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¿EDUCACIÓN PÚBLICA O PRIVADA?

Artículo quincenal. Sobre las profundas razones a favor del progreso del país que tiene el movimiento universitario para reclamarle al gobierno la debida atención al déficit de $18 billones de las universidades públicas.

Hace 2 meses

Jorge Enrique Robledo

Todo lo que es y ha sido la humanidad es el resultado de la conjunción de dos factores: los bienes que nos brinda la naturaleza y el conocimiento con el que la transformamos y nos relacionamos entre nosotros. Y esto es cierto en las ciencias naturales y en el de las ciencias sociales y las artes. ¿Qué son un teléfono móvil y la más bella melodía? La manera como se expresan los conocimientos acumulados desde los tiempos más remotos.

De ahí que uno de los momentos decisivos del progreso social –ocurrido con el advenimiento del capitalismo, para más señas– ocurrió cuando los líderes de la sociedad empezaron a hacer conciencia de que la bárbara ignorancia de esos días no podía continuar, ni entre las élites ni en los sectores populares. Apareció así el objetivo de la educación universal, es decir, para todos, a la que debieron encontrarle cómo alcanzarla, si a través de los negocios privados, de insuperable incapacidad para estos efectos, o si, dada su importancia estratégica, la responsabilidad la asumiría el Estado, la única fuerza capaz de lograrla.

Nació así la consigna de la educación universal, de alta calidad y gratuita, para que ante la escasa capacidad de compra pudiera ser para todos, y pública, porque solo el Estado puede pagar el alto costo de la gratuidad, la base de esta revolución. Y pública debe incluir que no habrá pensamiento oficial sino libertad de cátedra, porque un ambiente democrático es el mejor para crear y transmitir ciencia y conocimientos. Vale resaltar que los burgueses más entendidos promovieron estos cambios porque entendieron que les convendrían a sus negocios, como en efecto ha ocurrido.

La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad. Porque los pobres no alcanzan a pagar ninguna, ni la más barata y peor, y por norma las clases medias solo pueden costeársela pero cara y mala, de garaje, drama que además pagan sufriendo durante años, porque los estudiantes y sus familias reducen el consumo durante las carreras o después, pagándole una deuda de usura al Icetex. Y también se la cobran cuando lo que llaman el mercado no los emplea, por la menor reputación de la universidad que les otorgó los títulos y a la que estos jóvenes llegaron obligados, porque el Estado les negó el derecho a una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, como la de Finlandia, para mencionar un caso.

Las grandes movilizaciones universitarias de esta semana fueron en contra de quienes, como Duque, se han opuesto y oponen a que la línea educativa del Estado colombiano sea la planteada aquí, sin la cual Colombia no será nunca un país de primera categoría. ¿Cómo probar que la privatización es su política? Aunque parezca mentira, ¡luego de 26 años y seis presidentes!, sigue vigente la Ley 30 de 1992, que congeló en términos reales las transferencias del Estado a sus universidades, con lo que la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas, la transferencia del gobierno por alumno cayó de 3.153 dólares a 1.696 entre 1993 y 2017 y, según los rectores, el déficit de las 32 universidades estatales llega a 18,2 billones de pesos, cifra que no es mayor porque se ha sacrificado la calidad, en tanto la participación del Icetex en los recursos públicos del sector pasó del dos al 20 por ciento.

Si quienes gobiernan fueran francos, dirían que para qué educación y ciencia como las de los países que le llevan a Colombia grandes ventajas en todos los órdenes. Para qué si los TLC y la globalización neoliberal imponen que el progreso nacional no vaya más allá del muy mediocre que permitan las exportaciones de materias primas agrícolas y sobre todo mineras.

Coletilla: Violando la ley, los partidarios de Duque en el Congreso sostienen que el ministro Carrasquilla no tiene que responder políticamente por su pasado ni por su vida privada en una Moción de Censura por corrupción (https://bit.ly/2CcEpPJ). ¿Se imaginan la dureza de la crítica que recibiría un congresista que alegara lo mismo ante una acusación grave? Y con toda razón. Pero como en Colombia manejar chequera oficial da patente de corso, pueden asumir decisiones autoritarias, al costo de que, con su actitud y ejemplo, degradan más al país.

Bogotá, 12 de octubre de 2018.