Jorge Enrique Robledo
Senador de la República
Febrero de 2005
Los acuerdos internacionales pueden contribuir a que las relaciones entre los pueblos sean amistosas y fructíferas. Este criterio también es aplicable a los mecanismos que autorizan las extradiciones de ciudadanos de unos países a otros. Pero para que cualquier pacto internacional sea aceptable debe ser el fruto de un trámite en pie de igualdad entre las partes, debe adoptarse de manera autónoma por cada uno de los signatarios y debe beneficiarlos a todos por igual, ya que deben ser actos soberanos en las relaciones entre las naciones. De otra parte, en la teoría y en la práctica, los procedimientos de extradición entre Colombia y Estados Unidos –porque ni siquiera hay un tratado– no cumplen con ninguna de las condiciones mencionadas.
Como puede probarse hasta la saciedad, Estados Unidos presionó por años las modificaciones legales y constitucionales que terminaron por establecer las normas de extradición que rigen en Colombia. Es sabido también que esa imposición responde a criterios elaborados unilateralmente por los estadounidenses sobre cómo deben atenderse ciertas cuestiones que atañen a sus intereses. Y tampoco constituye un secreto que la Casa Blanca convirtió su manera de entender y enfrentar el problema del consumo de drogas de sus ciudadanos en un pretexto para intervenir en los asuntos internos y externos de Colombia, intervención que corresponde de manera clásica con las que en beneficio de sus designios han realizado las potencias imperialistas a lo largo de la historia. Cualquier cosa podrá decirse de la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos, menos que se trata de actos de soberanía de Colombia ejercidos teniendo en mente los intereses nacionales.
La extradición hacia Estados Unidos no puede aceptarse por otras razones. Constituye una descomposición del pensamiento que debe regir a estos actos que se extraditen colombianos por delitos cometidos en el territorio nacional, cuando es obvio este es un mecanismo concebido para perseguir a quienes se ocultan en su país luego de haber delinquido en otro, y más si para justificar este despropósito, que significa renunciar a la soberanía en que se sustenta el ejercicio de la justicia, de aduce que Colombia no está en capacidad de juzgar y sancionar a quienes delinquen en su territorio. En contraste, y en el colmo de la desigualdad en el trato, el gobierno nacional le aceptó al de Estados Unidos que no llevará ante los jueces colombianos a los ciudadanos estadounidenses –soldados regulares de sus fuerzas armadas o mercenarios bajo contrato– que cometan crímenes en el país. Y tampoco puede aceptarse que la extradición de colombianos a Estados Unidos signifique su sometimiento al tipo de prácticas procesales y de castigo que cada vez más se vienen convirtiendo en normales allí, a partir de autorizar, de manera abierta o solapada, el empleo de métodos que quebrantan la dignidad de acusados y condenados, además de violarles sus derechos democráticos.
Por último, es inaceptable que Colombia le permita a Estados Unidos utilizar la extradición como un mecanismo para inmiscuirse en los procesos de paz que se adelantan o puedan adelantarse en el país, pues es obvia la gravedad de cederle soberanía en este tema a una potencia extranjera. En desarrollo de lo anterior, el gobierno nacional está en mora de promover el establecimiento de normas legales que les garanticen a los colombianos con quienes el Estado suscriba procesos de paz que no serán extraditados a Estados Unidos. Y tampoco puede aceptarse que el Presidente Uribe Vélez utilice el poder discrecional que tiene para extraditar o no a los colombianos hacia Estados Unidos, en función de criterios de manipulación política.
Por las anteriores consideraciones, y aunque se molesten algunos, el debate sobre la extradición debe reabrirse en el país.
