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Es la vida de la gente lo que está en juego

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el Foro sobre la privatización de las electrificadoras citado por la senadora Alexandra Moreno Piraquive, Recinto del Senado, 15 de mayo de 2008. Empiezo por agradecerle a la senadora Alexandra Moreno su invitación a participar en este importantísimo evento y aprovecho para felicitarla por este tipo de actividades, […]

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Hace 10 años

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el Foro sobre la privatización de las electrificadoras citado por la senadora Alexandra Moreno Piraquive, Recinto del Senado, 15 de mayo de 2008.

Empiezo por agradecerle a la senadora Alexandra Moreno su invitación a participar en este importantísimo evento y aprovecho para felicitarla por este tipo de actividades, tan importante, que les permiten a las gentes sin silla en el Congreso, sean o no autoridades, expresar sus opiniones y ser escuchados por millares de colombianos en las distintas regiones. Saludo al alcalde de Manizales, a los trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas y a los demás dirigentes sindicales.

Voy a partir en tres mi intervención, una primera parte para hacer un análisis general de las privatizaciones de las empresas públicas, que a mi juicio ameritan un debate de mucho fondo porque es la vida de la gente lo que en últimas están en juego. Una segunda para hacer una mención del caso de la CHEC y otra más breve del caso de Hidroprado, una represa que se privatizó en el Tolima y con la cual les pusieron conejo a los tolimenses, puesto que el presidente de la República les había prometido que esa plata se iba a invertir en las regiones pobres de ese departamento. Y una tercera para pedirle a la Contraloría que suspenda el proceso de privatización que debe adelantarse la próxima semana en la Empresa de Energía de Pereira, porque en ella hay asuntos por lo menos sospechosos o turbios.

Fue el FMI el que ordenó privatizar

La política de privatización de las empresas públicas no es un invento de los colombianos, y esto habrá que repetirlo hasta la saciedad, sino una determinación que tomaron las grandes agencias internacionales de crédito, el FMI y el Banco Mundial y que se la impusieron desde hace tiempos a los países prestatarios. A Colombia se la ordenaron en el documento Stand by firmado por el anterior gobierno con el FMI y en otro, también con el FMI, suscrito por el actual gobierno. Ambos ratifican que hay que privatizar las electrificadoras regionales y en general todas las empresas de servicios públicos. Lo mismo dice el Plan Colombia, pues, como suelo decir, los gringos no regalan nada. Aquí se mueven unos intereses foráneos muy poderosos vinculados a monopolios de servicios públicos en mercados de escala colosal, que terminan por constituir en todo el mundo unos negocios realmente descomunales. Nadie sabe cuántas son las ganancias que han hecho las trasnacionales en los últimos años cuando se han quedado con las empresas privatizadas. Luego, que venga desde allá no es sorprendente, como tampoco lo es que en el proceso estas empresas de servicios ni siquiera queden en manos de inversionistas nacionales sino de monopolios extranjeros, los únicos que terminan teniendo el músculo suficiente para quedarse con ellas.

Esta política se comenzó a aplicar desde los años 90 y los neoliberales se la vendieron al pueblo colombiano con el cuento de que como esas empresas eran monopolios del Estado y por lo mismo generaban ineficiencias, era mejor entonces entregarlas a la empresa privada. Dijeron además que las privatizaciones fomentaban la competencia dentro de los privados y que por tanto los usuarios iban a ganar muchísimo. Se sugirió incluso que habrían de bajar las tarifas de los servicios públicos. Todo este cuento chino fue como la gran carnada que se le puso al anzuelo de las privatizaciones. Señoras y señores, dijeron, cuenten con que ustedes van a ganar sumas importantes por el mejor manejo de las empresas.

¿Qué sucedió? Lo que advertimos algunos en su momento. Recuerdo que fue bastante lo que hablamos del tema en Manizales. Alcanzamos incluso a hacer un intento de referendo para rechazar la privatización de la telefónica, pero al final sucedió lo que tenía que suceder. Primero: que los monopolios públicos terminaron convertidos en los hechos, como aspecto fundamental, en monopolios privados. La tendencia es muy clara incluso en los casos en los que la monopolización no se ha dado del todo, pero hacia allá va. Y una vez afianzado, el monopolio privado utiliza el poder y se aprovecharse de esa circunstancia para subir las tarifas, una secuela apenas natural en una economía capitalista. No voy a dar las cifras, pero todos sabemos que las tarifas de los servicios públicos han subido en proporciones notorias. En aquellos sectores donde no ha sucedido aún este fenómeno, basta esperar un poco a que se concentre el monopolio después de un breve lapso de competencia para ver cómo nos van a quitar hasta las calzas de las muelas. Primer aspecto, resumiendo: alzas escandalosas en las tarifas de los servicios públicos.

Segundo, los sectores más pobres, o nunca se conectan a los servicios públicos, o corren un riesgo cada vez mayor de quedar desconectados. Cuando las empresas son públicas y no tienen que hacer ganancias, el servicio de energía, por ejemplo, puede llegar más fácil a las zonas rurales. Pero una vez la empresa se vuelve privada va a ser bien difícil, yo diría que imposible. Hay que mencionar también el número inmenso de desconectados que hay en Colombia en este momento. En la medida en que el agua o la luz dejaron de ser un derecho para convertirse en negocio, lo que sucedió es que hay millones de colombianos desconectados de uno o de otro o de varios servicios públicos, un hecho gravísimo pero que poco se menciona. Lejos de ampliarse la cobertura, lo que hay es un deterioro.

El tercer aspecto, no menos grave, guarda íntima relación con la democracia, y es la sistemática política de persecución a los sindicatos. Es algo realmente escandaloso la ofensiva contra el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones, a negociar pliegos y hacer huelga. Se supone que no puede haber democracia si no hay organización de los trabajadores y si no hay sindicalismo. Aquí no solo los matan por docenas o por centenas, sino que además les eliminan todo derecho. Sigo insistiendo en que es más fácil en Colombia armar una banda de secuestradores que construir un sindicato o que mantenerlo vivo. Y por supuesto, no desbaratan los sindicatos o los reducen al mínimo simplemente por el gusto de reducirlos, sino porque la destrucción del sindicalismo trae aparejado el envilecimiento del costo de la mano de obra.

Empresas del Estado se venden a menos precio y al capital foráneo

Las privatizaciones de los activos públicos se hacen a menos precio, vendiéndolos por menos de lo que se venderían si fueran activos privados, hecho más que evidente y demostrable hasta la saciedad. No olvido que en el caso de la telefónica de Manizales, el primer comprador que tuvo, una empresa privada del sector financiero, se ganó en 20 días 28 mil millones de pesos, porque la compró minusvalorada. Recordemos el escándalo de Invercolsa, otro caso en que se vende a menos precio el patrimonio nacional. Y hoy estamos viviendo uno escalofriante, la privatización de Ecopetrol. Hace seis meses las acciones se vendieron por un precio y hoy valen el doble: el ciento por ciento de utilidad en seis meses para los privados. ¿Por qué, qué han encontrado? No han encontrado realmente nada, ni un yacimiento nuevo. ¿Qué sucedió? Que como lo advertimos con el senador Hugo Serrano en la Comisión Quinta, las acciones se vendieron a menos precio y el petróleo, propiedad de Ecopetrol, se valoró a mucho menos de lo que se sabía que iba a costar, hechos perfectamente documentados como lo demostramos en el debate. O sea, defraudaron el patrimonio público en beneficio de un número en este caso relativamente importante de colombianos, pero esto no le quita la gravedad al asunto A esos colombianos los meten de ganchos ciegos, como se dice coloquialmente, para que embellezcan una operación que en otro país ameritaría una investigación de la Fiscalía, porque yo quiero preguntar qué norma le permite a un ministro o a un presidente de Ecopetrol vender unas acciones que en seis meses se valorizan al doble.

Otra característica de las privatizaciones es que quedan al final en manos de extranjeros, como viene sucediendo en Ecopetrol. Ya la tendencia está marcada. Y el problema no es per se, como algo negativo, que las compren los extranjeros, sino que son empresas del tamaño de Ecopetrol son muy poderosas como fuente de acumulación de riqueza interna en el país. Si las utilidades no se quedan en el país, sino que se van hacia el exterior, pues la riqueza se acumula allá y no aquí. Y lo que al final desarrolla los países es qué tanta riqueza se acumula internamente. Si los países europeos o Estados Unidos son más ricos que Colombia es porque han acumulado internamente más riqueza. Al final ese es todo el cuento. Y aquí perdemos las principales fuentes de acumulación de riqueza, que son las empresas de servicios públicos y se las terminamos además entregando en bloque al capital extranjero.

Frente a la privatización de las empresas regionales de Boyacá, Meta, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca, tuvo que protestar la Contraloría General de la Nación, porque el gobierno intentó venderlas a menos precio. Lo que pasa es que los cogieron con las manos en la masa y les saltó el Contralor y los paró, y vamos a ver en cuánto las van a sacar a vender ahora. Pero lo cierto es que los cogieron con las manos en la masa. ¡Tan avezados en sus negocios personales y se les olvida hacer negocios cuando se trata del interés de la nación o del interés público! Y ahora ha aparecido una exigencia escandalosa, propia también de estas privatizaciones. El ministro de Minas les ha dicho a los departamentos que si quieren quedarse con la mayoría accionaria, está bien, pero, eso sí, será el inversionista privado el que se quedará con la operación de la empresa, no importa que tenga menos del 51%. La pretensión es bochornosa. Cómo así que un inversionista privado, accionista minoritario, es el que controla la operación. Esto es absolutamente inaceptable. Claro, a los colombianos que no saben les parecerá que eso no importa, pero los que sí somos medio informados sabemos que quién opera adquiere el derecho a obtener utilidades superiores a las que le permite su presencia accionaria, porque de ahí se derivan una cantidad de negocios inmensos, ilegales muchos, aunque solo con los legales quien maneja la operación mejora su rentabilidad en proporciones notorias.

En el caso de la CHEC, debe ser preservado el interés regional

La política es clavarles a las regiones interesadas en comprar precios incluso superiores, como si fuera cualquier particular. En otras palabras, cuando se trata del interés público, ahí desaparece la consideración. Recuerdo que antes de llegar yo al Congreso y también recién llegado, discutimos mucho quién se iba a quedar con la CHEC, y nunca conseguimos abrirle el camino a una salida apenas obvia y era que si la nación iba a vender, favoreciera al poder regional, municipal y departamental, para que fuera la región la que se quedara con la mayoría y con el control de las empresas. El centralismo de los gobiernos nacionales suele hacer caso omiso de lo importante que es para las regiones que estos procesos no culminen entregando las empresas a un privado, sino dejando a la región con el control de las decisiones. Esto ha sido desconceptuado y ya vemos cómo andan diciendo que aun si los departamentos logran la mayoría accionaria, ni siquiera así se quedan con la operación, que es en buena medida la clave del asunto. En el caso de la CHEC, en Caldas, seguimos insistiendo en que la región debe quedarse, si ya no con la mayoría de las acciones –porque el gobierno nacional se la arrebató en su momento y se la vendió a EPM–, sí con una presencia importante y en condiciones preferenciales, también es obvio que debe reclamarse. Porque si el gobierno nacional se empecina en clavarse hasta el alma a los caldenses y manizaleños, tropezará con una gran oposición. Se supone que el gobierno nacional y los gobiernos regionales son amigos, que debe haber un trato con algún grado de consideración. No deja de ser curioso el parentesco del presidente Uribe, quien es al final el que define las políticas, con EPM y con los intereses de EPM. Yo he defendido a EMP como empresa pública, porque algún día van intentar por tercera vez privatizarla, pero también hay que decir que en este caso tienen que favorecerse los intereses de los caldenses frente a los intereses de EPM, porque lo cierto es que hay unos intereses particulares del departamento de Caldas en esta coyuntura.

Una de las carnadas que el gobierno le ha puesto al anzuelo de las privatizaciones es decir que las platas van a terminar en las regiones mediante inversiones en vías y otras obras. En este momento hay una situación escandalosa en el departamento del Tolima, porque los 80 mil millones de pesos de la venta de Hidroprado, que han debido ir a la región para financiar vías y otros muchos problemas, se los embolataron al departamento. Le pusieron conejo, como se dice coloquialmente. Todo parece indicarnos que no es solo a doña Yidis a quien le pone conejo este gobierno, sino también al departamento del Tolima. En este sentido, al gobernador Barreto le asiste razón cuando le reclama al presidente de la República que ya que hizo el estropicio de privatizar a Hidroprado, que por lo menos alguna cosa les toque a los tolimenses.

Está previsto para el próximo 21 de mayo que la Empresa de Energía de Pereira deba poner en venta sus acciones. Quiero llamar la atención en un asunto que estamos investigando en mi oficina y es que la EEP aparece participando en la compra de Enertolima. Es un negocio muy extraño que no tengo tiempo aquí de explicar y sobre el que simplemente llamo la atención a la opinión pública. Muy extraño porque se dice que la EEP debe meterse en ese negocio no aportando plata, sino solo su know how, y que en ese sentido no se hace responsable de ningún tipo de inversión. Pero cuando pasan los días, la EEP termina endeudada en 3.687 millones de pesos, sin que aparezca respaldando con su know how a la Empresa Electrificadora del Tolima. Y muy extraño, además, porque la plata no se la presta un banco, sino un particular, el señor Alberto Ríos Velilla, que a su vez termina siendo cercano al grupo Nule, el que al final se viene quedando con la Empresa.

Es un asunto por lo menos turbio. El propio Ministerio de Hacienda afirma que la transacción no puede ser definida como una operación de crédito público y ve con extrañeza que una empresa como la EEP termine recibiendo préstamos de particulares por sumas de este tamaño. Y es así como se organiza la privatización de Enertolima. Pero ¡oh, sorpresa! Resulta que ahora va a ser también privatizada la EEP y aparece Enertolima como uno de los tres posibles compradores. El llamado que les estoy haciendo a la Contraloría y a la Procuraduría es entonces a que por lo menos detengan el proceso, mientras vemos qué fue lo que pasó, porque ustedes habrán advertido, en el brevísimo resumen que he hecho, que es muy curioso lo que está sucediendo. Es muy curioso que a la EEP la terminen asociando, de una manera probablemente ilegal, para después aparecer en una operación que termina convirtiéndose en el negocio de quien quiere comprarla. Es una situación poco clara, como lo señala el propio Ministerio de Hacienda, y entonces urge que los órganos de control ordenen pararlo mientras se sabe con certeza qué es lo que está pasando. Les voy a enviar la petición con todo detalle a las autoridades.

Termino llamando la atención a quienes presencian este foro y a los aquí presentes para que entiendan que toda esta política no le conviene ni al interés nacional ni al regional y que en estos procesos se deben hacer esfuerzos por defender unificadamente los intereses nacionales y regionales.