Jorge Enrique Robledo, Periódico Polo, Bogotá, agosto 1 a 14 de 2008
Cada vez más personas hablamos del Ministerio de la Desprotección Social y sostenemos que la ley 100 de salud mata más que todas las violencias que enlutan a Colombia. Y no es para menos. Porque muchos colombianos no fallecen porque sus enfermedades sean incurables, sino porque las normas de la ley 100 les niegan el acceso a los médicos, las medicinas y los exámenes y procedimientos que podrían salvarlos. También es irrefutable que el ministro supuestamente encargado de velar por la salud y los derechos laborales hace exactamente lo contrario de lo que anuncia el nombre de su cartera.
Luego de quince años de expedida la ley 100 de 1993, hasta los más ingenuos de sus iniciales defensores han concluido que ella no se diseñó para atender bien la salud de los colombianos sino para atender bien el negocio financiero que algunos hacen con la salud de los colombianos, que no es lo mismo. El problema empezó porque la Constitución del 91 le abrió paso a la privatización neoliberal, de manera que los derechos ciudadanos se convirtieron en vulgares negocios y los pacientes o usuarios en clientes, concepción que le permite a un puñado embolsillarse como ganancias sumas enormes que en este caso deberían destinarse a la salud y la vida de la nación. Hay estudios que indican que las grandes sumas que el Estado y las gentes gastan en salud, que crecieron en 40 por ciento en términos reales con la ley 100, alcanzan para darle salud de alta calidad a la totalidad de los habitantes del país.
La ruina del Seguro Social y de las cajas de previsión también tiene origen en la ley 100, y la explicación es obvia: sin destruir esas entidades, que recibían las cotizaciones de todos los trabajadores, ¿de dónde saldrían los dineros que enriquecerían a los negociantes de la salud? Y algo parecido ocurre con la red pública hospitalaria, reducida al mínimo para facilitar otros negocios con la salud. No es casual, entonces, que el senador Uribe Vélez fuera el ponente de la ley 100 y que el presidente Uribe Vélez sea el sepulturero del Seguro Social.
Las inicuas condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que recuerdan la salvaje explotación de los inicios del capitalismo y que tan negativamente afectan la calidad de la atención a los pacientes, también son inherentes a la ley 100, porque en ellas se originan las ganancias de los pocos que se aprovechan de la privatización. La salud de alta calidad se imposibilita por el maltrato laboral de los que deben garantizarla.
En consecuencia, solo habrá buena salud para todos el día en que la resistencia civil derogue la Ley 100 y establezca en la Constitución que no habrá intermediarios financieros propiciando la enfermedad y la muerte de los colombianos.
