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Entre los malos propósitos y las falsedades

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 8 de agosto de 2008 Aunque pueda parecer que sí, no todo está perdido en Colombia. ¿Una prueba? El repudio de los colombianos ilustrados a la reforma a la justicia propuesta por el ministro del Interior, el conocido Fabio Valencia Cossio. Y no es para menos. Pues el proyecto no tiene […]

Hace 9 años

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 8 de agosto de 2008

Aunque pueda parecer que sí, no todo está perdido en Colombia. ¿Una prueba? El repudio de los colombianos ilustrados a la reforma a la justicia propuesta por el ministro del Interior, el conocido Fabio Valencia Cossio. Y no es para menos. Pues el proyecto no tiene para nada en cuenta los problemas que padecen los ciudadanos con la administración de justicia –como su lentitud, por ejemplo, causada en buena medida por la escasez de recursos con los que funciona–, pero sí es meticuloso para responder a las necesidades del Presidente de la República y de sus amigos. Solo una pareja del talante de Uribe Vélez y Valencia Cossio es capaz de presentarse ante el país con una reforma a su medida, cosa que tampoco sorprende tanto si se piensa en la reelección.

La primera propuesta que causa escándalo en Colombia y en el exterior es el nuevo ataque de la cúpula uribista a la Corte Suprema de Justicia, esta vez de manera más sibilina y con el pretexto de asuntos que pueden ser plausibles pero que en las actuales circunstancias ponen en duda la legitimidad de las decisiones de la Corte en contra de los parapolíticos y pueden conducir a la caída de las investigaciones. ¿No es demasiada coincidencia que casi todos los congresistas encartados hayan sido grandes electores de Uribe y que de sus reemplazos en el Congreso dependa la ley de reelección para extender el uribiato hasta el 2014, y más allá? Y tampoco es casual, por supuesto, que la reforma también suavice el régimen de sanciones por el que los parlamentarios pueden perder sus investiduras.

También carece de todo pudor que la reforma pretenda garantizarle a Uribe que serán de su clientela los jefes de los tres principales órganos de control del país: la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, porque él elaborará las ternas de donde saldrán los agraciados. La propuesta para que los magistrados de la Corte Constitucional coopten a sus reemplazos, además de discutible por razones conceptuales, contiene un truco muy propio de quienes gobiernan el país: como esa cooptación entrará en vigor una vez el actual Congreso garantice que serán uribistas todos los magistrados, el mecanismo asegura que la Corte será uribista para siempre.

En la propuesta Uribe Vélez & Valencia Cossio no podía faltar el clientelismo para engrasar la aprobación de la reforma. Con ese propósito, la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes se eleva de 65 a 70 años y el período de sus cargos pasa de ocho a doce años. Al procurador, el fiscal y el contralor se les aumentan sus períodos de cuatro a ocho años.

Y el conjunto de la reforma a la justicia tiene un propósito peor que cada una de sus partes: someter la rama judicial al Ejecutivo y acabar de establecer una tiranía.

De otra parte, se necesitó que CNN empezara a destapar los secretos del afortunado rescate de Ingrid y de sus compañeros de secuestro para que el gobierno hablara de ellos. Pero Álvaro Uribe faltó a la verdad cuando dijo que las insignias de la Cruz Roja las usó uno solo de los militares y por una decisión de última hora. Ya se comprobó que todos los participantes en el operativo estaban al tanto y que también usaron distintivos de medios de comunicación extranjeros. Constituye todo un editorial la caricatura de Osuna en la que el ministro de Defensa, indignado, vocifera: “¡Traición! ¡Traición a la patria! ¡… alguien dejó ver la verdad!”.

Ahora, Juan Manuel Santos, al tiempo que con astucia califica y califica de héroes a los militares que ejecutaron el operativo, insiste en algo que pocos creen: que fueron ellos, y solamente ellos, los que decidieron usar las insignias, con lo que les descarga toda la culpa por violar las normas, al usar los distintivos y, además, ocultárselo a sus superiores.

Fue por razones de índole práctica que las naciones prohibieron hacer trampa con las insignias de la Cruz Roja. Porque su mal uso aumenta el riesgo de los socorristas y enfermeros que en los conflictos armados las emplean con fines humanitarios, así como el de los heridos atendidos por estos, incluidos los miembros de las propias fuerzas armadas colombianas. Y parecido puede decirse del fraude con los distintivos de la prensa. Sobran, entonces, las razones para que aumente el descrédito del gobierno de Colombia en el mundo civilizado.