Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 13 de marzo de 2001.
Por iniciativa del gobierno nacional, y con la alcahuetería acostumbrada, el congreso de la república ya aprobó en primera vuelta el Acto Legislativo Nº 012, dándole inicio al proceso de modificar los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución, procedimiento que esperan completar en los próximos meses. Esos artículos son los que les dan sustento a las ya insuficientes transferencias de recursos que el gobierno nacional les hace a los municipios y departamentos y que financian el llamado “situado fiscal” para salud y educación, a la par que constituyen la base legal que impide que disminuyan las partidas de la nación para las universidades públicas. Y la reforma también posibilita la eliminación de los aportes parafiscales que nutren al Sena, el Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación.
Con la cara dura que los caracteriza, los altos funcionarios de la administración Pastrana han intentado ocultar con galimatías lo que fraguan. Pero los documentos oficiales los condenan. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se establece que “el más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público” será la reducción de las transferencias del gobierno nacional. A su vez, la Federación Nacional de Concejales y Fescol calcularon lo que se va a perder: 19 billones de pesos en los próximos diez años, lo que se traducirá en “la limitación en 2.407.178 cupos en la expansión del régimen subsidiado de salud, equivalentes al 27 por ciento de su cobertura actual, y de 1.416.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo del 90 al 83 por ciento la tasa de cobertura esperada para el 2010”.
Además, al desaparecer el situado fiscal se acabarán los recursos de destinación específica para salud y educación, dejando las platas que queden para esos sectores sometidas a las arbitrariedades de los gobernantes de turno y a los cambalaches del Ejecutivo con los congresistas. Complementario con el recorte, el gobierno también alista una reforma tributaria que aumentará los impuestos departamentales y municipales porque, según dicen los sabihondos de las agencias internacionales de crédito, en las regiones es poco el “esfuerzo fiscal”.
La alternativa que se ofrece en salud ya se conoce: que cada enfermo que no tiene derecho a nada se las arregle como pueda, lo que, si bien le va, en muchos casos no pasa de ser consultarle a un yerbatero y ponerle la fórmula de la receta al Sagrado Corazón. Y en el caso de la educación lo que se busca es el “Nuevo Sistema Escolar”, típica política privatizadora. Con ella el gobierno le tirará a cada institución la escasa suma que resulte de dividir unos recursos cada vez más pequeños por el número de establecimientos que queden, a lo que se le agregará que los rectores ya no serán académicos sino “gerentes”, impelidos a amontonar niños como gallinas en cada aula, a conseguir profesores bien mal pagos y a destajo, a eliminar laboratorios y bibliotecas donde los hay y a cobrarles a los empobrecidos padres de familia cuanto puedan sacarles, es decir, bien “eficientes”, en la jerga neoliberal. Por primera vez en la historia de Colombia, el Estado quedaría sin la responsabilidad, formal y legal, de aportar lo que se requiera para educar a los colombianos (!).
La barbarie que significa recortar los gastos públicos en salud no hay necesidad de argumentarla, y menos cuando se sabe que los notables avances de la medicina están indisolublemente atados a prácticas y drogas cada vez más costosas. Y en educación de lo que se trata es de montar instituciones y cubrimientos tan subdesarrollados como subdesarrollado es el país que está imponiendo la globalización norteamericana. Nuevamente, queda al desnudo la demagogia sobre la “importancia de la educación” con la que se han dado tantos aires los tecnócratas neoliberales.
Y quien lea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional verá que las sumas recortadas ni siquiera se destinarán a otros aspectos del progreso del país. En tres ocasiones, allí se precisa que se deberá reducir cualquier gasto menos el pago de intereses, afirmación que se reitera para nadie dude que los colombianos no se gastarán en salud y educación lo que está destinado a seguir engordando al capital financiero.
