Martha Patricia Perdomo
Miembro de la Unidad Técnica Legislativa del Senador Jorge Enrique Robledo
La industria licorera nacional es un monopolio público protegido por la Constitución Nacional. De acuerdo con el artículo 336, dicho monopolio, que abarca la producción, distribución y comercialización, se establece como una importante fuente de ingresos a favor de los entes territoriales con un interés concreto: financiar los servicios de salud y educación de miles de colombianos.
Colombia tiene siete departamentos que han desarrollado esta industria. Y todos derivan sus principales ingresos de la renta de los licores, a saber, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Tolima y Valle. La ley les confiere la potestad de autorizar la comercialización de otros licores en sus respectivas jurisdicciones a través del cobro de porcentajes de participación, así como controlar las cantidades que pueden ingresar a cada departamento.
En una clara violación a la Constitución, el Plan de Desarrollo de Santos introduce el libre comercio en materia de licores, con el objetivo de aniquilar la industria nacional: por un lado, suprime de facto el monopolio al permitir la libre entrada de todo tipo de licores y restringir el control de los entes territoriales; y por otro lado, otorga “trato nacional” al licor extranjero, lo que significa que el Estado no podrá favorecer su propia industria. En adelante, las licoreras departamentales competirán -en condiciones de extrema desigualdad- con las poderosas compañías multinacionales, lo que reducirá las rentas de los entes territoriales, agravará la desfinanciación del sistema salud, reducirá los recursos para la educación, concentrará el mercado en unas cuantas empresas foráneas y generará la pérdida de miles de empleos a lo largo de la cadena.
El “trato nacional” que el gobierno le dará al licor extranjero afectará en materia grave los impuestos que se les cobran. El Plan de Desarrollo prevé que, entre 2015 y 2019, el impuesto al consumo aumente 12% para los licores de hasta 35 grados de alcohol y disminuya en 31% para los licores que superen dicho límite. Como el licor importado supera los 35 grados de alcohol, las multinacionales, que deberían tributar más, pagarán, año tras año, menos impuestos; entretanto, las industrias departamentales, productoras de licores con rangos inferiores a los 35 grados de alcohol, los verán aumentar hasta equiparar la base gravable de los importados. Se profundizará, entonces, una estructura tributaria regresiva, cuyo fin es no diferenciar los licores nacionales de los extranjeros en materia de obligaciones tributarias.
El golpe de gracia a las industrias licoreras hace parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de TLC con Estados Unidos. El Capítulo 2, Anexo 2.2, numeral (b) del TLC, estipuló que, luego de 4 años de vigencia, Colombia trataría el licor gringo como si fuera nacional en materia impositiva y eliminaría todo tipo de restricciones a la importación y comercialización de bebidas alcohólicas (Anexo 1). Documentos de la Oficina de Comercio de Estados Unidos confirman que el gobierno colombiano aceptó dócilmente éstas exigencias solo porque les dañaba el negocio a un puñado de transnacionales (Anexo 2). Para rematar, Colombia reconoció el Bourbon Whisky y el Tennessee Whisky como producto distintivo de los Estados Unidos, con cero aranceles e impuestos de entrada, lo que significó una dura competencia contra los licores domésticos. A cambio, Estados Unidos se negó a reconocer el Café de Colombia como producto de origen nacional (Anexo 3).
Es muy grave que el Plan de Desarrollo de Santos haya decidido agravar la desindustrialización del país –incluida la del sector agrario como proveedor de materias primas- propiciando la quiebra de las licoreras departamentales, a sabiendas de que, entre 2003 y 2013, aportaron el 91,6% de las rentas de licores, mientras las compañías extranjeras contribuyeron con apenas el 8,4%, según cifras de Sintrabecólicas. De acuerdo con la Federación de Departamentos, entre impuestos y utilidades, se perderán alrededor de 1,6 billones de pesos. La desaparición de las industrias licoreras colombianas, vía supresión del monopolio público, es avalada por la OCDE, organización al servicio de los Estados Unidos y otros poderosos países europeos, que defiende el libre comercio y el trato nacional a la inversión extranjera, en detrimento de los intereses nacionales.
Resulta inaudito, además, que la propuesta del gobierno no se tramite por la vía de una reforma constitucional, como manda la ley, sino como un “mico” entre los más de 200 artículos del Plan de Desarrollo. No debe pasar desapercibido que la esposa del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hasta hace poco se desempeñaba como Presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, haya presentado, sin consultar al gremio que debía representar, la propuesta que hoy aventaja a los licores importados. ¿Ignoraba el contenido ilegal del articulado del Plan de Desarrollo el actual Vicepresidente de Colombia?
Por esto y mucho más, urge la más amplia movilización contra el Plan de Desarrollo y la defensa de la industria y el empleo nacional.
Bogotá, 2 de marzo de 2015
