Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 17 de abril de 2008
Es una auténtica vergüenza, que evidencia la descomposición del país, que por parapolítica vayan sesenta congresistas encartados, y eso contando solo los elegidos en 2006. Pero comprender lo que ocurre, y encontrarle soluciones, exige mirar los detalles, para evitar que las simplificaciones inocentes o astutas conduzcan a salidas falsas.
Para estos efectos, el Congreso y los congresistas, realmente, no existen. Porque no son estos los que delinquen, sino determinadas personas que militan en ciertos partidos, precisión que conduce a la verdad legal y política. Entre los encartados el ochenta por ciento respaldó la reelección de Álvaro Uribe y ninguno pertenece al Polo Democrático Alternativo. Así, la ilegitimidad les cabe a cada condenado y hasta a sus partidos, pero de ninguna manera a los congresistas y organizaciones que nada tenemos que ver con el problema. Y los votos de cada parauribista cuestionan la legitimidad del Presidente de la República, pues todos ellos –cerca de un millón– ayudaron a reelegirlo.
Por otro lado, es notorio que Álvaro Uribe, quien tanto ‘talla’ cuando se le antoja, no ha puesto ningún interés, ni el poder del Estado que controla, al servicio de esclarecer lo ocurrido con el paramilitarismo en Colombia. ¿No le tocó a la Corte Constitucional condicionar el perdón al conocimiento de la verdad en los procesos por paramilitarismo? ¿No dijo Uribe que mientras los parauribistas no llegaran a la cárcel siguieran votando y a cada preso lo reemplazara el que seguía en la lista? ¿No defendió al director del DAS, hoy tras las rejas, hasta con maltratos a los medios de comunicación? ¿No intentó callar con calumnias a los dirigentes del Polo cuando iniciaron las denuncias? ¿No se hicieron Uribe y los jefes de sus partidos los de la vista gorda en la conformación de las listas para las elecciones de 2006? ¿Puede probar que los parapolíticos perdieron sus cuotas en la alta burocracia estatal? ¿Rechazó que dirigieran a sus huestes desde las cárceles en la pasada campaña electoral? ¿No ha intentado desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y no acaba de cuestionarla otra vez, cuando esta merece todo el respaldo ciudadano, pues sin ella la parapolítica carecería de existencia legal y la impunidad sería absoluta? ¿Y no violó el espíritu de la separación de los poderes cuando convirtió en Fiscal a su viceministro de Justicia?
Además, la reforma que, según se dice, es contra la parapolítica, no lo es. Porque, cuando mucho, les impone una sanción menor a los partidos vinculados a ella y ni siquiera intenta impedir que los parapolíticos ganen las próximas elecciones. Tan descarada es en este sentido, que no toca el sistema electoral, donde se concretan las corruptelas y la violencia al elector, y eso que el Procurador dijo que ante tanta corrupción “no debería haber elecciones con el actual sistema” (El Tiempo, Agt.12.07) y que el Registrador, cuando le preguntaron por qué se decía que se robaban las elecciones, afirmó: “Pues porque se las roban, así de claro y sencillo” (Cambio, Dic.02.07). Entre tanto, sí avanza una reforma constitucional para reelegir, otra vez, a Álvaro Uribe, el primer beneficiario con la forma como se arrean los electores a las urnas en Colombia.
En contraste, “el eje de la reforma” (editorial de El Tiempo, Abr.13.08) consiste en aumentar el umbral al cinco por ciento, medida que impide que nuevas fuerzas aparezcan o se mantengan en la escena política y amenaza la existencia del Polo Democrático Alternativo. ¿No es el colmo que la ‘gran’ reforma se dirija contra el Polo, que no tiene a nadie en la parapolítica y ha jugado un papel clave en su denuncia? ¿No es extremadamente falaz afirmar que los partidos más grandes son, por definición, menos corruptos, y que además esto lo digan los dirigentes de los cuatro que concentran el 70 por ciento de los parapolíticos? ¿No vienen todas las corruptelas de hoy del Frente Nacional, esa manguala tiránica implantada durante lustros por los dos mayores partidos de Colombia?
Son estas realidades, a las que se les agregan actos de bárbaro cinismo, como aducir que son pocos los sindicalistas colombianos asesinados, el fundamento del fracaso del TLC en el Congreso de Estados Unidos. En materia grave, entonces, se equivocan además quienes creen que Álvaro Uribe, en vez de ser parte central del problema, es parte de su solución, pues su jefatura en el tapen-tapen no ofrece dudas y se sabe que la violencia paramilitar, y las demás violencias, requieren del triunfo de toda la verdad para superarlas.
