Fondo Cultural Cafetero
febrero 21 de 1994
Cualquier análisis sobre el proyecto de Avenida del Sesquicentenario debe partir de debatir las conveniencias de sus propósitos, de acuerdo con las razones de sus promotores. Según la exposición de motivos presentada al concejo municipal, esa obra servirá para “dotar a la ciudad de un sistema de transporte masivo que permita la movilización de sus habitantes de sus viviendas a sus lugares de trabajo”. También deberá generar “un programa de renovación urbana, para ofrecer vivienda a un gran sector de clase media”. Y, como tercer objetivo, la vía en mención servirá para generar “mayores recaudos por concepto de impuesto predial”.
En cuanto a lo primero, nadie puede demostrar que las necesidades de decenas de millares de manizaleños que viajan en buses y busetas -que es lo que se entiende por transporte masivo- exijan hacer una avenida que comunique a la Plaza de Toros con Ondas del Otún. Si lo que se busca es aligerar el viaje entre la zona de Palermo y Santágueda y Chinchiná, eso debiera explicarse francamente y debiera explicarse también cuánto le va a costar a la ciudad cada minuto ahorrado en unos desplazamientos bien poco prioritarios.
Tampoco debe aprovecharse la congestión vehicular de Manizales para presentar a esa avenida como una solución a los “trancones”. De acuerdo con el pavoroso caso de Bogotá, ninguna cantidad de avenidas, puentes, túneles, glorietas, etc., podrá, por sí sola, resolver el problema del tránsito si no se atienden sus causas originarias. Y la experiencia internacional al respecto indica que se debe empezar por racionalizar la manera como circulan los vehículos que transitan por las vías. Nadie que haya estudiado el tema puede, demagogias aparte, ofrecer un tránsito fluido mientras persista una estructura del transporte tan absurda como la colombiana, que desde el punto de vista de la técnica causaría risa si no perturbara tanto. Ojalá alguien propiciara un foro como este al respecto, para, en detalle, estudiar las causas del desbarajuste y, ahí sí, plantear serias soluciones.
En cuanto a aprovechar los destrozos de la avenida para hacer un gran negocio de renovación urbana erigiendo vivienda para clase media, deben hacerse, por lo menos, dos consideraciones. Es claro que una de las funciones de la administración pública en las economías de mercado consiste en propiciar que el capital actúe y que ello solo es posible si se estimulan actividades rentables. Pero también es cierto que la ciudad no debe ser solo un negocio y que, por un elemental sentido de los democrático, quienes gobiernan debieran tener como uno de sus principios guías la protección de los intereses y patrimonios de los más débiles.
Y la idea de usar la dichosa avenida para aumentar el impuesto predial, raya ya con la desconsideración absoluta. Como si no bastara que esa vía tiene origen en una contribución especial que se le puso a la gasolina y que, como todos los impuestos indirectos, es profundamente antipopular por lo evidentemente regresiva, también se va a presionar el empobrecimiento y hasta el desalojo de los sectores populares que quedarán aledaños a la avenida mediante el acoso impositivo.
Pero hay otros aspectos que también pueden discutirse. ¿Quién sabe cuánto va a costar de verdad esa vía? ¿Y quién asegura que la segunda parte se construirá por fin, una vez se sepa el costo astronómico de hacer una avenida por esos desfiladeros? Que no resulte que todo se quede en una costosísima vía de doble carril que no lleve a ninguna parte, por lo menos como obra de equipamiento a nivel urbano.
Y también debería demostrarse que esa inversión multimillonaria debe tener prioridad en una ciudad que padece de otras muchas carencias, por lo menos entre sus habitantes más pobres, quienes sufren por necesidades notoriamente más urgentes que ganarse unos cuantos minutos en los desplazamientos. Con una idea del progreso que vaya m s allá de las obras que generan grandes inauguraciones, como ocurre con las grandes avenidas, los mayores estadios y las descomunales alcaldías, no es difícil encontrar en Manizales necesidades insatisfechas que requieren de decenas de miles de millones de pesos. A manera de ejemplo, ¿no debieran aumentarse los cupos de las escuelas y colegios y dotar a toda la educación pública de modernos sistemas de instrucción que incluyan la presencia masiva de computadores? ¿No constituye una inversión de suyo productiva mejorar los niveles de capacitación del profesorado de la ciudad? ¿No es urgente que en una zona de grave riesgo sísmico se estudie la situación estructural de los principales edificios públicos y se tomen los correctivos necesarios, como hace rato debió hacerse con el principal hospital de la ciudad, que se sabe puede colapsar total o funcionalmente ante un nuevo terremoto? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar como viviendas millares de tugurios o los tenebrosos hacinamientos que se producen en muchísimos de los llamados “bajos”, atentando contra cualquier norma de salubridad pública? ¿Si es de verdad suficiente y adecuada la atención en salud de las legiones de pobres que no pueden pagarse su afiliación a los sistemas formales de salubridad? ¿No valdrá la pena preocuparse por niveles de desnutrición que lesionan irreversiblemente a los niños que la padecen? ¿No será ya hora de que cese una situación que hace que los inviernos solo se distingan entre sí por el barrio en donde se producirá la tragedia? Inclusive, ¿no es urgente un estudio científico que indique cómo debe desarrollarse Manizales en el futuro, a partir de sus características particularísimas?
Y un último aspecto que no debe dejarse pasar por alto. Si bien las disposiciones dicen que a quienes se les quiten los predios para construir la avenida se les pagarán sus propiedades por el valor comercial, todos sabemos que ese valor, cuando lo fija el Estado, no coincide con el real, por lo que los desalojados deberán reemplazar sus viviendas por unas de peor calidad, área o emplazamiento que las que poseen en la actualidad.
