Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 18 de septiembre de 2008.
De acuerdo con grabaciones, el empresario Juan Felipe Sierra, hoy en la cárcel, y Guillermo Valencia Cossio, destituido como Director de Fiscalías de Medellín y hermano del ministro del Interior y de Justicia, conspiraron con alias El Indio –también encarcelado y lugarteniente de alias Don Mario–, para borrar su fotografía, como sucedió, del organigrama de una organización acusada de narcotráfico internacional (Cambio, Agt.21.08). Las pruebas muestran las estrechas relaciones entre El Indio y Sierra y de éste con Guillermo Valencia y cómo se realizó el delito por el que Valencia recibió una cuatrimoto de cuarenta millones de pesos. Por el mismo caso tuvieron que renunciar los dos Generales de la policía de los departamentos del Valle y de Antioquia, Córdoba y Chocó.
En una de las grabaciones, Sierra se refiere a unos papeles que Guillermo Valencia trasladará y le advierte: “Sí, pero tenemos que hablar de eso de la llevada de los documentos porque con eso” del nombramiento “de Fabio” Valencia como ministro del Interior y de Justicia “no me parece que haya más entregas personales de documentos”. Luego se supo que el ministro presionó al Fiscal General para que le permitiera renunciar a su hermano, abuso de poder que además intentó ocultar con mentiras (RCN TV, Agt.25.08).
Guillermo Valencia no llegó al alto nivel en la Fiscalía porque hiciera carrera en ella o fuera un abogado de méritos, sino por el nombramiento gracioso que le hizo en 2003 el Fiscal General Luis Camilo Osorio, como cuota burocrática del dirigente político conservador antioqueño Fabio Valencia Cossio, su hermano. Y por ser cuadro de Fabio Valencia recibió en 2005 del Fiscal General Mario Iguarán otro privilegio: pasar de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia a Director de Fiscalías de Medellín, salto en el que su sueldo debió reducirse de 14 a 9.5 millones de pesos, cosa que no ocurrió porque pasó en condición de encargado, encargo que con toda desvergüenza le renovaron cada cuatro meses durante tres años. Así, Guillermo Valencia obtuvo el gran poder que detenta el Director de Fiscalías, mejor si se quiere delinquir, como se sabe, pero mantuvo el sueldo de Fiscal Delegado. ¿No supo de ello Fabio Valencia? ¿Todo ocurrió a sus espaldas? ¿El que lo hizo nombrar no responde por nada y el Partido Conservador, tampoco?
Además, en 2004, Alonso Salazar, hoy alcalde y en ese entonces secretario de Gobierno de Medellín, pidió que fuera intervenida la Fiscalía de la ciudad porque “estaba en poder de la mafia” (Cambio, Sept.06.08). En 2005, 2006, se reunió con el ministro Juan Manuel Santos para el mismo tema (El Colombiano, Agt.31.08). Y a mediados de mayo pasado, con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, le envió una razón al Presidente Uribe acusando a Guillermo Valencia (Semana, Agt.30.08). ¿La evidente negligencia del alto gobierno no tuvo nada que ver con que en la Casa de Nari despachaba Fabio Valencia?
El editorial de El Espectador del 22 de agosto pasado pidió la salida de Fabio Valencia del Ministerio: “En muy pocos países, incluso en la Colombia de hace no muchos años, no habría dudas sobre la responsabilidad política que el ministro Valencia Cossio debería asumir (…) Por asuntos menores a un escándalo como el que se plantea en este caso, muchas figuras políticas cedieron sus ambiciones personales (…) Pero cada día en este país vamos corriendo los límites con el peregrino argumento de que hay que esperar las condenas o que todo se trata de un ataque de la oposición al gobierno (…) Está en mora el ministro Valencia en presentar su renuncia, así nunca haya cometido una falta. Y si no, es hora de que el presidente Uribe se lo aconseje”. Es obvio que sin responsabilidades políticas, además de las legales y penales, las sociedades se pudren.
Por razones similares han debido renunciar también el ministro Diego Palacio, el embajador en Roma Sabas Pretelt y el Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, llamados a indagatoria por la Fiscalía como coautores del delito de cohecho que la Corte Suprema de Justicia ya probó contra Yidis Medina, caso en el que la Procuraduría explicó: “Finalmente, sucumbe la voluntad de la parlamentaria Medina, no a la fuerza de la retórica, sino a los ofrecimientos particulares que le hacen los funcionarios”. Pero como los apadrina el Presidente Álvaro Uribe, ahí siguen usando el poder del Estado para protegerse, como también ocurre con Fabio Valencia. ¡Que le den a Colombia una sola razón de Estado, no de rosca de amigotes, para sostenerlos en sus cargos!
