Oficina de prensa del Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, junio 6 de 2007
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, debe admitir la responsabilidad política por las interceptaciones ilegales hechas desde hace dos años a centenares de ciudadanos, incluidos congresistas de oposición y periodistas, “o bien porque sabía, o bien porque no sabía”, afirmó Jorge Enrique Robledo, citando al senador Parmenio Cuéllar, al pedirle hoy al Congreso en pleno que vote positivamente la moción de censura al alto funcionario.
Ha pasado más de un mes desde que la revista Semana, la víspera del día en que fueron recluidos en La Picota varios congresistas y ex congresistas del parauribismo, le reveló a Colombia lo de las interceptaciones, y esta es la hora en que el ministro no ha dado aún respuesta alguna a cruciales interrogantes, denunció el vocero del Polo Democrático Alternativo (PDA) en el Senado. ¿Quiénes fueron las personas a quienes se les “chuzaron” los teléfonos? ¿Quién dio la orden? ¿En beneficio de quién se hicieron?
Hay otras preguntas no resueltas por el doctor Santos, dijo Robledo. Las 8.000 horas de grabaciones fueron hechas por la Dirección de Inteligencia de la Policía, pero ¿hubo confabulación con equipos de agencias extranjeras y con el concurso de al menos un par de sus miembros, tal como lo denuncia el diario El Tiempo? ¿Qué papel tuvo la CIA? ¿Qué fue lo que perturbó al gobierno para llevarlo a destituir a doce generales de la Policía? ¿Que se haya grabado a los presos en Itagüí? ¿Que se haya grabado ilegalmente a cientos de miembros de la política, el periodismo, y de varios estamentos sociales? ¿O que se hayan conocido las interceptaciones ilegales?
Señaló que el ministro Santos no es una garantía para el país por su talante antidemocrático y porque fue capaz de urdir actividades conspirativas, como lo prueba el hecho de haber apoyado el golpe de Estado contra el presidente Chávez y de haberse reunido, sin autorización legal y sin ser coartado por nadie, con todas las organizaciones ilegales en Colombia para derrocar al presidente Samper.
Interceptar sin orden judicial las comunicaciones de la gente es un delito grave, y las explicaciones que ha dado el gobierno demuestran que para Uribe Vélez se trata de un asunto normal, como lo pone de manifiesto la amenaza velada que el Presidente lanzó contra la oposición al revelar que tenía pruebas de inteligencia militar y policiva sobre los adversarios del TLC, “que no se cuidan tanto como creen cuidarse”. Robledo se preguntó: “¿De qué debemos cuidarnos, señor Presidente?”
El vocero del PDA exigió que el próximo miércoles 13 la votación sea secreta, porque de lo contrario los congresistas estarían sometidos al látigo del presidente Uribe.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR ROBLEDO EN LA MOCIÓN DE CENSURA AL MINISTRO SANTOS, CONGRESO EN PLENO, 6 DE JUNIO DE 2007: El ministro Santos está en el deber de renunciar bien porque sabía o bien porque no sabía
