentaje, entre ellos, el Polo Democrático Alternativo. Le quiero preguntar a la mayoría uribista: ¿cómo es que sacar del Congreso al Polo Democrático Alternativo por la vía del umbral del 5% hace más honrada la política en Colombia? La corrupción política en Colombia ¿no tiene origen en el Frente Nacional, cuando tan solo dos partidos se disputaban el ciento por ciento de la opinión? ¿No es una falacia aducir que los partidos más grandes son los menos corruptos? ¿No es una falacia endilgarles a los más débiles la corrupción que desarrollan los grandes? Es el punto de vista casi unánime, digo yo, del Polo Democrático Alternativo. Entonces fíjense, senadores, como aquí hay un tema de mucho interés para discutir.
Estamos contra la parapolítica y contra el crimen venga de donde venga, pero arreglar los problemas de Colombia es bastante más complejo, así alguna propuesta pueda sonar bien en la galería. En ese sentido, pienso que la opinión de nuestro dirigente de la bancada, el senador Jesús Bernal, nuestro vocero, es la que refleja, yo diría, a la casi totalidad de la bancada parlamentaria. De eso estoy absolutamente seguro. Y que otras posiciones que apuntan en direcciones distintas son insulares dentro de quienes en el Congreso de la República llevamos la representación de nuestro partido, el Polo Democrático Alternativo.
