Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 22 de agosto de 2008
Una de las diferencias notorias entre los planes de desarrollo del primero y el segundo gobierno de Álvaro Uribe fue el incremento del plan de vivienda popular, porque las soluciones deben pasar de 400 mil a 828 mil, aumento que el Presidente y sus ministros cobran políticamente sin cesar. Mas el análisis muestra el incumplimiento de los compromisos y que se está ante uno de los mayores fraudes estadísticos de que se tenga noticia. La historia empieza con lo ocurrido entre 2002 y 2006.
En ese lapso, y a pesar de las advertencias que le hicimos en el Senado, el gobierno estuvo lejos de cumplir lo que prometió. De las 400 mil soluciones, apenas llegó al 70% (cifra mucho menor si se descuentan las asignadas por el gobierno anterior), fracaso del que no se habla y que se acompaña con otras astucias, como sumar los créditos con los subsidios y los subsidios cancelados por el Estado con los pagados con la plata de los trabajadores. Así, el gobierno presenta como si fueran contribución suya los créditos comerciales del Fondo Nacional de Ahorro, préstamos que se financian con las cesantías de los servidores públicos. Y hay un caso peor: el 44 por ciento de los subsidios no lo pagó el Estado sino las Cajas de Compensación Familiar, las cuales, como se sabe, administran recursos que pertenecen a los trabajadores, de manera que el gobierno les impone a unos pobres subsidiar a otros pobres, pero, eso sí, cobrándose para sí el rédito político de una operación aberrante que se presenta como fruto de la generosidad oficial.
Al colmo de la astucia se llegó en el plan 2006-2010 del ministro Juan Lozano, cuando decidieron que para el fin de preparar el tercer gobierno de Álvaro Uribe valía el medio de inflar las cifras sin contemplaciones. El truco consistió en meter en el mismo saco de las 828 mil soluciones los créditos que rondan por los 24 millones de pesos cada uno, los subsidios de un poco más de siete millones de pesos por vivienda y 326.195 subsidios para saneamientos de títulos de edificaciones que ya existen y que son del orden de solo 100 mil pesos. ¡Apenas 100 mil pesos por familia! El clásico truco de vanagloriarse de las patinetas como si fueran automóviles o el que preparan en Familias en Acción para 2009, que aumentarán en 100%, pero con un 60% más de presupuesto.
Y cómo va de mal el cumplimiento de esa meta amañada, aun si se acepta que se sumen créditos con subsidios y se incluyan los de saneamiento de títulos. A esta fecha, cuando se debería ir en el 50 por ciento de lo prometido, apenas llevan el 27%, y las entidades con peor cumplimiento son las del gobierno que otorgan subsidios: Fonvivienda, incluidos los de 100 mil pesos, apenas va en el 15% de la meta, y el Banco Agrario, con solo el 7%. Ante millones de colombianos en condiciones ignominiosas de vivienda, la verdad es que el gobierno no busca solucionar los problemas estructurales del sector ni modifica el reparto cicatero de sus recursos; simplemente, se ingenia la manera de sacarles provecho político a las cifras.
En el debate en la Comisión Quinta (http://senadorrobledo.org/?q=node/384) también llamó la atención que el ministro de la Vivienda y el Desarrollo Urbano dijera que ignora el número de las viviendas rematadas o en proceso de serlo, porque esas familias fueron incapaces de pagar sus deudas hipotecarias, procesos que se remontan a la crisis del Upac. ¿No es inaudito que el ministro desconozca las cifras de un problema social tan grave? ¿Cómo creerle que se preocupa por esos compatriotas, a quienes los desalojan mediante crueles operaciones de policía que escandalizan a los demócratas? ¿No hace parte de un gobierno que lleva seis años sin hacer nada que valga la pena al respecto?
Coletilla: no cesa la andanada de Uribe y sus amigos contra la Corte Suprema de Justicia y el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Verdades a medias, mentiras completas, tergiversaciones, insultos, conspiraciones, todo vale para desacreditar y arrodillar a la Corte y a la Justicia. Y ni siquiera pueden alegar que el procedimiento es turbio pero que la causa es noble, porque al objetivo general de instaurar una tiranía se le suma destruir el proceso de la parapolítica, caso en el que la inmensa mayoría de los implicados hace parte de los barones electorales que eligieron al Presidente.
Coletilla dos: solo rechazo puede causar la idea de desplazar tropas colombianas a actuar bajo las órdenes del imperialismo norteamericano en Afganistán. Y tampoco se justifica enlodar el nombre de Colombia porque eso lo paga en dólares la Casa Blanca. ¿Habrá algún límite que no se atrevan a violar?
