El Espectador tuvo acceso a la declaración que dio en Panamá bajo apremios y amenazas.

El abogado Álvaro Dávila fue señalado como intermediario entre contratistas y Alcaldía.

Los días 8 y 9 de noviembre, en Panamá, apurado por sus asesores para que agilizara la diligencia por razones de seguridad y reportes de su presencia en ese país, Miguel Nule compareció por fin ante la justicia. Con el agua al cuello por el escándalo de las contrataciones, quebrado hasta el último centavo, pero según él dispuesto “a ayudar a desmantelar una organización criminal enquistada en el poder público, específicamente en el Distrito Capital”, lo hizo ante la Procuraduría para señalar al senador Iván Moreno y su entorno.

“Existe un cartel de contratación en el Distrito Capital”, admitió sin tapujos Miguel Nule y aseveró que Iván Moreno forma parte del mismo con injerencia en dicho proceso. De paso, sostuvo que su hermano, el alcalde de Bogotá Samuel Moreno, sabe del tema y “cohonestó con actos delictivos”. A los dos hermanos sumó al abogado Álvaro Dávila, de quien dijo que Iván Moreno “lo pondría como uno de sus representantes en el tráfico de influencias con propósitos de coaccionar a empresas contratistas para el pago de extorsiones”.

Por eso, a la primera pregunta acerca de los partícipes en la organización ilegal, Nule contestó: “A Iván Moreno Rojas lo conocí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en el segundo semestre de 2008, donde me lo presentó personalmente Álvaro Dávila. Eso fue en el Starbucks ubicado en la 168 con Avenida Collins”. Y más adelante agregó: “Esa reunión la concertó Álvaro Dávila para que nos conociéramos y escucháramos de viva voz de Iván Moreno que podíamos confiar en las pretensiones económicas que nos hacía Dávila”.

Después de los temas comunes, cuenta, Iván Moreno empezó a hablar de sus negocios personales y les pidió a Miguel y Guido Nule que le asignaran las áreas de uso exclusivo de la concesión Bogotá-Girardot para colocar estaciones de gasolina, que era el negocio de su esposa Lucy de Moreno. Desde ese momento, según Miguel Nule, la relación fue incómoda. Pero hubo tres reuniones más: en el apartamento de Álvaro Dávila en Bogotá y dos más en la casa de Teusaquillo de Iván Moreno Rojas. A esta última Dávila no alcanzó a llegar.

“Iván fue enfático y estuvo casi molesto por nuestra negativa a la entrega”, insistió Nule. Después la concesión se negó a la petición de Moreno. Entonces Nule obró por su cuenta: “Yo tomo la decisión de proponer separar las dos zonas de uso exclusivo predeterminadas, una de Bogotá a Fusagasugá y otra de Fusagasugá a Girardot (…), accedí a firmar un contrato con los Moreno a título gratuito. Esta decisión la tomo autónomamente, con el temor de que esto no fuera a satisfacer las pretensiones de Iván Moreno”.

Y añadió Nule: “Álvaro Dávila me envía de su correo electrónico el modelo de contrato que debo firmar con los espacios en blanco para ser llenados. Lo firma Luis Rafael Monterrosa, representante legal de MNV, una de las firmas que conforma la Concesión Bogotá-Girardot. Esto no satisfizo a Iván Moreno y sigue a través de Álvaro Dávila diciéndome que se iba a dañar la relación. Para ese momento con Dávila existía un contacto permanente, ya que estábamos preparando unas licitaciones junto con Héctor Gómez y Emilio Tapia”.

Se trataba de contratos para la malla vial en Bogotá. Nule declaró: “Es de notar que con el señor Álvaro Dávila se había hecho un contrato de asesoría y correspondía a las pretensiones de un 6% sobre el valor total a adjudicar de las licitaciones de malla vial y un 2% para el Contralor”. Lo especificó más adelante en estos términos: “El señor Álvaro Dávila representaba los intereses de los señores Miguel Ángel Moralesrussi, Iván Moreno Rojas y Samuel Moreno Rojas, según me lo hizo saber, equivalente al 6% para los Moreno y al 2% para el Contralor Distrital”.

Miguel Nule aclaró que se suscribieron contratos para los dos grupos de malla vial: Carena Ingeniería, una empresa de Julio Gómez y su empresa Bitácora, y Translogistic. “Cada contrato con el señor Álvaro Dávila aparece por el 8% del valor total de adjudicación, que es de aproximadamente $100.000 millones uno y de $80.000 el otro. La adjudicación se hizo y resultamos favorecidos en las dos propuestas. Me mostró claramente el poder que tenía el señor Álvaro Dávila y el señor Gómez (…) en las licitaciones que son direccionadas”.

El declarante explicó otros detalles sobre la forma como terminaron esos contratos para concluir que Álvaro Dávila “fue el garante y responsable de que se cumplieran las pretensiones y costreñimiento a nuestro grupo por parte del Contralor y los señores Moreno. El señor Contralor arremetió contra nosotros porque supuestamente nos habíamos quedado con el dinero equivalente al 2% que él había pedido y lanzó improperios al grupo (…) que se corrobora con la grabación del señor Olano”.

Al respecto Nule explicó: “El Contralor estaba molesto porque no se le había pagado un dinero que él pretendía como coacción indebida a nuestro grupo (…). Germán Olano se había reunido con Iván y Samuel Moreno para reclamar que a ellos les habían pagado y al Contralor no. (…). Olano tenía el interés de cobrar $1.750 millones como parte de la gestión hecha por él para acercarnos a Julio Gómez en el contrato de la Calle 26. Julio Gómez, igualmente, exigió un dinero equivalente para ser entregado a Liliana Pardo”, ex directora del IDU.

Cuando la Procuraduría le pidió a Nule testigos directos de las presiones ejercidas por Iván Moreno con el tema de las gasolineras, el declarante se despachó: “Francisco Gnecco, gerente de la Concesión Bogotá-Girardot (…); Ómar Mogollón Bríñez, funcionario de mi grupo y quien llevó a la gerente de las gasolineras a ver los sitios de la obra; Lorena Suárez, mi asistente, quien recibió a Lucy de Moreno varias veces en mi oficina; José Simancas, mi escolta (…); el subdirector de Bogotá-Fusa Consorcio, Rosemberg Tapias; Manuel y Guido Nule, de quien se los hice conocer”.

La Procuraduría pidió pruebas documentales y Nule contestó que tiene un correo electrónico enviado por Álvaro Dávila. A la solicitud de registros de llamadas telefónicas respondió que del celular de la esposa de Iván Moreno salieron varias llamadas al suyo. Sobre remuneraciones de Dávila expresó: “Honorarios por horas, comisiones de éxito como profesional y ninguna en relación con mi asociación con Julio Gómez. Sobre comisiones extorsivas de los Moreno no puedo responder, lo haré en la Fiscalía por mi derecho a no autoincriminarme”.

En la extensa diligencia judicial se advierte una clara intención de señalar a Iván y Samuel Moreno. De hecho, varias veces Miguel Nule admitió que su grupo empresarial fue víctima de una persecución originada en la administración distrital y que no tuvo otra opción que hacer varias grabaciones para confirmar que existía el cartel de la contratación. Sobre el particular manifestó: “Yo hice las grabaciones como mecanismo de supervivencia de mi empresa y como único medio de defensa ante la justicia y ante la sociedad para que se supiera quiénes eran los verdaderos corruptos”.

Esas grabaciones evidencian, según Nule, “la relación entre Álvaro Dávila, quien es el enlace entre los contratistas, y el dúo Iván y Samuel Moreno para extorsionar y exigir dádivas. Se evidencia que Iván y Samuel Moreno recibieron por los dos contratos suscritos por nosotros y Julio Gómez en el tema de la malla vial una comisión o una extorsión del 6% (…) También que el Contralor tenía una estrecha relación con él, era la persona con quien teníamos que entendernos en asuntos económicos, es decir, solicitudes de pago a nuestro grupo”.

De paso, Miguel Nule aclaró lo que sucedió en un desayuno en casa de la concejal Ángela Benedetti. Según Nule, el Contralor sabía que en la reunión iba a estar Guido Nule, pero ella desconocía cualquier tema relacionado con las extorsiones de los Moreno y el Contralor. “Puedo dar fe que siempre actuó como una verdadera amiga, incluso exponiéndose para prestarle un apoyo a Guido”.  La grabación se hizo cuando la concejal Ángela Benedetti no estaba presente, dijo.

Pero los hermanos Samuel e Iván Moreno y el abogado Dávila no fueron el único blanco de Miguel Nule. La otra señalada fue la ex directora del IDU Liliana Pardo, a quien acusó de abuso de autoridad y de apoyar la decisión de obligarles a ceder el contrato de la Fase III de Transmilenio en la calle 26.

En una larga explicación técnica, Nule sostuvo que Liliana Pardo contradijo la ley de contratación, con la corresponsabilidad de la empresa Conalvías, “que se prestó para el ilícito”, para aumentar el precio del contrato y tratar de borrar los vestigios de un hurto.

Después de dos días de diligencia judicial intervino la abogada Luz Stella Mosquera, apoderada de Iván Moreno, quien le preguntó a qué clase de organización criminal se refería y quiénes eran sus integrantes. Con evidente incomodidad, Nule contestó: “Está enquistada en el poder público y la encabeza su cliente y el hermano de su cliente. Tiene como propósito coaccionar a contratistas para pedirles recursos que no les pertenecen. Lo hacen bajo presiones extorsivas. Los secundan el señor Álvaro Dávila y en el pasado la señora Liliana Pardo”.

La abogada Mosquera intentó precisar fechas, lugares y contactos para probar sus afirmaciones, pero Nule afirmó que en su momento las haría hacer llegar a la Fiscalía. Entonces, alguien apareció diciendo que se habían elevado las amenazas contra el testigo, que en la diligencia judicial se había abusado del tiempo de Miguel Nule y que éste debía salir urgentemente de Panamá porque su pasaje tenía una hora próxima. La diligencia concluyó y la defensa de Iván Moreno dejó constancia de que apenas iba a empezar sus preguntas al declarante.

Las indagaciones en el caso Iván Moreno

El pasado 22 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación preliminar en contra del senador Iván Moreno Rojas para precisar una supuesta participación dentro del denominado ‘carrusel de las contrataciones’ en Bogotá. Tres magistrados auxiliares fueron comisionados por la Sala Penal con el fin de recolectar las pruebas y proceder a escuchar en versión libre, si es necesario, al dirigente político del Polo Democrático.

Los abogados de Moreno Rojas habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia escuchar en declaración a cuatro personas que habrían intervenido directa o indirectamente en la firma de contratos en Bogotá. Esta investigación penal se sumó a otra que adelanta la Corte sobre hechos similares, respondiendo a la petición de una red de veedurías ciudadanas. A este hecho se suma la aparición de una cuenta del senador Moreno en un paraíso fiscal. En todos los casos Iván Moreno ha ratificado su inocencia y transparencia de sus actos.