Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 24 de agosto de 2006.
La decisión del gobierno de privatizar a Ecopetrol no abre un debate nuevo. En muchos sentidos, es el mismo que se libra desde los albores del siglo XX cuando, entre denuncias de corrupción, las trasnacionales del petróleo se quedaron con las concesiones Barco y Mares y los yacimientos del Magdalena Medio y el Catatumbo. En 1951 los trabajadores de la Tropical Oil Company y el pueblo de Barrancabermeja, con el respaldo de Jorge Eliécer Gaitán y de millones de demócratas, ganaron la creación de Ecopetrol, tras derrotar las pretensiones de las petroleras y de sus fichas en el país de perpetuar sus gabelas. Las inmensas sumas que Ecopetrol le ha transferido a la nación son las mismas que han lamentado quienes las perdieron y por las que nunca dejaron de intrigar.
Lo anterior para decir que en los debates sobre privatizaciones hay quienes entran, a favor o en contra, motivados por razones técnicas, económicas o políticas de orden general. Pero también es cierto que hay otros que representan poderosas ambiciones de ganancias privadas. No reconocer esta verdad es engañarse o engañar. De otro lado, la retórica de neutralidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) no logra ocultar que el poder decisorio allí lo tienen Estados Unidos y las otras potencias, países donde mandan las trasnacionales, las primeras beneficiarias de la privatización en el mundo. Con razón caen tan mal las puertas giratorias entre el sector privado y el público, y en especial su caso más reciente: el nombramiento de Hernán Martínez como ministro de Minas, quien fuera durante 38 años alto ejecutivo de ExxonMobil, la mayor empresa petrolera del mundo. ¿En qué otro país hubiera ocurrido esto sin generar un escándalo?
La posición del uribismo a favor de la privatización de los hidrocarburos quedó consignada en el Plan de Desarrollo 2002–2006, al definirla para la refinería de Cartagena y la importación de combustibles, negocios a favor de las trasnacionales que exigen incrementar los precios internos de los combustibles hasta igualarlos con los externos. Tomó cuerpo en la decisión escandalosa de dejarles a la ChevronTexaco y a la Oxy los supernegocios del gas de La Guajira y el petróleo de Caño Limón que le revertían a Ecopetrol. Avanzó con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que aprobó la regresión a los contratos de concesión con el capital extranjero que se usaron antes de 1951, los cuales quedaron con el peor state take del mundo, pues el ingreso para Colombia, sumados regalías e impuestos, se redujo al 50,06 por ciento, lo que significa que casi se regala el recurso. Y ha tenido como uno de sus aspectos más criticables la feroz arremetida contra la Unión Sindical Obrera (USO), baluarte del nacionalismo petrolero. Claro que también es cierto que la administración Uribe, en el acta de levantamiento de la huelga en Ecopetrol, se comprometió a no privatizarla.
Ecopetrol es la primera empresa de Colombia por activos, patrimonio, utilidades y transferencias de todo tipo al Estado. Su rentabilidad es tanta, que alguien dijo que lo que van a privatizar son sus ganancias. Pero también padece por una política petrolera tan mala, que hasta le prohíbe invertir sus recursos. Aunque parezca mentira, cuando el negocio del petróleo es más rentable que nunca y Colombia tiende a convertirse en importador de combustibles, lo que causará un desastre, el gobierno ordeña a Ecopetrol hasta el absurdo, esta tiene 1.700 millones de dólares en el exterior y dos billones de pesos en TES ganando bajos intereses y no tiene un peso de deuda, a pesar de poseer un patrimonio de catorce billones de pesos ¿Cómo explicar esta política que parece de bobos? Simple, y en esta explicación hay consenso: no puede invertir más porque se lo impiden las disposiciones del FMI, que así presiona su privatización.
Entonces, Álvaro Uribe Vélez, en vez tomar las decisiones que hay que tomar para que Ecopetrol haga lo que debe hacer, empezando por actuar con independencia del FMI, vuelve y se somete a este y decide la privatización de la Empresa, con lo que le da autonomía pero le arrebata su carácter estatal, así la venta sea del 20 por ciento. Además, la privatización será, como todas, a menosprecio, porque de otra manera los privados no compran. Y lo de venderle al “sector solidario” es un puro taparrabos, porque tras ese calificativo están los fondos privados de pensiones, que en más del cincuenta por ciento controla el capital extranjero.
