Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 18 de febrero de 2011.
Con tres artículos-mico en el Plan de Desarrollo (45, 46 y 47), Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo pretenden convertir en ley la idea de concentrar aún más la tierra rural, cambio que no se atrevieron a intentar Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias.
En el debate de Carimagua se supo que Uribe y Arias preferían que las 17 mil hectáreas de esa hacienda de propiedad del Estado se entregaran a un gran inversionista y no a medio millar de familias campesinas, como fue el primer compromiso, querían que esos campesinos dos veces despojados se convirtieran en peones o en neoaparceros del monopolista afortunado, se quejaban porque la Ley 160 de 1994 no les permitía usar tierras públicas para montar latifundios privados “de 40, 45 mil hectáreas” y no se atrevían a proponerle al Congreso el cambio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) (http://www.moir.org.co/IMG/pdf/004.pdf).
La Ley 160 permite el acceso a la tierra de jornaleros y minifundistas dentro de los límites de la UAF, definida esta como la pequeña área que le permite vivir a una familia campesina y generar ahorros. También prohíbe entregarles los baldíos de la Nación a quienes sean propietarios rurales y determina que los baldíos adjudicados no podrán sumarse a otras tierras para convertirse en propiedades o sociedades mayores, condición que también tienen, durante 15 años, las tierras originadas en subsidios oficiales de reforma agraria.
El Plan de Desarrollo modifica a fondo la Ley 160/94 para promover la mayor concentración de la tierra en la historia del país. Para ello –y violando la Constitución– desmonta la limitación de la UAF y permite que se adjudiquen los baldíos de la Nación en cualquier área y a cualquier persona, terrateniente o banquero, nacional o extranjero. También autoriza que las propiedades originadas en adjudicaciones de baldíos o de reforma agraria puedan agregarse a otras para montar enormes negocios, todo dentro del objetivo del artículo 63 del programa de gobierno de Santos de promover “grandes explotaciones agropecuarias” y del compromiso de Restrepo en la Asociación Bancaria de montar en Colombia el modelo de la gran plantación brasileña. Como también ofrecieron Uribe y Arias en Carimagua, en este proyecto se “dará preferencia” a las “asociaciones” de los campesinos con los “grandes productores”. Allí donde ocurra, será la alianza del pájaro con el plátano maduro. Y se sabe que van por al menos siete millones de hectáreas en la Altillanura (Orinoquia), más las del resto del país. !La gran piñata!
Si con las normas actuales, que en algo controlan la concentración de la propiedad rural, Colombia es uno de los países del mundo con la tierra más concentrada en manos de muy pocos y tiene más del 30 por ciento de la población en el campo en la miseria, ¿cómo serán las cosas si Santos y el gran capital financiero se salen con la suya? Y esto, para peor, lo meten como un mico en el Plan de Desarrollo y no como una ley tramitada de cara al país, para no verse obligados a explicar por qué profundizan el sesgo anticampesino del agro, prefieren monopolistas a pequeños y medianos empresarios y que las tierras del Estado colombiano terminen en manos de extranjeros. De otra parte, ¿no son enormes los riegos de que esta ola de concentración de la tierra estimule la violencia que sigue campeando en la Colombia rural?
Aunque no se sepa, la ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que la orientación del Banco Mundial para pasar las fincas a productores “más eficientes”, son parte del paquete de hacer del monopolio el rey del agro. Primero, porque usan la restitución para maquillarse y hacer que no se mire hacia su proyecto de feroz concentración de la propiedad rural. Y segundo, porque, como esta planteada, la ley de víctimas deja en manos de Santos los aspectos claves del proyecto –incluida la posibilidad de burlarse del país– y en ella nada impide que las tierras restituidas las vuelvan a perder los desplazados y terminen agregadas a las “grandes explotaciones agropecuarias” que pretende imponer la cúpula del santo-uribismo o el uribo-santismo.
Este debería ser un gran debate nacional y no una maniobra palaciega orquestada por los mismos de siempre, que prosperan mientras el país se hunde todavía más. Si lo que pretenden como objetivo es repudiable, no lo es menos que la manguala santista, en el gobierno y fuera de este, impida la discusión pública sobre un asunto de importancia capital para el progreso del país y el bienestar del pueblo, cada vez más víctimas de la concepción neoliberal y plutocrática de las medidas económicas y sociales.
