Jorge Enrique Robledo
12 de septiembre de 2022
En el último año, en Colombia las tarifas de la electricidad aumentaron el 25,9 por ciento, más del doble que la inflación y que el alza de los salarios. Pero en el Caribe el incremento fue bastante mayor: Santa Marta 49,9 por ciento, Riohacha 47,1, Barranquilla 44,4, Montería 44,4, Sincelejo 40,7, Valledupar 40,4, y Cartagena 39,2, agravando las condiciones de desempleo, pobreza y hambre de la región, de las peores del país.
El encarecimiento de la electricidad en la Costa –empeorado por el mayor consumo que imponen las altas temperaturas–, obedece a que así lo aprobó el duquismo –con votos en contra, como el mío– en la Ley 1955 de 2019, del Plan de Desarrollo de Iván Duque. Para favorecer a lo que luego serían Air-e y Afinia, las dos empresas que se repartieron a Electricaribe. “Régimen Tarifario Especial” –especial de caro–, llamaron ellos al engendro.
Y lo peor es que este tormento a los costeños no ha terminado. Porque las tarifas deben seguir subiendo muy por encima de la inflación, hasta alcanzar el 88 por ciento real, dado que el incremento “apenas” va en el 46 por ciento, la mitad de lo legalmente ordenado.
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En la gran molestia que hay en la Costa –que llevó a los alcaldes de sus capitales a reclamarle a este gobierno urgentes soluciones– cuentan horribles secretos de esta historia que el Contralor no develó, aunque se lo solicité hace dos años.
Porque Iván Duque y sus ministros decidieron que fueran secretos los detalles del negocio y el precio de venta de Electricaribe a Air-e –de Alberto Ríos Velilla y de otros– y a Afinia –de EPM–, ocultamiento que se mantiene y que justificaron con la falacia de que era un negocio “entre privados”, cuando el ciento por ciento de las decisiones las tomaron funcionarios públicos luego de que Electricaribe, por su fracaso, quedara bajo control del Estado, que además se gastó en ella $13 billones, entre los que estuvo asumir su pasivo pensional y regalarles a los compradores la cartera.
Si algo se supo de cipote torcido fue porque empleados de Enerpereira –de despistados– publicaron el secreto de que habían pagado $285.000 millones por la que sería Air-e, a pesar de que luego la Creg reconoció que esos activos valían $2,44 billones, cifra sobre la que el gobierno les reconoce la muy alta ganancia en dólares del 11,36 por ciento, superutilidad que pagan los usuarios con sus elevadísimas tarifas.
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Sobre otros torcidos del regalo a Air-e y a Afinia hay dos artículos de Aurelio Suárez que vale la pena conocer (ver enlace 1 , ver enlace 2 ). En ellos aparece que Air-e –que se oculta en Panamá– les cobra a los usuarios el 35 por ciento del impuesto de renta, cuando en realidad paga el 17,6, y también los obligan a pagar las pérdidas de electricidad provocadas por la ineficiencia de la empresa.
Sobre qué hacer para proteger a los costeños –y debe hacerlo el gobierno de Petro, así el problema lo creara Duque–, se necesitan por lo menos tres determinaciones: 1. Suspender nuevas alzas en las tarifas. 2. Por lesión enorme, revisar y modificar las condiciones del negocio con Air-e y Afinia. 3. Que el Estado, con sus recursos, asuma parte de las tarifas y/o de las inversiones necesarias.
Coletilla: mucho tiene que haber oculto para que del gobierno de Gustavo Petro hagan parte los partidos Liberal, Conservador y de la U.
