Muy buenas noches y muchas gracias por su compañía. En la última semana, más que en los meses anteriores, se ha venido hablando mucho del caso de Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel. He tomado nota de que se debaten mucho los intríngulis jurídicos, pero como que se ha ido olvidando qué fue lo que pasó, porque fue un caso que se ventiló con mucha fuerza en el 2009 y ya han pasado muchos años. Tomé entonces la decisión de contar y analizar lo sucedido en los últimos días e irnos hacia atrás, porque hay mucha gente que ignora lo que pasó.
Yo fui el senador que hizo en octubre del 2009 ese debate, y si usted lo quieren ver se consigue por las redes y está transcrito. Voy a hacer esfuerzos por no alargarme mucho y en este sentido muchos temas no se van a mencionar. Voy a tratar tres. El reciente fallo de la Corte Constitucional, que le dio al doctor Arias una doble conformidad, como se llama, o sea la posibilidad de recibir un nuevo juicio en la Corte Suprema de Justicia. En segundo término, cuáles fueron las medidas inaceptables del programa Agro, Ingreso Seguro, un programa de subsidios con plata del Estado a una parte del sector agropecuario, y por último, voy analizar las decisiones de la Justicia, porque aquí se ha dicho que no hubo debido proceso, que el doctor Arias es un perseguido, que le tienen bronca, etcétera.
En primer término. La reciente decisión de la Corte Constitucional que le otorgó al doctor Arias la doble conformidad no cuestiona de ninguna manera la condena a 17 años a la que ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. Eso tiene que quedar perfectamente claro.
En resumen, qué es lo que dice la Corte Constitucional. Acoge una posición de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y señala que, como las normas de antes no daban esa doble conformidad, entonces se la otorga. Fue una decisión además dividida, cinco a favor y cuatro en contra, no porque estos últimos se hubieran opuesto a que haya esta otra posibilidad, sino porque argumentaron que se ha debido aprobar como una nueva ley de la República. No voy a entrar en los detalles, es un caso juzgado por la Corte Constitucional, tiene presunción de legalidad, pero sí hago una precisión. El fallo ha caído muy mal entre los colombianos, porque termina apareciendo como un privilegio a una determinada persona, a quien no juzgó un juez cualquiera sino la Corte Suprema de Justicia, y como perdió el caso, entonces ahora le van como a repetir a ver si de pronto le va bien. Es lo que termina quedando en la cabeza de mucha gente, con una idea muy conocida en Colombia, y es que la justicia en este país es como una especie de perro bravo que sólo muerde a los de ruana, es decir, a las gentes sencillas.
Cuál es la historia, de dónde apareció este asunto. Lo primero que me preguntaba alguien es por qué el programa se llamó Agro Ingreso Seguro. Yo le empecé aclarando que es por ahí por donde empiezan las truculencias del doctor Arias. Por esos días estábamos discutiendo la firma de un TLC con Estados Unidos y yo hice muchos debates en el Congreso explicando cómo ese Tratado le iba a hacer un daño inmenso a la economía nacional. Entonces el doctor Arias, que estaba ya en estos días en trance de ser candidato, se inventó un programa, Agro Ingreso Seguro. La frase transmitía la falacia de que no iba a pasar nada una vez firmado el TLC con Estados Unidos. Desde ahí empezó mal. Y era una falacia porque era un programa de 250 millones de dólares en tres años, y los gringos le estaban metiendo a su agro por esa época subsidios por 50 mil millones de dólares por año. Era obvio entonces que el nombre no correspondía con la realidad.
Cuando uno mira la suma de Agro Ingreso Seguro parece mucha plata, pero realmente en tres años eran apenas como 80 mil créditos al año, en un país donde hay 2.7 millones de predios. Ese era como el marco del asunto. Pero el punto en el que me voy a detener y que fue el centro del debate, un debate que sonó mucho, y era tal el silencio dentro del recinto que se podía oír volar a una mosca, fue la gran concentración de los créditos. Voy a darles algunas cifras: el 7% de los beneficiarios se quedaron con el 70% de los recursos. 161 créditos de más de mil millones de pesos se quedaron con 416 mil millones de pesos, con un promedio de 2.583 millones de pesos, y estamos hablando de pesos de hace diez años. En tanto, 79 mil créditos se quedaron con otra suma del mismo tamaño pero con un promedio de 5 millones. Allí estaba palpable la concentración de los créditos, un problema viejo y que todavía existe en Colombia. Mirémoslo por departamento para que ustedes se impresionen de cómo se concentró un crédito que debería haberse distribuido de una manera democrática: Bolívar, una persona, un crédito con el 83% de los recursos; Magdalena, dos personas o dos empresas con el 89% de los recursos; Sucre, uno, con 78%; Santander, dos con 53%; Meta, uno, con 33%, una empresa del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo; 10 departamentos, 17 créditos con el 45%. Queda claro que no era un programa democrático. Ahora, algo les dieron a los pobres, nunca lo he negado, no es lo que se está discutiendo. Lo que está discutiendo es si hubo o no concentración.
En ese momento causó mucho repudio otro dato: 45 aportantes a la campaña presidencial de Álvaro Uribe, el jefe de Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, dieron 549 millones de pesos para su campaña, pero recibieron créditos por 33.947 millones de pesos, créditos subsidiados por el Estado en un país donde el crédito es tan escaso que obliga a muchos en el agro a caer en manos de los agiotistas o de los intermediarios, como lo volvimos a ver en estos días de Coronavirus. Hasta aquí el tema de la inconveniencia es evidente.
Entremos ahora en el campo de la ilegalidad. Había una parte especial del programa que eran los créditos ciento por ciento condonables. Sumas muy grandes, mucho mayores que los promedios anteriores, entregadas a unas cuantas personas que, si hacían las cosas de una determinada manera, no tenían que pagar nada. Eran auténticos regalos de recursos del Estado, todavía mucho más concentrados. Veamos algunos casos: la familia Vives Lacouture toda la familia, ocho personas, recibió créditos por 6.985 millones de pesos, condonables. La familia Dangond Lacouture, 2.973 millones de pesos. La familia Dávila Jimeno, 2.212 millones de pesos. La familia Trivín, 2.140 millones de pesos. La familia Riveros Páez, 2 mil millones de pesos. Otra familia Vives, distinta de la anterior, 1.610 millones de pesos. La familia Fernández de Castro, 1.413 millones de pesos. La familia Posada Grillo, 1.037 millones de pesos. Son solo algunos ejemplos, porque la investigación fue muy difícil. El Ministerio realmente no colaboró. Nos hizo muy difícil el trabajo, pero estas fueron cifras que se pudieron establecer.
Hagamos un reconocimiento. Este debate lo hago, pero empieza por denuncias de la Revista Cambio, después lamentablemente liquidada, y por denuncias de Daniel Coronell, que también habló sobre este tema.
Me detuve en el tema de los créditos condonables para explicar el truco que se utilizó. El tope por crédito condonable era de 600 millones de pesos. Entonces había que definir un asunto, 600 millones ¿a una familia, a una finca o a qué? Bueno, se estableció que a un proyecto. Fue lo que abrió la puerta para que a una misma familia que tuviera varios proyectos agrícolas le pudieran dar varios de esos créditos condonables. Y fue lo que produjo el caso bien escandaloso, que yo reseñe en detalle, de la hacienda Campogrande, a la que le dieron cinco créditos: Campogrande 1, Campogrande 2, Campogrande 3, Campogrande 4 y Campogrande 5.
Es evidente que el programa se diseñó, y en esto fui muy enfático en el debate, para que la concentración se diera. No fue una casualidad ni una chiripa ni un error, no, fue un propósito fríamente calculado. Ese fue mi debate. Yo dije, aquí queda absolutamente comprobada la inconveniencia, esto no se debió hacer así, es completamente equivocado. Y dije también, el tema judicial, si esto es legal o ilegal, tienen que revisarlo las autoridades judiciales. Señalé algunos aspectos donde creí que había abiertas ilegalidades.
El caso pasó a manos de la Justicia. Ante los hechos empieza una investigación la Corte Suprema de Justicia. Advierto que yo no fui ni siquiera parte civil en ese proceso, sino que hice mis denuncias y dejé que actuara la justicia. ¿A qué conclusiones llegó la Corte Suprema Justicia, máximo organismo en lo penal? Y aclaro, nadie le da uno más garantías que la Corte Suprema de Justicia. Solo nos juzga a los ministros, a los congresistas y, en general, a gente que tiene mucha representación política. ¿Qué estableció la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el proceso? A once grupos empresariales o familiares les dieron de estos créditos, de Agro Ingreso Seguro 25.087 millones de pesos en créditos condonables, o sea que les regalaron la plata.
Hecha la investigación en la que tuvo el doctor Arias todas las garantías, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 y medio años de cárcel. Fueron dos las condenas por dos delitos penales, uno, peculado por apropiación a favor de terceros, cuando un servidor público se las ingenia para coger una plata de recursos públicos e ilegalmente dársela a un particular o a una empresa. Y lo otro, dos violaciones a las normas de contratación. El delito se llama contrato sin el lleno de los requisitos legales. Este ilícito se presentó de dos maneras. Una, obviamente con los favorecidos, porque eran contratos que no se han debido hacer, porque estaban rompiendo todas las normas de la contratación. Pero hubo otra cosa que yo señalé, no menos grave. El doctor Arias se inventó un falso acuerdo dizque de desarrollo científico con IICA-OEA, o sea, con la OEA, para poderse saltar las normas corrientes de contratación y poder manejar la cosa más a su antojo. Así lo observó la Corte Suprema de Justicia y consideró que había sido una contratación ilegal, por haber sido hecha sin los requisitos legales. Ahí no hubo ningún acuerdo sobre ciencia, por supuesto que no. El acuerdo con la OEA, repito, facilitó las cosas para que pudieran hacerse de esa manera.
Aclaró además la Corte Suprema de Justicia que condenaba a Arias no por equivocado, sino a título de dolo. Según la Corte Suprema de Justicia y los hechos así lo indican, el doctor Arias actuó a sabiendas de que estaba actuando por fuera de las normas. Los amigos del doctor Arias, el Centro Democrático, siempre han dicho que la Corte Suprema le tiene bronca, que lo han perseguido y que no le dieron las garantías. El fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene 400 páginas.
Él no fue el único condenado ni la Corte Suprema de Justicia fue la única que condenó. La Corte Suprema Justicia también condenó penalmente a diez años de cárcel al viceministro de Agricultura de ese momento, doctor Juan Camilo Salazar. La Corte Suprema de Justicia también condenó a dos de los que recibieron los recursos de estos créditos condonables. Un tercero se salvó porque devolvió la plata que había recibido ilegalmente. O sea que el proceso no sé limito, y esto es importante señalarlo, al caso del doctor Andrés Felipe Arias.
La Procuraduría, presidida en esos en esos días por Alejandro Ordóñez, hoy embajador en Washington y quien nunca ha sido enemigo de Arias, lo condenó también, lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos por 16 años por faltas gravísimas y a título de culpa gravísima. Repito, la Procuraduría, en otro proceso distinto al de la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría de la doctora Sandra Morelli también lo condenó por no cumplir con los requisitos legales en el contrato del IICA. Y los dos, Procuraduría y Contraloría, sancionaron también al ministro de Agricultura que sucedió a Arias, a Andrés Fernández, y condenaron también al viceministro que ya mencioné. O sea estamos hablando de que ya tiene condena de la Corte Suprema de Justicia y condena de la Contraloría y de la Procuraduría por los mismos hechos, cada organismo en el tema que le compete.
La cúpula del Centro Democrático, no la gente de la base, a ellos les echan cuentos para inocentes, ha hecho mucho ruido con dos cosas. Uno, dice que no hubo un peso de esos recursos en el bolsillo de Andrés Felipe Arias. Y puede ser. La Corte Suprema de Justicia no ha dicho que hubiera entrado plata en el bolsillo de Arias. Lo que la Corte estableció es que él cogió plata de recursos públicos y los echó en los bolsillos de particulares. Y eso en Colombia es un delito penal que da cárcel. También han dicho los amigos del doctor Arias que es una exageración la pena los 17 años, que hay otros casos en los que han puesto penas menores. Bueno, es que la justicia no depende de si la pena fue menor o mayor, no, cada caso es diferente.
Estudié con detenimiento el punto en la Sentencia. Resulta que en Colombia las sentencias no las fijan los jueces cómo se les dé la gana, sino que hay una normativa. Si es peculado, la condena en años es de tanto a tanto, la mínima y la máxima, y la máxima depende de si hay agravantes. En el caso de Arias, el atenuante era que no tenía una sanción anterior, pero es agravante que fuera una persona de su nivel, porque sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Son entonces dos sofismas. Yo llamo a la cúpula del duqismo, del uribismo, a que sean serios en el debate. Lo menos que tiene que quedar de los debates es que la gente entienda mejor cómo funcionan las cosas.
Andrés Felipe tiene además acusación de la Fiscalía. Si la Fiscalía no lo hubiera acusado, la Corte Suprema de Justicia no lo habría procesado. Y tiene condena de la Procuraduría, y condena de la Contraloría.
Hay un hecho importante. Al volarse de Colombia, Arias comete un error grave que le va a acarrear más problemas. Se le vuela a la justicia y se refugia en Estados Unidos y allá pide que las autoridades le den asilo con el argumento de que en Colombia lo están persiguiendo. La justicia norteamericana, que supongo no odia al doctor Arias, no solo no le concedió el asilo, sino que lo devolvió a Colombia y por eso él está en este momento en la cárcel.
En relación con la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que pidió la doble conformidad, hay algo que debe precisarse. Sus abogados hicieron once peticiones a la ONU dirigidas a descalificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y la ONU no se las concedió. Y fue clara en decir que le confería la doble conformidad, no por problemas de la Corte Suprema de Justicia, sino porque las normas generales en Colombia establecían que era así como se debía proceder, porque se diseñó de manera equivocada por la Constituyente de 1991.
Y el otro fallo relativamente adverso es el de la Corte Constitucional, porque le dio la doble conformidad, que es simplemente otro juicio, pero sin fijar posición en contra de su condena. Por el contrario, la Corte Constitucional le confirma que está condenado y que tiene que mantenerse recluido.
Si ustedes analizan lo que hemos hablado, no encuentro dónde está la violación del debido proceso. Es que Arias ha perdido en todas las instancias legales en las que ha participado. Entonces qué, ¿aquí hay una conspiración de toda Colombia y de Estados Unidos en contra de él? Por supuesto que eso no es creíble.
Fue condenado por dos delitos formalmente tipificados y si uno lee el proceso, es claro que ambos se cometieron. Peculado por apropiación a favor de terceros y suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales. No veo por dónde se pueda deducir que quien delinque es un perseguido político.
¿Dónde está la confusión? En que sus amigos, el Centro Democrático, el uribismo y algunos aliados de ellos, muy influyentes en política, han tenido el poder suficiente para instalar en los medios un discurso, un relato que llaman, y repiten y repiten. Y una idea, por falsa que sea, si se machaca y se machaca, terminará por hacer creer a algunos que es verdad. Insisto, conozco este proceso y no encuentro en dónde pueda estar la violación al debido proceso ni en dónde esté la persecución.
Qué sigue. La última decisión de la Corte Constitucional ha creado un fuerte debate, y no por razones menores, porque entre otras cosas, abre una puerta inmensa para que otros treinta, juzgados en su momento por la Corte Suprema de Justicia, puedan hoy tener esta nueva condición. Habrá que esperar.
Lo que esperamos es que en esta nueva situación la Corte Suprema de Justicia actúe conforme a derecho y tome las determinaciones que crea que debe tomar. Y en eso es en lo que nos tenemos que unirnos todos los colombianos, en la idea de que la Justicia tome sus propias decisiones.
Les agradezco su atención.
