Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 24 de enero de 2008
Luego de negar por meses que Estados Unidos iba hacia una fuerte crisis económica, al propio George W. Bush le tocó aceptarla, y hacerlo con una medida que prueba su gravedad: devolver impuestos por 150 mil millones de dólares, en un país que sufre por un déficit fiscal que asciende a 250 mil millones de dólares, una de las causas de la recesión, la temida palabra que no querían usar.
Nadie sabe con precisión qué pasará, pero predominan los analistas, incluidos los neoliberales, que ponen el énfasis en la extrema gravedad de la crisis gringa y en que arrastrará al mundo, pues su economía participa con el 25 del total. Hay quienes dicen que es el peor problema económico desde la Segunda Guerra Mundial, otros asemejan lo que ocurre con la depresión (una recesión agravada) que empezó en 1929 y se leen análisis acerca de que está por desaparecer el orden –si así puede llamarse– constituido alrededor del dólar y de las decisiones de Washington que crearon el FMI en 1948. Además, no hay duda de que está fracasando la propia globalización neoliberal, calculada para impedir la debacle en ciernes, por la vía de exacerbar las diferencias económicas entre los países y los individuos. Pero ya veremos a Rudolf Hommes y a Armando Montenegro plantear que se siga con el plan a cualquier precio, al tiempo que ocultan en cuánto se han lucrado y se lucrarán con él.
¿Qué le ocurrirá a Colombia, cuya Bolsa ha tenido una de las peores pérdidas en el mundo? El común de los comentaristas, incluidos varios de los neoliberales sin puesto en el gobierno, ha reconocido que el país es el peor preparado en América Latina para las nuevas asechanzas. Entre las debilidades enumeran la excesiva dependencia de la economía nacional de la de Estados Unidos, el déficit fiscal, la inflación, las altas tasas de interés y ser el único país de América Latina que sufre por un enorme desbalance entre los dólares que gasta y los que puede generar. Los hechos confirman que no era cierto que la economía creciera por la “seguridad democrática” y desnudan la irresponsabilidad del gobierno para tratar una crisis que anunciamos desde hace meses.
Complican también las cosas los problemas con Venezuela, país que ha jugado un papel irreemplazable ante la caída de las exportaciones a Estados Unidos. Y las complican aun si no existieran los enfrentamientos entre los dos gobiernos, porque es imposible que las ventas colombianas mantengan el ritmo de crecimiento de los años anteriores y porque no sería sorprendente que cayeran los precios del petróleo, al igual que los de las demás materias primas. Esperemos que a los dos gobiernos no se les ocurra pensar que para qué, entonces, mejorar las relaciones. Así como hay que criticar los actos del Presidente de Colombia violatorios de las normas que deben regir las relaciones entre los dos países, deben rechazarse la forma y el fondo de muchas de las afirmaciones del Presidente de Venezuela y las posiciones suyas que significan una injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia. Pero insistamos en la urgente necesidad de retomar –por el bien de los pueblos de los dos países– el respeto mutuo entre los gobiernos, así mantengan notorias diferencias.
En la crisis que se avecina, que debe exacerbar las políticas imperialistas de las potencias para paliar sus problemas, seguramente el país más débil es Colombia, en razón de la naturaleza de Álvaro Uribe y de la debilidad inherente a un primer mandatario que no resistiría que la cancillería de un país poderoso le sacara a relucir en público que la casi totalidad de las decenas de parapolíticos son uribistas. ¿Y no llama la atención que insista en que se apruebe el TLC, un acuerdo que le quita al país la cláusula de balanza de pagos, el más poderoso instrumento diseñado, precisamente, para enfrentar un tsunami económico del tamaño del que empieza a azolar el mundo?
Coletilla. De la carta del Polo que repudia el nuevo despropósito de Álvaro Uribe: “¿Habrá justicia para el Presidente de la Corte Suprema si el acusador, los testigos y los jueces comparten los mismos intereses y pertenecen al mismo grupo donde militan casi todos los parapolíticos investigados por dicha Corte? ¿Será posible concebir algo más sesgado? Que nadie se sorprenda si este caso llega a los tribunales internacionales”. Como de nazis la opinión del ministro del Interior al defender la “libertad de expresión” de quienes agredieron tanto a Piedad Córdoba que las autoridades debieron protegerla. ¿En qué dirección se mueve políticamente un país en el que ocurren cosas como estas y en el que el aparato propagandístico de la Casa de Nariño, con el obsecuente apoyo de tantos medios, logra que tantos piensen que viven en una democracia?
