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“Denme una sola razón de estado para mantener en el cargo al Ministro del interior y de justicia”

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, plenaria del Senado, 16 de septiembre de 2008 Antes de entrar en el debate, le hago un llamado cordial al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y resuelva cuanto antes los paros que […]

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Hace 9 años

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, plenaria del Senado, 16 de septiembre de 2008

Antes de entrar en el debate, le hago un llamado cordial al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y resuelva cuanto antes los paros que en este momento adelantan tanto los funcionarios de la Rama Judicial como los corteros de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Son dos conflictos graves, que ojalá se resuelvan cuanto antes. Y en ese sentido, expreso mi solidaridad con los reclamos de estos compatriotas y llamo al gobierno nacional y a los propietarios de los ingenios a encontrar mecanismos, mediante el diálogo, que permitan resolver esas contradicciones que sin duda afectan al país.

El debate va a tratar dos temas de manera diferenciada, siguiendo la evolución de las citaciones, que se modificaron con el paso de los días. Lo primero, vamos a mirar con detenimiento todo este pleito del presidente Álvaro Uribe y el gobierno nacional con la Corte Suprema de Justicia, hecho de lo más grave que pueda suceder en un país como Colombia. Voy a dar la interpretación nuestra sobre este caso, que no es otra que señalar, primero, la violación de la Constitución y la Ley por parte del jefe del Estado, en este caso ni siquiera pudiendo alegar una causa noble, porque no tiene nada de noble intentar arrodillar a los jueces para poder liberar a los parapolíticos o facilitarles las cosas o impedir que las investigaciones avancen. Y lo segundo, voy a mirar particularmente el caso de Guillermo Valencia Cossio, a fin de demostrar cómo en esas situaciones en que está involucrado el doctor Guillermo Valencia Cossio le cabe un grado importante de responsabilidad política al ministro del Interior y de Justicia, su hermano, el doctor Fabio Valencia Cossio. Y en ese sentido insisto en que hace ya muchos días el ministro ha debido renunciar, o si no renuncia por su propia voluntad, el jefe de Estado ha debido pedirle la renuncia. No encuentro una sola razón de Estado para sostener en la cartera al ministro Fabio Valencia Cossio, aun cuando sea evidente que hay razones personales y de grupo, de “roscograma”, pudiéramos llamarlas, no solo de los Valencia Cossio sino del propio uribismo. Las razones son todas, pero uno pensaría que, por lo menos en lo formal, los ministros no debieran moverse por intereses personales sino por intereses superiores.

Paramilitarismo y política terminaron unidos

Como al país lo han venido manipulando tanto, vale la pena precisar un par de cosas. Infortunadamente, hay que señalar que el paramilitarismo no es un invento de la oposición. Ante el hecho de que en estos días el doctor José Obdulio Gaviria dijo que en Colombia no hay desplazados sino migrantes, y faltaría ver si el día de mañana nos los convierte en turistas, habrá que advertir que en Colombia sí hay desplazados y hay un fenómeno de violencia bien grave, en el que también tiene ver la lucha guerrillera, por supuesto, pero que en este caso es paramilitar, una violencia que se tomó en parte sustancial el Estado colombiano, cualquiera que sea la explicación de sus orígenes, para terminar delinquiendo con métodos inhumanos y causándoles unos sufrimientos extremadamente dolorosos a la nación colombiana. Entonces, senadores y colombianos, cuando uno oye al doctor Uribe hablando de que aquí lo que hay es un problema de falsos testimonios, alguien podría pensar que la parapolítica tampoco ha existido.

Digámoslo con franqueza. En el mar de la corrupción política que inunda a Colombia habría sido demasiado extraño que paramilitarismo y política no se hubieran unido, solo que agregándoles a los instrumentos de la corrupción monetaria los de la coacción violenta que hoy nos horrorizan a casi todos los colombianos. Uno de los jefes paramilitares alcanzó incluso a afirmar que el 30 o el 35 por ciento de los congresistas colombianos había llegado al parlamento gracias al respaldo del paramilitarismo. Esa será una cifra que habrán de establecer los jueces, no yo, yo no soy juez de la República. Y advierto desde ya que sobre estos temas no tengo más información que la que sale en los medios de comunicación. Personalmente, hago votos por que no sean tantos. También advierto que en lo tocante a acusaciones o menciones, no pretendo reemplazar a los jueces. Creo en el debido proceso. Creo en la presunción de inocencia. En todos aquellos casos en que no haya aún condenas dictadas por autoridades competentes, solo estamos hablando de presuntos delitos, y lo dejo sentado desde ya porque afecta toda mi intervención, para no verme obligado a reiterando a cada instante.

Debo precisar además, porque es muy importante en la lógica con que abordo el debate, que más que parapolítica, lo que hay en Colombia es parauribismo. Sé que la afirmación molesta, pero alguien tiene que atreverse a decirle al rey que anda desnudo, como en la conocida fábula de aquel monarca detestable que siempre andaba desnudo y a quien sus súbditos siempre le alababan las bellas ropas, sin que nadie se arriesgarla a decirle la verdad, hasta que al fin un niño se atrevió. Repito entonces, jugando un poco ese papel, que más que parapolítica, lo que hay en Colombia es parauribismo. Como lo he dicho en otras ocasiones, aquí y en todas partes, parauribismo no quiere decir que cada uribista sea un parapolítico, ni que cada uribista esté involucrado en el paramilitarismo. No es esa de ninguna manera la interpretación. Pero lo que sí afirmo es que son demasiados los parapolíticos uribistas. Son demasiados. Y entonces eso me permite, pienso que con fundamento científico, hacer esta precisión. Les doy cifras: del total de congresistas involucrados, de los elegidos solo en el 2006, para no hacerme extenso, el 81 por ciento son uribistas. De los detenidos, el 83 por ciento son uribistas. No el 30 o el 40, que ya sería mucho. No. Estamos hablando por encima del 80 por ciento. Y de acuerdo con los datos que me dio el doctor Fabio Valencia Cossio, de los condenados, el 89 por ciento son uribistas y amigos del presidente Uribe, gente que él ayudó a elegir, gente que jugó un papel fundamental en la elección del presidente. ¿Habría podido salir reelegido el doctor Uribe en el año 2006 si no hubiera sido por los votos de estos amigos suyos? Estos son los hechos, la realidad. Digamos que hasta aquí cualquier persona objetiva tendría que ponerse de acuerdo.

Uribe actúa todo el tiempo con la lógica del tapen-tapen

Nosotros en el Polo pensamos que desde el primer día los amigos del gobierno han venido actuando con la lógica del tapen-tapen. Uribe es el rey del tapen-tapen y sus ministros y sus jefes actúan todo el tiempo con la lógica del tapen-tapen, hasta el punto de que ya están sugiriendo que aquí no ha habido nada, ni siquiera desplazados, ni siquiera parapolíticos, sino únicamente falsos testigos. Y al paso que vamos, terminarán haciéndonos creer que nada ha pasado en Colombia y que todo es un invento de la oposición.

En este recinto, el 18 de octubre de 2006, cuando apenas empezaban los debates, el doctor Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justicia, fue capaz de llamar a repetir en este asunto del paramilitarismo las hazañas del Frente Nacional. Qué tal que los liberales y los conservadores de ese tiempo, dijo Carlos Holguín, se hubieran puesto a averiguar la verdad de los horrores de la Violencia que dejaron cerca de 400 mil muertos. Y aquí en este recinto, el 25 de febrero de 2007, el doctor Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz, hizo esta afirmación: “Este es el momento de la verdad”. Y agregó: “Y no sé hasta dónde el país está preparado para dar este paso”. Advirtamos que en Colombia, cuando los gobernantes hablan del país, están hablando es de sí mismos, porque se han arrogado un derecho que nadie les ha otorgado de señalar que ellos son el país. Es lo mismo que ocurre cuando la oposición protesta en contra del gobierno. Nos dicen, no, ustedes le están haciendo un daño a Colombia, como si el jefe del Estado fuera Colombia.

El presidente Álvaro Uribe Vélez siempre nos ha enrostrado en estos debates que si no fuera por él, la parapolítica nunca se habría investigado. Nos dice: es a mí a quien se lo deben. Y el uribismo lo da como la prueba reina de que el doctor Uribe está en contra de la parapolítica. Pero es una afirmación falaz que no resiste el análisis. No olvidemos que la Ley de Justicia y Paz, aprobada en este Congreso por las mayorías uribistas, no ponía la verdad como condición sine qua non para hacer la rebaja de las penas. No olvidemos que la Ley de Justicia y Paz les ofrecía a los paramilitares rebajas de penas de 40 años a 7 años, una política bastante generosa por lo demás, jamás condicionada a que dijeran la verdad. Le tocó a la Corte Constitucional establecer, no voy a leer el fallo, que si no había verdad legalmente establecida, los jefes del paramilitarismo no serían acreedores a las importantes rebajas que se les estaban ofreciendo. Luego no puede aducir el doctor Uribe que si aquí está habiendo verdad, la poca que habido por cuenta de los jefes del paramilitarismo, se debe a la Ley de Justicia y Paz. No es cierto. Se debe a que una colombiana, valerosa ella, la doctora Clara López, puso un denuncio ante la Corte Suprema de Justicia. A que senadores como el doctor Petro, como la doctora Piedad Córdoba, hicieron debates al respecto, y a que la Corte Suprema de Justicia, en una actitud de valor civil y patriotismo que la enaltece, una actitud de alto riesgo porque todos sabemos la gravedad de los problemas que ella se estaba echando encima, decidió dedicarse a investigar la verdad. Esa es una realidad incuestionable.

Aquí tengo una cita del doctor Sabas Pretelt de la Vega, del 21 de mayo de 2006, en El Espectador, en que se rasga las vestiduras porque la Corte Constitucional había establecido que en este proceso debía conocerse la verdad. Y hay otra cita, también de El Espectador, en que uno de los parapolíticos hoy preso fue capaz de afirmar: “La Ley de Justicia queda sirviendo para nada”. Esta es la posición oficial del uribismo. Primero aprobó una ley que no exigía la verdad y cuando la Corte Constitucional la modificó, se alzaron los lamentos porque al uribismo le parecía que la verdad que había que darle al país era la que había explicado el doctor Carlos Holguín Sardi en esta corporación.

Veamos la actitud del presidente. No se me olvidan las carcajadas del Congreso Nacional Cafetero cuando cayeron los primeros presos y el presidente de la República salió a decir: Voy a pedirles a los congresistas, a los que puedan ir al Congreso porque no hayan sido recluidos en una cárcel, que, por favor, a cumplir con su deber y voten favorablemente la agenda legislativa. Mientras no me metan a los uribistas a la cárcel, que voten la agenda legislativa. Dijo días después: Y cada vez que me metan uno traigan al que sigue, pero eso sí, que siga votando la agenda legislativa. ¡Qué frivolidad, qué falta de seriedad de un jefe de Estado atendiendo uno de los asuntos políticos más graves de la historia de Colombia, probablemente el más grave de la historia del país!

El fiscal y el jefe del DAS

Recordemos otro pasaje de la historia nacional. El Fiscal General, doctor Iguarán, llegó a ese cargo después de haberse paseado por el Ministerio de Justicia como segundo a bordo, donde lo puso el presidente de la República. Claro, no fue ilegal que el presidente Álvaro Uribe, aprovechando sus mayorías parlamentarias, hiciera nombrar a Iguarán como Fiscal General de la Nación, pero en mi lógica eso viola el espíritu de la separación de los poderes. Desde el principio, el doctor Álvaro Uribe Vélez hizo esfuerzos por conseguirse un fiscal de bolsillo que le asegurará a él y a sus amigos un trato de privilegio en la Fiscalía.

Recordemos también el caso del director del DAS, nombrado por el presidente de la República y cogido con las manos en la masa en situaciones gravísimas. Si hoy anda por la calle, es por extrañísimos errores de procedimiento de la Fiscalía. Pero ha sido condenado ya por la Procuraduría, por los delitos cometidos en sus relaciones con el paramilitarismo. Y recordemos lo que hizo el presidente Uribe cuando empezaron las primeras denuncias contra el jefe del DAS. Se puso como un tití y salió a defenderlo como si fuera el mejor de los prohombres. Y recordemos otro hecho si se quiere más grave. Hay que ver la agresividad que desató el presidente de la República cuando el director de uno de los medios más importantes de Colombia se atrevió a preguntarle por qué defendía de esa manera a su jefe del DAS. Hay que ver la notificación que le hizo al país dejando en claro que en el debate de la parapolítica no iba a haber garantías democráticas por parte del jefe del Estado y que quien se atreviera a contradecirlo sufriría el rigor de sus iras, porque lo iba a hacer crucificar en los medio masivos de comunicación, que le garantizan, a mi juicio, cometer desafueros inauditos.

Las reacciones en Estados Unidos

El 22 de mayo del 2007, el presidente de la República afirmó: “Lo que sí creo, es que nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad”. No hacía referencia por supuesto a los gatilleros, a los mandos básicos del paramilitarismo, que ya habían sido cubiertos por la Ley de Justicia y Paz y a quienes se les garantizaba, como tienen hasta el momento garantizado, que no están obligados a confesar realmente nada. No, hacía referencia a los parapolíticos que en ese momento estaban detenidos en La Picota, en la cárcel La Picota, literalmente hablando. Fueron tan bochornosas todas estas semanas, tan bochornosos todos estos meses, que Patrick Leahy, uno de los principales senadores norteamericanos, insistió en que había que profundizar sobre lo que estaba ocurriendo en Colombia y le advirtió al gobierno de Estados Unidos: “Lo que sucede debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando en Colombia”.

En los mismos términos recordemos también el señor Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, quien por aquellos días prefirió no asistir a una reunión en la ciudad de Miami con tal que no lo fueran a sacar en una foto compartiendo la mesa con el presidente de Colombia, doctor Álvaro Uribe Vélez.

Recordemos cómo un asistente de Hillary Clinton se vio obligado a renunciar por estar haciendo lobby en beneficio del gobierno colombiano. Y recordemos las declaraciones del candidato demócrata, Barack Obama. Y recordemos que no ha habido TLC, y no lo ha habido no porque el Tratado contradiga los intereses de Estados Unidos, sino porque el gobierno nacional no ha sido capaz de dejar claros los hechos frente a los continuados reclamos en torno a estos temas y a los asesinatos de sindicalistas, que finalmente son el mismo tema.

Empieza escalada contra la Corte

Lo nuevo que viene en esta historia son las agresiones a la Corte Suprema de Justicia. En julio de 2007, la Corte decidió que no se le puede conceder la naturaleza de delito político a la asociación para delinquir. El debate tiene mucho de académico, si ustedes quieren, sobre un concepto del delito político que viene desde la Constitución de 1886 y ha sido utilizado por todos los gobiernos. Y la Corte Suprema de Justicia, en su leal saber y entender, toma una determinación, una determinación que de carambola impedía que los parapolíticos pudieran ser liberados del cargo de asociación para delinquir para ser excarcelados de un momento a otro. Puedo aceptar que cualquier persona, incluso el presidente de la República, defienda un punto de vista contrario al de la Corte Suprema de Justicia. Lo que me parece inaudito es que el primer magistrado de la República se lance a una campaña de agresiones feroces para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Uribe llegó a afirmar en ese momento que había un sesgo ideológico en los fallos de la Corte Suprema “y uno no puede hacer que imperen los sesgos ideológicos sobre los intereses superiores del país”. Aquí muchos son abogados, y saben que si alguien le dice a un juez o a un fiscal que no está fallando conforme a derecho sino por sesgos ideológicos, lo está acusando de prevaricador, de delincuente, de tramposo, de violador de la Constitución y las leyes. Aquí no nos pueden entonces salir el uribismo y el presidente Uribe a replicar que es que estamos en un debate jurídico con las altas Cortes de Colombia. No, están acusando al alto tribunal de ser una corte de prevaricadores. E introducen además de contrabando un concepto inaceptable. Los sesgos ideológicos que el presidente Uribe le atribuye a la Corte no pueden oponerse a los intereses superiores del país, en sus propias palabras. Es decir, le pide a la Corte que no falle en derecho, de acuerdo con la Constitución y la Ley, sino en función de los “intereses superiores del país”, que son curiosamente lo que al doctor Álvaro Uribe se le antoje que sean. Típico. La lógica del tirano. L’Etat c’est moi, decía un rey francés: “El Estado soy yo”. Todo lo que contradiga al soberano es contrario al interés del país, es contrario al interés de la patria.

El caso Tasmania

El otro caso que vale la pena relatar es el de alias “Tasmania”. ¿Cuál es el caso de alias “Tasmania”? El día en que se ordenó la detención del doctor Mario Uribe, primo del presidente de la República, el primer mandatario llamó al presidente de la Corte, doctor Cesar Julio Valencia, y le habló muy mal de Iván Velásquez, magistrado auxiliar jefe de estas investigaciones. El presidente de la Corte dijo después que el presidente lo había llamado también a abogar por su primo, el doctor Mario Uribe. Pero ese no es el debate que voy a hacer aquí, aunque sigue la discusión, el presidente Uribe dice una cosa, el presidente de la Corte dice otra. Lo que sí quiero resaltar es que a partir de ese día empieza una gran escandola en Colombia, porque se acusa al principal de los investigadores de la parapolítica, el doctor Iván Velásquez, de haber intentado comprar a alias “Tasmania”, un delincuente reconocido, para que declarara en contra del presidente de la República, una gravísima acusación. El doctor Uribe y sus amigos se lanzaron a fondo a desacreditar al magistrado Iván Velásquez. Rápidamente la fiscal, doctora Ana Elena Gutiérrez, que estuvo en la cita con Iván Velásquez y alias “Tasmania”, dejó en claro que no era cierto que el tema del presidente de la República se hubiera ventilado en esa reunión. Sin embargo, la escandola fue horrible y por cuenta de ella muchos uribistas tienen todavía lo de alias “Tasmania” como una prueba de la conspiración que hay contra Uribe y para sostener, como se viene diciendo, que aquí no ha pasado nada, ya no hay desplazados sino migrantes y no sería raro que tampoco parapolítica.

La acusación se fue a donde se tenía que ir y la Fiscalía entró a investigar al magistrado auxiliar Iván Velásquez. Hace unos días, la Fiscalía, la entidad que tiene el derecho legal de hacer este juzgamiento, determinó que lo que había habido contra el magistrado Iván Velásquez –cito entre comillas– era “un burdo montaje”. Y explicó que alias “Tasmania” se había retractado de las acusaciones que le había hecho al magistrado Velásquez y que en la retracción había contado lo que de verdad había sucedido. A él la carta con las acusaciones contra el doctor Iván Velásquez se la había elaborado el abogado Sergio González. Pues bien, el abogado Sergio González es nada menos que el apoderado del “Tuso” Sierra, un narcotraficante o paramilitar en este momento extraditado en Estados Unidos. Y alias “Tasmania” dijo también que había dado su primera declaración porque le habían ofrecido casa y dinero, declaración que en principio acepta la Fiscalía General de la Nación, la encargada de determinar dónde está la veracidad en todo este enredo.

Y se ha vuelto toda una discusión cuál es la historia de la famosa carta, quién la llevó, quién la escribió, quién la trajo a palacio, porque, además, el gobierno nacional ha asumido una actitud de ocultamiento. Hasta que el doctor Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente de la República, reveló el 12 de julio pasado cuál es la historia de la famosa carta, en unas declaraciones al periódico El Espectador. Dice él: “El 10 de septiembre de 2007 Mario Uribe –o sea, su primo– me llamó y me contó que el doctor Sergio González (es decir, el abogado del ‘Tuso’ Sierra) me iba a llevar una carta gravísima. Al día siguiente se presentó y me mostró la carta. Mario Uribe fue quien se encargó de hacerla llegar al presidente (lo que nunca se había podido establecer, porque la Presidencia de la República nunca ha informado con claridad) no sé si personalmente o a través de José Obdulio”. Esa es la historia de la carta. Es una carta que elabora Sergio González, el abogado de un narcotraficante, y que se le lleva a “Tasmania” por parte de personas cuyos nombres ya mencioné. Estos detalles tendrá que terminar estableciéndolos la justicia, pero estos son los hechos. La Fiscalía estableció ya que estamos ante un burdo montaje en contra del magistrado Iván Velásquez y que en él, de una u otra manera, hay un entorno muy cercano al presidente de la República relacionado con el asunto.

Pero miren ustedes. El jefe del Estado en vez de decir, bueno, esa es la decisión de la Fiscalía, miren con lo que sale: “El fallo sobre Tasmania es un fallo político, no jurídico. En el cual se quiso quedar bien con la Corte y con el presidente”. Luego el jefe del Estado acusa al fiscal Iguarán de ser un prevaricador, de ser un delincuente, de violar la Constitución y la Ley, de no hacer fallos conforme a derecho sino por cálculos políticos. Es absolutamente inaceptable este comportamiento del jefe del Estado. Cualquier juez o fiscal que se atreva a tomar decisiones que al presidente de la República no le gustan de una vez es vilipendiado, calumniado, acusado, infamado, en un caso, además, donde es evidente que quien tiene que dar explicaciones es el presidente de la República. Que digan con franqueza cómo llegó la carta, quién hizo la carta y que cada averiguación no haya que sacarla con sacacorchos, como hasta ahora ha ocurrido.

La extradición de los testigos

El otro pasaje sobre el cual vale la pena detenerse es lo que muy bien tituló el periódico El Nuevo Siglo “La extradición de los testigos”. Catorce jefes presos por paramilitarismo, los principales testigos de esta causa, resultaron un buen día extraditados a Estados Unidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA asevera que lo que hicieron fue quitarles los testigos a la justicia colombiana, los que tenían que decir la verdad si querían acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Y aquí nos dicen que es que esos señores estaban delinquiendo, y yo pregunto: ¿cuatrocientos treinta mil hombres sobre las armas en Colombia no pueden controlar las actividades delictivas de catorce? ¿Las fuerzas armadas de Colombia no pueden lograrlo? Lo que pasa es que aquí se dicen cosas sobre las que no se pasan cuentas o no se pagan cuentas, porque si ese es el Estado colombiano que con 430 mil hombres sobre las armas no es capaz de impedir que delincan catorce que están encarcelados, pues debían renunciar todos, empezando por el propio jefe de las fuerzas armadas o por el propio ministro de Defensa. Y Álvaro Uribe vuelve y arremete cuando la Corte Suprema de Justicia le pide que por favor dé alguna explicación al respecto, por qué ocurrió la extradición y qué sucede con la Ley de Justicia y Paz.

El caso Yidis: la Corte, “socia del terrorismo agónico”

Mencionemos también el caso de doña Yidis Medina. Otro caso escandaloso. No del mismo tipo, sé que aquí hay un matiz que no quiero desconocer, pero que de todos modos tiene ver con estas cosas. La señora, como todos sabemos, cambia el voto, la señora confiesa . La Corte Suprema de Justicia le hace un juicio y analiza las pruebas, no sólo la declaración de la ex congresista, y decide castigarla con pena de cárcel por el delito de cohecho. Y está ya llamado a juicio el señor Teodolindo Avendaño , quien va a entrar a la historia, creo yo, no solo por estas circunstancias de las que estamos hablando, sino porque ya es la corrupción en módicas cuotas mensuales. Se compran y se venden las notarías en módicas cuotas mensuales. La Fiscalía General de la Nación tiene llamados a indagatoria, que no es poca cosa, al ex ministro Sabas Pretelt, al ministro Diego Palacio y a otros altos funcionarios del Estado. La Procuraduría les abrió pliego de cargos a todos.

Sobre el cohecho, miren lo que dice la Procuraduría: “Finalmente, sucumbe la voluntad de la parlamentaria Medina, no a la fuerza de la retórica, sino a los ofrecimientos particulares que le hacen los funcionarios”. Eso dice la Procuraduría. ¿Qué hace el presidente Álvaro Uribe Vélez? Escribe esta frase y la firma: “La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.” ¡Y se dice que este es un Estado de Derecho! Que un presidente de la República acuse a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ser “socios del terrorismo agónico” porque probaron que una señora que confesó había cometido un delito. Ya lo único que falta por saberse son los nombres de los delincuentes que se asociaron con doña Yidis. Y por eso la Corte Suprema de Justicia se convirtió en socia del terrorismo agónico. Y el Presidente agrega que esto “no parece tener solución judicial”. Y si no tiene solución judicial es que tampoco tiene solución legal. ¡Aquí estamos hablando de un primer mandatario amenazando con dar un golpe de Estado y con montar una dictadura! Y para sumarle al dicho el hecho, Uribe Vélez se inventa el esperpento de un referendo que dizque para que lo absuelva. ¡De locos! Literalmente de locos ese cuento del referendo. Amenazó con desbaratar el país todo, con tal de salirse con la suya y demostrar la inocencia de sus funcionarios, cuando no tiene capacidad ni teórica ni legal para hacerlo. Tanto fue el esperpento, que los propios uribistas tuvieron que ponerse en el plan de amarrarlo, sí, e inventarse algún tipo de absolución para que el jefe del Estado dejara de insistir en esa locura.

Vinieron después las reformas política y a la justicia, reforma a la justicia que todavía hoy nos insiste en hacer para golpear a la Corte Suprema de Justicia y abrir la posibilidad de que los parapolíticos, o mejor, los parauribistas, salgan de la cárcel. Y siguen con eso y el doctor Fabio Valencia insiste en eso, porque es el único sentido de la reforma a la justicia que están proponiendo.

La “casa de Nari”

¡Y que tal el caso de la “casa de Nari”. Alias “Don Berna”, un reconocido delincuente, narcotraficante, por conducto de su abogado (Diego Álvarez) y de otro reconocido delincuente, alias “Job”, decide hacer una emboscada contra el magistrado Iván Velásquez. Siguen pujando contra Iván Velásquez. Se trata de tumbar a quien ha tenido el valor civil y la inteligencia de adelantar estas investigaciones. Y que el complot lo hagan “Job” y “Don Berna” y Diego Álvarez no me sorprende, bueno, ellos están en lo suyo, se supone que están por fuera de la ley y el otro es abogado y le pagan para que haga esas cosas. Pero el complot se efectúa es dentro de la Casa de Nariño, en reuniones a las escondidas, como lo voy a demostrar en un instante, al anochecer, para poder conspirar. Casi no somos capaces de saber los colombianos quiénes fueron los que estuvieron en la reunión, si es que lo sabemos, porque de pronto salta otro gato enmochilado. El señor Edmundo del Castillo y el señor Cesar Mauricio Velásquez y el doctor Juan José Chaux, reunidos con estos personajes. ¡Qué horror la grabación del doctor Juan José Chaux! Hizo bien en renunciar. Hizo bien en renunciar, porque la grabación es horrible.

Sale alias “Job” de la última reunión en la Casa de Nariño, conspirando en contra del magistrado Iván Velásquez, y entonces llama a alias “Don Berna” y le da el parte: “Nos fue muy bien en la ‘casa de Nari’”, y habla del cura y el periodista. Bastante confianzudo alias “Job”, asesinado después en otro asunto escabroso, como todo lo de esta historia.

¿Cómo lo explica el presidente de la República? El doctor Uribe sale y dice que no, que no entraron a las escondidas. Pues falta a la verdad el doctor Álvaro Uribe Vélez. Sí entraron y salieron a las escondidas. El general Flavio Buitrago, el encargado de explicar cada movimiento, muestra los folios de la puerta secundaria por donde entraron estos personajes –no entraron por la puerta por donde entran los gobernadores o los congresistas, sino por otra, donde también hay que apuntarse– que a tal hora, según el folio 187, entra el vehículo tal, placas tales, “conducido por el señor Diego Álvarez”, el abogado de alias “Don Berna”. Fíjense ustedes: conducido por el señor Diego Álvarez. Y no entra nadie más, según este registro. Y después, dice el general Flavio Buitrago, salida en el folio 145, el día tal, a tal hora, “salen dos señores que se encontraban con el doctor Edmundo del Castillo, sin novedad”. Dos señores. Parió el doctor Diego Álvarez en el Palacio de Nariño. Si esa era la orden, que fuera sin novedad, no podía aparecer alias “Job” registrado en la entrada de Palacio.

Y sale el presidente de la República y nos muestra una película, ¿para probar qué? Que sí los registraron. No, se prueba que los registraron es mostrando el registro, no mostrando películas. Es evidente que hicieron el esfuerzo por ocultar el complot y cuando el escándalo estalla, tienen entonces que sacar una película de la seguridad de Palacio. Bueno, ya habría sido el colmo, en una actitud francamente delictiva, que hubieran llegado hasta el punto de apagar también las cámaras que filman la seguridad de Palacio.

¿Del Castillo y Velásquez son autoridad judicial para estar haciendo estas cosas? ¿Quién les otorgó las facultades? Es que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les está autorizado por la ley. ¡Cómo así entonces que el de la oficina jurídica y el jefe de prensa, un periodista, actúan como autoridades judiciales! Tal vez en la República que estamos padeciendo, pero no basados en la Constitución y la Ley. Cuando se le pregunta al gobierno nacional por qué no judicializaron esas supuestas pruebas en contra del magistrado Iván Velásquez, el doctor Uribe Vélez responde que porque son “irrelevantes”, pero también habían dicho que el DAS no las había acabado de transcribir, y si el DAS no las había acabado de transcribir, por qué afirma el presidente Uribe que son irrelevantes. ¿Son ellos los que tienen que establecer si son irrelevantes y no los jueces de la República? Para completar el cuento, esas pruebas tan irrelevantes le fueron oportunamente filtradas a algunos medios para generar de todas maneras una ola de descrédito en contra del magistrado Iván Velásquez.

Y aquí hay un hecho que quiero mencionar con franqueza. Lo único que queda claro en las películas es que hay un señor llamado Henry Anaya, que hizo propuestas discutibles, por decir lo menos, si es que los jueces no terminan estableciendo que son corruptas. Y ese señor, jefe importante del Partido Conservador en Santander, termina después de registrador de Barrancabermeja, nombrado por la registradora del Partido Conservador, y después de que estallan los hechos, lo destituyen. La pregunta es: cuando lo nombraron, ¿no sabían quien era? ¿O era una manera de recompensarle lo que estaba haciendo? Esos son hechos que debieran explicar.

Y cuando estalla el escándalo, el doctor Álvaro Uribe Vélez, lejos de amilanarse o de dar explicaciones satisfactorias, se despacha en una andanada feroz contra un determinado partido político de Colombia por sucesos de hace veinte años. Esta sí es la cortina de humo más descarada de la historia de la humanidad, pienso yo. Cogidos en la “casa de Nari” con las manos en la masa por actos que pueden ser delictivos, el doctor Uribe pone el debate en sucesos de hace veinte años, contra un gobierno del cual además él hizo parte y al que nunca criticó por nada y al que, por el contrario, defendió de mil maneras.

No voy a discutir lo que planteó, pero sí a hacer una reflexión, senadores y colombianos. La lógica del presidente de la República es que cuando se le acusa de un hecho grave, incluso delictivo, él lo que hace es tirar una bomba cinco o diez o veinte años atrás para tender una cortina de humo. Y pregunto: ¿no termina estableciendo una especie de lógica corrupta? Bueno, yo sí hago cosas indebidas, parece decir, pero mire que usted también. Ese el mensaje que se le transmite al país. Como usted hizo una cosa indebida hace veinte años, no tiene derecho a censurarme a mí las cosas indebidas que estoy haciendo ahora. Esa es la racionalidad de esta argumentación, porque si no lo es, no entiendo cuál sea la lógica. O es que lo de la “casa de Nari” se vuelve un hecho defensable y respetable porque hace veinte años alguien haya hecho supuestamente una cosa indebida. Curiosa ética del jefe del Estado.

Y la prueba reina de que en toda está historia el presidente de la República viene procediendo mal, por fuera de la Constitución y de la ley, es que ya está por aquí la Corte Penal Internacional. Aquí estuvo el fiscal Luis Moreno, y expliquémosles una cosa a los colombianos. La Corte Penal Internacional solo se asoma a países en los que la justicia no actúa, y no actúa, o porque no quiere actuar, o porque no la dejan. Y anda también la gente de la ONU, y el mundo civilizado está mirando lo que pasa en Colombia, hechos delictivos de enorme gravedad y una violencia inmensa a lo largo de décadas, y cuando por fin aparece alguna investigación, entonces hay un jefe de Estado que no se pone en plan de colaborar, de ayudar, de facilitar, de dar consejos, sino en plan de silenciar a quienes se han atrevido a escudriñar la verdad.

El caso del director de Fiscalías de Medellín

Terminemos, señor presidente, haciendo unas menciones breves sobre el caso del doctor Guillermo Valencia Cossio y del doctor Fabio Valencia Cossio. Contemos un poco los hechos. El doctor Guillermo Valencia Cossio es el hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y fue el director de fiscalías de Medellín. Hace unas semanas apareció en una grabaciones Guillermo Valencia conversando con el señor Juan Felipe Sierra (hoy preso, y pienso yo que hay razones para que lo esté) unas conversaciones absolutamente escabrosas en que se hace continua referencia a un tal alias “El Indio”, lugarteniente de alias “Don Mario”, a su vez hermano de alias “El Alemán”.

¿Qué dicen las autoridades? Y estoy citando a las autoridades. Que es una banda peligrosísima de delincuentes, narcotraficantes y paramilitares. Para resumir el cuento, hay grabaciones que involucran al señor Guillermo Valencia con una organización de delincuentes. Ojalá tuviéramos tiempo para oírlas, porque son realmente escalofriantes. No son grabaciones donde uno tenga que empezar como a especular mucho qué es lo que dicen. No, son de una frescura absoluta. Ellos hablaron convencidos de que no los estaban grabando. Diría que pueden ser iguales o peores que las de Chaux, el tío de la niña de Fiduagraria. Pasan demasiadas cosas en este gobierno y en la cartera de Agricultura. Un día vamos a tener que mirarlo con detenimiento, doctor Arias, porque aun cuando fuera los errores deberían pagarlos, pensaría uno, que es como de la lógica del funcionamiento de las cosas políticas.

Les voy a resumir un poco qué dicen las grabaciones. Guillermo Valencia Cossio aparece haciéndole mandados a alias “El Indio”, asociado con Juan Felipe Sierra. Sierra le reclama a Guillermo Valencia y le revela que están “caídos” con “El Indio” porque habían quedado de sacar su foto de un organigrama que había en Fiscalía sobre esa organización delictiva, y hasta ahora no lo habían sacado. Entonces Guillermo Valencia Cossio, según una grabación, se pone las pilas y logra que retiren a alias “El Indio” del organigrama. Guillermo Valencia Cossio llama a Juan Felipe Sierra y le informa que él estaba presente cuando sacaron a “El Indio” del organigrama, organigrama que, yo no sé si en chiste o qué, se lo presentaron sin “El Indio” al doctor Álvaro Uribe Vélez. En otra grabación, Juan Felipe Sierra se enorgullece ante alias “El Indio” por haberlo sacado del organigrama y hablan de regalarle a Valencia una cuatrimoto, esas motocicletas costosas. Juan Felipe Sierra le transmite a Guillermo Valencia los agradecimientos de alias “El Indio” por haberlo sacado del organigrama de la banda. En otra grabación, Juan Felipe Sierra se queja de que Guillermo Valencia Cossio lo llamó tres veces en media hora y se ponen de acuerdo dónde le dejan la cuatrimoto de 40 millones. En resumen, ¡horrible! Ojalá tuviéramos tiempo para poner las grabaciones. Realmente horrible, realmente horrible.

¿Quién es Juan Felipe Sierra? Un empresario importante de Medellín, y revelan las informaciones de prensa que entraba como Pedro por su casa, es la frase que usan, a los consejos comunales y de seguridad del presidente Uribe. Dice también el mismo Sierra en alguna grabación que venía de una conferencia excelente que acababa de oírle a Juan Manuel Santos. Sierra es propietario de una empresa que cuenta con 1.200 empleados, y es la misma empresa que les da la seguridad a los reinsertados del paramilitarismo en Medellín. El encargado de manejar, de contratar con esa empresa, el doctor Gustavo Villegas, tuvo que renunciar porque aparece en tres grabaciones. Y hay algo que llama la atención, doctor Fabio Valencia, y que quisiera que usted nos explicara. La gente de inteligencia que hace estas grabaciones, asesorada además por organismos internacionales, según se comenta, dice que hay varios “casos incómodos” en las grabaciones, porque Sierra y Guillermo Valencia aparecen hablando de Fabio Valencia. Particularmente hay una grabación en la que se habla de que el doctor Guillermo Valencia venía a Bogotá a la posesión suya, señor ministro, y de que se iba a Medellín y llevaba unos papeles, y entonces Sierra le contesta: “Sí, pero tenemos que hablar de eso, de la llevada de los documentos, porque con eso de Fabio –o sea, con el nombramiento de Fabio Valencia en el cargo de ministro–, no me parece que haya más entregas personales de documentos”. La pregunta es específica: ¿por qué había que cambiar el sistema cuando el doctor Fabio Valencia llegó al Ministerio? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Bueno ya está en la cárcel Juan Felipe Sierra, fueron sacados de la policía el general Antonio Pedreros, nada menos que el jefe de la policía de Antioquia, Córdoba y Chocó, y fue también por este mismo caso excluido de la policía el general José Antonio Gómez Méndez, jefe de la Policía del Valle. ¿Y a alguien le extraña que el mundo entero esté mirando hacia Colombia? No es poca cosa que caiga un gran empresario antioqueño, vinculado a una familia muy conocida de esa ciudad, que caigan dos generales de la república y que caiga el jefe de fiscalías de Medellín.

Las presiones de Fabio Valencia al Fiscal

El doctor Fabio Valencia Cossio comete un error gravísimo y a mi juicio inaceptable, descalificatorio de plano, cuando utiliza su cargo como ministro de Justicia para presionar al fiscal Iguarán, el encargado del proceso contra Guillermo Valencia Cossio, su hermano. Proceso en el que, digámoslo con franqueza, el doctor Iguarán, Fiscal General de la Nación, se movió con bastante lentitud. Y no solo el ministro lo presionó, sino que negó haberlo hecho cuando se lo preguntaron. A la presión le suma la falsedad. RCN TV, y no cito sino fuentes lejanas a toda sospecha entre las huestes uribistas, afirmó el 25 de agosto: “Anoche el ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo que no había hablado con el fiscal para abogar por su hermano, pero hoy el fiscal lo desmintió”. Sale Fabio Valencia en la imagen y reafirma: “Nunca abogué por mi hermano, el fiscal tiene una confusión de buena voluntad porque mi hermano me comentó…” y echa un cuento. Otra imagen, y la presentadora comenta: “Pero hoy el fiscal le contestó con vehemencia: ‘Personalmente, personalmente, el propio ministro del Interior y de Justicia me ha dicho que él cree en la inocencia de su hermano y que se le debe dar una oportunidad para que explique, para que se defienda’”. Por eso es que el noticiero informa que el fiscal lo desmintió, porque el doctor Fabio Valencia Cossio había faltado a la verdad cuando aseguró que no había ido a donde el fiscal, porque Iguarán afirma que fue personalmente. En una versión posterior, Fabio Valencia Cossio admite que él fue a que le aceptaran la renuncia a Guillermo Valencia. Esto de que le aceptaran la renuncia cobra también enorme importancia, porque no es lo mismo salir de la Fiscalía por renuncia que destituido y porque todos sabemos que cuando el fiscal Iguarán decidió destituir a Guillermo Valencia Cossio, este último intentó meter una carta a la carrera presentando renuncia, lo que provocó una discusión importante. Y el doctor Fabio Valencia fue a donde el fiscal Iguarán a decirle que dejara renunciar a su hermano, el punto crucial en ese momento.

¿Qué dice el presidente Álvaro Uribe? “Lo que me ha dicho el ministro a mí, desde el principio, es que él se separa del caso, que le duele lo de su hermano y que él le pidió al Fiscal que le aceptara la renuncia a su hermano”. Con esta cita creo entonces que queda probado que el doctor Fabio Valencia sí le pidió a Iguarán que le aceptara la renuncia a su hermano. Son dos cosas bien distintas, una cosa es la renuncia y otra cosa la insubsistencia. Pero al doctor Uribe se le escapa algo que me parece muy grave y que es inaceptable en cualquier país medianamente civilizado del mundo. Dice Álvaro Uribe, protegiendo al doctor Fabio Valencia Cossio: “Lo que me ha dicho el ministro a mí desde el principio es que él se separa del caso”. ¿Cómo así que se separa del caso, doctor Valencia? Se supone que usted no está en el caso. Se supone que usted no tiene nada que ver con este caso. Se supone que usted no es consejero del fiscal Iguarán. Se supone que el fiscal Iguarán no es subalterno suyo. Y se supone que usted no tiene nada que ver con el proceso. Entonces ¿cómo así que se separa y cómo así que el presidente de la República sale a darnos como gran garantía que el doctor Fabio Valencia, después de haber presionado al fiscal, se separa del caso? Estamos hablando de hechos de extrema gravedad, porque tienen ver con asuntos tan sustanciales como el de la separación de los poderes.

Veamos quién es el doctor Guillermo Valencia Cossio. Y empiezo citando al doctor Fabio Valencia cuando dice: “Yo respondo por mis actos”. Precisamente. Yo lo que quiero ver hoy aquí es si usted responde por sus actos, por los suyos, no por los de Guillermo León, por los suyos, porque aquí voy a demostrar que Guillermo León Valencia Cossio ha llegado a donde ha llegado en la Fiscalía General de la Nación porque usted lo llevó de la mano, porque usted lo puso ahí. Sin usted, su hermano Guillermo León nunca hubiera desempeñado los cargos que ha desempeñado. Es su protegido, es un hombre de su grupo político, es un lugarteniente suyo. Y lo mismo le digo al presidente de la República. Sin el jefe del Estado, sin el presidente de la República, probablemente la familia Valencia Cossio no estaría en los niveles del poder del Estado adonde ha escalado.

Debe haber responsabilidades políticas

Aquí vamos a hablar de responsabilidades políticas. Usted puede que penalmente no este involucrado, doctor Fabio Valencia, pero aquí estamos hablando de responsabilidades políticas, que no van a esfumar con el cuento de que como a mí no me han metido a la cárcel, aquí no pasa nada. No, aquí sí pasa. Lo que pasa es que en este gobierno no pasa nada. En otro país del mundo, el doctor Diego Palacio ya habría tenido que renunciar a su cargo como ministro de Salud o de la Protección Social, porque un ministro que está en indagatoria se tiene que defender desde el asfalto. Cómo así que el señor Sabas Pretelt de la Vega, también en indagatoria y con un cómplice metido en el negocio del cohecho, sigue disfrutando de las mieles de la diplomacia. Cómo así que Bernardo Moreno sigue con el poder de la Casa de Nariño cuando también está involucrado en indagatoria en el caso de Yidis Medina. Eso es falta de pulcritud y falta de respeto a esta nación. O es que me van a decir que no están utilizando el poder para defenderse. O me va a decir usted, doctor Palacio, que no salió en la televisión con el presidente de la República a su lado, actuando él como defensor suyo y presionando a las Cortes y a la Fiscalía para que lo absolvieran, uchándoles encima, como se dice, a los colombianos de las encuestas.

¿Cómo llegó Guillermo Valencia a la Fiscalía? ¿Por la carrera judicial, donde empezó desde secretario de despacho, pasó a ser juez y al tiempo ascendió al cargo de fiscal de rango inferior hasta llegar a delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia, después fiscal delegado y finalmente jefe de fiscalías de Medellín? ¿O era uno de esos abogados brillantes en el foro, penalista importante, autor de decenas de libros, y a quien por eso le dieron la prerrogativa de no hacer la cola sino de entrar por encima? ¿Cómo llegó el doctor Guillermo Valencia Cossio a la Fiscalía a dos cargos de altísima importancia? No porque hiciera méritos. ¿Cuál es su hoja de vida? Jefe de personal del Seguro Social, diputado a la asamblea de Antioquia en las huestes de su hermano y candidato a la Cámara fracasado en el año 2002. No por méritos. Llega porque lo pone el doctor Fabio Valencia allí, y llega, ojo, de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia, en momentos en que manda en la Fiscalía el doctor Luis Camilo Osorio, literalmente conocido de autos. Y un buen día, en el 2003, a solo dos años de estar allí, resulta una cosa que es inaudita y que en cualquier país del mundo habría tumbado del Ministerio a Fabio Valencia. Un buen día, toman en la Fiscalía la decisión de degradar en sueldo al doctor Guillermo Valencia Cossio. Lo pasan de fiscal delegado de Antioquia a jefe de fiscalías de Medellín y el sueldo le baja de 14 millones de pesos –estoy hablando del sueldo de hoy en esos cargos, para no enredar las cosas– a 9,5 millones, y el doctor Fabio Valencia no protesta porque le hayan degradado al hermano quitándole además una platica. Y el doctor Guillermo Valencia Cossio tampoco alega que por qué le van a bajar el sueldo.

Curiosa la historia. ¿Por qué los Valencia Cossio, los propietarios de estos puestos, aceptan que a Guillermo León lo bajen de un cargo de 14 millones a un cargo de 9,5 millones? Es una de las partes complejas de este enredo. Le pregunté a un abogado penalista: ¿usted que explicación podría darle a esto? Me dice, después de conocidos los hechos: si de lo que se trata es de delinquir, más fácil y más productivo delinquir desde la jefatura de Fiscalías de Medellín que desde la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior. Y esto yo se lo transmito al fiscal Iguarán y a todos los jueces de Colombia, para que lo tengan en cuenta en los análisis con respecto a las conductas del doctor Guillermo Valencia Cossio. Repito, un abogado me dice que si de lo que se trata es de delinquir, es mejor el segundo puesto que el primero. Pero además, aquí hay otro truco típico de la politiquería nacional. ¿Cuál es? Que el doctor Guillermo León Valencia nunca estuvo en propiedad como jefe de Fiscalías de Medellín, sino como encargado. Cada cuatro meses renunciaba al encargo y volvía por tres o cuatro días a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, y después regresaba a la Jefatura de Fiscales de Medellín. Debió de haber hecho esa prueba por ahí unas nueve veces. Y eso lo permite o lo tolera o lo empuja el fiscal Iguarán. Y el doctor Fabio Valencia, nuestro flamante ministro de Justicia, ni le preguntó al hermano para qué lo hacía ni por qué. Esta maniobra puede que sea legal, yo no soy abogado, pero es indebida. ¿No es el colmo que pasen a una persona de un puesto a otro manteniéndole el sueldo del puesto anterior, para que no se le embolaten los cuatro y medio millones de pesos? Guillermo Valencia quería las posibilidades de la Jefatura de Fiscalías de Medellín con el sueldo de fiscal delegado, porque eso es lo que estaba sucediendo. El encargo lo ponía a despachar como jefe de Fiscalías de Medellín, pero con sueldo de fiscal delegado. Es la desvergüenza. ¿Y eso usted no lo sabía, doctor Fabio Valencia, lo ignoraba? ¿Usted no sabe lo que pasa en los puestos de su propiedad? Porque en Colombia la burocracia política maneja puestos de su propiedad. ¿Usted no sabe de las andanzas en las que estaba metido su hermano, por lo menos en este aspecto específico, no le llamó la atención, no había ninguna pregunta que hacerle?

Con razón tanta gente en este país ve a la clase política con tan malos ojos. Mientras la gente se muere de hambre, se hacen por lo alto estas jugarretas con no sé que propósitos turbios. Será parte de lo que tendrán que establecer las investigaciones, las sospechas que por supuesto están ahí. Y esta jugarreta de los encargos se la advirtió Asonal Judicial hace más de un año al vicepresidente Francisco Santos. Asonal Judicial mandó una carta dirigida a un montón de gente y con copia al vicepresidente de la República, al doctor Francisco Santos. Y aquí le pregunto al doctor Francisco Santos: ¿no se dio usted cuenta? Usted que dizque es el dueño de la lucha contra la corrupción, ¿no se dio cuenta de lo que estaban haciendo sus socios, sus amigos, sus compañeros de lucha política en la Fiscalía de Medellín?

El presidente sabía lo que estaba ocurriendo

Pero ojo, porque vienen denuncias más graves y usted me va excusar, señor presidente, porque lo que viene es mil veces más grave. Formulo una pregunta con toda seriedad: ¿sabía el presidente Uribe de los hechos anómalos que estaban ocurriendo en la Fiscalía en Medellín? Por qué digo esto. Después que salió a flote lo de Guillermo Valencia y corrieron mil bolas sobre la corrupción existente dentro de la Fiscalía, donde también hay gente muy buena, la revista Semana del 30 de agosto reveló que todos los intentos por atajar la corrupción habían sido en vano. Algunos fiscales de Medellín les escribieron incluso una carta a los congresistas para pedirles que intercedieran para pedir el cambio del director seccional de Fiscalías. Les pregunto aquí a los congresistas antioqueños: ¿a quiénes les llegó la carta? ¿Se dignarían mostrárnosla? Añade la revista Semana, que suele estar bien informada: “El propio alcalde de la ciudad, Alonso Salazar –uribista y además muy amigo de José Obdulio– le había advertido al presidente Álvaro Uribe hace más de tres meses –o sea, a la altura de mayo–, a través de su asesor, José Obdulio Gaviria, de las serias sospechas que tenían de infiltración en la Fiscalía y la Policía”. Aquí le pregunto al gobierno nacional: ¿esa razón que mandó el alcalde de Medellín llegó a la Casa de Nariño o llegó fue a la “casa de Nari”? Es una cosa que habrá que establecer. A Alonso Salazar, alcalde de Medellín, le pregunta la revista Cambio, de septiembre 6 de 2008: bueno, usted estará contento, porque usted venía advirtiendo de los horrores en la Fiscalía. Y Salazar responde: “Sí. Con decir que desde 2004 –ojo la fecha–, cuando era secretario de Gobierno, venía insistiendo en que era necesario intervenir la Fiscalía de Medellín, porque estaba en poder de la mafia”. Salazar, hoy alcalde de Medellín y en esos días secretario de gobierno de Medellín, venía advirtiendo desde hace tres años que esa Fiscalía estaba en poder de la mafia. “Desde mayo –agrega– recibí información de investigadores de la propia Fiscalía que me advirtieron que el general Pedreros y Guillermo Valencia Cossio estaban unidos contra mí”. Pero miren esta otra información, de El Colombiano, agosto 31 de este año: “El fracaso –dice Alonso Salazar, alcalde de Medellín, uribista– de la Fiscalía es evidente, y esto nos llevó a pedir a nivel nacional que nos asignaran fiscales especiales. Esta solicitud no es este año, eso viene de 2005 o 2006, nos fuimos a Bogotá, a reuniones con el ministro Santos –ministro Juan Manuel Santos–, con el fiscal general, y crearon las Fiscalías Especiales, que dimos a conocer públicamente, y empezaron a producir efectos positivos, entre ellos la captura del ‘Cebollero’, que tenía una orden de captura de mucho más de un año.”

Cuando empezaron lo que podríamos llamar las andanzas del doctor Guillermo Valencia, ¿por qué el gobierno nacional no puso los ojos en serio sobre ellas? ¿Por negligente? ¿Porque el fiscal de Medellín era Guillermo León Valencia? Y otra pregunta que yo me hago: ¿estaba protegido Guillermo Valencia por la jefatura política de su hermano y por la presencia de su hermano en la Casa de Nariño?

Y miren esta revelación sobre alias “Job”, el mismo de la “casa de Nari”. En el caso de alias “Job”, dice el alcalde de Medellín, “voy a decirles una cosa que se que es grave: Denuncias que implicaron llevar gente a la Fiscalía, implicaron también después que esos testigos aparecieran asesinados, y no estoy hablando de un año sino de años pasados.”

Terminemos con el problema de las responsabilidades políticas. En los países civilizados, con muchas menos relaciones de las que he explicado aquí, existen las responsabilidades políticas. ¿Qué son las responsabilidades políticas? Que además de las penales, quienes ejercemos cargos de algún tipo en la vida política, debemos de responder por otras cosas, por ejemplo, por hacer malas leyes, por malos nombramientos, por malas compañías, por grandes desaciertos. Sin las responsabilidades políticas las sociedades se pudren. Parte de la putrefacción que está asfixiando a Colombia tiene que ver con que aquí están desapareciendo las responsabilidades políticas. Aquí si el político no está en la cárcel y condenado a treinta años, no pasa nada, ni políticamente. Judicialmente no tiene por qué pasarle nada mientras no lo venzan en última instancia, pero sí políticamente. Dos ministros en indagatoria y no pasa nada.

Estas denuncias que estoy haciendo aquí, y no pasa nada. Pregunto: Guillermo Valencia, sin Fabio, sin su hermano, ¿habría tenido los cargos que detentó? ¿Habría llegado en la Fiscalía adonde llegó? ¿Habría sido alto dirigente en el Partido Conservador? ¿Habría podido beneficiarse de esos cambios de puestos? El encargo de ganar en un puesto como si estuviera en otro no habría sido posible sin su hermano. No es que Guillermo Valencia fuera solo el hermano de Fabio. No, era también su socio, su compañero de grupo político y de lucha, de sus mismos éxitos o fracasos. Son uña y mugre, para ponerlo en esos términos, para insistir en que están unidos no tanto por los lazos de sangre, sino por los aún más estrechos lazos políticos. Y aquí le pregunto al Partido Conservador, y espero que el Partido Conservador, como todos los demás partidos, nos respondan. Lo mencionaba el editorial de El Nuevo Siglo en estos días. Primero nos pusieron de ministro de Justicia al doctor Fernando Londoño Hoyos, condenado por delitos graves. Después nos pusieron al doctor Sabas Pretelt de la Vega, hoy en indagatoria por el presunto delito de cohecho, y ahora al doctor Fabio Valencia. Le pregunto entonces al Partido Conservador: ¿no tienen a nadie más para poner en este cargo? ¿Es lo único que tienen? ¿No es el Partido Conservador “la fuerza que decide? Es probable, pero deciden mal, les quiero decir con toda franqueza a los colegas del Partido Conservador.

Luego aquí lo que estamos diciendo es que el doctor Fabio Valencia Cossio tiene que renunciar, primero, por ser el jefe político de Guillermo León Valencia. Usted tiene que responder políticamente por eso, doctor Fabio Valencia. Porque no puede ser que cuando el doctor Guillermo Valencia disfrutaba de las mieles del poder para ayudar a ponerles unos votos a usted, o a doña Noemí Sanín, o al presidente Uribe, es el alto jurisperito del Partido Conservador o del Movimiento del Coraje. Pero cuando pasa lo que estamos denunciando, entonces el doctor Guillermo Valencia, a este paso, no va a terminar siendo ni hermano suyo, ni tampoco miembro del Partido Conservador ni del uribismo ni de nada. Cayó del cielo, no nos dimos cuenta de dónde apareció este personaje. Espero que el Partido Conservador nos responda con toda la claridad.

En Colombia ya hay antecedentes. En 1998, el procurador de aquellos días, doctor Alfredo Gutiérrez –claro, no estábamos tan mal como ahora–, renunció porque su hermano le compró una finca a familiares de Pablo Escobar. Un país que funcione dentro de la decencia no tolera eso. Listo, se fue. Puede ser el hombre más inocente del mundo, pero un país decente no tolera que el hermano de un procurador le ande vendiendo fincas a un narcotraficante. La doctora María Consuelo Araújo, un caso de ayer. Nadie ha acusado a María Consuelo Araújo de ningún delito, pero su señor padre y su hermano tienen acusaciones gravísimas y le tocó renunciar. Y estuvo bien que hubiera renunciado, eso es lo que debió hacer. Ustedes dirán, es que el debate es del Polo, es de la oposición. No, les voy a citar solo la última parte de un editorial de El Espectador, para que vean que aquí la dignidad no está solo en manos de los del Polo, y espero que incluso esté entre muchos uribistas que sean capaces de entender lo que estoy diciendo y que no actúen con lógica de secta, de capilla, de padrinazgos, sino que entiendan dónde están los intereses superiores de la patria. “Está en mora –dice el editorial de El Espectador– el ministro Valencia en presentar su renuncia, así nunca haya cometido una falta y si no, si el doctor Fabio Valencia no presenta la renuncia, es hora de que el presidente Uribe se lo aconseje.” Y aquí responsabilizo al presidente Uribe de lo que está pasando en este caso. El doctor Fabio Valencia esta ahí sentado como ministro porque el presidente de la República no está actuando como jefe de Estado, sino como padrino, protegiendo a un amigo o a un compañero o a lo que ustedes quieran llamar.

Concluyo presentando un desafío: retiro todo lo que he dicho y respaldo que se quede el doctor Fabio Valencia Cossio como ministro de Justicia si alguien aquí en este Congreso me da una sola razón de Estado para sostener a Fabio Valencia en ese Ministerio. De Estado, una razón de Estado. Que me demuestre que el doctor Fabio Valencia es insustituible, que es el único que puede cumplir una alta misión del Estado, que nadie más que él puede hacer la cosa que se está haciendo allí. De Estado, solo una. Porque en cambio les puedo dar mil razones de grupo, de roscograma, de padrinazgos, de intereses personales, según las cuales el doctor Valencia Cossio se tiene que quedar ahí por los siglos de los siglos, hasta el 2018, por lo menos, si el doctor Uribe logra perpetuarse en la Presidencia.

Hago una última pregunta, doctor Andrade, sé que me he alargado y usted me excusa: ¿será que en este caso también se va a necesitar, como en el de María Consuelo Araujo, que el doctor Francisco Santos vaya a Washington y traiga la razón de los gringos de que hay que cambiar al ministro? ¿Será que Colombia va a pasar por segunda vez por esa vergüenza? Aquí los ministros sí se pueden caer cuando incurren en graves compromisos políticos, pero solo si Washington da la orden. Esa es la historia de María Consuelo Araújo, y quisiera que no tuviéramos que repetirla.

Por último, espero que nadie vaya a cometer la idiotez de entrarle a esta discusión con respecto al tapen-tapen del presidente Uribe y con respecto a la renuncia del doctor Fabio Valencia Cossio alegando las encuestas. Porque les hago una pregunta muy franca: ¿con qué porcentaje en las encuestas lo indebido se vuelve debido, lo corrupto se vuelve honesto, lo indecente se vuelve decente, lo incorrecto se vuelve correcto? Esa es mi última reflexión.