Juan Pablo Fernández M.
@FernandezMJP
En el país existen más de cinco mil estaciones de servicio, o bombas de gasolina como se les llamaba antes. Este es un sector de clase media empresarial donde el 80 por ciento de los propietarios tiene una sola estación con inversiones que oscilan entre $550 mil y $1,56 millones de dólares (2016). Abundan los ejemplos donde pasan dos y más décadas para que quien arriesgó su capital, en la mayoría de los casos familiar, logre pagar las deudas dejadas por el montaje de la estación. Estructura de propiedad que se contrasta con el poder de las mayoristas, casí todas ellas multinacionales, donde solo tres (Terpel-Exxon Mobil, Brio-Biomax y Chevron) dominan el 86 por ciento de este segmento del mercado.
Hasta 2005 existía una especie de línea divisoria en la actividad: los grandes capitales al sector mayorista y los de pequeño y mediano tamaño al minorista. Ese año el gobierno Uribe expidió el Decreto 4299, que Santos mantiene vigente, donde se le obliga al eslabón débil de la cadena a tener un contrato de suministro exclusivo (abanderamiento) con las compañías del mayoreo, quitándoles a las minoristas cualquier instrumento de protección ante el poder de los mayoristas. ¿Es promotora de la competencia una disposición legal que obliga a tener un solo proveedor y a amarrarse a este por lustros? Evidentemente no. El desequilibrado poder en favor de las multinacionales y la no prohibición de la integración vertical facilitan el establecimiento de contratos leoninos a los que las autoridades no les regulan las claúsulas para proteger a la parte débil, como sí sucede en otras actividadades. Además, en paralelo se han expedido normas técnicas que todos los minoristas, sin distingo de su tamaño, deben aplicar por igual.
La elevación de los requisitos técnicos se vienen usando como un mecanismo de intervención del gobierno que favorece a la parte poderosa del negocio. Su implementación les significa a los propietarios tradicionales inversiones que los pueden llevar a la ruina y su incumplimiento les acarrean cuantiosas sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que se autodenomina arbitro imparcial, pero es un agente que al negarse a distinguir entre poderosos y débiles y al aplicar las leyes sin criterios de diferenciación democráticos y nacionalistas construye un proceder que beneficia al de mayor dotación de capital. Falsa neutralidad que profundiza la desigualdad empresarial, bien escándalosa en Colombia (http://bit.ly/2g9Flca).
Como ejemplo de un mercado en creciente concentración, cosa promovida por las decisiones del alto gobierno, sobresale la compañía extranjera Terpel, que con la reciente compra de las operaciones de distribución de combustibles de Exxon Mobil, ya controla el 65 por ciento del mercado y posee una red de 2.860 estaciones, entre propias, franquiciadas y abanderadas. Terpel tiene, en una situación muy propia del capitalismo de los trust, el respaldo del sistema financiero que en la búsqueda de rentas monopólicas le provee la financiación necesaria para acaparar todos los eslabones de la cadena.
Las ventas de Terpel, sin contar las de Exxon, ascienden a $5.182 millones de dólares. Su accionista mayoritario es Copec, grupo chileno con un patrimonio bursátil de US$11.134 millones que cuenta con el respaldo de los bancos más grandes de América Latina y del mundo ‒BBVA, Bancolombia, Scotia Bank, el BID, Jonh Deere, Banco Itaú, JP Morgan, HSBC, Santander Invesment, Sumimoto Mitsui, Sociate Generalé, Nassau, etc‒. Entre los otros accionistas están Morgan Stanley (banco de inversión, empresa número 86 del mundo y que vale $53.700 millones de dólares), CP Val (fondo privado de inversiones propiedad del Grupo CrediCorp, principal grupo financiero del Perú que maneja operaciones por más de $100.000 millones de dólares) y a don Luis Carlos Sarmiento Angulo.
El gobierno justifica su política con el falaz argumento del beneficio del consumidor. Con las trapisondas de los mayoristas, respaldados por las políticas nacionales, hoy pierden los minoristas, pero mañana lo haremos todos los colombianos. Una vez las multinacionales consoliden poderes monopólicos los emplearán para desplumar a los consumidores.
La política del gobierno está transformando la propiedad y la distribución de los beneficios de la distribución minorista de combustibles. Se está pasando de un sector donde coexisten pequeños y medianos con grandes capitales a uno donde los únicos mandamases son gigantestos consorcios ligados al sistema financiero global. Antes una familia de clase media dueña de una bomba de gasolina podía usarla como vehículo para prosperar y satisfacer sus necesidades, ahora se le relega al papel del expoliado, o como dijo un Juez de la República, a la “esclavitud negocial.”
Como cereza del pastel contra los propietarios de las bombas, la Reforma Tributaria elimina el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, donde la base de liquidación de las obligaciones tributarias ya no será el margen como comercializador minorista multiplicado por los galones vendidos, sino las ventas totales. Pagarán impuestos sobre impuestos y crecerá la base gravable de los tributos nacionales y territoriales. Otra razón más para hundir la Tributaria.
Las decisiones del actual y de los pasados gobiernos promueven una operación de concentración de la riqueza y vuelven a la competencia no en un instrumento para la innovación y creación de nuevos nichos de actividad económica sino en un medio para crear monopolios mundiales, los cuales controlan en forma ascendente las cadenas de producción y distribución para ponerlas al servicio de la especulación financiera. Estas son las realidades a las que se enfrentan los minoristas. Como lo explica el senador Robledo: en el país existe una política para suprimir la existencia de la clase empresarial nacional (http://bit.ly/29XCSRq).
Bogotá, 5 de diciembre de 2016
