No fue Santos quien destapó el escándalo. Reconocimiento a una lucha larga. Como César Gaviria, Uribe y Santos están en la génesis del desastre. No es un debate contra las IPS, también víctimas de las EPS, ni tampoco contra el cooperativismo. El Seguro Social fue calculadamente destruido. Casi ninguna EPS del régimen subsidiado le informa al gobierno. El caso de las ARP. Se apropian ilegalmente los dineros del sistema de salud. El sistema de salud avanza hacia la quiebra. Algunos de los medicamentos más costosos del mundo. Cobertura real y cobertura formal. A la gente ya no la mata ni el corazón ni los riñones, sino la Ley 100. Un sistema perverso: la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos. Las EPS son organizaciones para ganar plata, no para brindar salud. El cartel de las EPS. Sobreprecios por millones de millones. Saludcoop y los parafiscales. El superintendente de Salud debe renunciar. El ministro y el tapen-tapen. La auditoría, una burla. Pueden reemplazar a unos vivos poderosos por unos más vivos y más poderosos. El cambio debe ser estructural.
Antes de entrar en materia, un saludo muy especial, junto con mi expresión de solidaridad, a todos los colombianos que están padeciendo los horrores del desastre invernal y lamentar profundamente la incapacidad del gobierno nacional para llegarles con los mínimos respaldos. Es manifiesta la incapacidad para llevar los auxilios.
En segundo término, recordar que el Polo Democrático Alternativo es el único partido con silla en el Congreso que decidió como posición de bancada votar en contra de la reforma de las regalías. Nosotros seguimos expresando nuestra solidaridad a millones de compatriotas de regiones pobres de Colombia que van a ser despojados de sumas descomunales. Les van a recortar los ingresos en una proporción de 80 por ciento. A Arauca, Huila, Tolima, Meta, Putumayo, La Guajira, Cesar, etcétera, de cada cien pesos les van a quitar 80. Me parece una decisión absolutamente inadecuada e irresponsable. Pero además, tampoco es cierto que las vayan a pasar las regalías a las gentes de otras regiones. De la plata, una parte la van a dejar en el exterior ganando intereses ridículos, mientras contratamos deuda externa a intereses más altos. Y la otra se la van a gastar en asuntos del gobierno nacional. Porque este es una reforma montada contra los proyectos chichigüeros, como decía la otra vez el ministro de Hacienda.
Santos, en la génesis de la tragedia
Entrando en materia, empecemos por una primera afirmación: no es verdad que quien haya destapado este escándalo por los hechos realmente desastrosos que está viviendo la salud sea el presidente Santos. Uno tiene que hacerles los reconocimientos a quienes les corresponden. Aquí hay colombianos que llevan años luchando, organizaciones bien serias, y menciono algunas: el Movimiento Nacional por la Salud, sindicatos como Antohc y Sindess, la Federación Médica Colombiana, que ha jugado un papel clave, la Academia Colombiana de Medicina, que también ha estado al frente de los reclamos, las organizaciones de enfermos de alto costo –unos compatriotas que sufren lo indecible por los malos tratos de las EPS–, Misión Salud –una fundación preocupada cuidadosamente por el precio de los medicamentos–, Ifarma –una ONG también interesada en estos temas– y las ligas de usuarios de la salud. No es entonces el presidente Santos quien destapa el escándalo. No olvidemos que el doctor Santos fue ministro de la administración de César Gaviria, el punto de partida de todo este desastre, en compañía de quien en esos días era senador, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Luego no solo está Santos en la génesis de la tragedia, sino que a lo largo de los últimos veinte años nunca lo hemos oído alzar la voz para denunciar lo que viene sucediendo desde hace mucho rato.
Para hacer bien hecho y completo este debate necesitaríamos un tiempo bastante más largo. Voy entonces a renunciar a conciencia a un poco de asuntos en que valdría la pena profundizar. A duras penas los voy a mencionar, cosa que es lamentable. Seguramente habrá compatriotas que quisieran que me detuviera en esos temas, pero definitivamente me tocó escoger qué cosas sí y qué cosas no. Me limitaré a tocar unas cuantas cosas para poder hacer énfasis en cuatro grandes temas, todos escandalosos, sobre el pésimo funcionamiento del sistema de la salud.
¿Cuál es la tesis principal de este debate? Que aquí no solo estamos ante graves problemas de corrupción, sino ante una ley, la 100 de 1993, una ley torcida, perversa, la base de este cúmulo de problemas, y también ante unos gobiernos alcahuetes, los anteriores y este, dedicados a aplicar esa ley regresiva y retardataria. Ambos factores explican en parte los horrores y el desastre que estamos viviendo.
No es un debate contra las IPS ni contra el cooperativismo
Advertir también que este no es un debate contra la economía privada, así defienda de manera muy clara la red pública hospitalaria y la necesidad de que el Estado juegue un papel fundamental en la prestación de los servicios de salud. Pero creo que deben existir IPS privadas, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, clínicas, hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico. Mi debate no es tampoco contra ellos, también víctimas de las EPS, las mandamases del sistema y las que al final se quedan con el grueso de los recursos. Las EPS les imponen a las IPS tarifas absolutamente inaceptables y que las empujan a la ruina, plazos escandalosamente largos de pagos y maneras de cobrar y facturar por completo abusivas. Las obligan además a renegociar las glosas. Es común, por ejemplo, que una IPS le presente a una EPS una factura y le diga, usted me debe 50 millones de pesos, y la EPS le monta todo tipo de procedimientos torticeros para al final someterla a aceptar tan solo un porcentaje de la factura. Y hay una deuda descomunal de las EPS con las IPS, deuda que las está quebrando. Ayer un alcalde de un pueblo del Tolima denunciaba cómo una de estas EPS le metió un cheque chimbo de 400 millones de pesos, hecho casi increíble, pero son las anomalías que suceden a diario en el sistema. Entonces, las EPS acogotan a las IPS e incluso las arruinan para después sustituirlas generando fenómenos como la integración vertical. Señalo de una vez este punto, uno de los aspectos más perniciosos en el funcionamiento de la salud en Colombia, estrechamente relacionado con la ruina del sistema público de salud, sistema insustituible en cualquier modelo medianamente democrático.
Tampoco es un debate contra el cooperativismo, tiene que quedar claro. Aunque en el negocio de la salud hay involucradas un número importante de cooperativas, no es un debate contra el cooperativismo, pero, por supuesto, no acepto que en nombre del cooperativismo se puede hacer cualquier cosa. En especial, repudio las Cooperativas de Trabajado Asociado, montadas con el cuento de que son actividades cooperativas, cuando se trata en realidad de organizaciones hechas para impedir que los trabajadores, incluidos los de la salud, perciban unos ingresos dignos. No comparto tampoco ningún tipo de práctica indebida, así agite las banderas del cooperativismo. Pero el debate no es contra el cooperativismo, insisto, lógica institucional que respeto como de aportes positivos a la vida del país.
El Seguro Social fue calculadamente destruido
Ojalá tuviéramos tiempo de hacer un debate a fondo sobre la destrucción del Seguro Social. Es uno de los asuntos más dramáticos de toda esta historia y uno de los que más desnudan los horrores de la Ley 100. El Seguro Social fue calculadamente destruido, porque, claro, cuando los neoliberales decidieron privatizar la salud, el Seguro Social contaba con un número importantísimo de colombianos aportantes y no había entonces cómo montar el negocio si no se lo sacaba de en medio. Lo que hicieron fue dejarle al Seguro los pensionados y pasarles los cotizantes a los fondos privados de pensiones, maniobra calculada para arruinar al Seguro Social, como efectivamente lo arruinaron, mientras les dejaban a los negociantes de las pensiones el lomo del negocio. Y en el caso de la salud fue lo mismo. Las EPS le raponearon al Seguro los pacientes menos problemáticos, digamos, y le dejaron los pacientes de alto costo, los más viejos, las enfermedades catastróficas. El propósito era arruinar al Seguro Social y lo arruinaron. Y no solo lo arruinaron, sino que después le arrebataron las clínicas, compradas todas a menos precio. Aquí llamo a los organismos de control que deben de estar viendo este debate para que investiguen quién se quedó con las clínicas del Seguro Social, que valían toda la plata del mundo y que se subastaron a menos precio, estoy seguro. Es un asunto que se debe investigar si es que de verdad se quiere destapar la corrupción y no, como me temo, limitarse a hacer ruido en lugar de romper las nueces.
No me voy a referir tampoco al régimen subsidiado y solo voy a hablar del contributivo. El subsidiado sí que daría para un debate de veinte horas. Es el horror, ministro Santa María. Aclaro desde ya que habrá que individualizar. Aquí hago generalizaciones porque pienso que es lo predominante, pero habrá que individualizar cada caso como corresponde, con actitudes serias de los organismos de control y en la política, porque lo que realmente predomina en el subsidiado, como también en el contributivo, es una serie de prácticas escandalosas, entre ellas, inventarse pacientes que no existen, negar los tratamientos, hacer de múltiples maneras operaciones fraudulentas. Y con un agravante del que ya son víctimas este gobierno y el ministro Santa María y es que el sistema de salud, como una de sus características, está supuestamente montado sobre una información que deben enviarle al gobierno nacional las Entidades Prestadoras de Salud, o EPS, para que a partir de ella el gobierno tome decisiones.
Les voy a dar este dato. A partir del primero de enero, el ministro Santa María le subió al régimen subsidiado el valor de la UPC en una proporción importante. La UPC, como lo voy a explicar después, es la base sobre la que se monta el negocio. El dato es que de 49 EPS del sistema subsidiado, solo cuatro dieron información válida, según el Ministerio. Las otras 45 dieron informaciones que no lo eran de ninguna manera. Y sin embargo, el Ministerio les subió el valor de la UPC por encima de lo recomendado por los técnicos. Y cuando digo el Ministerio, hago específica referencia a la CRES, puesto que el doctor Santa María es la voz cantante de dicha entidad. Entonces aquí enfrentamos un problema, y lo empiezo a mencionar desde ya, porque voy a seguir haciéndolo a lo largo del debate. Es cómo las EPS abusan y cómo el gobierno alcahuetea y tolera el abuso. Porque uno se pregunta: si ellas no cumplen con los deberes mínimos de dar la información y explicar mínimamente en qué se gastan la plata, por qué diablos les hace el Ministerio unos aumentos superiores a los recomendados por sus técnicos, como lo voy a demostrar.
Manguala entre las EPS y las ARP
En Colombia prácticamente nada se dice de las famosas ARP, las Aseguradoras de Riesgos Profesionales. De ellas nadie habla nada. Es otro horror, colombianos. Lo primero, tienen montados unos combos con las grandes EPS, una especie de manguala, para escamotearles a los obreros los derechos que les corresponden por accidentes laborales y por enfermedades profesionales. El fenómeno es especialmente grave en la gran minería, por ejemplo, en la Drummond y las demás grandes mineras, donde les escamotean sus derechos a nuestros compatriotas. Estudios juiciosos señalan, ministro Santa María y colombianos, que las ARP se están embolsillando mediante astucias la plata de los parafiscales, dinero del sistema de salud, presentándolos como si fueran recursos de su propiedad. Sobre este punto voy a insistir también a lo largo del debate. Cuál es la plata de las EPS o las ARP y cuál es la plata pública del sistema de salud, que al final les corresponde, se supone, a los ciudadanos.
La Superfinanciera reconoce que en pago de comisiones a intermediarios de aseguramiento, el monto es del orden de 333 mil millones de pesos, cifra ya detectada, aun cuando no se sabe aún cuánto de ella sea ilegal. Habrá que establecerlo. También las ARP están utilizando plata de parafiscales para pagar la publicidad, operación también ilegal, a mi juicio, y cuyo monto tampoco ha sido calculado. También pagan con esa plata las primas del Fogafin y los honorarios de salud a terceros. Las ARP no pagan IVA por sus recursos propios, echando el cuento, ahí sí, de que son recursos parafiscales. Cuando se trata de esquilmar los recursos parafiscales, alegan que son propios. Y cuando les llega la hora de pagar los impuestos, dicen que son parafiscales. Espero que los organismos de control también le echen ojo a este entuerto.
Se avecina la quiebra del sistema
El debate también podría estar todo él dedicado a la crisis estructural del sistema y nos demoraríamos una eternidad. El sistema de salud avanza hacia la quiebra. Si no se deroga la Ley 100, si no se corrige seriamente lo que pasa, vamos hacia la ruina. Primero, por el enorme desempleo que hay en Colombia. El país no ofrece empleo, sino desempleo e informalidad, que no aportan de manera formal a la seguridad social. El otro factor son los malos manejos de las EPS y los muchos problemas que vamos a abordar a lo largo de la intervención. La Federación Médica Colombiana le acaba de enviar un derecho de petición a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, solicitándole certificar si las EPS, esas que no rinden cuentas y hacen lo que les da la gana, sí presentan suficiente grado de solvencia y liquidez para ser merecedoras de los recursos públicos. Porque el asunto está normatizado. Aquí la plata del Estado, tanto la nacional como la departamental y municipal, no se les puede entregar a entidades que no tienen unos márgenes de solvencia y unas posibilidades de atender el servicio. Y esto puede ser lo que está sucediendo en el conjunto de las EPS, porque se habla de sumas por más de cinco billones de pesos que les adeudarían a los prestadores de servicios de salud de todos los niveles. Y si los cobros se hicieran efectivos y si se pagaran, ¿qué les terminaría sucediendo? Aquí tendríamos también otro tema que él solo daría para un debate completo.
También podríamos hacer un debate larguísimo sobre las condiciones laborales del sector. Una vergüenza, ministro. Es miserable el trato que les dan las EPS a los médicos, a las enfermeras, a las instrumentadoras, a los de las ambulancias, a los odontólogos, a toda la gente que trabaja en el sector. Inaceptable que se trate así a compatriotas nuestros que están teniendo que trabajar dos y tres jornadas al día para medio solventarse la vida. Y es el reino de las cooperativas de trabajo asociado, de esas sobre las que echan tantos cuentos y que han prometido desmontar y no desmontan y que no desmontaron tampoco en la reciente reforma a la salud. Y el doctor Angelino Garzón y el doctor Santos van y echan cuentos a Estados Unidos, pero no las desmontan, porque sin ese régimen de negreros, y cuando hablo de negreros me refiero a los antiguos esclavistas, tampoco les funciona el negocio. Un médico mal pago, maltratado, trasnochado, fatigado, va en detrimento de la salud de los colombianos. Y hay además un maltrato a los médicos mismos, porque es una profesión que, como todas, pero esta en especial, tiene responsabilidades de conciencia. ¿No estamos viendo a muchos profesionales de la salud a quienes los patrones, las EPS, para ganarse unos centavos, los obligan a no recetar lo que deben? Sancionan al que ordena el examen o receta el medicamento que se necesita y, al revés, al que no receta lo que es, lo premian. Obligar a los médicos a actuar mal por un lado o por el otro, para satisfacer la sed de ganancia de estos negociantes de la salud, es un espectáculo bochornoso de descomposición profunda de la vida del país.
Algunos de los medicamentos más costosos del mundo
Este debate, y aquí sí voy a detenerme un poco más, podría ser también todo él sobre el tema de los medicamentos, de especial gravedad, y frente al cual el ministro Santa María y el gobierno del presidente Santos asumen una actitud absolutamente equivocada. Me responde el ministro Santa María y me dice: “El principio general es que existe libertad de precios” en los medicamentos. Y es verdad, salvo en una situación excepcional, a la que más adelante me voy a referir, aquí lo que hay es libertinaje en los precios de los medicamentos. Que cada uno haga lo que se le dé la gana con los medicamentos del sistema, del POS y del No Pos. Porque aquí los llamados medicamentos de bolsillo valen 3,5 billones de pesos. Son esos que, por la mala atención, los colombianos tenemos que pagar todos los días de nuestros bolsillos y a los precios que fijan las trasnacionales como les da la gana y, además, en medio de maniobras fraudulentas.
Hay básicamente tres tipos de medicamentos en Colombia y en el mundo. Unos son los llamados de marca, o sea, los que detentan patentes. En el otro extremo se encuentran los genéricos, idénticos a los de marca, pues la molécula es la misma, pero bastante más baratos porque ya se venció la patente y hay alguna competencia. Y las trasnacionales se han inventado uno tercero al que he llamado el mercado de las falsas marcas. ¿Cuál es? Las farmacéuticas cogen un genérico, le meten un platal de propaganda, lo convierten en un medicamento de marca y se clavan a los pacientes con el cuento de que el medicamento que les están vendiendo es distinto, cuando es el mismo genérico que, como tal, les valdría bastante menos.
Les doy ejemplos de diferencias de precios para que ustedes se aterren, aclarando primero que Colombia es uno de los países que presentan mayores diferencias entre los de marca y los genéricos, y repito, con genéricos sustitutivos de marca la sustitución es perfecta, aun cuando las trasnacionales mientan y digan otra cosas. Porque si lo que hay es un falso genérico, que los metan a la cárcel; ese es un problema diferente, pero que no nos vengan con cuentos, que bastante entendemos de qué se está hablando.
Miren ustedes: como norma, en Colombia el promedio es que el de marca cueste veinte veces más que el genérico, y el de falsa marca, 6.2 veces más. Les doy este dato con respecto a la Ciprofloxacina de 500 mg, más costoso en Colombia que en el resto del mundo. Es 25 dólares más caro que en Estados Unidos y dos veces más caro que en Suiza. Y como este, hay miles de ejemplos. Les muestro otro: el Rituximab, cifras certificadas por los especialistas, en Colombia, corrientemente –antes de algunas medidas–, 3.500 dólares; en Chile, 2.000 dólares. Precio máximo de recobro, después que el Ministerio le puso algún controlito, 2.500 dólares, es decir, todavía 500 dólares más caro que en Chile. El Trastuzumab, en Colombia, antes de ciertas medidas, 4.000 dólares; en Costa Rica, 1.800; en Chile, 2.600 dólares. Precio máximo de recobro, 3.000 dólares, todavía mucho más caro que en los países que acabo de citar.
Hay un caso bien llamativo, porque el Ministerio, después de tantas presiones de la Federación Médica, algún control ha establecido, aun cuando bien bajo. Para el recobro del Fosyga, de 15 mil medicamentos, hay control para 817, pues como dice el ministro, lo que predomina es la libertad de precios, o mejor, el libertinaje. Lo prueba el caso del Kaletra de Abbot. En Colombia vale el triple que en Brasil, vendido por el mismo laboratorio. Y aquí entonces le fijaron por fin un precio de referencia. Se pasaron diez meses antes que el laboratorio se dignara aceptar lo decretado por el gobierno. Lo demuestra también el caso de los antihemofílicos y, en particular, uno de ellos, el Factor VIIa Recombinante. Consultados los precios reportados por todas las organizaciones internacionales de antihemofílicos y con los promedios de Austria, Canadá, Grecia, Filipinas y Estados Unidos –aclarando que según las concentraciones tiene precios diferentes–, el precio internacional del de 60 KUI es de 2,8 millones de pesos, mientras que aquí, según la resolución que supuestamente lo controla, cuesta 7,4 millones de pesos. El de 120 de concentración, precio internacional, 5,6 millones; el de la resolución que supuestamente lo controla, 14 millones. El de 240 KUI, precio internacional, 11 millones; el de la resolución que supuestamente lo controla, 29 millones. Estoy dando cifras redondas para facilitar las cosas. Y así podría seguir interminablemente.
Pero lo más grave de lo que viene sucediendo es que es una imposición del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Usted también lo sabe, ministro. Está en la negociación. ¿Por qué es lo más grave? Porque el TLC no ha entrado en vigencia. El Tratado prohíbe los controles a los precios de los medicamentos y por eso ustedes no utilizan las importaciones paralelas, una práctica que podría hacerse para bajar los precios y que está admitida por la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio. Poseo en mis archivos una carta de la presidenta en esos días de Afidro, el gremio de las trasnacionales de los medicamentos, dirigida al entonces ministro Jorge Humberto Botero cuando este intentó imponer algún control de precios. Afidro le previno al gobierno que si se atrevía a hacerlo, le podría poner una demanda en el marco del TLC por expropiación indirecta de los recursos y de los negocios de las trasnacionales. Nos hallamos aquí frente a un problema de una gravedad inaudita. La gente aquí se muere porque no tiene acceso a los medicamentos o porque la plata de la salud se termina gastando en medicamentos que se podrían conseguir a bajo precio.
Cobertura real y cobertura formal
A favor del actual sistema de salud se habla de los cubrimientos, pero olvidando que los cubrimientos formales son bien distintos a los reales. Cuando la gente pierde el empleo, pierde el cubrimiento y los derechos, así aparezca afiliado a una EPS. Y hay otras formas para impedir que la gente acceda al sistema: las cuotas moderadoras, los copagos, las citas cortas o las tardías de los especialistas, las fórmulas que no se entregan completas, las prohibiciones a los médicos, las localizaciones de las IPS, cuando aquí en Bogotá, por ejemplo, se concentran en el norte y la gente vive en el sur, todo eso se vuelve una barrera para que los colombianos hagan efectivo el derecho a la salud. Si hay algo escandaloso en el sistema es que, aunque haya modificaciones, todavía hoy para muchos colombianos del régimen subsidiado su derecho en salud sea del orden del 60% del régimen contributivo. Y en el caso de los subsidios parciales, por ahí del 40%. Es una aberración. Como el sistema no los atiende en forma adecuada, hay colombianos que se mueren de males de los que otros se salvan.
Y si el fenómeno no empeora, es por las tutelas. Digamos que aquí la Corte Constitucional, a punta de tutelas, ha logrado mitigar en parte el desastre. Solo que pasaron dos cosas. Primero, ahí tramita el gobierno del presidente Santos la ley de la sostenibilidad fiscal, para golpear la tutela en lo que tiene que ver con derechos sociales, dicho por los propios tecnócratas neoliberales. Y la segunda, en la que vamos a profundizar, es que el No POS creado por la tutela terminó convirtiéndose en una fuente descomunal de corrupción, generando daños inmensos.
¿Cuál es el problema de todo lo dicho, compatriotas y senadores? Hablamos y hablamos de plata y de negocios y de economía y alguien podría pensar que nos olvidamos del punto principal, la salud de la gente. No. No nos olvidamos. Todo lo que he dicho tiene que ver con la salud de la gente. Es que cuando alguien se roba una plata, hay menos salud para los colombianos. Cuando se maltrata a un médico, se deteriora la calidad de la salud para los colombianos. Cuando las EPS le ponen a un medicamento un precio que no se corresponde, es menos salud para los colombianos. Cuando los recursos se malbaratan, hay menos salud para los colombianos. Luego este es un debate sobre la vida de la gente. Y en este sentido, es peor el desastre que tenemos. La Ley 100 es una norma que genera proporciones inmensas de enfermedad y muerte. Aquí hay un número descomunal de compatriotas a quienes ya no mata ni el corazón ni los riñones, sino la Ley 100. Los mata el POS del contributivo, o el del subsidiado, o la barrera equis o ye, o el precio de los medicamentos. Colombia se nos está llenando de enfermos y de muertos por cuenta de males que la medicina sabe curar, que se mueren o se enferman, no porque la medicina no pueda impedirlo, sino por pobres o por estas maniobras de las EPS que estamos denunciando. Estoy seguro de que si la televisión se tomara el trabajo, y lo hago como una invitación a los noticieros, de mirar durante una semana cuántos muertos hay por violencia en Colombia y cuántos por Ley 100, daría que hay más muertos en Colombia por la Ley 100 que por todas las violencias que nos martirizan. Esa es la triste realidad. Y cómo no se van a morir por Ley 100 si hay personas que tienen una atención del 30% del contributivo. Lo que pasa es que hay verdades que duelen y es de mal gusto mencionar, pero son así, son realidades. Ahí están las cifras y se pueden demostrar con todo detalle.
Un sistema perverso
Con los recursos del sistema de salud, dicen los especialistas, Colombia alcanzaría para tener una salud con cubrimiento universal y alta calidad. Y no se da así porque el sistema es perverso, como vamos a irlo explicando a lo largo del debate.
Por qué no funciona. Claro, se roban unas platas, sobre todo los peces gordos y también unos chiquitos. Pero lo más grave es que el propio sistema es el que induce los fenómenos de corrupción de los que estamos hablando. ¿Cuál es el lío? Que la Ley 100, compatriotas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos. Y es bien distinto. La Ley funciona bien si da ganancia, no si da salud. Si da ganancia y además da salud, bueno, de pronto, pero lo que no puede faltar es la ganancia. Lo saben neoliberales como el ministro Santa María, especialista en estos menesteres. Es lo que dice la norma: primero la ganancia y después la salud, esa es la concepción.
Detallémoslo un poco. ¿De dónde salen las ganancias de las EPS? Al sistema le entran unos recursos, principalmente los que pagamos quienes gozamos de empleos estables y también los patronos, y le entran además recursos del Estado. Todo lo termina financiando una cosa llamada la UPC, que es la cantidad de plata a la que tiene derecho un ciudadano–estoy hablando solo del contributivo, no voy a entrar en detalles sobre el subsidiado–, para que con ella lo atienda la EPS cada año en un determinado plan de salud. La UPC es la unidad de pago por capitación. El plan de salud es el POS, el plan obligatorio de salud. Hoy la UPC es del orden de 500 mil pesos. Luego la EPS debe gastarse en mi salud unos 500 mil pesos. Pero resulta que de esa plata también sale la ganancia de la EPS, la utilidad, el negocio, que se sustrae como una parte de la UPC. La EPS percibe además otros ingresos que también se pueden terminar convirtiendo en ganancias, como lo son las cuotas moderadoras y los copagos y los recobros al Fosyga, cada vez mayores. Aquí hay entonces un problema que resulta clarísimo visualizar. Cuanto menos gaste en salud la EPS, tanta más plata podrá convertir en ganancia, tomándola de la UPC que le ha sido pagada. Y cuanta más plata logre que le llegue al sistema, por ejemplo, mediante recobros en el Fosyga, tanto más puede terminar convirtiendo en ganancias. La operación es fácil de entender.
Así está montado el sistema. Con un agravante, y es que en ninguna parte se estipula, ni siquiera en vía de insinuación, a cuánto debe ascender la utilidad de la EPS. ¿El 5%, el 10%? El Ministerio hace cuentas con AIU entre el 15%, el 10%, el 5%, o sea, es una medida bastante arbitraria. Pero, repito, hay una contradicción, pues cuando a un ciudadano le niegan una cirugía, probablemente todo o parte se vuelve ganancia para la EPS. Cuando le niegan un medicamento, todo o parte se vuelve ganancia para la EPS. Hay en suma un riesgo moral, como lo llaman los banqueros, descomunal, porque el sistema empuja a la EPS a negarles a los colombianos la salud que debiera darles, un requisito sin el cual no hay ganancia. Y si no hay ganancias, entonces para qué EPS. Porque las EPS son organizaciones de negocios para ganar plata, no para brindar salud. Ellas ganan plata en salud como otro se la gana haciendo zapatos o tamales o montando una empresa de cualquier índole.
La integración vertical agrava el fenómeno. La teoría era que la EPS administraba los recursos y contrataba los servicios con las clínicas o IPS. ¿Pero qué sucedió? Hecha la ley, hecha la trampa. Se inventaron la integración vertical. Entonces ahora las EPS controlan a las IPS, o porque son de su propiedad, o porque, me lo aclara el ministro, también hay integración vertical por medio de relaciones contractuales. Luego el cuento ese de que está limitada la integración al 30% es una farsa, pues si yo como EPS puedo someter a las IPS por las relaciones contractuales, estoy integrando todo. ¿Qué quiere decir integrar todo, colombianos? Un hecho de especial gravedad. Que para una EPS puede ser negocio que la clínica o IPS le cobre carísimo, porque aun cuando la EPS pierda, gana la IPS. Y como es del mismo dueño, los administradores giran por detrás unas utilidades. Lo anterior es parte del secreto de todos estos fraudes. A una EPS le puede convenir comprarle a su empresa farmacéutica asociada los medicamentos más caros del mundo, porque aquí el negocio consiste en que la EPS pierda plata. El POS puede degenerarse, porque la plata se la está embolsillando la EPS por conducto de una IPS intermediaria, que es de su propiedad. Lo ha explicado la Universidad Nacional y todos los técnicos lo saben.
Ministro, usted en la reforma del año pasado aceptó que siguiera funcionando la integración vertical, una de las madres de la corrupción del sistema y de la manipulación y de todos los horrores que suceden. Y hoy lo oí en la radio contestarle a un periodista, que le pregunta: “Doctor Santa María, ¿y eso de la integración vertical no es muy grave?” Y usted responde: “Sí, es un problema, pero vamos a hablar con los de las EPS a ver qué hacemos”. No, ministro, no hay nada que hablar con los de las EPS. La integración vertical debe estar absolutamente prohibida y se acabó el cuento. O si no, esto va a seguir siendo el negocio de la salud a costa de la salud de los colombianos.
El cartel de las EPS
Veamos algunos casos extremadamente graves que ilustran lo que viene ocurriendo, ya en proporciones escandalosas. Vamos a llegar a las cifras de los billones, colombianos, millones de millones. El delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio para la promoción de la competencia hizo una investigación sobre catorce EPS y Acemi, el gremio que las agrupa. Son las 14 EPS más poderosas del sistema. Concentran algo así como el 90% del sistema contributivo y algo así como el 90% de los recobros al Fosyga. Leámoslas con nombre propio, se merecen el honor: además de Acemi, la cabeza de la organización, figuran Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SOS, SuSalud, SaludCoop, Cruz Blanca, CafeSalud, (las tres últimas, del Grupo Saludcoop), Sanitas, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle y Humana Vivir. ¿Qué descubrió la Superintendencia de Industria cuando les hizo una visita oficial y les entró a los discos duros de los computadores? No es que los superintendentes se empezaran a imaginar cosas, sino que se hicieron con toda la información y descubrieron, según su informe de 114 páginas, que ese conjunto de organizaciones había creado un cartel. La palabra cartel no es mía, es del informe. ¿Qué es un cartel en el sentido estricto de la economía? Un grupo de empresas que se asocian, o mejor, se coluden, primero para que no haya competencia y convertirla en una ficción, y además, para otros propósitos más o menos turbios.
Primer propósito, engañar al gobierno y al país. También en palabras de la Supertintendencia: se conformó un cartel “para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores”.
Segundo propósito, no competir entre sí, como lo aclara igualmente la Superintendencia: “Determinar uniformemente, cuáles de ellos (servicios) serían suministrados a los afiliados y cuáles de ellos serían negados”. ¿Negar qué? Los servicios del POS o Plan Obligatorio de Salud que ya se les han pagado por anticipado con la UPC.
Tercer propósito, negar derechos e imponer tutelas o Comités Técnicos Científicos, mecanismos para que la EPS no pague el procedimiento o no pague los medicamentos con la plata del POS y de la UPC, sino que se los recobre al Fosyga, de forma tal que el Estado les pague dos veces el medicamento o el procedimiento. El Fosyga es otra cuenta pública, pagada por los colombianos, Dice textualmente la Superintendencia: “Negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga, vía aprobación de tutela o CTC (…) para de esta manera obtener ingresos adicionales”. Más claro no canta gallo. Lo dice la Superintendencia, no el senador Robledo. Claro, yo lo explico de una manera más directa: es cobrar dos veces la misma vaina, un fraude de una gravedad inaudita. No soy abogado, pero me espanta, me imagino que los abogados encontrarán aquí más de una irregularidad.
Cuarto propósito, también de gravedad suma, y lo enreda a usted, ministro: elevar la UPC. Recordemos que la UPC, o Unidad de Pago por Capitación, es la plata que el Estado les da a las EPS por cada afiliado. De ahí es de donde sale la ganancia y de donde ellas prestan el servicio. Y miren lo que dice la Superintendencia: “Presionar al alza el valor de la UPS, con el propósito de demostrar que la misma es insuficiente”. El truco incluye demostrar, entre comillas, que la plata no alcanza y de este modo presionar que el gobierno les suba el valor de la UPC. (Ahora nos vamos a referir a otro caso en el que la infladita que les metieron a ciertos gastos vale un billón de pesos, antes de que el Ministerio fijara el nuevo valor de la UPC). Miren lo que agrega la investigación: “Los estudios técnicos desarrollados por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y la CRES, con el propósito de calcular la suficiencia POS/UPC, tienen como fuente primaria la información remitida por las EPS-C agremiadas en Acemi, la cual ha sido revisada y ajustada como consecuencia del consenso (con el gobierno), fijando así indirectamente el valor de la UPC” (p.87). Ojo que este es el centro del fraude, así es como está montado el cimiento del fraude. El gobierno no produce cifras. Al gobierno se las dan las EPS y basándose en ellas es como define qué plata les paga. Es el cartel de las EPS el que termina determinando el valor de lo que se les paga, que además ha sido fijado de manera fraudulenta.
Lo que denuncio es mil veces más grave que lo que mencionó ayer el presidente Santos. Aquí se les hizo ver a los colombianos que un par de funcionarios de quinta categoría se chiflaron y se embolsillaron unos recibos. No, esto es algo de alta complejidad y con números en grande. Detallemos las cifras. En 2006, recobros del Fosyga, platas que sacan las EPS del Fosyga y las echan a sus arcas, 336 mil millones de pesos. En 2009, 1,79 billones, el 434% más. En 2010, 2,5 billones en recobros de estas 14 EPS, las del cartel de Acemi. Ustedes me dirán, y de eso cuánto se embolsillaron, llamemos, aun cuando el nombre técnico no sé cuál sea, cuánto se embolsillaron de dineros a los que no tenían derecho. No lo sé, porque en esos recobros también hay plata a la que sí tenían derecho. Porque si hay un medicamento o un procedimiento que es No POS, hay derecho a recobrarlo. La Supersalud nos dio la pista esta semana. Dice que hizo un muestreo de recobros al Fosyga y llegó a la conclusión de que el 54,9 por ciento de los recobros eran de derechos del POS. ¿Qué quisieron decir? Que no tenían derecho, que el recobro fue fraudulento, que ahí hubo una trampa. Y si estamos hablando de 2,5 billones de pesos en solo 2010, estamos hablando de un fraude en ese año de 1,25 billones de pesos. Y no es un funcionario cualquiera por ahí. No. Por lo que he explicado, estamos ante una conspiración. Es la base de lo que está ocurriendo. Tenemos un sistema perverso, al que se lo han tomado las EPS con la negligencia, la irresponsabilidad, la alcahuetería del Estado.
El doctor Santos habló ayer algo de esto, pero aquí hay colombianos que llevan rompiéndose el espinazo y denunciando anomalías desde hace lustros sin que nadie les pusiera cuidado. Es la hora de los cobros, pero que lo hagan los que tienen derecho, no los que salen a última hora a presentarse como los grandes redentores. Aun cuando si quieren ayudar, que lo hagan, pero les vamos a exigir que ayuden con seriedad, no escarbando un poquito, como el gato, para que las cosas sigan iguales.
Fraudes por millones de millones
Segundo caso que quiero presentar, bochornoso, parecido al anterior, nace de una investigación muy enjundiosa hecha por la Federación Médica Colombiana, que dirige el doctor Sergio Isaza, médico muy respetable, de esos médicos valerosos que arriesgan su profesión y su empleo defendiendo el derecho de los colombianos a disfrutar de una salud decente. Ajustó meses la Federación Médica bregando a que el Fosyga les diera la información, que tuvieron que sacarle a la brava con tutelas y derechos de petición. Pero miren ustedes lo primero que encontraron cuando al fin se la dieron.
Son cifras descomunales. En el primer dato que les dieron había 3,5 millones de registros con inconsistencias. Una de dos, o se los dan mal de mala fe o el caos y el desorden de esa institución es tal que los errores son tan descomunales que se prestan para todo tipo de prácticas indeseables.
Un millón de registros repetidos. Un registro es, por ejemplo, una fórmula de un medicamento.
675 mil registros sanitarios errados, a los que se les pone un nombre que no corresponde.
41 mil recobros de menos de 500 pesos. ¿Qué oculta eso, qué irresponsabilidad la explica? No lo sé, pero hay recobros de 500 pesos.
Bueno, al final lograron limpiar toda la información y lo que terminaron descubriendo es, por ejemplo, que hay medicamentos con recobros absurdamente elevados y con cifras que no pueden ser. Reportan una plata embolatada o defraudada, y finalmente serán los organismos de control los que tengan que averiguarlo, pero en ese solo caso hay un lío de 70 mil millones de pesos, hablando solo de unos años, no de todo el tiempo.
Recobros de medicamentos de más de cien millones de pesos, cuando no hay medicamentos de ese precio, 171 recobros, 96 mil millones de pesos que no pueden existir. Ahí esa plata está en riesgo. Tendría que acabarse de precisar qué es lo que termina sucediendo.
Se registra el caso de los antihemofílicos 8 y 9, del POS, recobrados como No POS: en tres años, 21 mil millones de pesos. Yo aquí estoy simplificando las explicaciones. Y miren por dónde se ve el fraude. En ese antihemofílico que acabo de mencionar, el recobro en el 2007 fue de 938 millones de pesos. En el 2008, de 4 mil millones. En el 2009, de 16 mil millones. Y ninguna cifra nos indica que hayan aumentado los hemofílicos en las mismas proporciones. Ahí lo que hay es una cuenta que se termina inflando.
Está el caso de otro antihemofílico que se llama Novoseven. Recobro en 2007, 5 mil millones. En 2008, 20 mil millones. En 2009, 37 mil millones. Afortunadamente, la hemofilia no ha aumentado en Colombia en esas proporciones.
Son algunas de las anomalías que suceden en el Fosyga y que vienen sucediendo desde hace rato. Y la Federación Médica Colombiana insiste en que las normas aprobadas el año pasado y este año no resuelven el problema, por lo que ya cité hace un momento.
Saludcoop y los parafiscales
Tercer caso. Otro punto de escándalo, y tiene que ver con que una EPS, específicamente, Saludcoop, invirtió en infraestructura, clínicas, lotes, etc., 627 mil millones, en pesos de 2008, y la Supersalud de esos días, después de investigar, dictaminó: señores de Saludcoop, ustedes no podían gastarse esa plata, porque no era de ustedes, sino del sistema de salud, pertenece a la UPC, y es una plata que ustedes se apropian en detrimento de la salud de los colombianos. Ustedes con su patrimonio pueden hacer lo que quieran, pero la plata del sistema es diferente. Y la anterior Superintendencia le ordenó a Saludcoop, primero, devolver 318 mil millones de pesos que ya se había gastado, y segundo, le advirtió que con los recursos del sistema de salud no podía pagar deudas por 308 mil millones de pesos. Ese es el proceso y fue la decisión que se tomó. Después, el nuevo superintendente de Salud echó atrás la decisión de su predecesor y abrió un proceso de conciliación encaminado a que Saludcoop se quede con la plata. Y el ministro Santa María está de acuerdo, según lo entendí por las respuestas que me dio.
El caso es de una importancia capital y me voy a detener un poco en él, porque aquí hay hechos demasiado graves que tienen que ver con lo de las ARP. Es un tema que conozco de cerca, como también lo conoce la contralora Sandra Morelli, quien ha afirmado que el actual superintendente no puede reversar la decisión tomado por quien lo precedió en el cargo. Y ella y yo lo conocemos, ella porque trabajó muchos años en la Federación de Cafeteros, y yo porque he sido un contradictor de muchos años de la Federación. Y resulta que en la Federación de Cafeteros es donde aparece el concepto de los recursos parafiscales. ¿Qué es un recurso parafiscal? Un dinero que los colombianos le entregan obligatoriamente al Estado para cualquier propósito y que se gasta con destinación específica. En el caso del café, en asuntos cafeteros, en el caso de la salud, en asuntos de salud. Y esos recursos los administra alguien, que tiene por ello el derecho a ganarse una plata. La Federación de Cafeteros, en particular, ha construido un patrimonio ganando plata con la administración de los recursos del Fondo. Pero una cosa es el patrimonio de la Federación de Cafeteros y otra cosa muy distinta son los recursos del Fondo, que pertenecen a los cafeteros. En el caso de la salud pasa lo mismo. Una cosa es el patrimonio de una EPS, obtenido por sus aportes o por las utilidades derivadas de la administración de los recursos parafiscales, y otra cosa muy distinta es la plata parafiscal. Usted lo sabe de memoria, ministro. Si se permite que se revuelvan las dos, lo que sucede, y puede que no sea la palabra técnica legal, es que los administradores se roban la plata. Porque una cosa es que me den a administrar una plata y yo por ello cobre unas utilidades y otra que yo me embolsille la plata que me dieron.
Lo que demostró el superintendente anterior fue que de todas las inversiones, de su propio dinero Saludcoop había puesto apenas 110 mil millones de pesos y que el resto lo había hecho con plata que no le correspondía, porque era de la UPC. El cuento que echan es que como la clínica es para darles salud a los colombianos, entonces está bien gastada la plata de la UPC. No. La norma estipula en forma expresa que la plata de la UPC se gasta en medicamentos, en médicos, en procedimientos y hasta en administración, pero no construyendo clínicas para engrosar el patrimonio de la EPS. Está bastante claro. Y hay una prueba reina, para no entrar en muchos detalles, que muestra la lógica manguiancha de la EPS. Una de las inversiones que le cargan a esta cuenta es Saludcoop México. Invirtieron allí, me pregunto: ¿a cuenta de qué? ¿Cómo, así sea remotamente, podría servirle Saludcoop México a la salud de los colombianos? O es que nos vamos a echar el cuento de que si el dueño de una EPS se toma una botella de whisky y se pone contento, entonces también es plata de la salud, porque es bueno que esté alegre el gerente para que trabaje con entusiasmo. No. No puede ser así.
El asunto está claro en la jurisprudencia. Por eso la contralora Sandra Morelli sale y le dice al supersalud: control de Advertencia, doctor Conrado Gómez. Si usted insiste en ese proceso, está violando la Constitución y la ley y se va a meter en un lío mayúsculo. Creo que la contralora tiene razón, porque hay abundancia de sentencias y normas. Por decir algo, hay diez de la Corte Constitucional que reafirman que los recursos parafiscales son sagrados. Y Gómez sale a hacer unas explicaciones absurdas que no resisten análisis. No quiero entrar en detalle, porque el tiempo nos acosa y veo al ministro angustiado. De todos modos va a tener tiempo para responder, señor ministro, no se preocupe, y voy a hacer un esfuerzo por resumir.
Hay un hecho aún más grave y en el que usted también le dio el aval a su supersalud, ministro. Es que cuando se reunió la Supersalud para echarle reversa a la decisión tomada mediante un sistema de conciliación con Saludcoop, aprobaron lo siguiente, que figura en las actas, estando vigente la Ley 1438 de 2001: “Sí era y es posible cumplir con la finalidad de la parafiscalidad a través de la inversión en activos fijos, cuando estos tienen la finalidad de prestar los servicios de salud a los ciudadanos” (subrayado fuera del texto). Esto es de una gravedad inaudita, porque aquí nos dijeron que en la Ley 1438 se había prohibido dicha práctica. Pues bueno, su supersalud no cree en ella y usted avala a su supersalud. Entonces le pregunto: ¿será que la redacción tiene la trampa? ¿Dónde está el truco? Porque aquí se ha dicho que hecha la ley, hecha la trampa, pero se hacen leyes con la trampa incluida. Es de una gravedad descomunal, porque abre la posibilidad, y de encima la santifica, de que la plata de la salud se siga convirtiendo en patrimonio de las EPS, lo que no solo es ilegal, sino también absolutamente inconveniente. Y si en la administración del presidente Santos, este Congreso lo convirtió en legal, como aduce Supersalud, estamos ante un hecho ignominioso, un verdadero asalto al patrimonio público. Es un debate que vamos a dar hasta las últimas consecuencias, porque aquí no se puede venir con teorías de rábulas ni con astucias jurídicas a embolsillarse la plata de la salud de los colombianos.
El superintendente de Salud está inhabilitado
Paso a tocar el caso del superintendente de Salud, Conrado Gómez. Es que uno a ratos se pregunta en qué país estamos. Nueve millones de colombianos votaron por el doctor Juan Manuel Santos y el único al que pudieron poner el presidente y el doctor Santa María en el cargo fue al doctor Conrado Gómez. Resulta que Conrado Gómez es accionista de una empresa llamada Multiproyectos cuyo objeto consiste en negociar con los sistemas nacionales de salud en Colombia o en el exterior. Poquita participación tiene, lo anticipo, pero la tiene. Y Multiproyectos es propietaria de la EPS Multimédicas S.A. Y resulta que el doctor Conrado Góméz tiene como trabajo vigilar a esas empresas y particularmente a la segunda. Y lo nombran de superintendente de Salud, y claro, ya se pusieron la hojita de parra: en estos días dijo, ministro Santa María, venga y reempláceme aquí, porque es que esto tiene que ver con la EPS Multimédicas y entonces tome usted en neutralidad la decisión que tenga que tomar. ¿Eso qué es?
Pero no es solo esto. El doctor Conrado Gómez es nada menos que el hermano de Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro, y ya sabemos que Afidro es la agremiación de las trasnacionales fabricantes de medicamentos, ultraagresivas en Colombia. Y resulta que a la Superintendencia le compete controlar a las trasnacionales de medicamentos.
Y anda Conrado Gómez además bregando a revertir una decisión para favorecer a una EPS en un negocio por 627 mil millones de pesos. Entonces yo aquí, de manera franca, pido la renuncia del doctor Gómez. Eso qué es. Que busquen otro de los electores del doctor Santos y lo pongan ahí, que tenga incluso, si es el caso, la misma recomendación política, a mí eso no me importa, no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es que este señor está inhabilitado para ejercer el cargo. Primero, por su origen, por lo que es; y segundo, porque uno no le puede aceptar a un superintendente teorías tan absurdas como las que está defendiendo en detrimento del interés público.
La auditoría, una burla
Toquemos otro punto importante en este debate. He dicho que la Ley 100 es torcida y perversa, porque empuja en la dirección equivocada. Pero también he dicho, y es lo que voy a pasar a demostrar, que el sistema está montado para que tampoco haya vigilancia, para que no se audite, para que no se controle. La teoría general del ministro Santa María y de todos los que comparten su concepción de las cosas, es que estas empresas se cuidan solas y se vigilan las unas a las otras por aquello de la libre competencia y la mano invisible del mercado, que realmente son las zarpas de los negociantes. Cómo es el asunto. Oigan ustedes, para que se aterren, lo que dice el ministro de la Protección: la base de datos del Ministerio, la información que ellos tienen para tomar las decisiones, “se construye a partir de la información de gasto en salud que envían las EPS (…) es pertinente aclarar que cada EPS tiene sus bases de datos y sus sistemas de información particular”. Ellos trabajan con las informaciones que les dan las EPS. Pero además, y cómo vamos a ver, no ejercen control real sobre la información que les están dando.
Miren lo que dice la Superindustria, que hasta donde yo veo es la entidad más seria que se está moviendo en este asunto. Es la que descubre el cartel. Dice: “Se verificó que las mallas validadoras, filtros y los diferentes mecanismos de verificación utilizados por los entes reguladores del SGSSS son insuficientes para confirmar la veracidad de la información reportada por las EPS-C agremiadas en Acemi” (p.87). O sea, los instrumentos que ellos tienen para controlar no sirven para controlar. Les explico lo de las mallas, porque aquí hablan todo el tiempo de ellas y seguramente lo va a hacer el ministro. Se trata de unas mallas para coger mensos. Hay una malla capaz de descubrir que quien tiene un parto no es un señor, sino una señora, y que a quien le extirpan un testículo no es una dama sino un caballero. Es el tipo de cosas que logran coger las mallas validadores. Está bien que no se permitan dichas trampas, pero aquí estamos hablando de asuntos más complejos.
Le preguntamos al ministro si el Ministerio ha contratado algún servicio de auditoría y nos responde que no, que no lo han hecho nunca. Como gran gracia, revela que los datos que les mandan a ellos las EPS los contrastan con los de la Supersalud. Y ahora vamos a ver que en la Supersalud trabajan cuatro gatos, que no pueden mirar nada con ninguna seriedad. Le preguntamos también: “¿Cómo controvierte el Ministerio o la CRES las cifras de gastos de las EPS?” Nos contesta: “Las cifras son cotejadas con las declaraciones de gasto que remite el representante legal de cada EPS, y los estados financieros que son reportados a la Supersalud, los cuales están respaldados por la firma de un revisor fiscal que se convierte en persona auxiliar de la supervisión y veracidad de la información que se remite”. La EPS le manda al Ministerio unas cifras y el Ministerio las vigila porque la misma EPS le manda a la Supersalud las mismas cifras u otras, pero en todo caso vuelven y salen de la Supersalud. Y además agrega: “El minprotección ha resaltado la importancia de la colaboración de las EPS para que suministren la mejor información, con el fin de establecer si las primas pagadas por el SGSSS son suficientes para financiar los planes de beneficios”. Esta mañana lo oí decir, doctor Santa María, que era una buena idea reducir el número de EPS, porque había muchas y no había mercado suficiente, pues los clientes eran insuficientes. No. A los colombianos atendidos por las EPS digámosles enfermos o pacientes, no clientes. Es una idea que pronuncian sin darse cuenta, por una lógica arrevesada de cómo deberían ser las cosas.
Pero además a los colombianos se les dice: la Supersalud vigila, estén tranquilos. Les cuento que la Supersalud dispone de 157 funcionarios en inspección y vigilancia y debe vigilar 40.872 empresas. Y se les dice a los colombianos que la Supersalud vigila. Vigila qué. Es la parte más lamentable. Hay colombianos que, aburridos de que los maltraten las EPS, le mandan cartas a la Supersalud y le ponen la queja y muchos creerán de buena fe que la Supersalud algo hace. Con 157 personas, cómo hacen. Pero bueno, miren lo que de encima me dice la Supersalud: “Las peticiones y reclamos que recibe la Supersalud son trasladadas a las EPS respectivas”. Es como un chiste cruel. El paciente al que maltrata la EPS se cansa de reclamar y va al Estado a que le ayude. Y el Estado coge el reclamo y se lo manda a la EPS que le mamó gallo durante quién sabe cuántas semanas.
La libre competencia, un engaño
Cuál es la teoría del ministro, de él y de los anteriores, y no se dejen confundir, porque al final son los mismos. Con apellidos distintos, sí, pero la lógica es la misma. Aquí tenemos un sistema, un régimen, todos son los mismos, cada uno cumpliendo su papel. Afirma el ministro que el principio general en medicamentos es la libertad de precios. Y ya sabemos los horrores que produce. Arguye el ministro: “De acuerdo con lo normado, debe concluirse que el Estado no regula los costos de los servicios o venta de bienes y servicios que las empresas les hacen a las EPS, pues los precios son el resultado de la libre competencia, que tiene su propio marco regulatorio”. Este es el secreto de todo, lo que explica por qué no hay control, por qué no hay auditoría, por qué el Estado no produce sus propias cifras, por qué no se vigila, por qué no se audita. Porque ellos sostienen la falaz teoría, propia del neoliberalismo, de que en la libre competencia unos competidores controlan a los otros. Ese es el fondo ideológico.
Y los hechos demuestran que no es verdad, que es una falacia. Se demuestra con hechos que las EPS se coluden entre sí, que han formado un cartel, y aquí nos siguen insistiendo en que la libre competencia hace que las unas cuiden a las otras. Es la tierra de nadie, la tierra del inmenso poder de las EPS haciendo lo que se les antoja. Con un agravante, y es algo que ya se sabía porque lo habían denunciado los especialistas: las EPS se tomaron los Ministerios, plagados de altos funcionarios que de una u otra manera les responden a las EPS y esperemos que esto lo descubran con nombres propios los investigadores. Las EPS han cooptado al país, a los órganos de poder, los han sometido, los han puesto a su servicio. Y por eso la normatividad facilita este tipo de cosas, senadores. Es el imperio de una ley perversa administrada con una actitud de alcahuetería por parte del gobierno nacional y de quienes mandan en Colombia.
Aduce el ministro: “Se deja la relación comercial a las reglas del derecho privado (…) hay libre competencia en el mercado de los servicios de la salud”. Y como una hojita de parra, añade que está prohibido “restringir o falsear el juego de la libre competencia”. Es también como un chiste, ministro. Tantas cosas que están prohibidas.
Dentro de esta historia vale la pena mencionar un caso, y es el de Saludcoop. Creo que en general se trata de una EPS que se distingue de las demás básicamente porque es más grande, pero creo que todas llevan a cabo las mismas prácticas. Es mi impresión, hasta donde me dan mis análisis. Esta de pronto muestra algunas características de agresividad. Sus abogados le ponen a uno avisos en la prensa para amenazarlo. Pero, en general, mi impresión es que todo ese combo de Acemi funciona de una manera muy parecida. Y no es solo mi impresión, es también lo que dice la Superintendencia de Industria.
Pero el caso de Saludcoop es interesante porque permite hacer reflexiones. Resulta que Saludcoop se constituyó en 1994 con un patrimonio de 2,5 mil millones de pesos y al 2009 reporta un patrimonio de 514 mil millones de pesos, o sea un incremento de 204 veces. ¿Cómo explicamos, ministro, que el patrimonio de una empresa pueda crecer 200 veces en quince años? Y no es una empresa, por ejemplo, de especulación inmobiliaria, ni se ganaron la licitación para una carretera o un puente nuevo, ni es una empresa petrolera en el momento en que subió el precio del petróleo. Es una empresa cuya utilidad, se supone, consiste en administrar unos recursos de la salud y ganarse unos pesos, y uno supone, ministro, que el gobierno tiene las cosas calculadas para que no sea una ganancia exorbitante. Pero aun si la fuera, ¿cómo se explica el aumento? Realmente no tengo una explicación clara de detalle, porque son temas muy complejos. Uno va a mirar los estados financieros y se encuentra con cosas enredadas, maquilladas, y estas, que además son cooperativas, se aprovechan de su situación para pasar en las cuentas de unos sitios a otros, bien complejo el asunto. Pero el problema de fondo es que hay un incremento de 204 veces. Mi hipótesis es que se han apropiado los recursos parafiscales. No encuentro otra explicación. Han cogido de donde no podían coger. Han crecido su patrimonio, no con las ganancias, sino tomándose la plata de la UPC, en suma, haciendo lo que le intentó bloquearles el anterior superintendente y este quiere aprobarles. Así sí se puede explicar un incremento de ese tamaño. Que sean los organismos de justicia los que se encarguen de vigilar o de investigar este tipo de cosas, que por supuesto son anómalas y que se deberían dilucidar para explicarnos a los colombianos qué fue lo que pasó, porque la anormalidad es por completo evidente.
Sobreprecios en medicamentos
Por último el cuarto caso. Sobreprecios en los medicamentos del POS. Fue bastante mala su actitud en este caso, ministro Santa María. Resulta que hace unos días, en marzo, el origen de este debate, cayó en mis manos un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, contratado por la CRES o Comisión de Regulación en Salud, para estudiar cómo había sido el gasto en salud en el año 2009, para que según él se calculara el valor de la UPC para el 2011. Un estudio importantísimo para que a partir de él se concluyera, subimos la UPC en el 2, en el 5, en el 10, por ciento. Cuando la Universidad Nacional de Colombia hace el estudio contratado por el Estado descubre que hay incrementos en los costos que reportan las EPS –todas son cifras de las EPS, nutridas de pronto por las IPS, pero finalmente al Estado le llegan a través de las EPS–, y ven que se han incrementado en 24%. Y resulta que la inflación de ese año fue de 2%. Entonces la Universidad Nacional de Colombia se dice, cómo así, detallemos qué está pasando. Y descubre que los mayores valores en medicamentos reportados respondían por el 79% del incremento del gasto, contra una inflación del 2%, hecho por supuesto anormal, inaceptable. Entonces la Universidad Nacional de Colombia mira qué reportó cada EPS y encuentra que en los gráficos de barras, hay tres EPS que se salen de la media, y de manera enorme. Mientras que las tres reportan un promedio de gasto por afiliado de 207 mil pesos, y son las del Grupo Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud y Saludcoop, las otras 18 reportan un promedio de solo 36 mil pesos, aun cuando hay dos, Coomeva y Famisanar, que también reportan gastos altos por encima del promedio. En todo caso, aparece un promedio de 207 mil contra 36 mil.
Esa diferencia, multiplicada por el número de afiliados, es la que me da una cifra de 825 mil millones de pesos, en un índice al que he llamado sobrefacturación o sobregasto, no sé qué nombre ponerle, pero que en todo caso es un reporte que no resiste análisis estadístico. Con la advertencia de que la Universidad Nacional de Colombia hizo el estudio y despicó los extremos, de forma tal que se buscaran medias, que es lo correcto en condiciones estadísticas. Pero además, la Universidad Nacional de Colombia fue más allá en la investigación. Se puso a mirar con detenimiento medicamento por medicamento y encontró que los valores reportados por Saludcoop eran superiores al promedio. En el caso de la Lovastatina, en 246%; en Loratadina, 227%; en Omeprasol, 135%; en ácido fólico, 120%; en Enalapril, 99%; en Acetaminofen, 87%; en Diclofenaco, 37%; en Ibuprofeno, 34%. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando de medicamentos del POS, no de medicamentos raros ni de alto costo. Es en los medicamentos corrientes donde se presenta el entuerto.
Al mismo tiempo, esto lo supe después, el Ministerio de la Protección Social, con las mismas cifras de las EPS, adelantó otro estudio. Ya no solo la Universidad Nacional de Colombia, sino también el Ministerio. Los funcionarios del doctor Santa María descubrieron también un incremento injustificado en los precios de los medicamentos del orden de un billón de pesos, básicamente lo mismo que había hecho el estudio de la Universidad Nacional de Colombia. Pero hicieron otro hallazgo, ministro, que a usted se le ha olvidado resaltar. Descubrieron que hubo 350 mil pacientes que recibieron medicamentos que costaron 46 mil millones de pesos y que ningún médico les había recetado. Eso ya no lo descubrió la Universidad Nacional de Colombia, sino el Ministerio de la Protección Social.
Y el Ministerio hizo un estudio en detalle sobre los medicamentos y se fue más a fondo, por disponer de mayor información que la Universidad Nacional de Colombia, y se metieron a mirar pepa por pepa. Descubrieron, por ejemplo, que una pepa de Metroprolol cuesta entre 20 pesos y 3 mil, redondeando las cifras; en Azatioprina el costo de una sola pepa oscila entre 104 y 500 mil pesos; en Acetaminofen, una sola pepa, va de 18 a 34.380. Es lo que encuentra el Ministerio de las cifras entregadas por las EPS. Y de ahí es donde le mando la carta al ministro pidiéndole explicar qué es lo que está pasando y por qué no lo sabe nadie en el país.
Como la investigación era para definir en cuánto subía la UPC, el ministro Santa María termina decidiendo que la UPC suba al nivel de la inflación. Pero con un lío, ciudadanos y senadores. Los técnicos del Ministerio le habían propuesto al ministro Santa María que subiera la UPC del contributivo en 1,91% y él la subió en 4,25%. Le propusieron que subiera la UPC del subsidiado en el 1,07% y la CRES la subió en el 4,20%. Esto ya lo está investigando la Contraloría, porque entonces para qué son los estudios. Estas EPS del subsidiado fueron las que no dieron información, y miren el absurdo. No dan información, o sea, no cumplen las normas. Los técnicos del Ministerio piden entonces que se les aumente la UPC en el 1,07 por ciento y el Ministerio les regala el 4,20. Por estas razones la Contraloría pide explicaciones, y creo que también la Procuraduría se las está pidiendo al ministro Santa María para que explique qué fue lo que pasó.
El ministro y el tapen-tapen
¿Cuál fue la actitud del ministro Santa María cuando yo empecé a hablar del tema? Empezó a conocer el asunto desde el 15 de diciembre de 2010 con el estudio de la Universidad Nacional de Colombia. El 23 de diciembre lo confirmó y el ministro ya tomó decisiones el 29 de diciembre, con el acuerdo 19, aceptando que las cifras de las EPS eran inconsistentes, inaceptables.
Yo le escribí al ministro el 6 de marzo de 2011, casi tres meses después, cuando nadie en Colombia sabía lo que estaba pasando. Entonces le escribo una carta contándole que había encontrado el informe de la Universidad Nacional de Colombia y que a mí me daba que ahí había algo muy extraño por lo menos de 800 mil millones de pesos, y que incluso podía ser de más. Le dije: dígame entonces por favor por qué no se sabe en Colombia y usted qué ha hecho al respecto. Bueno, qué problema, cuatro piedras en la mano el señor ministro. Les voy a leer la respuesta: “Esto no es un hallazgo nuevo ni lo hizo el senador Robledo”. Pero, ministro, yo nunca dije que lo hubiera hecho yo. Usted intenta presentarme como un mentiroso. Y continúa: “Tampoco surge de un estudio de la Universidad Nacional de Colombia”. Y resulta que yo le había dicho a Colombia que surgía de un estudio de la Universidad Nacional de Colombia y usted sabía que yo tenía el informe de la Universidad y sabía que este informe existía y sabía que lo que yo citaba del informe era cierto. Y usted saca una declaración pública a los medios de comunicación que parecía redactada por Saludcoop, para ofender a un senador de la República que estaba cumpliendo con su deber.
Pero además, usted fue más allá. Usted en esa primera respuesta y en otra posterior, pero sobre todo en la primera, me dice que usted sí había denunciado, que sí había puesto denuncias en los órganos de control, y eso no es cierto. Ustedes mandaron unos papelitos el 11 de enero, tardecito más bien, a los distintos órganos de control, unos documentos que no contenían una acusación ni eran una denuncia, incompletos por lo demás, donde no adjuntaban los estudios básicos ni individualizaban a los responsables. La Contraloría General de la República, me lo certificó el secretario, asegura que no reposa en la fecha ninguna denuncia presentada por el Ministerio. Es que una denuncia no es cualquier papelito que uno le lleve a un funcionario para cubrir las apariencias. Las Superintendencias de Salud y de Industria también tuvieron que decirle al Ministerio que mandaran los datos para saber de qué era de lo que se trataba el cuento. Todo después de que empecé a hacer las denuncias al respecto, ministro. Usted en su informe no le explica a ninguno de los organismos de control el problema de los sobreprecios de los medicamentos, ya detectados por los dos entes investigadores. Tampoco les informó sobre el número inmenso de personas con fórmulas de medicamentos no recetadas por ningún médico.
La cosa va al extremo. Le mando otra carta al ministro en que le pido más explicaciones, porque yo creo que este escándalo puede constituir una defraudación. Y quién dijo miedo. Me monta un alegato sofístico con palabrejas seudotécnicas para concluirme que no entienden de dónde puede surgir la citada defraudación. Entonces a usted no le dan las cuentas por un billón de pesos y me dice que ahí no puede haber una defraudación y que yo soy un irresponsable, porque estoy diciendo que sí puede haberla. No afirmé que la hubiera. Dije que puede haberla, y su deber, ministro, en una actitud responsable, era decir: voy a investigar, en lugar de poner en un documento público una frase que apunta a descalificarme y a confundir a la opinión pública. Eso no se hace. Lo siento a usted en este caso, ministro, en una actitud de tapen-tapen. El escándalo lo sabe el país porque lo denuncié yo, no porque lo denuncia usted.
Estas no son imaginaciones mías sobre la conducta del ministro y del gobierno. La Contraloría General de la República le acaba de pedir a la Procuraduría abrir investigación por todos estos casos, y entiendo que esta la acogió, lo que pasa es que no me ha llegado la respuesta. Entre las investigaciones que, según la Contraloría General de la República, deben abrirse, está la del Ministerio de la Protección, en su cabeza, doctor Santa María, como es obvio, por no controlar bien la Supersalud, por no cumplir bien con los deberes frente a este problema de los sobreprecios y por la falta de la información de las EPS; que se investigue también la conducta del supersalud por no vigilar bien a las EPS en el caso de los gastos de la UPC; se debe investigar también a la CRES, dice la Contraloría, por el Acuerdo 19. Es que a la Contraloría le llama mucho la atención que el Acuerdo 19 señale que las cifras son inconsistentes, y enseguida tome la determinación de subir la UPC con la inflación en contra de las recomendaciones de los técnicos. Y resulta que la UPC es patrimonio público, es la plata de la gente, no es plata de bolsillo, y se supone que una decisión debe ser consecuente con los resuelves y con los análisis. Yo no puedo decir que no tengo elementos para decidir y sin embargo decido, y además lo hago en contra de la opinión de los técnicos. Para qué entonces los técnicos.
Conclusiones
Conclusiones. Reitero que debe renunciar el supersalud. No veo qué hace ahí en ese cargo. Pongan a cualquier otro, pero ese no debe estar ahí. Claro, supongo que como siempre sucede en Colombia, cuando uno le pide la renuncia a alguien, el gobierno resuelve atornillarlo, y con un poco de suerte para ese alguien hasta le pone la Cruz de Boyacá, convirtiéndolo en prócer de la causa, en este caso de la del santismo. Espero que para terminar haciendo las condecoraciones no creen una nueva orden que se llame la del Principado de Anapoima.
La segunda conclusión, es que tenemos el peor sistema de salud del mundo y en la lógica de los peores del mundo. Quiero que los colombianos sepan que el sistema colombiano de salud imita en buena medida el sistema de gringo, el más costoso y el más malo, dicen muchos especialistas. En el capitalismo hay sistemas de salud bastante mejores que el nuestro. Mencionemos el canadiense, el australiano, el de la Gran Bretaña. Aquí escogimos el peor modelo, que es este del aseguramiento y de las EPS, pero además empeorado por la integración vertical y todo tipo de prácticas nefastas.
Tenemos unos gobiernos que no vigilan. Hubo alcahuetería en los anteriores y la hay en este, todos. No eximo a nadie.
¿Algo se mueve detrás?
Les cuento, sin embargo, que me asalta una preocupación después de haber visto las políticas del gobierno. Temo que este debate, lejos de conducir a que el sistema se arregle de verdad, lleve a que se aprovecen las denuncias para sacarnos de Guatemala y meternos en Guatepeor. No tengo las pruebas. Es una preocupación, una especie de intuición. Que no resulte que aquí se coja a unos vivos poderosos y los cambien mañana por unos más vivos y más poderosos, particularmente vinculados al capital extranjero. Ese es un riesgo que está ahí. Porque la máxima de este gobierno, como la del anterior, consiste en que los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los gringos. Y este sistema tiene relativamente poca presencia de capital extranjero.
Derogar la Ley 100 y vigilar
¿Cuál es la propuesta? Porque siempre le preguntan a uno cuál es la propuesta y a mí me acusan de que no hago propuestas. Primero, hay que derogar la Ley 100. Lo digo con todas las letras: no tiene arreglo. A la Ley 100 le han hecho no sé cuántos arreglos, entre comillas, como 500, y cada vez está peor. Se les está quebrando el sistema y esto puede terminar en un colapso. Hay que derogar la Ley 100, no sirve, qué hacemos, hay que diseñar un sistema completamente nuevo, democrático, sin parásitos que intermedien. La salud necesita clínicas, claro, públicas y privadas, necesita laboratorios, laboratorios de imágenes diagnósticas, salas de cirugía, medicamentos, todo. Pero no un sector parásito, cobrándoles un peaje a los colombianos dizque por administrar los recursos y sacando una ganancia con el pretexto de que administran los recursos. Es que no es solo la plata del gerente de la EPS lo que sacan como ganancia. Ahí está el incremento de los patrimonios, utilidades que después invierten en un club social o en una hacienda, o donde se les da la gana. Eso no lo necesita el sistema, colombianos. El sistema puede operar de una u otra manera sin la necesidad de ese parasitismo que se le ha montado. Pero para ello se necesita derogar la Ley 100 y todo lo que de allí se deriva.
Y mientras se deroga la Ley 100, hay que montar prácticas de control de verdad a esta guachafita. La integración vertical, ministros, hay que acabarla. Ustedes saben que ese es un centro de defraudación del patrimonio público. Es la única justificación que tiene para existir. No se necesita de ninguna manera. Y mientras exista, resultará imposible impedir que se defraude el patrimonio público. Ya se inventaron el truco: las asociadas saquean a la EPS o la EPS a la asociada, dependiendo de las conveniencias. Y además nos empezaron a llenar esto de sociedades anónimas. Les llamo la atención a los afiliados a Saludcoop. Una parte inmensa de las entidades de Saludcoop ya no son cooperativas sino sociedades anónimas. Lo que quiere decir que nadie sabe quién es el dueño. ¿Resultará ser el gerente de la EPS quien va por la noche a una IPS de la que él es propietario, la disfraza de anónima y se dedica a esquilmar a la EPS a la que se supone representa, y es la forma de saltar de ser un gerente a sueldo a próspero empresario capitalista? Son las cosas que están sucediendo, además de todas las que hemos mencionado aquí esta noche.
Pero mientras no se cambie el sistema, necesitamos controles severos. Cómo así que aquí las cifras las ponen las EPS como se les da la gana y no hay capacidad de auditar. Cómo así que es la magia del mercado, la mano invisible de no sé quién, la que cuida el sistema de salud, cuando lo que vemos son las manos visibles de infinidad de altos personajes haciendo de todo. Y estamos hablando de cifras descomunales.
No me hago ilusiones de que este gobierno vaya a cambiar lo que actualmente rige, porque el doctor Santos es de la misma escuela, cortado por la misma tijera. He dicho que el gabinete del doctor Santos es algo así como la Selección Colombia del neoliberalismo. Y el ministro Santa María puede ser de la delantera, porque es ferozmente neoliberal, lo mismo que el doctor Echeverri. Ambos son unos convencidos de esos dogmas. El problema es que esa política está matando a nuestro pueblo de enfermedades y males que la medicina sabe curar. Y está despilfarrando los recursos públicos. Y está favoreciendo grandes intereses económicos, monopolios, pulpos, que por supuesto hacen de las suyas, que es lo hay detrás de esas teorías, porque no son neutrales.
En ese sentido, concluyo llamando a todos los colombianos que se preocupan por la situación y a quienes han venido luchando, a que convirtamos la crisis que se está viviendo en una razón más para aumentar la movilización, hasta que seamos capaces de derrotar estas políticas, tan negativas para Colombia, y hasta que ganemos el derecho los colombianos a tener la salud como un derecho y no como un vulgar negocio de unos cuantos personajes.
