Intervención del senador Jorge Enrique Robledo sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, Plenaria del Senado, 29 de octubre de 2008
Señor presidente, permítame hacer algunos comentarios sobre los hechos de hoy que tienen que ver con el ejército de Colombia. Es un tema que vale la pena comentar con tranquilidad y analizar en sus distintos aspectos. Estamos sin duda ante un hecho muy grave. No recuerdo antecedentes en la historia de Colombia, y en el mundo probablemente sea difícil encontrar una situación como esta. Estamos hablando de 25 militares de la República pasados a retiro: tres generales, once coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente y siete oficiales. Las cifras son realmente impresionantes.
Estamos ante una historia tenebrosa, escalofriante, de esas que le dan la vuelta al mundo de la crónica roja, porque, según la acusación, estamos hablando de una presunta organización criminal que actúa dentro del propio ejército de Colombia para secuestrar personas, trasladarlas a otros sitios y allí asesinarlas a cambio de que a sus asesinos les den condecoraciones, bonificaciones y permisos el Día de la Madre. Realmente, hay que ser una persona muy perversa, y llegar la sociedad a un nivel muy grande de descomposición, para que cosas como estas sucedan. Son los hechos que nos avergüenzan ante el mundo. Es el tipo de historias de las que uno no puede zafarse cuando sale del país y alguien le pregunta qué está pasando.
El hecho guarda una implicación que vamos discutir en la citación que han hecho los senadores del Polo, Parmenio Cuéllar, Luis Carlos Avellaneda y Jaime Dussán al ministro de Defensa, doctor Juan Manuel Santos. Y es que arroja una duda descomunal sobre el proyecto de la seguridad democrática. Que haya seguridad no está en discusión. No hay persona sensata en el mundo que pueda abstraerse de la idea de que los Estados deban tener políticas de seguridad. El gran debate es si la seguridad es democrática o no lo es. El presidente Uribe tuvo el acierto de llamar democrática a su seguridad, pero en el Polo siempre hemos tenido muchísimas dudas. Lo hemos planteado y con franqueza les digo que no creemos que sea democrática. Hay demasiadas historias al respecto, y lo que estamos viendo confirma las preocupaciones de los demócratas de Colombia, de las organizaciones de los derechos humanos, de los funcionarios de la OEA, de Human Rights Watch, etc., porque es algo así como la prueba reina de lo antidemocrática que resulta la seguridad que llama democrática el presidente de la República.
Recordemos que no son los primeros hechos ni las primeras denuncias. No. Hay cantidades grandes de acusaciones. Y aparece una pregunta, que es la pregunta del millón, colombianos: ¿Sabía o no el doctor Juan Manuel Santos lo que estaba sucediendo? ¿Dónde limitamos la responsabilidad política? Porque, digámoslo también con franqueza, estos oficiales y suboficiales que han sido retirados no salen tras haber sido vencidos en juicio, sino por una facultad discrecional que hay dentro del Ejército similar a lo que algunos hemos llamado la responsabilidad política. Y es que se supone que en un ejército bien constituido existe una responsabilidad de los oficiales que estén al mando de los destacamentos o los contingentes donde estos horrores se están produciendo. Y aparece la pregunta: ¿Por qué la responsabilidad política se suspende hacia arriba con los tres generales de la República a los que se les pidió el retiro? ¿Por qué no sube más, por qué no llega al ministro de Defensa? Me pregunto: ¿En algún país civilizado del mundo podría evadir el ministro de Defensa la responsabilidad que le compete? Porque insisto en mi primera pregunta: ¿sabía el doctor Santos? Si sabía, no solo carga con una responsabilidad política inmensa, sino que podría terminar incurso en responsabilidades penales. Si no sabía, la acusación es la otra, por omisión, por negligencia, por el desconocimiento de lo que sucede con las tropas bajo su mando. Porque es inaceptable que cuando las tropas del Ejército de Colombia ejecutan una acción que termina ganándose el aplauso ciudadano, en la primera fila esté el doctor Santos sacando pecho, como se dice coloquialmente, y cobrando para sí políticamente los éxitos. Pero cuando sucede un horror como este del que estamos hablando, el doctor Santos no aparece, no responde, no da la cara.
Aquí surge otra pregunta: ¿Colombia va a establecer el récord mundial de ser el único país del mundo donde las responsabilidades políticas nunca tocan a la cúspide del Estado? ¿Aquí el ministro del Interior no renuncia por lo que sabemos? ¿El doctor Sabas Pretelt de la Vega no renuncia por lo que sabemos? ¿El doctor Diego Palacios no renuncia por lo que sabemos? ¿Los funcionarios de la “casa de Nari” no renuncian por lo que sabemos? O la responsabilidad política es para los ruanetas, la directora del DAS, unos cuántos generales y coroneles de la República, y hay una especie de cúpula de intocables que no responden por nada, pero que por supuesto sí está atenta a cobrar los éxitos que presente como tales el gobierno nacional.
Finalmente, oí esta mañana al director de un medio de comunicación exaltando casi como la apoteosis de la democracia el retiro de los militares. Resulta entonces que aquí el hecho sobre el que hay que detenerse no es el grado de descomposición que reflejan estos hechos, sino la hazaña del doctor Álvaro Uribe Vélez, que decidió retirar a unos oficiales. Este sí es el mundo al revés. Es lo único que nos faltaba, que se tuerzan los hechos de la manera que lo están haciendo para que no sea la responsabilidad del gobierno nacional ni el fracaso de la seguridad democrática lo que haya que analizar. Otra vez el jefe del Estado cae parado y el doctor Juan Manuel Santos también cae parado y a los colombianos de nuevo se los trama. Porque aquí hay una responsabilidad que llega hasta el ministro de Defensa y hasta el propio presidente de la República. No estamos hablando de un asunto de menor cuantía, sino de la seguridad democrática, el eje de su política, y de tres generales, once coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente y siete suboficiales destituidos. Y el presidente de la República no explica por qué, como debiera.
Les pregunto a los senadores: ¿Todo este horror no tiene nada que ver con unas presiones desproporcionadas, desmedidas, de tipo tiránico, para imponerles al ejército y a las tropas colombianas mostrar positivos a cualquier precio? ¿No estamos también aquí ante la situación en la cual esos militares, esos oficiales, esos soldados, proceden así bajo la amenaza de que si no presentan positivos no podrán gozar de permisos, ni recibir ascensos? ¿Quien no presente positivos no tiene prácticamente derecho a dormir y se convierte como en sospechoso de complicidad con las fuerzas guerrilleras colombianas? Este debiera ser un tema de discusión a fondo porque también guarda estrecha relación con la democracia. Para que la seguridad sea democrática debe ser democrática con respecto al conjunto de los colombianos, incluso con respecto al funcionamiento de las propias fuerzas armadas, a las que el gobierno no puede acosar y llevar hasta la propia desesperación, para que, una vez procedan con los horrores que están procediendo, el jefe del Estado y su ministro de Defensa se laven las manos y salgan a decir que aquí no ha pasado nada y también para que los medios sigan proponiendo, o la reelección del presidente de la República por estos méritos, o la elección del doctor Juan Manuel Santos como su reemplazo.
Lo invitamos a escuchar la intervención del senador Robledo en la sesión de la Comisión Quinta del Senado, 4 de noviembre de 2008, Sobre la situación indígena y sobre la pobreza en Nariño
