Video: https://youtu.be/kcV3yWIWluE
Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo
El Tribunal Superior de Cundinamarca nos otorgó –con José Roberto Acosta y la Procuraduría– una medida cautelar que prohibió la venta de Medimás EPS a la norteamericana DBMS o a cualquier otro, si no se asegura que se cumplan unas condiciones que garanticen la salud de los colombianos y no, simplemente, las ganancias del vendedor y el comprador (https://bit.ly/2SjaeyN). Así se le dio su merecido mentís a la falsedad de que pueden hacer lo que se les dé la gana porque se trata de un negocio “entre privados”, en el que el Estado no puede intervenir, como si la ley no lo autorizara ni estuvieran en juego cuatro billones de pesos anuales de recursos públicos y el derecho a la salud de 4,2 millones de colombianos.
Lo que se busca con esta acción popular son garantías para la adecuada prestación del servicio de salud a los usuarios de Medimás, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la EPS y Esimed y el cumplido pago de las deudas a las clínicas y hospitales, públicos y privados, que le sirven a Medimás. Si no fuera en la Colombia de las astucias y corruptelas, estos deberes empresariales básicos no tendrían que reclamarse ante los jueces.
Confirmando las denuncias que hicimos hace año y medio para que no se consumara dicho negocio, Medimás falló desde el inicio de su operación, fallas que se han empeorado en el trato a sus pacientes y empleados y en su incapacidad administrativa y financiera, hasta el punto de que Esimed (Medimás) tiene once clínicas cerradas con siete mil trabajadores a los que no les paga desde octubre y que el gobierno acaba de quitarle los usuarios de Sucre, Chocó y Cesar. Y sus pésimas cifras económicas están en la base de la mala calidad de los servicios que presta: tiene cuotas incumplidas por 123.260 millones de pesos de la compra de Saludcoop y Cafesalud, acumula pérdidas por 716.147 millones y deudas por 2,2 billones, frente a activos totales de 1,95 billones, luego el comprador también adquirirá no pocos pleitos con el Estado, en el que el país perderá sumas enormes si se dirimen bajo las cláusulas del TLC con Estados Unidos.
El norteamericano interesado, ¡que le remitió al presidente Duque la copia de una carta de compra por Medimás con falsedades!, tiene además toda la pinta del aventurero inexperto lanzado a capturar el chorro de los 300 mil millones de pesos mensuales de la plata pública de la UPC, al igual que la conocida impunidad de la que gozan las EPS.
Aunque el pésimo negocio para el país de Medimás lo montó el gobierno de Santos y Duque desea continuarlo –¡otra vez de acuerdo!–, lo cierto es que estas desgracias son causadas por la Ley 100 de 1993, aplicada desde entonces por todos los gobiernos. Medimás es el resultado de la corrupción de Saludcoop, incluida la que practicó el interventor que le nombró el santismo, al que se le toleró, haciendo caso omiso de mis denuncias en el Congreso, que administrara la EPS con las mismas prácticas de Palacino. Y se origina en una ley que supone que no habrá corrupción en el sector porque la elimina la simple competencia entre las EPS, que luchan entre sí –dicen– por actuar con la mayor eficiencia y pulcritud. ¡Qué tal el cuento!
Y Medimás no es la excepción sino la norma. Hay 21 EPS intervenidas por el Estado, los sufrimientos de los pacientes parecen escapados de la obra del Dante, médicos, enfermeras y demás empleados trabajan muy duro y ganan muy poco y hasta les roban –esa es la palabra– parte de sus sueldos. El ataque a la red pública hospitalaria ha sido bárbaro y a las clínicas privadas las estafan no pagándoles sus cuentas. Todo porque la Ley 100 no es para la salud de los colombianos sino para el negocio financiero con la plata de la salud de los colombianos, por lo que las EPS imponen: “primero yo, segundo yo y tercero yo”.
Colombia necesita un sistema de salud que establezca, de verdad, que su objetivo es el bienestar de las personas, para lo que requiere de las mejores condiciones laborales y óptimas clínicas y hospitales, públicos y privados, y de un Estado que cuide y controle a los unos y a los otros. Sus administradores –llámese EPS o no– tienen que operar con la mayor calidad y a los menores costos, porque deberán actuar al servicio de la gente y no al contrario. Y tendrá que funcionar con cero tolerancias a la corrupción en cada una de sus partes. Que esto es posible lo prueba lo que ocurre en otros países de economía de mercado (https://bit.ly/2HMBK3t).
Bogotá, 1 de febrero de 2019
