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El gobierno es el responsable, en cabeza del presidente de la república

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en nombre del Polo Democrático Alternativo, sobre los decretos de Emergencia Social en el caso de las pirámides, plenaria del Senado, 16 de diciembre de 2008. Sobre este caso de las pirámides y la situación del gobierno, lo primero es señalar que estamos ante pérdidas enormes, descomunales. Ojalá me […]

Hace 9 años

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en nombre del Polo Democrático Alternativo, sobre los decretos de Emergencia Social en el caso de las pirámides, plenaria del Senado, 16 de diciembre de 2008.

Sobre este caso de las pirámides y la situación del gobierno, lo primero es señalar que estamos ante pérdidas enormes, descomunales. Ojalá me equivoque, pero pienso que esa plata se perdió en proporciones inmensas, aun cuando el gobierno insinúe que va a aparecer, una vez la gente muestre la cédula y firme unos papeles. No puedo creer en eso, y ojalá me equivoque, pero la plata se desapareció en proporciones bien grandes. Habrá que esperar a ver qué termina de suceder.

Lo segundo es señalar que no son solo los casos de DRFE y DMG, como piensan muchos colombianos porque es de esas dos entidades de las que más se habla. Aquí estamos hablando de un número grande de empresas, incluso centenares, que funcionaron con la lógica de captar dineros del público para pagarles altos intereses. Y no se puede perder de vista que muchas de estas entidades operaron durante meses o incluso durante años. Estos son a mi juicio los tres primeros elementos que hay que tener en cuenta en el análisis. Repito, montos inmensos de pérdidas para miles o hasta para millones de colombianos; centenares de empresas operando y durante muchísimo tiempo.

La situación no solo ha golpeado duramente a los colombianos involucrados en ellas, sino que ha generado en ciertas regiones del país una crisis económica de proporciones sumamente graves, en la medida en que las consecuencias indirectas de la tragedia afectan a mucha gente, a comerciantes, a transportadores, con actividades económicas ligadas a la capacidad de compra de los compatriotas que invirtieron sus ahorros en estas empresas. Tanto más graves si a ello se le suma la desaceleración de la economía colombiana, que empezó desde finales del año pasado, antes de la crisis mundial, y que tiene a nuestra economía creciendo a menos de la mitad del año pasado. Y si también se le agrega la crisis económica norteamericana y mundial, que va a golpear durísimo a Colombia, algo así como la sal en la herida, tenemos que aquí se configura un fenómeno económico y social de proporciones supremamente grandes.

Con respecto a las responsabilidades, que es en buena medida la base de esta discusión, aparte de quienes hayan actuado por fuera de la ley como captadores de recursos, aquí hay una responsabilidad inmensa que recae sobre el gobierno nacional, sea como fuere que se analice. Y la situación es bien simple, senadores y colombianos: o esas empresas eran ilegales desde el primer día y desde el primer día el gobierno ha debido intervenirlas para impedir que operaran captando dineros del público y reducir al mínimo las pérdidas. O las captadoras eran legales y el gobierno no ha debido intervenirlas, sino dejar que siguieran funcionando por sécula seculórum, como se dice, y otra situación ocurriría hoy. Pero en todo caso, sea por omisión o por acción, la responsabilidad principal en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la cosa pública le corresponde al gobierno nacional de Colombia.

Y dentro del gobierno nacional ¿a quién? ¿Quién es el responsable principal? ¿El superintendente financiero, el ministro de Hacienda, el propio señor presidente de la República? De acuerdo con la Constitución, ley de leyes, la responsabilidad principal le cabe personalmente al doctor Álvaro Uribe Vélez. Invito a cualquier colombiano que nos escuche a que lea el artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, que de manera absolutamente precisa señala entre los deberes del presidente de la República ejercer vigilancia y control sobre las personas que manejen recursos captados del público, que es el caso que de una manera u otra se configura aquí. Es de la responsabilidad personal del presidente de la República, que la puede delegar, como en efecto la delega en el superintendente financiero.

Lo otro que se discute es si en Colombia había normas para atender la captación masiva de dineros del público o si se necesitaba declarar la Emergencia Social para hacer la intervención que finalmente se hizo, luego de meses y de años de estar operando abiertamente esos negocios. También se puede demostrar que existían normas legales, anteriores a la declaratoria de la Emergencia Social. Voy a mencionar solo el decreto 2920 de 1982, de hace 26 años, que en uno de sus artículos reza: “Quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de dos a seis años”, que era lo que sucedía con las pirámides, que captaban ahorro público sin previa autorización de las autoridades competentes. Luego ni siquiera había que demostrar que la plata se la estaban embolsillando o robando o despilfarrando ni nada, sino que el simple hecho de captarla, así fuera para las causas más nobles y sin que se hubiera perdido un peso, configuraba la ilegalidad. Luego el gobierno no puede argüir aquí que carecía de instrumentos suficientes para hacer la susodicha intervención. Es más, la intervención de DRFE se dio unos días antes de la declaratoria de la Emergencia Social. Luego también por este lado le corresponde de manera completa la responsabilidad al gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez.

En medio de los debates he oído una afirmación que me ha molestado mucho. Y encuentro que entre las barras bravas uribistas, porque en el uribismo hay gentes sensatas y hay barras bravas, se ha levantado la tesis de que esos colombianos se la tienen merecida. Que chupen por ambiciosos o por bobos o por semicorruptos, dicen estos uribistas. Si pusieron la plata ahí, que paguen, porque el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Me parece el colmo de la desconsideración con unos compatriotas honrados y trabajadores que lo que hicieron fue ejercer una actividad diría que normal en un país como Colombia, y es que cogieron sus pesos, sus ahorros, y buscaron colocarlos donde les rentaran mejor. Y cuando salen a buscar dónde colocarlos para buscar una óptima rentabilidad, se encuentran con unos edificios a la luz del día, con enormes avisos, muchos con luces de neón y policías parados en la puerta cuidando las colas para que no se armara desorden, instituciones a las que además se les cobraban impuestos por las utilidades que recibían. Ahí estaba la DIAN haciendo los cobros respectivos en empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio. Y apenas natural que gentes buenas, que presuponen la honradez y la rectitud de los demás ciudadanos y quienes presuponen que hay un Estado que les protege sus intereses, asumieran que esas actividades eran legales. Les pregunto a los senadores: por qué debería doña Pepita o doña Juana o don Pedro pensar que fueran ilegales, si se hacían a la vista del público, con la policía cuidándolos y con la DIAN cobrándoles impuestos.

Incluso el 12 de noviembre, cuatro días o cinco días antes de la intervención, y este es uno de los aspectos más dolorosos, el señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, comentando la crisis financieras de Wall Street y las pirámides que ocurrieron allí, fue capaz de llamar a los inversionistas de Wall Street, a las víctimas de las pirámides de allá, a decirles que “hay una esquina segura para invertir, que es la esquina norte de América Latina, que es Colombia (…) que traigan esa platica para acá, que aquí les queda bien invertida, les queda segura”. Y esto lo dice la semana anterior a la intervención. Son hechos que están allí, que no se pueden ocultar de ninguna manera, cuando ya el jefe del Estado sabía lo que estaba ocurriendo. Y lo sabía desde mucho antes, porque estas son las famosas pirámides de Ponzi, como bien se conocen en la jerga financiera internacional, unas especies de cadenas en que al final de una u otra manera la burbuja se termina reventando o sola o porque la revientan, como ocurrió en Colombia.

Según nuestra lógica, la lógica del Polo Democrático Alternativo, no se necesitaba de la Emergencia Social para haber intervenido oportunamente las pirámides, que es el origen de todo este enredo. Si esas empresas se hubieran intervenido desde el comienzo, las pérdidas habrían sido relativamente pequeñas, reducidas tan solo a unos cuantos compatriotas y no asistiríamos a este horror masivo, multitudinario, que estamos presenciando. Debo además decir que la Emergencia Económica para lo único para lo que ha servido realmente es para tender una cortina de humo y hacer creer que sí se necesitaban nuevas normas para hacer la intervención.

Pero en lo que tiene que ver con el sufrimiento de la gente, de las decenas o centenares de miles de familias arruinadas por culpa del propio presidente de la República, el gobierno no toma ninguna medida que realmente apunte a solucionar el problema. Cada vez que leo las medidas que plantea el gobierno nacional, eso de aumentar las Familias en Acción en unos números, o bajar un poco las tarifas de la energía eléctrica, o unos créditos de la banca de oportunidades, lo que descubro es que no son medidas para auxiliar a los arruinados, sino para meterles el cuento a los demás colombianos, a los que no perdieron la plata allí y no conocen en detalle qué está sucediendo, de que el gobierno sí es muy diligente para ayudarles a esos compatriotas. ¡Tras la irresponsabilidad, la demagogia!

Insisto por último en lo que planteé antes y que aquí ratifico: la responsabilidad primaria es del doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero como en Colombia no se estila que el presidente de la República renuncie, así se caiga el mundo, uno pensaría, doctor Óscar Iván Zuluaga, que usted, como ministro de Hacienda, en un gesto de pedirles perdón a los colombianos y de asumir algún tipo de responsabilidad, debiera renunciar esta tarde y decir que esa es la manera como el gobierno nacional asume la culpa, por omisión o por acción.