Tomado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8192300
Hacía muchos años Bogotá no experimentaba una semana tan crítica como la pasada. La presentación de un informe del Polo Democrático sobre la contratación distrital y las declaraciones de Miguel Nule, cabeza de un consorcio en líos, describen un entramado de coimas y favores que, de probarse, llegarían hasta a las altas esferas de la Alcaldía Mayor.
Las denuncias acerca de un llamado ‘cartel de la contratación’ no son nuevas. La Fiscalía había dado credibilidad unos meses atrás a los crecientes rumores y se hicieron públicas grabaciones que involucran al Contralor de la ciudad, un ex congresista y varios licitantes de obras. El reporte del ex senador Gustavo Petro recopila sistemáticamente indicios y datos, pero no revela ninguna ‘prueba reina’ que confirme la acusación central: que el senador Iván Moreno, hermano del Alcalde de Bogotá, es el coordinador de un carrusel de multimillonarios contratos que habrían caído en manos de cinco firmas. Los señalamientos de Nule, en problemas por la quiebra de su grupo y responsable de los atrasos de la calle 26, asimismo apuntan al parlamentario polista, a quien acusa de pedir porcentajes a cambio de adjudicaciones.
Los dos paquetes de denuncias no implican por sí mismos que los acusados sean culpables. De hecho, tanto al senador Petro, por razones políticas, como al contratista Nule, por motivos legales, les conviene golpear al burgomaestre y su familia. Sería ingenuo asumir que el grupo constructor dice toda la verdad al librarse de la culpa que le corresponde y que por la cabeza del ex candidato presidencial del Polo no pasa la idea de ser candidato a la Alcaldía capitalina el año entrante.
Más allá de esos intereses, serán instancias judiciales y los entes investigadores los encargados de dirimir el eventual papel del senador Moreno en la concentración de los contratos distritales; probar la existencia de coimas y favores en las adjudicaciones, así como de determinar si los acusados, los contratistas y altos funcionarios de la ciudad incurrieron en delitos o irregularidades. Lo mínimo que la ciudadanía espera es la celeridad y profundidad en esas pesquisas y que se establezcan con claridad tanto los hechos como las responsabilidades.
Pero si las acusaciones contra la cúpula de la Alcaldía son graves, lo son también las consecuencias que esta serie de escándalos le generan a la capital. Aunque la corrupción y la politiquería nunca fueron completamente erradicadas de las prácticas locales, en los últimos años el manejo de los recursos públicos había dejado de estar en el tope de la lista de preocupaciones. Independientemente de lo que las investigaciones concluyan, ya la corrupción se instaló dentro de los temas claves para la campaña electoral del 2011, como lo confirma una encuesta publicada ayer en este diario.
El retroceso de Bogotá en esta materia es palpable y surgió mucho antes del destape de las denuncias. Se equivoca el alcalde Samuel Moreno al atribuir la culpa de lo sucedido a una campaña de desprestigio en su contra, como en la rueda de prensa del pasado viernes. Ni los medios de comunicación ni los opositores están detrás del 75 por ciento de los capitalinos que rechazan su gestión en el Palacio Liévano.
Lo que explica ese descontento es una combinación de mensajes erróneos, fallas gerenciales y el incumplimiento de la mejoría en la movilidad. A esto se suman denuncias que deben ser probadas en las instancias judiciales. De tal manera, más vale que el encargado del Palacio Liévano reaccione y entienda la magnitud del reto que enfrenta para recuperar la confianza de la ciudadanía en estos 14 meses que le quedan.
