Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 9 de febrero de 2007.
Hace unos años, en La Unión, Nariño, un campesino cuya miseria se le notaba en cada aspecto de su ser me dijo: “Doctor, ¿por qué no pedimos plata del Plan Colombia para pagar las deudas cafeteras y que no nos quiten las fincas?”. Y alguien me preguntó que si Estados Unidos, con ese programa, además de recursos contra el narcotráfico, también “ayudaba” para el “gasto social”. En mi respuesta expliqué que la plata de Washington (4.681 millones de dólares) era para asuntos militares –avionetas, glifosato y armas que se compraban en Estados Unidos–, pero que con recursos nacionales, rotulados como Plan Colombia, el país gastaba en “lo social” 7.500 millones de dólares en parte financiados con deuda externa. Y concluí: de las preguntas se deduce que la argucia de presentar como norteamericanos los aportes de los colombianos le está funcionando al gobierno nacional.
En el Plan Colombia Fase II (2007-2013) el truco va a ser mejorado y aumentado. En efecto, la Casa Blanca reducirá su partida a 3.600 millones de dólares y Colombia aumentará la suya a 31.264 millones, pero toda la plata se gastará con el mismo rótulo, que podría no ser el de Plan Colombia, porque parece que lo consideran algo desgastado. En el Plan Colombia Fase II, llamémoslo así por ahora, irán 20.661 millones de dólares en “inversión social” (“el Presidente Uribe siempre tan considerado”, les dirán a sus clientelas los políticos uribistas) y hasta 12.006 millones para la “internacionalización de la economía”, porque cómo no decir o insinuar que la plata de Washington le “ayudará” al país en el TLC.
Aún no se conoce con cuáles condiciones se cobrará Washington sus nuevas “ayudas”. Pero como sí se saben las de la Fase I puede inferirse que esta vez la cuantía también será bien grande, y no solo por la presencia en el país de un número desconocido de soldados y mercenarios estadounidenses, al igual que de agentes de la CIA, el FBI y la DEA, los cuales, como es obvio, representan los intereses del país cuya bandera juraron defender. Y a propósito, ¿la embajada estadounidense en Bogotá, al igual que el Presidente Uribe, tampoco vio el mastodonte de la parapolítica y dirá que todo ocurrió a sus espaldas?
El Plan Colombia Fase I, y esto es poco conocido, contiene 20 páginas de letra menuda que determinaron el rumbo de la economía colombiana durante su vigencia (www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/planof.html) y sin las cuales Estados Unidos no hubiera dado su “ayuda” (¿no sería patético que los peces pensaran que el pescador les ayuda con la carnada?). Estos son algunos de los compromisos asumidos por el gobierno de Andrés Pastrana con el estadounidense:
Definir la “inversión extranjera” como “un elemento esencial” para adecuar a Colombia a “un mundo globalizado” y catalogar “la colaboración de Estados Unidos” como “indispensable para el desarrollo económico del país”. Entre las estrategias del Plan apenas la sexta es la “antinarcóticos” y esta apunta “a reducir en un 50% el cultivo, procesamiento y distribución de la droga”, curioso objetivo que inevitablemente aumenta o mantiene igual el precio final de la cocaína. Antes está fortalecer “la capacidad del Estado para recaudar impuestos”, efectuar “acuerdos de libre comercio” y adoptar “medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de… recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales”. Hasta aparecen como objetivo “unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla”. Y se consagra que la Cuenca Amazónica es de “importancia ambiental vital”, pero no para Colombia, sino para “la comunidad internacional”, el eufemismo con el que suele denominarse el mayor imperio de la historia de la humanidad.
Allí también se prefiguran varias de las determinaciones del TLC, tales como la pérdida de la seguridad alimentaria nacional y la especialización del país en cultivos tropicales, las relativas a la contratación estatal, aduanas y protección de la propiedad intelectual y la inversión. Se dice que ISA, Carbocol y “la banca estatal serán privatizadas”. Y se califican como “ayuda” el acuerdo de esos días con el FMI y las orientaciones del Banco Mundial y el BID para “reformar el sector financiero y las finanzas públicas”.
Si la Fase II es un acuerdo internacional, ¿por qué no se tramita en el Congreso?
