Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 16 de octubre de 2009.
Hay descontento en las universidades. El reclamo se origina en la peor crisis de la historia de las finanzas de las universidades públicas y en los problemas cada vez mayores de la calidad de la educación. Y no es para menos. Hasta la Contraloría les dio la razón a los 32 rectores expresaron, mediante avisos pagados en la prensa, que es insostenible la situación financiera de las universidades, dado que las trasferencias del gobierno nacional están congeladas desde 1992, en tanto que los gastos han crecido mucho y por inexorables razones, entre ellas la irresponsable imposición oficial de aumentar en 484 mil los cupos sin aportar los nuevos recursos necesarios.
Hasta las directivas partidarias de las políticas de privatización que han llevado a las universidades públicas a solventarse con regresivos incrementos de las matrículas, ventas indeseables de servicios y deterioro de la calidad de la educación, tuvieron que reconocer que las instituciones están abocadas a la quiebra.
También participaron en las movilizaciones sectores representativos de las universidades privadas –donde está el 45 por ciento del estudiantado universitario–, lacerados por las matrículas caras y por sus permanentes incrementos no obstante el empeoramiento del ingreso de los colombianos, de la dureza de los créditos del Icetex con los que muchos tienen que financiar su educación y que en ellas también gana importancia el debate sobre cómo la educación de alta calidad tiene costos mayores que los que pueden pagarse con las matrículas. Estos estudiantes también saben que el llamado “mercado laboral” castiga, en empleos y salarios, a los egresados de las universidades privadas de menor costo.
El momento es propicio para insistir en que la privatización de la educación mantiene en la ignorancia a legiones, tortura a otras tantas familias que tienen que dejar de comer para pagar la educación de sus hijos y daña la calidad de las instituciones. Además, la norma es que las universidades privadas viven presas de una contradicción insoluble: las matrículas son muy altas a la hora de pagarlas pero muy bajas a la hora de costear una educación de óptima calidad, y eso incluso cuando no funcionan como simples negocios. Estas realidades lesionan el progreso de la sociedad en su conjunto, porque lo que para estos efectos desarrolla a un país no es que muchos obtengan títulos universitarios sino que dichos títulos certifiquen que sí se alcanzaron los conocimientos de alto nivel capaces de aportarle de manera decisiva al desarrollo nacional.
La defensa de la educación pública y gratuita no es, entonces, dogmatismo estatista. Este punto de vista tiene como primera razón de ser que con ella algunos logran evadir las carencias económicas de sus padres, objetivo democrático que no refutan invocaciones tan mezquinas como que “no hay que auspiciar el paternalismo”, y más en el país de AIS (Amigotes Ingreso Seguro). También es de gran importancia asegurar que todos los jóvenes mejor dotados lleguen a la cúspide de la cadena educativa y no que se queden en el analfabetismo o en los niveles básicos y medios de la educación, un desperdicio intolerable para un país que quiera salir adelante. Y el otro gran argumento consiste en que solo el Estado, la fuerza económica más poderosa de cualquier sociedad, puede pagar la educación de todos los niveles y de la totalidad de los habitantes de un país y, en especial, hacerlo a los costos tan grandes exigidos por la alta calidad educativa que se requiere si se aspira a cumplir con una de las condiciones necesarias para superar el atraso y la pobreza.
Es casi increíble que estas ideas elementales, que están claras desde hace siglos en el mundo y que en parte explican la revolución que significó la aparición del capitalismo, tengan que repetirse y hasta conviertan en “radicales” a quienes las expresan, mote peyorativo con el que intentan lo que no pueden refutar. Claro que estas estigmatizaciones no sorprenden en un país en el que nunca ha gobernado la idea de un proyecto de unidad nacional de auténtico progreso y en el que a cada ciudadano le han inculcado un “sálvese el que pueda”, salvación que en la práctica consiste en lograr separar la suerte personal de la de la nación, en alcanzar niveles de vida de país desarrollado en uno subdesarrollado, incluso apelando a todas las formas de ventajismo y corrupción.
Coletilla: solo rechazo debe generar la censura de prensa de El Tiempo contra Claudia López, porque en su columna dijo lo que es vox pópuli entre los colombianos informados.
