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La gran minería del oro golpea a marmato

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 16 de enero de 2009. El pasado 13 de noviembre, en momentos en que la Compañía Minera de Caldas les debía salarios y prestaciones a sus trabajadores, llegaron a las instalaciones, de propiedad de la trasnacional canadiense Colombia Goldfields, varios camiones para llevarse a Medellín los “equipos de cómputo, muebles y […]

Hace 9 años

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 16 de enero de 2009.

El pasado 13 de noviembre, en momentos en que la Compañía Minera de Caldas les debía salarios y prestaciones a sus trabajadores, llegaron a las instalaciones, de propiedad de la trasnacional canadiense Colombia Goldfields, varios camiones para llevarse a Medellín los “equipos de cómputo, muebles y enseres, insumos y demás”. ¿El propósito? Venderlos al mejor postor para pagar –según dijeron– sus acreencias laborales y comerciales. En los días siguientes abandonaron sus operaciones en Marmato y terminaron de despedir a doscientos trabajadores, a muchos de los cuales no les cumplieron el compromiso de cancelarles el 10 de diciembre lo adeudado por prestaciones.

La decisión de la Colombia Golfields de dejar tiradas sus operaciones en Marmato por tiempo indefinido, hasta cuando se les antoje a sus propietarios, dejó además un reguero de deudas entre los comerciantes. Según el alcalde, “se marcharon, dicen que van a pagar, pero eso afirma todo el que debe. No tienen capacidad económica y generaron desorden social” (La Patria, Oct.07.08). El “desorden social” al que hace referencia el burgomaestre también tiene que ver con que en los últimos dos años la trasnacional adquirió y cerró 144 pequeñas minas de oro (de 250), donde se perdieron centenares de empleos, y con que había comprado y destruido, con su consecuente daño a la producción y el trabajo, varios de los molinos en los que los pequeños productores procesaban el material extraído de las minas.

La minera canadiense generó, entonces, enormes daños al entrar y al salir de Marmato, momentos en los que ni el Ministerio de Minas ni el de la Protección Social ni la Gobernación de Caldas intentaron impedir que sucediera lo que sucedió. Y menos hicieron para proteger el futuro de los marmateños, quienes desde hace siglos tienen en la explotación del oro la principal fuente de sus ingresos y hoy les toca ‘rebuscarse’ el sustento para sus familias migrando hacia otras partes o explotando las minas abandonadas por la compañía, pero con las grandes limitaciones técnicas propias de la pobreza de los mineros llamados ‘guacheros’, que los obliga a minar en medio de graves riesgos para su integridad personal.

Además de las grandes pérdidas que le provocó a Marmato el que se le permitiera a la Colombia Golfields la inaudita licencia de comprar las minas para cerrarlas y los molinos para destruirlos, para luego largarse sin previo aviso, el municipio también se quedó sin las regalías del oro que antes pagaban los pequeños los mineros. Y en el colmo de la alcahuetería con la trasnacional, el gobierno le permitió revertir los contratos de explotación de las minas adquiridas en contratos de exploración, por los que no pagó regalías durante dos años, y además la ha favorecido reiteradamente con la figura de la “suspensión de términos”, de manera que la empresa puede no explotar los yacimientos, pero estos tampoco revierten a la nación para que los exploten otros.

Que las autoridades actúen así no debe sorprender a nadie, porque tampoco dijeron nada cuando la Colombia Golfields hizo una campaña de terror presionando a los marmateños para que le vendieran baratas sus minas, utilizando la falacia de que la montaña iba a derrumbarse sobre ellos y que la empresa, “con el apoyo del gobierno”, tenía el poder para destruir el casco urbano municipal y montar una enorme explotación aurífera a cielo abierto, la de peor impacto ambiental y cuya licencia nunca ha tramitado. Y fue vergonzoso que varias Gobernaciones de Caldas pusieran sus dineros –bien escasos por cierto– al servicio de pasar la zona urbana de Marmato hacia El Llano, y en condiciones urbanísticas y habitacionales de mediocridad extrema, de forma que le disminuyeran los costos del proyecto a la empresa, la cual ha dicho que “el coste total (del desplazamiento) podría estar alrededor de los 20 millones de dólares, con la posibilidad de compartir este gasto con el gobierno” nacional.

Otra vez se confirma una de las verdades que más ocultan los gobiernos neoliberales, como el que padece Colombia: que si bien los intereses nacionales pueden coincidir con los extranjeros, con ganancias para los dos partes, también pueden ser contradictorios y hasta antagónicos, y que negar esta verdad elemental, como efectivamente la niegan, inevitablemente le provoca graves daños al país, porque quienes supuestamente lo representan actúan con la lógica falaz de que lo que es bueno para el capital trasnacional es bueno para Colombia.