Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre el caso Carimagua, plenaria del Senado, 11 de marzo de 2008.
Lo invitamos a escuchar el audio de la intervención, haga clic aquí: El ministro Arias debe renunciar porque viola la Constitución y la ley
La lesiva política oficial afecta a todo el agro. No es un debate del Polo contra el empresariado rural. Por un desarrollo agropecuario de tipo dual. El sesgo antiagrario de las políticas uribistas. Aumenta la concentración de la tierra. Los desplazados, los más pobres entre los pobres. Carimagua y la investigación científica. Un negocio para uno solo. Contrato a cien años y lleno de gabelas. Se cambió ilegalmente la destinación. Podrían configurarse tres delitos: prevaricato, fraude a resolución judicial y peculado por destinación. Siete mentiras. El poder de las roscas: repudiables favoritismos. El modelo malayo. Lo que el ciudadano Arias piense no lo puede hacer el ministro Arias. Carimagua no es una excepción sino un modelo. El ministro Arias debe renunciar.
Antes de entrar en materia, un par de cuñas, ministro Arias. El próximo 31 de marzo va a haber una toma pacífica de Montería, organizada por varios miles de campesinos cordobeses a quienes se les inundaron las tierras en el último invierno y esta es la hora en que no han recibido la debida atención. Hay una situación de calamidad pública que debiera ser atendida con seriedad por el gobierno nacional. Esperemos que la movilización no sea necesaria, por si las cosas se arreglan antes, pero si se da, pido que se le otorguen todas las garantías a esa justísima protesta.
La lesiva política oficial afecta a todo el agro
Lo segundo es contarle, señor ministro, que se están reventando los cafeteros colombianos. Están viviendo una situación calamitosa, y esto, además, en momentos en que tenemos café a 1,70 dólares la libra o más, un precio, no digamos que de maravilla, pero sí mejor que el de muchos años. Están ustedes logrando la hazaña de que los cafeteros colombianos se revienten con café en el mercado internacional a 1,70 dólares, un fenómeno resultante de dos problemas que el gobierno nacional no resuelve y que debiera resolver. Uno, el de la reevaluación de la moneda, que afecta durísimo a los exportadores. Y dos, el del escandaloso aumento en los precios de los fertilizantes, que está arruinando no solo a los cafeteros, sino a todo el sector agropecuario. Urge brindar salidas, porque la situación es supremamente mala.
La crítica situación del agro se refleja en unos cuantos hechos muy fáciles de observar. El primero, el aumento de las importaciones agropecuarias. En el año 2003, empezando el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, se importaron casi seis millones de toneladas de alimentos. En 2006 se importaron 7,7 millones y el año pasado se importaron más de ocho millones. Estamos ante un proceso sistemático de sustitución de trabajo nacional por trabajo extranjero, que se paga con pobreza y con hambre en las zonas rurales de Colombia. Esta es a mi juicio la prueba reina del desastre de la política agropecuaria. Porque si en el mundo de la globalización, el que ustedes han impuesto, no resulta competitivo el agro colombiano, estamos en el peor de los mundos. Y no es competitivo no porque no haya tierras, que las hay en abundancia, ni porque no haya trabajadores o productores inteligentes, sino por las pésimas políticas que se vienen adelantando. Es tal el desastre agrario, que hay más de 14 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola de buena calidad y apenas se están usando un poco más de 5, lo que quiere decir que hay 9 millones de hectáreas de tierra de calidad agrícola adecuada destinadas a otras cosas con menores niveles de productividad. Vivimos en un país donde, por culpa de la política oficial, se está remplazando el trabajo nacional por el trabajo extranjero, a pesar de que existen los productores –empresarios, campesinos y jornaleros– y las tierras suficientes para tener una política de autosuficiencia alimentaria.
En el proceso de deterioro de las condiciones de vida de los colombianos, supremamente grave y que está en el fondo del debate, quiero hacer especial mención a la pobreza del agro nacional. Aquí no analizamos solamente el caso de Carimagua, sino también qué tipo de sociedad es el que se está constituyendo. ¿De qué sector rural estamos hablando? El Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Universidad Nacional señala que para el año 2004 se encuentra en la pobreza el 90% de los habitantes de las zonas rurales. La Cepal dice que en el sector rural la indigencia supera el 30% de los habitantes, la desnutrición crónica supera en todos los niveles el 15% y la desnutrición crónica de los ciudadanos entre los 10 y los 17 años supera el 24%. Estamos hablando entonces de un sector agropecuario que padece lo indecible por la violencia, por la pobreza, por la miseria y por todo tipo de tragedias, que no son de ahora, por supuesto, pero que sin duda se mantienen con la política del actual gobierno.
No es un debate del Polo contra el empresariado rural
El debate que está hoy impulsando el Polo no es contra el empresariado rural. El Polo Democrático Alternativo cree que el empresariado rural debe jugar un papel positivo en el desarrollo del país. Creemos en la existencia de ese empresariado. Buena parte del debate del Polo en contra del TLC con Estados Unidos apunta a que no solo va a sufrir la producción campesina e indígena, sino también la empresarial, algunas veces probablemente más que la de otros sectores. La defensa de los productores nacionales no solo expresa una concepción teórica. Tiene que ver, en mi caso, con toda una vida de lucha en el sector agropecuario. Por ejemplo, en la Unidad Cafetera, donde estuvimos con algunos de ustedes y que presidió el inolvidable Fabio Trujillo Agudelo, uno de los más importantes empresarios cafeteros de este país, con quien adelantamos esa lucha. O en la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, agremiación que preside el doctor Ángel María Caballero, importante arrocero del Tolima. Luego aquí no estamos casando un pleito ni planteando que haya economía campesina para que desaparezca la economía empresarial. No es esta la discusión que estamos haciendo. Vamos a adelantar un debate particular sobre el caso Carimagua, con las implicaciones que tiene. Un debate, por supuesto, a favor de la economía campesina y a favor de la pequeña y mediana producción empresarial, porque aquí existe, además de una política sesgada a favor de un determinado sector, una política de índole plutocrática y de concentración de la riqueza absolutamente escandalosa. Tanto como sufren los campesinos, en muy buena medida sufren los pequeños y los medianos empresarios, que aun cuando funcionan con mano de obra asalariada no disfrutan de las gabelas que recibe el sector plutocrático de la economía nacional. Y cuando hablo de plutocrático, me estoy refiriendo al sentido etimológico de la palabra, al gobierno de los ricos, pero de los monopolios y las trasnacionales, a la gran concentración de la riqueza en detrimento de la economía nacional, sea campesina, sea indígena, sea de pequeños y de medianos empresarios.
El Polo Democrático, por un desarrollo agropecuario de tipo dual
Me propongo centrar mucho el debate en una idea tremendamente plutocrática y retardataria que el ministro de Agricultura ha defendido muchas veces. Sostiene él en los hechos o de manera taimada que solo se les ayuda a los débiles y a los pobres si se respalda a esa plutocracia de monopolistas, de forma tal que del banquete de la mesa henchida de esa plutocracia alguna cosa caiga en la escudilla de los pobres. En buena medida ese es el centro del debate. Mientras nosotros estamos planteando un modelo de desarrollo agropecuario de tipo dual, donde hay empresarios medianos y pequeños pero también producción campesina, el que encarna este gobierno descansa en la lógica plutocrática de enchapar literalmente en oro a sectores sumamente reducidos pero supremamente ricos de la economía, con la tesis que si ellos son felices, la felicidad se extenderá a los más pobres, no haciéndolos propietarios, sino por la vía, como muy bien lo dijo la senadora Cecilia López en su excelente exposición, de convertirlos en peones de los plutócratas.
De aquí se desprende un debate de fondo sobre el modelo económico nacional. Y hago desde ya la advertencia. Lo que plantea la Constitución de la República de Colombia es un modelo de desarrollo agrario dual, en el que el Estado colombiano tiene la obligación de respaldar la producción empresarial, como también la producción campesina e indígena, así sea de los pequeños y así funcione con una racionalidad distinta a la de los monopolios y las trasnacionales.
El sesgo antiagrario de las políticas uribistas
Le pregunté al ministro de Agricultura: ministro, demuéstreme si hay o no concentración del respaldo del Estado colombiano a cierto tipo de productores agropecuarios. Como me suele suceder con el doctor Arias, me evadió la respuesta. No me dio ninguna cifra. Dije un día en un debate en la Comisión Quinta que al doctor Arias había que sacarle las cifras bajo tortura. Pues bien, doctor Arias, usted no me dio las cifras, pero yo me las conseguí por otro lado. Y le puedo señalar unas cuantas que evidencian el sesgo antiagrario de la propia política agropecuaria. Y en esto les hago un llamado a los dirigentes gremiales, tan afectos al gobierno, para que miren cómo en sus narices hay un sesgo antiagrario en la política económica. La manera de demostrarlo es muy simple: el Producto Bruto Interno Rural contribuye con el 11% del total del producto del país. Sin embargo, del total de los créditos, el que va al agro no es el 11%, como le correspondería, y ni siquiera la mitad. Es apenas menos del 3%. Esa sería una lucha interesante de dar para que desde ahí se empezaran a corregir los sesgos antiagrarios.
En el caso del crédito Finagro, datos que tampoco nos dio el ministro, encontramos cien mil créditos con un promedio de dos millones cada uno, un promedio bajísimo, y en contraste, 70 créditos, cada uno por encima de los tres mil millones de pesos y con un promedio de 5.924 millones de pesos. Un caso clásico de concentración del crédito entre un número ínfimo de productores. Repito, 70 productores agropecuarios gozan de créditos de 6 mil millones de pesos en promedio, mientras que cien mil productores agropecuarios apenas reciben créditos de dos millones de pesos en promedio. ¿Y el crédito Agro Ingreso Seguro? El doctor Arias se ha recorrido el país haciendo todo tipo de ostentaciones con los créditos y con todo lo que tiene que ver con la política mal llamada de Agro Ingreso Seguro. Pues bien, allí la concentración es la misma. En 11.500 créditos menores de cinco millones, el promedio es de 2,25 millones de pesos, suma absolutamente insignificante para cualquier desarrollo productivo que valga la pena. Pero hay 17 créditos por encima de tres mil millones de pesos, con un promedio de 4,3 mil millones de pesos. Estas son las cifras de la concentración del crédito. No pude conseguir, porque cómo será el escándalo, señor ministro, las de la capitalización rural. ¡Cómo serán las cifras que tendremos que encontrar algún día!
Concentración de la tierra llega a extremos aberrantes
La proverbial, la vieja concentración de la tierra, que explica muchas de las tragedias nacionales, lejos de corregirse se ha venido agravando en la etapa del modelo neoliberal. En 1996 había dos millones de predios entre cero y 20 hectáreas y participaban con el 13% del total del área agropecuaria. Siete años después, en 2003, esos predios aumentaron en trescientos mil, pero disminuyeron al 9% su participación en el total del área. Lo que hay entonces es un proceso de deterioro del área de las propiedades pequeñas y medianas, que precipita en la pobreza a la población. Y en contraste, ¿qué tenemos en el otro extremo de la propiedad rural? Que las propiedades mayores de quinientas hectáreas, 7.500 en el año 1996 y que participaban con el 44% de la propiedad rural, se convirtieron en 10.140 y ahora participan con el 63%. En un extremo dos millones y medio de pequeños propietarios con menos del 9% del área rural y en el otro diez mil propietarios con el 63%.
¡Este también es, ministro, el debate sobre Carimagua! Usted dirá que esto no importa, porque esos pobres estarán bien para que terminen de peones de los grandes propietarios. Pero hay otros que tenemos una idea diferente. (Alguien interpela: “¿De quién son las estadísticas?”) De Luis Jorge Garay. No sorprende que las estadísticas sean bastante malas, y ese es parte del problema, en un país en donde han echado literalmente de su cargo a dos jefes del DANE porque las cifras no complacieron al gobierno. Pero sí hay un hecho en el que es fácil coincidir: el agravamiento de la contradicción latifundio-minifundio es por completo evidente.
Los desplazados, los más pobres entre los pobres
¿Quiénes son los desplazados? Las cifras cambian. El gobierno habla de medio millón de colombianos, mientras que Codhes, una de las instituciones que más ha trabajado con ellos, habla de 4,2 millones, de ellos 1.700.000 en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de un problema de una gravedad y un dramatismo impresionantes. Esos desplazados son los más pobres entre los pobres de la ruralidad colombiana y el país. Y ojo con esto, senadores: la Corte Constitucional ha establecido que es tal el maltrato a estos compatriotas que existe un “estado de cosas inconstitucional”. En otras palabras, todo lo que rodea a los desplazados está por fuera de la Constitución. Y ha señalado también que de acuerdo con la Constitución y con las leyes, los desplazados deben tener un trato preferente, que ha de incluir la restitución de las viviendas y del patrimonio, como también la restitución de las tierras que les hayan sido arrebatadas ilegal y violentamente. La Constitución y la ley señalan, entre otras cosas, que a esos compatriotas hay que restituirles las tierras que perdieron en el proceso del desplazamiento. Vamos a ver cómo el ministro Arias evade el mandato constitucional de manera sistemática.
La política del gobierno nacional con respecto a los desplazados y al caso de las tierras avergüenza sin duda. Si es verdad, como lo aduce el gobierno, y no lo es, que los desplazados son quinientos mil, apenas les han dado tierra a unos 4.500, menos del uno por ciento. Si hiciéramos el ejercicio de compararlos con el 1.700.000 desplazados de que habla el Codhes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, resultaría que les han dado tierras a menos del 0,3%. Y si abarcáramos a los más de cuatro millones de desplazados, el porcentaje sería algo así como el nada por ciento. La cifra sería tan ridícula que no valdría la pena mencionarla.
Carimagua y la investigación científica
Entremos en materia. Lo primero, no comparto que se haya tomado la decisión, a mi juicio el primer disparate de este gobierno, de despresar a Carimagua, en su momento el más grande centro de investigación de América Latina. Carimagua ha debido mantener esa función. Es importante que los países tengan centros de investigación y no menos importante que se investigue en serio sobre la Orinoquia colombiana, una zona en la que probablemente algún día Colombia va a tener un desarrollo agropecuario inmenso, por supuesto con mucha más investigación. Luego es una especie de mezquindad coger un centro de investigación de ese calibre para hacer cualquier cosa diferente con él. Peor aún si lo que se decide hacer es el proyecto de tipo plutocrático que estamos denunciando. Más que de un error, estaríamos ya hablando casi de un crimen.
Un negocio para uno solo
El doctor Álvaro Uribe Vélez se hizo elegir con el cuento de que iba a hacer de Colombia un país de propietarios –recordemos cuántos votos se consiguió con ese cuento–, y lo que tenemos aquí es el caso clásico de un proceso en el cual el Estado colombiano actúa como Robin Hood pero al revés. Recordemos que Robin Hood les quitaba a los poderosos para entregarles a los débiles y aquí lo que vemos es un gobierno que les quita a los débiles para entregarles a los poderosos. Cuando empezamos estas discusiones, yo decía que les iban a escamotear la tierra a ochocientas o mil familias para dársela a cuatro o cinco. No. Estaba equivocado, no es para dársela a cuatro o cinco familias, es para adjudicársela a una sola persona. El proyecto era entregarle las 17 mil hectáreas a un solo gran empresario. No eran las 17 mil hectáreas para 17 empresarios de a mil hectáreas, o a 34 de a quinientas, o de a cien un número mayor. No, era todo para uno solo. Uno solo que tenía que cumplir con dos requisitos para empezar: mínimo, detentar un patrimonio neto de quince mil millones de pesos, que muy pocos lo tienen, y demostrar además ingresos por negocios agropecuarios en los últimos siete años iguales o superiores a cincuenta mil millones de pesos. Para darles una idea a los colombianos de cuántos son cincuenta mil millones de pesos, les cuento que si cogemos a los senadores de Colombia, que no ganamos poquito, y sumamos todos nuestros sueldos, para llegar a cincuenta mil millones de pesos necesitamos más de doscientos años de trabajo en el Senado de la República. Estamos hablando entonces de unos plutócratas de los de verdad, no de esos ricos medianos que hay también en Colombia y que a veces se esponjan como pavos reales. Son muy pocos los colombianos que podrían participar en este negocio. Se trata de una tierra que ni siquiera tendrían que comprar, pues es el caso clásico del negocio que se monta con la cédula. Sacan ellos su declaración de renta y si demuestran esos ingresos, les entregan las tierras.
No se llama alquiler, pero digamos para no enredar las cosas que es algo parecido a un alquiler. 17 mil hectáreas por 250 millones de pesos durante los primeros diez años, que da algo así como catorce mil pesos por hectárea al año y equivale aproximadamente a mil pesos por hectárea al mes. Yo pregunto: en Colombia cuántos desplazados consiguen que alguien les arriende tierras, así sean las peores, señor ministro, a mil pesitos la hectárea al mes. Otro gallo cantaría en este país si otro fuera el tipo de realidad. Pero además, a ese inversionista no solo le dan esa gabela de arrendarle a menos precio la propiedad del Estado, sino que lo cubren con muchas otras.
Contrato a 50 años y lleno de gabelas
Veamos algunas: el contrato es a cincuenta años, pero puede prorrogarse indefinidamente. Algún senador de los que conocen me dijo, senador Robledo, un contrato a cincuenta años prorrogable a otros cincuenta y más quiere decir que el Estado perdió en últimas la propiedad sobre ese bien. Puede haber además un contrato de estabilidad jurídica que proteja al inversionista de cualquier modificación de las leyes. Puede montarse una zona franca especial, que no paga renta de 33%, sino de 15, y si el beneficiado logra convertir en exenciones algunas de sus inversiones paga impuesto de renta solo de 9%, mientras que cualquier asalariado paga impuestos de IVA bastante más altos. Tiene derecho a todas las gabelas existentes para el sector agropecuario y en particular para el sector palmero, de Agro Ingreso Seguro, del incentivo a la capitalización rural y de créditos más baratos. Y ojo con esto: puede cruzar las deudas contraídas por el arrendamiento –es el nombre que le he dado– con los subsidios que le otorga el Estado y descontar. Podría terminar sucediendo que no pagara arriendo alguno por las tierras porque lo terminara cancelando con la plata de los subsidios. Aún más. Si hay imprevistos, puede cambiar el monto del compromiso y también la destinación del predio, por lo menos parcialmente, y dedicarlo a otras actividades. Y recibe las gabelas de que disfrutan los palmeros, entre ellas, rentas exentas por diez años. Dejo sentada entonces cuál es la tesis. Se trata de un supernegocio montado para un superplutócrata con todo tipo de gabelas, sobre una propiedad pública entregada a menos precio, unas tierras que les quitaron a 700 ú 800 ó mil desplazados para favorecer a estos Robin Hood que actúan al revés.
Se cambió ilegalmente la destinación
¿Cuál es la legalidad de este proceso? Aquí enfrentamos dos discusiones, una sobre la conveniencia y otra sobre la legalidad. En la parte de la legalidad voy a citar en extenso al Procurador General de la Nación en el documento que le envió a este Congreso. No voy a exponer lo que opina el senador Robledo, sino lo que conceptúa el Ministerio Público. Dice el Ministerio Público que el ICA, dueño de Carimagua, le cedió al Incoder la propiedad “con destinación específica” para un proyecto de desplazados. Destinación específica: grábense bien la frase. El cambio de destinación, dice el Procurador, “se opone manifiestamente a la Constitución y a la ley”. La decisión del ministro Arias, estoy leyendo entre comillas. “desconoce los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 93, 209 y 366” de la CPC, porque viola los “derechos fundamentales de la población desplazada y las obligaciones del Estado”. Dice también que “desconoce la prevalencia de la normatividad internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, o sea que usted viola el bloque de constitucionalidad y los compromisos internacionales de Colombia, señor ministro. Dice también el señor Procurador General de la Nación que la Corte Constitucional “ha impuesto deberes positivos” en beneficio de los desplazados y que con su decisión (del ministro Arias) el Procurador los “estima incumplidos” por el cambio de destinación. Y además que usted, ministro Arias, “desconoce la decisión tomada por la Corte Constitucional”. Añade que se “desconoce la noción de interés público o social”. Que “el interés público se viola en tanto el cambio de destinación se opone al imperativo de asegurar el acceso a las tierras” de los desplazados. Que “el cambio de destinación para la explotación económica por parte de empresarios privados es lesivo para la noción de interés público y social”. Que “el cambio de destinación se constituye en un agravio injustificado para la población desplazada del Departamento del Meta”. Que se “vulnera el principio de legalidad”. Que ni siquiera se le informó a la Procuraduría; es más, que intentaron esconderle la información a la Procuraduría General de la Nación. Que el ICA no podía cambiar la destinación del predio.
Y la Procuraduría Delegada que se encargó de estos asuntos explica que hubo dolo en las decisiones adoptadas. Afirma esta procuradora que el “Consejo Directivo del Incoder y su gerente general no dieron muestra alguna de querer cumplir con los deberes establecidos en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad”. Que “el Incoder no justifica de manera alguna, la solicitud de cambio de destinación”. Y advierte que cuando la norma exige motivar la decisión, la motivación “debe ser cierta y de buena fe” (Consejo de Estado, Sentencia de ago.30.77)”. Que planteado al revés, el concepto de Procuraduría quiere decir que le cambiaron la destinación al predio en procedimiento de mala fe, señor ministro, porque no dieron los argumentos suficientes. Estamos hablando de un hecho gravísimo. Los abogados que saben de estas cosas comentan que aquí se pueden configurar primero, el delito de prevaricato, por hacer cosas prohibidas por la ley. Segundo, el de fraude a resolución judicial. Y si usted termina concretando este asunto, puede incurrir en peculado por destinación. Si sumamos los años de cárcel que dan los tres delitos, estamos hablando de entre cinco y catorce años de cárcel.
Siete mentiras
Cuando el periódico El Tiempo y el Procurador General de la Nación caen sobre esto de Carimagua el 10 de febrero, empieza la comedia de las mentiras para intentar justificar lo injustificable, ministro, y este ha sido uno de los pasajes más vergonzosos. En vez de afrontar con seriedad y reconocer el gravísimo disparate cometido, la violación de la ley o como quieran llamarla, se dedican ustedes a ver cómo engañan a la opinión pública para volver justificable lo que no admite justificación ninguna.
Entre las mentiras más protuberantes le conté por lo menos siete al gobierno nacional. La primera, del presidente Uribe, “No hay desplazados cerca” (ET, feb.12.08). Pues bien, la Gobernación del Meta dice que hay 18 mil, la Red de Solidaridad que hay 31 mil, el director de Corpoica dice que en el Meta hay siete mil, etc. Si hay desplazados en toda Colombia, los hay por supuesto en el Meta. O es que alguien olvidó los horrores de violencia que se han vivido en ese departamento.
Segunda gran falsedad. Que el predio queda muy lejos. Sí, ministro, queda muy lejos de Bogotá, pero no por ello el predio se hace inútil, porque allí donde está, cuenta con posibilidades muy importantes. El ministro habló siempre de relacionar el predio con Villavicencio. Pues sí, pero también habría podido relacionarlo con Riohacha y ahí sí que habría quedado más lejos. Pero resulta que el predio está a 22 kilómetros en línea recta del municipio de Orocué, comunicado con Yopal, la capital del Casanare, por una carretera pavimentada. Es un predio por el que pasa una buseta diaria que lo enlaza con Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio. Hace ocho días hubo allí una diligencia judicial por un puente que tumbaron con motosierra, y los funcionarios fueron en un campero desde Puerto Gaitán, en solo hora y media. Esto en verano, y se plantea que en invierno se puede ir en cuatro horas. La carretera que va hacia Carimagua ya está terraplenada en casi toda su extensión, y la gente de los Llanos sabe que eso es muy importante. Le pregunto además, ministro, qué va a pasar en esos predios en los próximos cincuenta años. Consulté documentos de Planeación Nacional según los cuales allí se va a montar un polo de desarrollo alrededor de una troncal que va a comunicar el Pacífico con el río Meta y va a haber un desarrollo importantísimo por la vía del río Meta y el Orinoco para salir al Océano Atlántico.
Dice también el ministro que no hay servicios públicos, que Carimagua carece de agua y luz. Si fuera en Suiza, en España o en Italia, yo hasta se lo entendería. Pero es que este país está lleno de propiedades rurales, pequeñas, medianas y grandes, donde no hay acueducto de agua potable ni energía eléctrica ni alcantarillado, y sin embargo, allí se desarrollan producciones y viven campesinos y viven indígenas y hay empresarios que hacen negocios. De cuándo acá, en el caso Carimagua, se está pidiendo que el predio tenga servicios públicos como una urbanización en Chía. Curiosa exigencia. Pero digamos que por dentro de Carimagua corre una vía de 34 kilómetros, que hay 7 pozos profundos y que está cerca de Orocué, población que cuenta con un hospital importante. Se trata de un predio en una zona rural apartada con respecto a la capital, pero no se puede decir que sea en el fin del mundo y que carezca de cualquier posibilidad.
Otra mentira, que fue parte de la genialidad del ministro: que no es que se saque a los desplazados, porque el arrendamiento que se cobre por Carimagua se va a gastar en ellos. Le pregunto al ministro cuál documento legal le ordena al gobierno dar a los desplazados el arrendamiento ridículo que pagaría este plutócrata que se va a quedar con el negocio. Dónde está dicho eso, cuándo se dijo antes, cuántas tierras se compran en Colombia con un arrendamiento de doscientos cincuenta millones, sumas, por supuesto, absolutamente insignificantes.
Que el empleo también va a ser para los desplazados. Señor ministro, usted tiene que respetar a la opinión pública. Le pregunto cuál norma de la licitación establece que quien se gane la licitación tiene que dar empleo a desplazados. Ninguna, porque sería una norma estúpida condicionar que un proyecto empresarial se montara sobre la base de que los peones deben demostrar con un carné que son desplazados. Entonces todos estos son cuentos para engatusar a la opinión pública y para ocultar el hecho de fondo: unas tierras que estaban destinadas para que unos desplazados las disfrutaran como señores y dueños se van a entregar a un poderosísimo empresario y los campesinos se van a quedar viendo un chispero.
Que la tierra es de mala calidad. Y con esto sí que han dado lora. Usted no sabe, ministro, el ridículo que ha hecho con el cuento de que la tierra es de mala de calidad. Se cubre también de ridículo el señor presidente de la República, porque él también dijo que son “tierras ácidas” y que se pueden volver un “rastrojo de pobreza e improductivo”. Pues bien, les digo con franqueza: o no se puede ignorar tanto o no se puede faltar a la verdad tanto. Usted es nuevo en estos asuntos agrarios, ministro, lleva apenas tres o cuatro años y aquí hay unos que somos más viejos. El 86% de las tierras agrícolas de Colombia son ácidas y hasta un niño de escuela sabe que la acidez de la tierra se trata de muchas maneras. Pero bueno, voy a leerle lo que ustedes mismos han dicho sobre esas tierras de pésima calidad a ver si se sostiene ahora en la tesis. El gerente del ICA, el 12 de abril de 2005, afirma que “Corpoica y la Gobernación del Meta han propuesto un proyecto de asentamiento –subrayo asentamiento, no para peones– en el marco del desarrollo de la altillanura, en aplicación de los avances tecnológicos logrados en los procesos de investigación, especialmente en lo que hace referencia a mejoramiento de suelos con alta acidez y presencia de niveles tóxicos de aluminio, para dar paso a sistemas de producción forestal, agroforestal y de praderas mejoradas con alta capacidad de carga, en beneficio de cerca de mil familias, principalmente de desplazados”. La página web de la Presidencia (sept.10.04) asegura que se trata de un “asentamiento humano de al menos 500 familias campesinas (…) se les asignará la propiedad de la tierra”, apta para explotación agrícola y ganadera. Jaime Triana, director de Corpoica, hace afirmaciones parecidas. Al director del Incoder le preguntan en uno de los cuestionarios de los interesados en comprar: señor director, ¿existe un estudio que acredite si las tierras son efectivamente cultivables? El director del Incoder responde: “Corpoica ha adelantado estudios técnicos en donde se determina que el área en mención es apta para el desarrollo de cultivos”. Les cuento además, senadores y colombianos, que hace rato llegó a mi poder la copia de una carta que la Universidad del Llano le envió a la señora presidenta del Senado, firmada por veintidós de los principales científicos de la Universidad, especialistas en temas de Orinoquia y Altillanura. No voy a leer los nombres porque estoy muy escaso de tiempo, sino solo a decir los títulos de quienes la firman. Primera firma, el rector de la Universidad, segunda firma, el vicerrector académico, tercera, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cuarta, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Firman también el coordinador del Grupo de Investigación para la Simbiosis Hombre-Naturaleza, el coordinador del Grupo Sistemas Sostenibles en Producción, el director del programa de postgrado en Gestión Ambienta, el coordinador de posgrados de Cultivos Perennes, la directora de posgrados de Agricultura Tropical, el decano de la Facultad de Ciencias Básicas, el director de la Escuela de Ingeniería de Ciencias Agronómicas, el director de la Escuela de Ciencias Animales y otro grupo de profesores, selectos todos ellos, con maestrías o con doctorados, en suma, la gente que más sabe en Colombia de altillanura firma. La voy a leer, aun cuando me alargue un poco. Es evidente la molestia con la que estos científicos se refieren a la actitud con la que usted ha enfrentado el debate menospreciando la calidad de unas tierras que le sirven a la producción agropecuaria de Colombia. Dice así la carta de los científicos de la Universidad del Llano:
“En nuestra condición de académicos y en virtud del trajinar por diez años en la región de la Orinoquia colombiana no podemos menos que manifestar nuestro estupor ante las públicas afirmaciones de personas con las más altas responsabilidades en el Estado, sobre la presunta imposibilidad de utilización de las tierras llaneras en sistemas de producción agropecuaria por parte de pequeños productores rurales.
“Luego de los trabajos de investigación realizados en el Centro de Investigaciones de Carimagua, desde su establecimiento a finales de los años sesenta del siglo pasado, es de conocimiento público que los latifundios dejaron de ser la única opción de ocupación de estas tierras. Con la adaptación de pastos y leguminosas a las realidades químicas y físicas de estos suelos la resultante es la posibilidad de que se den explotaciones de menor tamaño sin inversiones cuantiosas, como se viene pregonando, y por ende, dándole cabida a pequeños y medianos productores en ganadería y agricultura, donde otrora solo cabían los grandes.
“Lo anterior sin contar con los nuevos desarrollos tecnológicos de los años recientes, cuando en la altillanura, complementando las condiciones químicas de sus suelos, se están dando resultados agrícolas y pecuarios similares a los de las productividades más altas de Colombia.
“Sorprende que algo tan sabido por estos lares se desconozca por quienes no tienen disculpa para su desinformación, en virtud de las dignidades detentadas en el Estado”.
Villavicencio, 10 de mazo de 2008
Espero, señor ministro, que usted no insista hoy aquí en que las tierras no son adecuadas para muchas formas de explotación, incluida la de los pequeños y medianos productores.
Ante la recriminación y las acusaciones del Procurador General de la Nación, el ministro Arias se inventó una última teoría para intentar zafarse. Que no hubo cambio de destinación. El ministro nos quiere decir que cuando Carimagua pasó de ser un proyecto para ochocientas o mil familias de desplazados y se convirtió en un proyecto para un gran empresario no hubo cambio de destinación. La astucia falla por los dos lados. Por uno, cuando aduce que la destinación no se modifica porque cuando se dice que se trata de hacer allí cultivos de tardío rendimiento, esa producción también la pueden hacer pequeños productores desplazados. Cosa que es cierta. Buena parte de la producción de tardío rendimiento en Colombia, la de los cafeteros, para poner un solo ejemplo, descansa en los pequeños productores. Una de las falacias que se ha intentado hacer pasar aquí es que solo los grandes, los magnates, pueden hacer producción de tardío rendimiento. Eso es paja. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué no pueden entrar los desplazados en el proyecto? Por la exigencia que ya mencioné de los quince mil millones de patrimonio neto y cincuenta mil millones de ingresos agropecuarios en los últimos siete años. Le pregunto, ministro, ¿cuál pequeño propietario colombiano recibe ingresos por esa suma?
Y por el otro, porque aun cuando usted intente negarlo, ministro, son varios los documentos públicos del ICA y Corpoica que señalan que sí hubo cambio de dedicación del proyecto. Dice el Consejo Directivo del ICA, del 6 de junio de 2007: “Los miembros del Consejo Directivo del ICA aprueban el cambio de destinación del uso del inmueble solicitado por el Representante Legal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ‘Incoder’.” Dice el Acta No. 491 del Consejo Directivo del ICA, del 6 de julio de 2007: “Modificar la destinación del inmueble”. Dice el ministro Arias en el año 2004, cuando era miembro de la junta directiva del ICA como viceministro de Agricultura: “El doctor Arias (viceministro de Agricultura), interviene explicando en qué consiste (el programa de Tierra para la Paz) y dice que es un proceso de reincorporación de unos actores (afectados) por la guerra, (y que) hay una política activa para entregarle tierra a estas personas. Este predio, Carimagua, el doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, en su programa de Tierras por la Paz lo requiera para así materializar el proyecto”. Luego no insista, ministro Arias, porque queda supremamente mal. Agrava sus falsedades si hoy aquí nos repite que no hubo cambio de dedicación porque nunca se dijo que era para entregarles la tierra a los desplazados de una u otra manera y que tampoco hubo cambio de destinación cuando ustedes los excluyeron de la licitación.
El poder de las roscas: repudiables favoritismos
Aquí no solo se trata de una concepción retardataria, sino de un proyecto plagado de favoritismos. Es evidente el favoritismo cuando yo pongo unas condiciones tan altas. Le pregunto a la gente del agro colombiano: ¿cuántos agricultores o ganaderos son capaces de cumplir con esas exigencias? Lo señala el señor Rudolf Hommes, que no milita en el Polo Democrático Alternativo, cuando denuncia que el ministro de Agricultura “quiere repartir 17.000 hectáreas a dedo”. Y explica: “El poder de las roscas en el gobierno de Uribe se debe a las decisiones que favorecen particulares intereses”. Repito: una decisión que favorece particulares intereses. El Tiempo (Editorial, feb.17.08) se impresiona al descubrir que los pobres del Meta “en tres años no la recibieron, mientras empresarios privados casi la consiguen en seis meses”. Pasaron tres años sin que el Ministerio de Agricultura hiciera nada para entregar Carimagua a los desplazados. Y en ciento ochenta días, el gobierno tenía todo listo para feriarle la hacienda a un plutócrata. Maria Elvira Samper (Cambio, 13.02.08) dice que la función del ministro no debe ser la de “ararles el camino a grandes empresarios e inversionistas en particular”. Criterios en los cuales todos estamos de acuerdo.
Ya se ha dicho aquí, pero debo reiterarlo, que una de las firmas interesadas es cotizante a la campaña del Presidente de la República. Y ya se ha dicho que el tío del señor ministro de Hacienda, el señor Mario Escobar Aristizábal, accionista de Sapuga, estaba interesado en el negocio. Este doctor Escobar es nada menos que de la junta directiva de Acción Social, la institución que el Estado tiene destinada para ayudar a los damnificados por la violencia y a los desplazados. ¿Hasta dónde va a llegar la descomposición? Y cuando le preguntan sobre el asunto al tío del ministro de Hacienda, después de que se desató el escándalo, miren lo que dice: “Que quede claro que el tema dejó de interesarnos y que para mí la prioridad son los desplazados” (ET, feb.14.08). Ojalá para el doctor Escobar la prioridad hubieran sido los desplazados antes del escándalo y no después, cuando dejó de interesarle la tierra. Me parece también extremadamente grave la actitud del director de Acción Social, el doctor Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. Cómo así que él sabe que hay un predio de 17 mil hectáreas cedido de manera gratuita a los desplazados, siendo Acción Social la que según las normas tiene la responsabilidad de atenderlos, y en vez de ponerse las pilas para evitar que el predio terminara convertido en el gran negocio de un plutócrata, se hace el loco y no se da cuenta de lo que está pasando con un predio sobre el cual llevaba hablando todo el mundo en Colombia más de cinco años. El único que no sabía que este negociado se estaba haciendo es el director de Acción Social, doctor Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, de quien hay que decir, porque las cosas hay que decirlas, así molesten, que tiene pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado por malos manejos cuando fue senador de la República de Colombia, hecho que nada importa por supuesto en la administración del doctor Uribe, en la que tantas cosas pueden hacerse.
Cuando usted intenta justificar estos exabruptos, es peor todavía lo que dice, ministro. Es que cuando a usted lo empiezan a acosar de todas partes sobre qué es lo que pasa, usted asume una actitud que yo llamaría de desfachatez o, con más suavidad, de suprema convicción sobre lo bueno que es un régimen plutocrático. Le pregunta María Isabel Rueda en la revista Semana (mar.02.07). ¿Por qué la tierra para los ricos y el empleo para los pobres? Que es la propuesta del ministro. Y responde: “No hable de ricos, porque empieza a meterle al tema el odio de clases”. Ojalá quisiera más a los pobres de Colombia, señor ministro, para que no se dieran este tipo de dudas. Y entonces agrega: “Y me da mucha pena controvertir el romanticismo socialista de quitar tierras y repartirlas. ¡Eso no funcionó!”. Y añade que lo que hay que darles es empleo. Entonces le dice María Isabel Rueda: “Ministro, ¿me está hablando de la reforma agraria?” Y escuchen la respuesta, se la voy a leer porque tal vez sea lo más reaccionario que se ha dicho en la historia de Colombia. Dice el ministro Arias: “Exacto. Váyase para Sucre y Córdoba, donde hubo varios núcleos de reforma agraria. ¿Qué hay hoy allá? Una parcelas cada vez más pequeñas (…) con ranchitos muy precarios (…) Y han sido los núcleos de guerrilla y paramilitares más grandes de este país”. Ojo con esta última frase. Se necesita cara dura para hacer una afirmación de este calibre. Los predios donde se les han entregado tierras a los pobres de Colombia son “los núcleos de guerrilla y paramilitares más grandes de este país”. Me imagino al doctor Arias en una fría noche bogotana viendo una familia de desharrapados en medio de la llovizna pidiendo limosna en un semáforo, porque son desplazados de la violencia. Y alguien que va al lado de él le dice: ministro, lamentable la condición de estos compatriotas. Y me parece ver al doctor Arias diciendo: no, alegrémonos. A esa familia se la arrebatamos a la guerrilla y al paramilitarismo.
El modelo malayo
El ministro hace el viaje completo y argumenta que aquí lo que hay que “aplicar es el modelo malayo”, en el que la tierra no se entrega a los campesinos, sino que se hacen grandes producciones y a los pobres se los emplea como peones. Me tomé el trabajo, señor ministro, de averiguar qué diablos es el “modelo malayo”. Y les cuento a los colombianos que Malasia es una monarquía constitucional. Con todos los gajes de la reelección, no abrigo la menor duda de que el doctor Arias quisiera que Colombia fuera también una monarquía constitucional. En Malasia hay un Senado de 70 miembros, 40 de ellos elegidos a dedo por el monarca. En dos palabras, el mar de la corrupción. Cómo será allá la corrupción, si en Colombia, donde medio se debaten todavía las cosas pasa lo que pasa, imagínense en Malasia. Hay cuatro millones de hectáreas de palma africana en 404 cultivos, con un promedio de 10.600 hectáreas por cultivo. ¿Eso es lo que quieren aquí, cierto? Lo de Carimagua se le parece, 17 mil hectáreas. Hay 40 extractoras de aceite palma, cien mil hectáreas por extractora, la plutocracia de la que estamos hablando. Pero hay un ingrediente que le debe gustar más al ministro Arias y a la plutocracia nacional. Precisa el Asia Times: trabajo barato. No hay salario mínimo y hoy los jornaleros de la palma ganan 92 dólares. Les subieron el año pasado un dólar, por primera vez en 43 años. El salario no llega ni al 80% de la línea de pobreza. Y ojo con esto, porque espero que no sea lo que tengan en mente los gobernantes de Colombia, sobre todo ahora que hay malas relaciones con los vecinos: la mayoría de esos peones son migrantes de India y de Bangladesh. Ustedes se imaginarán las condiciones laborales de Malasia.
Como lo mencionó aquí la senadora Cecilia López, tenemos un Ministerio de Agricultura dedicado a inventarse maniobras legales para no darles tierra a los pobres. Lo afirma también el doctor Mauricio Cabrera. Es más fácil para los campesinos tramitar un crédito en el Banco Mundial que conseguirse un subsidio de los del doctor Arias dizque para reforma agraria. Tienen que calcular hasta la Tasa Interna de Retorno. Y pregunta el doctor Mauricio Cabrera con fina puntería: cómo será el debate entre el campesino pobre que se muere de hambre y el funcionario del Ministerio de Agricultura discutiendo con qué tasa de descuento calcula la Tasa Interna de Retorno. ¡No se burlen así de los campesinos colombianos, ministro! Si no quiere darles tierras, no se las dé, pero no haga estas pantomimas. Y no arguya que el modelo campesino es un modelo que no le sirve al desarrollo nacional. No es cierto. El 68% del área cultivada en Colombia es área campesina; el 69% de la producción agrícola de Colombia es producción campesina, y si sumáramos a los pequeños y medianos empresarios, creo que nos acercaríamos al 95%. Luego no nos vengan ustedes, con esa ausencia absoluta de cifras, a hacer la afirmación de que lo que hay montar es un sistema de producción agrícola de tipo monopolístico. Y están los campesinos en el tardío rendimiento. Tardío rendimiento son el café, la caña panelera, el cacao, la palma, donde hay cinco mil pequeños productores. Luego no vengan con el engatuse de que no puede haber pequeños productores en la palma africana.
Lo que el ciudadano Arias piense no lo puede hacer el ministro Arias
Insisto en la discusión sobre la legalidad de este asunto. El ciudadano Andrés Felipe Arias puede pensar lo que se le dé la gana sobre los campesinos colombianos y parecerle que son lo más ineficientes y juzgar de maravillas el “modelo malayo” y considerar que no hay nada mejor para un pobre que lo contraten de peón en una hacienda. Es su derecho, el derecho del ciudadano Arias. Pero el derecho del ministro Arias no es ese. Porque resulta, senadores y colombianos, que aquí hay una Constitución y una ley que lo obligan a darles tierra a los campesinos. En Malasia el ministro Arias no tendría contradicción con la Constitución de ese país, pero sí está en una gravísima contradicción con la Constitución Política de Colombia. Dice el Artículo 64 de la Constitución: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores”. No es a que les den un puesto, no es a que los contraten de jornaleros, sino, repito, a que les den “el acceso progresivo a la propiedad de la tierra”. Lo estipula la Constitución de la República de Colombia. Me imagino que la de Malasia no establece lo mismo. Dice la Ley 1152, que usted mismo tramitó, señor ministro, y por la boca muere el pez, porque con sentido demagógico usted puso ahí el Artículo 4, sobre el Acceso a la Propiedad de la Tierra: “Para el cumplimiento del precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios: 1. La reforma estructural social agraria, por medio de dotación de tierras encaminadas a eliminar, corregir y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural”. Eso lo escribió usted, doctor Arias, pero en los hechos usted se burla de la norma cuando procede como está procediendo en el caso de Carimagua y, añadiría, en el conjunto de su política. No leí, por no hacerme muy largo, las otras muchas afirmaciones que usted hace de que darles tierra a los campesino es un desastre, pero leí la peor: se vuelven guerrilleros y paramilitares. Lo único que nos va a faltar en Colombia es que si algún campesino o algún indígena o algún pobre de Colombia o algún dirigente político de cualquier sector pide mañana tierra para los pobres de Colombia le monten una investigación del DAS o del B2 a ver qué es lo que está tramando.
Tumban puente con motosierra
Terminemos con dos anotaciones. Una de menor cuantía, en cierto sentido, pero que debo señalar. El 24 de diciembre pasado, en un acto sin ningún respaldo de funcionario legal, ni de juez, ni de instructor, ni de nadie, el director de Corpoica de los Llanos Orientales, doctor Jaime Triana, teniendo bajo sus órdenes soldados de la República, que no sé por qué se los adjudicaron, tumbó con una motosierra un puente que comunicaba a la hacienda Carimagua con unas propiedades de otros muchos propietarios que hay en los alrededores, entre ellos, comunidades indígenas. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos debatiendo? Por orden de un jefe importante del Ministerio de Agricultura, está documentado, soldados tumban con una motosierra un puente que comunica a centenares de familias de indígenas y de empresarios y de campesinos con la hacienda Carimagua. ¿Adónde se va a llegar con esta idea de que cada uno hace lo que se le da la gana en la República de Colombia?
Carimagua no es una excepción sino un modelo
Carimagua no es una excepción. Carimagua es un modelo de economía y un modelo de país. Y no es solo Carimagua, es todo, es el mismo modelo Transmilenio. El modelo Transmilenio ¿en qué consiste? A miles de pequeños empresarios de busetas y buses los declaran enemigos del progreso, los sacan del negocio, y el Estado coge toda la plata del presupuesto para montar un modelo de concentración de la riqueza.
El modelo de la plutocracia son también las reformas tributarias de este gobierno: bájeles los impuestos a los monopolios y a las trasnacionales y súbales los impuestos a los pobres y a las capas medias.
Es la Ley de Desarrollo Rural: el propio procurador le dijo a usted que esa ley era un arma contra los campesinos y contra los indígenas. Y recordémonos que la norma abría la posibilidad de legalizar con procedimientos expeditos tierras conseguidas mediante la brutalidad y la violencia.
Es la Ley Forestal que se cayó, una ley, lo dijo el ex ministro Manuel Rodríguez, calculada para beneficiar a las mismas trasnacionales que depredaron los bosques del Sudeste Asiático.
Es la Ley de las Zonas Francas Especiales, y recordemos que ustedes aquí, las mayorías del Congreso, le dieron al presidente de la República la potestad de ir definiendo zonas francas a dedo. Pedro Pérez, Zona Franca. Juan Rodríguez, Zona Franca. Y su impuesto de renta ya no es del 33%, sino del 15, y, mientras tanto, súbales los impuestos a los pobres de Colombia.
Es el intento de la Ley de la Segunda Vivienda, que oculta todo tipo de horrores y favoritismos de gente muy cercana al círculo del Palacio presidencial.
Y son tres decretos que están caminando, mencionados por mí hace un tiempo, el primero, un decreto mediante el cual el Ministerio de la Protección Social y el de Agricultura, con el pretexto de la sanidad pública, van a sacar de la producción de panela a los pequeños paneleros, porque les ponen tantas condiciones para producir que ni en Suiza. Si se cumple la norma, inicialmente el Decreto 2546, la producción de panela se concentraría en los ingenios azucareros del Valle del Cauca. El segundo, el Decreto 1500, que les impone tantas condiciones a los mataderos municipales que aquí se van a terminar quedando con el negocio de la matanza de cerdos y de reses dos o tres descomunales mataderos, como en Estados Unidos. Y el tercero, el decreto de la leche cruda. Después de mil años de estar tomando leche cruda los colombianos, ahora se les ocurrió a los ministros que dizque la leche cruda nos mata a todos. Descubrimiento que por supuesto alegra mucho a los monopolios de la pasteurización, que se van a quedar con un negocio que en buena medida atienden los llamados “cruderos”. Este es el modelo Carimagua, es el modelo malayo. No les falta a ustedes sino el príncipe para que quede igualito. Pero veo que están dando pasos en esa dirección.
El ministro Arias debe renunciar
Por último, ministro, usted debería renunciar a su cargo, porque en el caso de la hacienda Carimagua usted violó la Constitución y la ley, como lo dice el Procurador General de la Nación. Viola la Constitución y la Ley en el tema de la lógica de la tierra, porque como lo demostré aquí, usted es partidario del modelo malayo y la Constitución establece otra cosa. Y debe renunciar porque faltó a la verdad en materia gravísima de demasiadas maneras. Con franqueza le digo que tiende a crecerle la parte más protuberante de su cabeza.
Pero digamos, ministro, para su tranquilidad, que estoy seguro de que no le va a pasar nada. Primero, porque en este Congreso nadie va a votar contra usted una moción de censura mientras usted maneje todo el poder del apalancamiento de un presupuesto que aun cuando es muy pequeño para resolver los problemas, es grande y muy bueno para cuadrar clientelas gremiales y políticas. Y sobre todo, no hay preocupación por algo que es más grave y que ustedes están aprovechando a cabalidad: la gente buena de este país, que es casi toda, ha permitido que se bajen sus defensas contra este tipo de horrores. Hoy lo que impera es la alcahuetería. Todo se tolera, todo está bien.
Le insisto en que usted debe renunciar, señor ministro, pero también le doy un parte de tranquilidad, porque estoy seguro de que las mayorías de este Congreso no solo no lo van a censurar ni lo van a criticar, sino que no me extrañaría que lo terminaran ungiendo como candidato presidencial.
