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La gente es la que paga el pato

Periodico ¡No más! El saqueo a la Triple A de Barranquilla Página 3.

Triple A Barranquilla

Hace 4 meses

La corrupción es plata que siempre sale del bolsillo de la gente, y el saqueo en la Triple A no es la excepción. En los próximos cinco años la empresa debe invertir en infraestructura más de 400 mil millones de pesos, plata que no tiene porque unos pillos se embolsillaron medio billón.

Si bien con la Triple A mejoró el servicio, la corrupción tiene a los barranquilleros pagando la segunda tarifa de agua más cara del país. Y aunque el agua que sale de la pluma es de buena calidad, la mitad de la purificada se pierde, pérdida que a cada usuario le cuesta 281 mil pesos al año porque semejante despilfarro se carga a las facturas, el grueso perteneciente a los estratos 1, 2 y 3.

Las aguas servidas de cerca de tres millones de personas son tiradas sin tratamiento a la Ciénaga de Mallorquín y al río Magdalena, daño ambiental que podría mitigarse si no se hubieran robado a la Triple A.

¿Y dónde estaban LOS ALCALDES?

En 2003 ya en España se decía que algo olía mal en Canal Isabel II. La televisión española publicó en 2009 un video donde Ignacio González, presidente de la compañía, entrega en Cartagena unas bolsas que podían contener dineros de sobornos. En 2017 la Justicia española arrestó a González y a Edmundo Rodríguez Sobrino, jefe de Canal Isabel II en América Latina, quien vivió por años en Barranquilla y en su apartamento la Fiscalía encontró 262.000 euros en efectivo. También terminó condenado Ramón Navarro, gerente de la Triple A.

Cuando el “entramado criminal” quedó al desnudo, ¿no se enteraron de nada los alcaldes Alejandro Char y Elsa Noguera, ni sus amigos Jaime Pumarejo, Natalia Abello y Jorge Padilla, entre otros, quienes desde 2008, en distintos momentos, integraron la junta directiva de la Triple A? En el debate en el Senado, Jorge Enrique Robledo les reclamó por hacerse los locos con lo que sucedía en la Triple A y señaló que, según la ley, los miembros de las juntas de las empresas deben responder por acción y por omisión

LA TRIPLE A: Odebrecht a la Española

La corrupción en la Triple A operó como lo hizo Odebrecht pero a la española: financiación ilegal de campañas electorales, sobornos por contratos, asesorías ficticias y testaferros, todo montado en una alianza entre los españoles de Inassa-Canal Isabel II y sus compinches colombianos.

Triple A fue base de operaciones de una trama continental que se tejió cuando Canal Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid, compró por 73 millones de dólares el control de Inassa y de la Triple A. El Mundo, de España, reseñó que las irregularidades incluyeron la financiación ilegal de la campaña de Santos en 2010 y la de Alejandro Char, entre otras.

La Justicia española concluyó que desde Canal Isabel II se gestó una auténtica “organización criminal”, por lo que puso tras las rejas a doce directivos de la empresa. La Justicia de Colombia empezó sus pesquisas en 2017 y todavía no ha llegado al fondo de esta olla podrida. Los más altos responsables están por ser descubiertos.

La crisis de Electricaribe: Causas y Soluciones

Que la Costa tenga el peor servicio y las tarifas de electricidad más caras de Colombia se debe a la española Gas Natural Fenosa, que se quedó con Electricaribe. A los costeños los engañaron al decirles que el monopolio privado y extranjero nunca abusaría de ellos y que el servicio siempre sería barato, de buena calidad y sin corrupción. ¡Mentiras!

Electricaribe impuso altas tarifas, pésimo servicio, robo de los subsidios, inversión insuficiente y, de ñapa, demandó a Colombia por 1.600 millones de dólares. Así se confirmó que ineficientes y corruptos puede haber tanto en el sector público como en el privado y que no es igual que las ganancias de las empresas públicas vayan a unos particulares o a toda la ciudadanía.

La Costa puede administrar bien a Electricaribe. Puede reinvertir en su progreso general las utilidades de la empresa, reduciendo las tarifas o reinvirtiéndolas, como lo ha propuesto el senador Robledo. EPM le transfiere a Medellín un billón de pesos anuales. Y con vigilancia ciudadana puede hacerse de Electricaribe una empresa pública sin corrupción y bien administrada. ¡Y de los costeños!