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EL NUEVO CÓDIGO MINERO DEBE ATENDER LAS REALIDADES DE TODA LA MINERÍA, NO SOLO DE LA GRANDE

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el Foro Minero sobre Reforma a la Ley 685 de 2001 o Código de Minas. Recinto del Senado, septiembre 13 de 2007 Anoche, cuando estaba leyéndome este ladrillo de proyecto de ley, un amigo me mandó por Internet una frasecita que voy a leer aquí, no solo porque […]

Codigo Minas minería

Hace 10 años

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el Foro Minero sobre Reforma a la Ley 685 de 2001 o Código de Minas. Recinto del Senado, septiembre 13 de 2007

Anoche, cuando estaba leyéndome este ladrillo de proyecto de ley, un amigo me mandó por Internet una frasecita que voy a leer aquí, no solo porque me parece interesante, sino también porque me ayuda a plantear el enfoque que tengo sobre la reforma al Código de Minas.

Es una frase de Paul Getty, uno de los magnates del petróleo en Estados Unidos. La frase empieza citando la Biblia, Salmos 26-8: “Los pobres heredarán la tierra”. Y Getty agrega: “Pero no los derechos sobre los minerales”.

Habría que hacer una precisión. Cuando Getty dice que los pobres no van a heredar los derechos sobre los minerales, hace alusión a los pobres de cada país, pero últimamente caben también ahí todos los países pobres, entre ellos el nuestro, donde venimos perdiendo los derechos sobre los minerales.

Voy a hacer enseguida una segunda afirmación que me aburre hacer, créanme que me aburre, pero me toca. Cuando el doctor Hernán Martínez fue nombrado ministro de Minas, yo le expresé mi desacuerdo. Le planteé que no era conveniente esa puerta giratoria entre las trasnacionales y el Estado, que no me gustaba. Con franqueza le dije que a mí no me gustaba que él hubiera sido más de 30 años un hombre de la Exxon Mobil y que después llegara al Ministerio de Minas a organizar los asuntos del petróleo, justo cuando empezó la privatización de Ecopetrol.

Hoy tengo que repetírselo al ministro de Minas. Doctor Martínez, no me gusta que usted esté en ese cargo y frente a este proyecto de reforma al Código de Minas, porque es un proyecto que beneficia a las trasnacionales, al gran capital extranjero, a la gran minería. Usted podrá replicarnos que fue redactado con plena neutralidad, pero es tan favorable al capital extranjero y a las grandes trasnacionales que siempre va a quedar por lo menos la duda, y ante la duda, abstente. Es mejor cortar por lo sano. Y entonces me toca repetir, aun cuando me aburre, que usted, doctor Martínez, no debiera ser el ministro de Minas de Colombia.

Una reforma pro gran minería

El actual Código de Minas, Ley 685, es de por sí bien malo. No lo voy a analizar en detalle porque no hay tiempo, pero voy a señalar lo que a mi juicio configura su peor pecado y que empeora el proyecto de reforma. Es que el actual Código desintegró la atención de la minería nacional. ¿En qué sentido? Es una ley pro gran minería, pro capital extranjero, que intenta crear un mundo en el que el Estado no tiene derecho a apropiarse los beneficios que la naturaleza nos brinda, un mundo en el que la pequeña empresa minera tampoco tiene ningún derecho. El actual Código desintegra lo que a mi juicio debe ser la explotación minera en Colombia si se quiere salvaguardar, primero, la posibilidad del Estado, no solo de ganar regalías, sino de participar en la producción como lo hacía antes, bien asociándose o bien de manera directa. Lo que escasea hoy en el mundo no es el capital, esa es una de las falacias de la globalización neoliberal, sino los recursos naturales. La pregunta no es qué haría Colombia si no viniera el capital, sino qué haría el capital si no existiera Colombia. Sobra la plata, no saben qué hacer con ella, y lo que hace falta en el mundo son las riquezas naturales. Ayer el petróleo marcó 80 dólares y aquí estamos privatizando a Ecopetrol, senador Manzur, porque el gobierno aduce que lo importante son unos cuantos miles de dólares que se consiguen en cualquier banco del mundo. Muchos bancos harían cola detrás de Ecopetrol para prestarle plata sin necesidad de que el gobierno la privatice.

Lo segundo es que el actual Código de Minas considera a la pequeña minería solo de manera tan tangencial, tan secundaria, que uno termina concluyendo que la ve como indeseable. La Ley 685 es un código pro gran minería, pro capital extranjero, pues por sus costos la gran minería suele ser lejana a las posibilidades del capital nacional en un país como el nuestro, que podría ser muy rico, pues cuenta con grandes posibilidades, pero lo que pasa es que lo gobiernan tan mal que ya casi lo destruyen.

En resumen, tenemos un código malísimo, mal planteado, mal concebido. ¿Y qué hace la reforma que está proponiendo el gobierno? Empeorar la mala concepción. No lo digo yo, lo afirma la Contraloría General de la República en un informe que tengo aquí y que les voy a leer muy brevemente: “Teniendo en cuenta las fuertes implicaciones negativas que tienen algunos de los artículos más importantes de este proyecto, como es el caso de la delimitación de áreas especiales para ser adjudicadas a operadores estratégicos –aclaro: operador estratégico es una frase eufemística para referirse a la gran minería y al capital transnacional–, la integración de áreas correspondientes a contratos de antiguos aportes –aclaro: integración es una palabra dirigida contra la yugular de los pequeños y medianos mineros colombianos y es otro de los adefesios del proyecto, incluso la integración de áreas correspondientes a la autorización temporal sobre materiales de construcción–, la Contraloría considera que el Proyecto de Ley en cuestión va en contra de los principios de igualdad”. Conclusión absolutamente evidente, porque la reforma al código es también pro gran minería, pro gran capital trasnacional.

Y afirma la Contraloría que la reforma “no mejora las sustanciales deficiencias del actual código, no arregla los problemas del actual código”. Y miren lo que agrega, a mi juicio mortal, esto solo hunde la reforma al Código: “No defiende los intereses de la Nación”.

Este es el gran debate económico en el país, señoras y señores de las minerías de todos los tamaños. El debate no es si el capital debe ganar plata, sino si la ganancia del capital coincide o no con el interés nacional, porque países como Colombia donde no se le exige al capital, sobre todo al gran capital, que su interés coincida con el interés nacional, nos quedamos en el subdesarrollo.

Aquí hay gente que es capaz de amasar fortunas parecidas a las mayores del mundo. Aquí se hacen negocios similares a los que se hacen en Nueva York, Berlín o Tokio, con iguales tasas de ganancia o mayores. Pero en la pobreza, Colombia no se parece a Estados Unidos o a Japón, en el sentido en que allá es del 10 %, y aquí del 60 %. Aquí la pobreza es africana, y nuestros pobres no se parecen a los pobres de Tokio y de Berlín, sino a los pobres de Burundi y Sudán. ¿Por qué? Porque desde hace mucho rato en Colombia el gran capital monopolista funciona contra el interés nacional, una aberración que un Congreso no debiera permitir, porque se supone que aquí representamos el interés de la nación, no el interés de algunos particulares. Cuando el interés de un particular coincide con el de la nación, bienvenido sea, pero de otra manera estamos en el deber de rechazarlo.

La reforma al Código se tira una jugada medio filosófica. Hay que hacer, afirma, una explotación racional. Esa parece que fuera a ser la espada con la cual van a arrinconar a todo el mundo. Cogen al pequeño y al mediano minero y le preguntan: ¿su explotación es racional, sí o no? Si no, se va, porque con la reforma solo se quedan las racionales.

Aquí la discusión se vuelve interesante. Yo fui toda la vida profesor en la universidad y me interesan estos detalles. Bueno, ¿y qué diablos es racional? Porque si a uno lo van a fusilar por no ser racional, se le vuelve clave averiguar qué quiere decir la palabreja.

En la sustentación de motivos, el doctor Hernán Martínez aclara qué se entiende por racional al explicar por qué hay que evitar las pequeñas explotaciones: porque ellas “destruyen los yacimientos –estoy citando entre comillas–, depredan los campos y deterioran el medio ambiente”. Y pone como ejemplo la explotación del carbón en Boyacá y Cundinamarca. Yo agrego: ¡Ojo, carboneros de Boyacá y Cundinamarca! Para el nuevo Código ustedes son como una roya, una langosta que le hace daño a la economía nacional y a la racionalidad que este país debe tener.

¡Aducir que son los pequeños los que depredan los campos, después de conocer uno las explotaciones de la gran minería del carbón en La Guajira y el Cesar, donde las trasnacionales arrancan la capa vegetal de cien mil o doscientas mil hectáreas, secan los ríos y acaban con las aves, y venir a decirle a uno que son los pequeños los que depredan! No, si algo espanta es el inmenso poder tecnológico con que cuenta la gran minería para depredar en forma escandalosa. El senador Manzur lo mencionó de refilón, pero yo lo destaco: está empezando a hablarse de cerrar los hoteles en la zona turística de Santa Marta por el daño ambiental que está causando la gran minería del carbón.

El deterioro de la carretera La Loma-Santa Marta es otro escándalo, monstruoso, senador Manzur, tractomulas gigantescas operando cien horas a la semana, porque los contratos imponen ese tipo de relaciones laborales.

Venir entonces a decirnos que el problema aquí es la pequeña minería es bien discutible en la lógica misma de la racionalidad. Pero además yo hago una pregunta entrando más en detalle en la discusión: ¿hay diferentes racionalidades, es decir, una racionalidad puede ser distinta de otra racionalidad y tan racionales las dos?

Pongo un ejemplo. Las empresas pueden decir: “Traemos la mayor máquina que hoy existe en el mundo y no habrá ya un solo trabajador en la gran minería de la Costa”, porque la sola máquina lo va a hacer todo. Eso sería muy racional desde muchos puntos de vista. Pero yo pregunto, y desde el punto de vista del empleo, ¿cuál es la racionalidad? Si una máquina desplaza a diez, a cincuenta mil trabajadores, ¿cómo es el análisis de la racionalidad aquí y en Estados Unidos, cuando allá el problema de empleo es uno y aquí tenemos uno diferente? Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. No me estoy oponiendo a que se usen las grandes máquinas, simplemente estoy llamando la atención de cómo no nos van a sacar de la manga la espada de la racionalidad para proceder de manera irracional, por lo menos en ciertos aspectos de lo que estamos analizando.

El objetivo es lograr que las empresas sean sólidas y expertas. Sólidas y expertas, bonita manera de hablar de gran minería y de trasnacionales. En Colombia se volvió un crimen que la empresa de uno no sea sólida, porque uno es pobre y tiene problemas y no ha logrado acumular suficiente riqueza y queda al borde de la ruina porque los bancos no le prestan y porque le caen encima todos los líos de los pequeños y los medianos, y todo eso va a volverse un delito en Colombia según el nuevo Código de Minas.

Y expertas. Otra discusión bien interesante. ¿Quién es más experto? Un asunto que sería bueno discutir.

“Integrar áreas”, una espada contra los pequeños y medianos

El proyecto habla de las “áreas especiales” y dice de manera textual que apunta a “evitar el fraccionamiento” para lograr integración vertical, propia del gran capital –una frase técnica para ilustrar fenómenos de gran producción–, para hacer explotación racional y además, lo dicen de frente, para hacer gran minería. Otra espada contra los pequeños y medianos. Agrega que hay que alargar la etapa exploratoria ocho años y dice que es un plazo “adecuado”, entre comillas, para la gran minería.

El proyecto afirma que hay que integrar las áreas, tanto las adyacentes como las no adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una empresa aquí, de cualquier tamaño, seguramente gran minería, y si al lado hay unos pequeños, yo puedo obligarlos a integrarse. Integrarse es otro eufemismo para que el grande se pueda absorber al pequeño en condiciones determinadas por el grande, y esto inclusive con áreas no adyacentes.

Podría suceder que en algún departamento donde haya mil minas relativamente pequeñas aparezca una gran empresa que adquiera una de esas pequeñas, como parece ser lo que se mueve en el caso de Marmato, en Caldas, que conozco más o menos de cerca, y entonces las obligue a todas a absorberse. En la racionalidad de la gran minería, eso es muy racional. Pero es probable que no lo sea en otros casos.

Hay otro punto en el proyecto, doctor Martínez, a mi juicio escandaloso, y es el caso del canon superficiario, una plata que en la minería hay que pagar distinta de la regalía, por el derecho a ocupar un área o a tener un derecho sobre un área. ¡Esto es increíble! Lo dice la Contraloría: el nuevo canon que está proponiendo el proyecto del gobierno le disminuye en 66% el pago por hectárea a la gran minería, mientras que se lo duplica a la mediana. Es bochornoso, ministro, senadores, porque los demás argumentos aquí expuestos ustedes me los podrán discutir y concluir que yo no abrigo la razón, pero que ustedes les cobren menos a los magnates del mundo, al señor Paul Getty, que a los pequeños y medianos mineros de este país, me parece absolutamente inconcebible.

Mi propuesta

¿Qué se debería hacer? Se debiera aprovechar esta reforma al Código Minero, frente al cual estamos todos de acuerdo en que es muy malo y en que hay que cambiarlo, para avanzar, diría, en por lo menos una dirección fundamental. El nuevo Código Minero debe atender las realidades de la minería toda, debe ser un Código que considere la gran minería, pero sin excluir al Estado de la posibilidad de explotar los yacimientos, bien sea mediante mecanismos de asociación o de participación directa. A mí me tienen que echar alguna teoría para explicarme por qué la Nación colombiana, que nos representa a los 42 millones, no puede estar en este buen negocio. O me van a echar el mismo cuento que están echando ahora con lo de Ecopetrol, que se la van a vender a los colombianos y entonces yo pregunto: ¿Y de quién es? Pues de los 42 millones de colombianos. Se la van a vender a cien o doscientas mil personas. ¿Y de cuando acá cien o doscientos mil es más que 42 millones?

Entonces, primero, debe ser un Código que integre todas las posibilidades, o sea, presencia del Estado, de un Estado empresarial, sí, porque si el negocio es bueno, por qué nos sacan a todos, por qué me sacan a mí de ese negocio, ¿a cuenta de qué? A cuenta de una ideología bastante barata por lo demás, que arguye que el Estado no puede participar en la economía, una teoría que no resiste análisis por ningún lado.

La gran minería, ya lo dije, por supuesto que puede estar, y como también lo dije aquí en este mismo recinto en una audiencia empezando el año, el capital extranjero sí, pero no así. Y debe haber un capítulo entero sobre la pequeña y la mediana minería, senadores, un capítulo entero, que considere sus problemas financieros y sus problemas tecnológicos, los problemas medioambientales, sus problemas de transporte, para que los atienda lo mejor que se pueda. No puede ser que el único ferrocarril que hay en Colombia lo monopolice el gran capital trasnacional, y la pequeña y mediana minería tenga que sacar su carbón en tractomula, casi como si estuviéramos en el siglo XIX. Aquí hay que mirar un cúmulo de aspectos, las tasas impositivas, las regalías, etc. Creo en resumen que hay que introducir en el Código un capítulo entero de protección de la pequeña minería. No puede ser que el Código proteja solo la gran minería, excluyendo a la pequeña.

Y plantearía varios puntos para la discusión, senadores de la Comisión Quinta. Pienso que hay que volver a mirar lo de las regalías. Para explicarles a los colombianos que nos están viendo, la regalía es lo que le pagan las empresas a la Nación por el recurso que está enterrado. La Nación colombiana es la propietaria del recurso, pero resulta que en el negocio del carbón, y en el del oro ni se diga, todo el mundo gana más que ella. Resulta mejor negocio sacar el carbón, mejor negocio transportarlo, mejor negocio embarcarlo, mejor negocio revenderlo, mejor negocio financiarlo, cualquier cosa es mejor negocio que ser el propietario del recurso.

Mirar lo de los impuestos, porque aquí el problema es que el State Take, es decir, lo que le toca al Estado, la suma de las regalías y los impuestos, es muy bajo. A uno le dicen: “No, es que la regalía es buena”, pero uno va y mira y no, y también mira los impuestos y resulta que son bajísimos, están llenos de exenciones tributarias, entonces por lo menos que nos sinceremos y que nos digan cuánto es el State Take en cada negocio, para ver si es verdad que están pagando renta del 36%, o las nuevas inversiones son con rentas inferiores a uno, a cero, o sea, son impuestos de renta negativos.

Analicemos lo del medio ambiente. El nuevo Código debe estipular normas serias sobre medio ambiente. No puede ser que las trasnacionales de la gran minería estén destruyendo la industria turística de la Costa Atlántica y aquí tengamos que quedarnos simplemente esperando a que cumplan o no cumplan con los planes de reforestación y eso no importe. Allá hay un problema gravísimo. O nos quedemos mirando lo que sucedió en Cúcuta, que nos tocó debatir en la Comisión Quinta. Alguien –esa es la teoría oficial– dinamita o le hace un hueco al tubo del oleoducto y se hace un reguero inmenso de petróleo que les crea un problema sanitario y ambiental gravísimo a las gentes de Cúcuta, porque la capital se queda más de dos semanas sin agua, y cuando vamos y miramos aparece evidente la negligencia de Ecopetrol. Ecopetrol no contaba con suficientes elementos de protección y de control. Y cuando yo digo por qué, los directivos de Ecopetrol y el propio ministro de Medio Ambiente me sacan una ley que dice que la gran minería y este tipo de negocios no responden por estos accidentes y están eximidos de cualquier responsabilidad.

No, yo aquí les hago un llamado muy cordial a los extranjeros que explotan minas o yacimientos en Colombia. No puede ser así. Esto no es una colonia del capital extranjero ni de ningún gran capital.

El Código debe crear una eficiente auditoría del Estado. Quisiera que este fuera un punto central, doctor Martínez, pongámonos de acuerdo, y establezcamos que en todos los proyectos de gran minería un buen tanto por ciento se gaste para financiar una fuerte auditoría del Estado. No es posible que las grandes empresas gasten una suma bien importante de sus utilidades o de sus costos para pagar auditoría procurando que los gerentes no se roben las empresas, y el Estado colombiano solo tenga por ahí tres o cuatro funcionarios con un lápiz bregando a hacer las cuentas para auditar negocios de tres mil millones de dólares. Aquí entonces nos pagan las trasnacionales lo que se les antoja y Colombia prácticamente no tiene derecho a saber si es verdad, por ejemplo, que el carbón que está saliendo es el que dicen ellas que está saliendo o es una cantidad diferente.

Miremos los derechos laborales. ¡No, señores del gran capital! En la gran minería los derechos laborales deben cumplirse de manera sagrada. Cómo así que mediante sistemas de contratistas no contratan directamente a los trabajadores para disminuirles los salarios y cercenarles los derechos laborales. O cómo así que hay actividades que producen enfermedades profesionales de extrema gravedad, que crean gravísimos problemas de columna vertebral, ahí están las estadísticas, y ellos se hacen los locos, y cuando los trabajadores reclaman, les inventan todo tipo de sofismas, porque se vuelve un crimen contraer una enfermedad profesional.

Concluyo proponiendo que aprovechemos esta reforma al Código, señor presidente, para cambiar en serio lo que hay y de paso hago un llamado cordial a los pequeños y medianos mineros: organícense, que mi experiencia aquí de cinco años me dice que quien no presiona y no se mueve no logra que sus derechos le sean reconocidos, y más sabiendo todos, como lo sabemos, que aquí en el Congreso de la República se mueve activamente la gran minería.

Mi sugerencia muy cordial es a los pequeños y a los medianos a que se organicen para que sus intereses sean debidamente considerados, no solo de oído, sino como un derecho. Y a los congresistas para que nos pongamos de acuerdo y aprobemos un Código que considere bien los intereses del Estado, los intereses de la gran minería y los intereses de los pequeños y medianos mineros.