Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 21 de enero de 2011.
Es cierto que los damnificados por el desastre invernal deben ser urgente y seriamente respaldados por el Estado, cosa que no ha sucedido. Pero que ese apoyo se necesite – sin clientelismo y en grande porque son muchos los que se hallan sufriendo lo indecible– no autoriza al gobierno de Juan Manuel Santos para hacer lo que se le antoje y menos para silenciar los puntos de vista diferentes a los del santo-uribismo, tras un unanimismo peor que el promovido por Álvaro Uribe.
En Colombia más que desastres naturales lo que hay son desastres sociales, porque su causa principal –antes que la acción de la naturaleza, que naturalmente se comporta con más o menos fuerza– son las determinaciones económicas y políticas que afectan a la sociedad. Esto se comprueba fácilmente. Salvo casos raros, estos desastres solo afectan a los más pobres. ¿Alguien ha visto un barrio que no sea popular inundado o derrumbado? ¿Esos colombianos viven en riesgo porque quieren?
En cuanto a las causas ambientales de los desastres, todavía son más sociales –económicas y políticas– que naturales. La primera causa de las inundaciones es la deforestación, que elimina la vegetación capaz de retener la cantidad de agua lluvia necesaria, por lo que esta se precipita en torrentes sobre los ríos. Para montar haciendas, se han destruido los sistemas de ciénagas que servían como áreas de amortiguamiento de los mayores caudales de los ríos. Y millones de compatriotas viven en zonas de alto riesgo y en construcciones que no cumplen con adecuadas normas de diseño.
Resulta ser, entonces, una exageración, que implica faltar a la verdad, afirmar que se está ante un desastre sorpresivo. De acuerdo con Max Enríquez, en los últimos cincuenta años los desastres hidrometereológicos han provocado cuatro millones de damnificados, 15 mil muertos, 400 mil viviendas destruidas o seriamente averiadas y entre dos y medio y tres millones de hectáreas de cultivos arrasadas. Agrega que el Canal del Dique se rompió en el invierno de 1983 –¡hace 27 años!– y que “las inundaciones generales en la Costa Caribe de 1988 fueron épicas, como las de 1995, 1999, 2005 y 2008”. ¿Cuántas décadas van desde que, cada año, como en una pesadilla, se inundan La Virginia y La Mojana y las riberas del Sinú y el San Jorge?
Además, desde junio de 2010, y cada mes, el Ideam le fue advirtiendo al gobierno que el invierno coincidiría con el fenómeno de La Niña y que superaría los registros históricos. Para agosto –¡agosto!–, como lo constató en persona Juan Manuel Santos, La Mojana ya se había inundado, y faltaba un trimestre para llegar a su máximo la temporada invernal. El 20 de mayo de 2009 –¡de 2009!– se levantó un acta entre el Invías y las organizaciones agropecuarias del sur del Atlántico en la que se le solicitó al gobierno que reforzara el Canal del Dique porque podía reventarse. El 30 de agosto pasado el periódico La Libertad de Barranquilla tituló: “Amenaza el Dique: si se desborda es responsabilidad de Mintransporte e Invías: Habitantes del cono sur del Atlántico”. Y el 30 de noviembre el Dique se rompió, provocando la inundación de 40 mil hectáreas, sin que nadie del gobierno nacional hubiera movido un dedo para impedirlo. Con estos gobiernos lo sorprendente es que los desastres no sean mayores.
El gobierno se aprovecha del desastre y la Emergencia Económica para dos maniobras: autoabsolverse por su negligencia con el cuento de que lo sorprendió el inverno y decidir por decreto, pasándose por la faja el Congreso, en asuntos para los que ni siquiera lo autoriza la Emergencia y que Santos pretendía desde antes del desastre. Se sabe que el Presidente anda tras la privatización de Ecopetrol desde hace rato y con cualquier pretexto y, si el gobierno quisiera, habría tiempo de sobra para que el Congreso legislara al respecto. Convertir a las CAR en aparatos de bolsillo del Presidente, violando la autonomía que les concede la Constitución, es una vieja aspiración neoliberal que intentó Álvaro Uribe y que tiene como objetivo mejorarles los negocios a la gran minería y a otros monopolios. Y que lo haga parapetado en una falsa lucha contra la politiquería tampoco constituye una novedad.
Estas astucias contrarias a la legalidad y a lo democrático, al igual que nombrar a un banquero como jefe de la reconstrucción y con una junta de directiva de hombres de negocios, explican a qué se refiere Santos cuando repite y repite que el desastre debe verse como “una oportunidad”.
