Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 29 de abril de 2011.
Según el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, Acemi y catorce EPS conformaron un cartel, acto ilegal que José Miguel de la Calle, el Superintendente de Industria y Comercio, debe sancionar con una multa de 15.545 millones de pesos. Dicho cartel –el calificativo está en el informe– tiene como fin “negar la prestación de los servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga (No POS), vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”. Los cargos se prueban en detalle porque los investigadores tuvieron acceso a los discos duros de los computadores de los acusados.
Más torcida no puede ser la maniobra: 1. Negarle al enfermo el servicio de salud al que tiene derecho en el POS, derecho cuyos costos, con la UPC, el gobierno se los paga a las EPS por anticipado. 2. Obligado por el rechazo, el afiliado debe poner una tutela para que un juez le ordene a la EPS entregar las medicinas o realizar el procedimiento. 3. La EPS le recobra al Fosyga el precio de lo ordenado por el juez –el llamado No POS–, de manera que el sistema de salud paga dos veces el mismo tratamiento.
El “acuerdo anticompetitivo para la negación de los servicios” del POS –dice la Super– también sirve “para ocultar y falsear la información” que las EPS le entregan al gobierno, con el propósito de presionar el incremento de valor de la UPC y aumentar sus utilidades, porque estas crecen cada vez que sube el monto de la UPC. Para agravar las cosas, la investigación confirmó algo sabido: que la “fuente primaria de la información” son las propias EPS y que “los diferentes mecanismos de verificación usados” por el Minprotección son “insuficientes para confirmar la veracidad de la información reportada”. Les creen por fe; como a las trasnacionales mineras. Tras de que la Ley 100 es perversa, porque mientras peor sea el servicio que presten más ganan las EPS, las autoridades no las controlan ni con la menor seriedad. Engañar al sistema de salud es una ganga. Entre tanto, el ministro Santa María, neoliberal hasta el ridículo, sugiere que el control lo ejerce la mano invisible del mercado, como eufemísticamente llaman a las zarpas de algunos.
El Supersalud, por otro lado, informó que de una muestra de 182 medicinas y procedimientos ordenados por tutela, el 54.9 por ciento pertenecía al POS y detectó situaciones como la de una EPS que en una semana, en tres comités técnicos científicos, decidió 733 casos, lo que hace “físicamente imposible realizar un procedimiento técnicamente bien hecho” (El Tiempo, Abr.26.11). No sorprende que la Superindustria resaltara lo astronómico del incremento de los pagos del Fosyga a las EPS por No POS. En 2006, las catorce EPS de Acemi le recobraron al Fosyga 336 mil millones de pesos, monto que en 2009 subió a 1.79 billones de pesos –un incremento de 434 por ciento–, con lo que la participación de este rubro en sus ingresos operacionales pasó del 5.6 al 18 por ciento.
Hay otras grandes ganancias de las EPS que también provienen de su organización como cartel: les imponen a las IPS, a las públicas y a las privadas, que les presten servicios con contratos leoninos, pagos de facturas con el plazo que se les da la gana y sin intereses de mora y “negociar” las cuentas bajo la pena de no pagarlas. A las IPS que no arruinan las obligan a sumarse por acuerdo expreso o tácito a la integración vertical de las EPS, integración que facilita los negocios turbios entre la empresa matriz y las asociadas, todo en detrimento de otros prestadores de servicios de salud, de médicos y enfermeras y de la calidad del servicio a los colombianos.
Este horror, que podría hasta hundir un sistema de salud al que por donde se lo toque le sale pus, tiene origen, primero, en los criterios perversos de la Ley 100, diseñada no para curar sino para dar ganancias monopolísticas. Y segundo, en que el aparato estatal supuestamente encargado de vigilar a los negociantes terminó cooptado por estos, en medio de una corrupción y una alcahuetería oficial de escándalo.
Santos contrató a Angelino porque lo conoció como funcionario de Pastrana y Uribe y vio cómo les sirvió fielmente, luego de saltar de sindicalista a gobiernista. Sabía que nadie mejor que él para un propósito execrable: cooptar para el santismo dirigentes sindicales y dividir a los trabajadores, para debilitar su lucha y facilitar engendros como el TLC. Están abusando del poder del Estado para montar un unanimismo a la brava, pero, eso sí, posando de progresistas. ¡No más angelinos!
