Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 19 de febrero de 2009.
Los gobiernos de Colombia y la Unión Europea adelantan conversaciones para suscribir un tratado de libre comercio. Son muchas las razones que indican que los colombianos, por lo menos casi todos, sufriremos pérdidas iguales o peores que las que se pactaron en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un acuerdo leonino que afortunadamente no ha sido ratificado por el Congreso estadounidense, porque las mayorías del Partido Demócrata, y el propio gobierno de Barack Obama, consideran insuficientes las explicaciones y acciones del gobierno del presidente Álvaro Uribe en relación con los asesinatos de sindicalistas –49 en 2008, 25% más que en 2007, que confirman a Colombia como el país más peligroso en el mundo para los líderes sindicales–, las escandalosas violaciones de los derechos humanos por parte de miembros del ejército y las relaciones de numerosos y altos dirigentes políticos partidarios del gobierno con las organizaciones paramilitares.
La Unión Europea pretende aumentar los tiempos de las patentes que generan monopolios y precios mayores, por encima de las normas de la OMC y de lo conseguido por los norteamericanos en el TLC con Colombia, cuyos mayores costos de las medicinas para los colombianos fueron inicialmente calculados en mil millones de dólares al año por la Organización Panamericana de la Salud. Y también se propone que Colombia acepte algo que no ha logrado el capital trasnacional en Europa ni en ningún país del mundo: penas de cárcel para cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual. Si el TLC Colombia-Estados Unidos es un acuerdo OMC-plus, el que quiere la Unión Europea puede denominarse OMC-plus-plus.
Con todo descaro, el ministro colombiano de Comercio, Luis Guillermo Plata, confesó que “ya tiene unas líneas rojas en esta negociación (con la Unión Europea), que no son otras que las que están en el TLC con Estados Unidos, y Colombia no irá más allá en esta materia”. Con voceros de Colombia como este no debe sorprender que hayan acordado tramitar el acuerdo en apenas cuatro meses y que, como también ocurrió con los norteamericanos, los textos se elaboren a las escondidas y sin tener en cuenta las opiniones de las organizaciones de los trabajadores, los campesinos y los indígenas.
Tal y como hizo Estados Unidos con su TLC, la Unión Europea también impuso negociar país por país de la región andina, de manera que la CAN, el proyecto de integración entre los países de la subregión, quedará todavía más convertido en letra muerta. Que la Unión Europea no llame Tratado de Libre Comercio (TLC) a su tratado sino Acuerdo Comercial, significa apenas un cambio de nombre calculado para confundir a los millones de colombianos que rechazan el TLC con Estados Unidos.
Como ocurre con Estados Unidos, las diferencias económicas entre Colombia y la Unión Europea son abismales. Por ejemplo, su Producto Interno Bruto es 80 veces mayor que el colombiano y sus subsidios agrícolas llegan a 70 mil millones de dólares al año. Luego la igualdad entre las partes que consagrará el TLC lo que santifica es una enorme desigualdad. El Tratado les concederá a las trasnacionales de la Unión Europea el privilegio de poder venir al país a tomarse las grandes empresas, los recursos naturales y el mercado interno de manera gratuita, es decir, sin que pueda cobrárseles por esa prerrogativa más de lo que se les exija a los colombianos. Y los males que se derivan de los capitales que entran y salen de Colombia a su antojo, los daños al medio ambiente y las peores condiciones laborales también hacen parte de los costos del negocio que desean los inversionistas europeos.
Escandaliza que cuando se confirma la culpa del “libre comercio” en la que seguramente será la peor crisis de la historia del capitalismo, los gobiernos de la Unión Europea y Colombia insistan en profundizar esa política. Así confirman que quienes gobiernan en las dos partes están dispuestos a llevar los sufrimientos de sus pueblos a niveles inimaginables.
Es obvio que la Unión Europea, conocedora de lo mucho que necesita Álvaro Uribe de un TLC con ella para lucirlo como una absolución moral y política ante Washington, sabrá cobrarse dicha absolución en mayores gabelas para sus trasnacionales, incluso hasta el punto de superar lo que consiguió Estados Unidos en su TLC con Colombia.
