Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 26 de diciembre de 2008.
Como regalo de fin de año a los colombianos, que se adentran en una crisis económica que podría ser de espanto, Álvaro Uribe, por sí y ante sí, sin consultarle a nadie, tiene decidido utilizar los precios de los combustibles como un pretexto para aumentar los impuestos en 5 billones de pesos al año saltándose al Congreso, la única institución que legalmente puede modificar los tributos en el país. Este abuso además es contrario a una de las concepciones democráticas que en los remotos orígenes del capitalismo les dio vida a las instituciones parlamentarias, cuando se estableció que los impuestos solo podían ser determinados por los representantes políticos de quienes tenían que pagarlos.
Si Álvaro Uribe fuera respetuoso de la legalidad y de una lógica democrática, el precio de la gasolina que consumen los colombianos debería disminuir inmediatamente 2.140 pesos por galón y el ACPM unos 2.000 pesos (cifras para mediados de diciembre de 2008, calculadas con barril de petróleo a 45 dólares en el mercado mundial, gasolina a 7.500 pesos y dólar a 2.350 pesos), según los cálculos del reconocido analista Mauricio Cabrera, quien además explicó que en doce meses esos sobreprecios costarán en total 5 billones de pesos, por un consumo de 1.200 y 1.500 millones de galones de gasolina y ACPM, respectivamente. También muestra el calibre de la exacción que el 25 de diciembre el galón de gasolina costó 3.44 dólares en Colombia y 1.65 dólares en Estados Unidos.
Los sobreprecios mencionados –que son diferentes y deben sumárseles a los altos impuestos de 40 y 30 por ciento que desde hace años gravan la gasolina y el ACPM (IVA, sobretasa y global)– se reparten así: 9 por ciento para el gobierno nacional, 10 por ciento para las entidades territoriales y el resto, cerca de 4 billones de pesos, para Ecopetrol, que suele transferirle una parte enorme de sus utilidades al gobierno. Para empeorar las cosas, de esos 4 billones de pesos, los inversionistas privados de Ecopetrol, que poseen el 10 por ciento de la empresa, recibirán regalados 400 mil millones de pesos, monto que se suma a las exorbitantes utilidades –del orden del 60 por ciento en 12 meses– que obtuvieron al comprar las acciones de la petrolera que les vendió a menos precio el gobierno nacional.
Esta feroz exacción, que Uribe decide como un dictador –simplemente indicándosela a su Ministro de Minas, para que este reemplace con una resolución suya la ley que deberían tramitar si desean subir los impuestos–, tiene origen en que el gobierno subió los precios de la gasolina y el ACPM al ritmo de los incrementos de las cotizaciones internacionales del petróleo, que llegaron a cerca de 150 dólares por barril (muy por encima de los costos de producción de Ecopetrol) y en que, una vez dichas cotizaciones cayeron, hizo caso omiso de su descenso real y dio la orden de fijarlas en la suma que se le antojó, clavándoles a los colombianos 5 billones de pesos, suma que el senador Hugo Serrano, con muchas razones, no califica como impuestos sino como “un robo, un atraco al país” (El Espectador, Dic.15.08).
Para “legalizar” este atropello –de “dudosa ortografía jurídica y de refinada marrullería tributaria”, al decir de Juan Camilo Restrepo (Portafolio, Dic.23.08)–, ya habrá rábulas bien costosos que lo cubrirán con mantos de falsa legalidad. Y en lo político insistirán en la argucia de decir que son impuestos “a los ricos” para financiar el “gasto social” de los pobres –como llaman las platas con las que los caciques políticos le reclutan a Uribe las clientelas que requiere la reelección–, afirmación demagógica con la que además buscan ocultar las descaradas y grandes rebajas tributarias que les han otorgado a monopolios y trasnacionales.
Que los impuestos a los combustibles, en su casi totalidad, los pagan el pueblo raso y las capas medias no ofrece dudas, por la simple razón de que como los magnates son muy pocos, pues es muy poca la gasolina y el ACPM que consumen. En el caso del diesel, utilizado por el transporte público de carga y pasajeros, es obvio que casi todo lo pagan los de abajo. Y algo de gasolina consumen los vehículos del grupito de potentados que vive en el país, pero en proporción infinitamente mayor la usan los vehículos que tienen para trabajar o transportarse aquellos colombianos que cualquier cosa serán menos opulentos ciudadanos. Hasta el más neoliberal de los tributaristas, si es honrado, tendrá que aceptar que los impuestos indirectos a los bienes de consumo masivo, como los combustibles, son de indudable naturaleza regresiva
