No voté por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022. Voté en blanco. No voté por él por muchas razones, incluido que en 2010, luego de ser el candidato del Polo derrotado por Santos –el hombre de Uribe en esa elección–, Petro nos exigió que respaldáramos a Santos. Y como le rechazamos su desproporción, rompió con el Polo y, a punta de mentiras, se dedicó a hacerle daño.
Luego de dos años en la presidencia, he concluido que el gobierno de Petro resultó peor de lo que pensé, empezando porque ratificó el modelo económico neoliberal que está arruinando, entre muchos otros, a las fábricas de acero y a los ganaderos de la leche.
Por razones de espacio me centraré en la corrupción nacional, que no empezó hace dos años y no es de “manzanas podridas” sino un sistema nacional montado entre políticos, funcionarios públicos y negociantes privados. Tan maquiavélico que permite gobernar contra los colombianos y ganar y ganar elecciones, porque con la plata que se roban pagan los votos necesarios para vencer. ¿Y qué ha hecho Petro contra ese sistema de corrupción? Nada.
Sobre cómo financió Petro la campaña electoral, su hijo, Nicolás, explicó que Euclides Torres fue el gran financista en el Caribe y que “Laura Saravia se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés”. Y le ha ido muy bien. Porque en negocios de energías alternativas logró contratos por $180 mil millones y con la salud del magisterio –de la que los maestros carecen– coronó otro por $75 mil millones. ¿Cuántos más le dará el gobierno en los próximos años?
En su programa de gobierno, Petro prometió: “Lucha frontal contra la corrupción”, “reformar la justicia y los organismos de control”, “elección del Fiscal con total independencia del gobierno” y “reformar la Procuraduría y la Contraloría”. Y ahora, más cuentachistes. Porque no ha promovido ninguno de dichos cambios, sino que se ha dedicado a controlar esos organismos. Hasta la medianoche del 6 de agosto de 2022, estuvo Petro en persona cuadrando el acuerdo para el nuevo contralor, acuerdo que coronó con el Pacto Histórico y todos los partidos tradicionales.
Por la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y las acusaciones de Olmedo López, la Fiscalía le abrió investigación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien Petro ha debido sacar del puesto. Y la “Fiscalía pone a la par a Olmedo López y a César Manrique en el caso Ungrd” (El Espectador, Agt.07.24), pero Petro tampoco le pide la renuncia a Manrique, aunque hay un agravante.
Porque en la alcaldía de Petro en Bogotá, a Manrique le estalló un escándalo de corrupción por la compra de cien motos eléctricas con sobreprecios, caso por el que la Fiscalía hoy le pide condena a la Corte Suprema de Justicia (Semana, Jun.12.24). Y Petro, como los peores políticos tradicionales colombianos, no reemplaza a Manrique porque, dice, no ha sido condenado.
País en el que se imponga que los funcionarios embadurnados con corrupción no pueden ser sacados de sus cargos por razones políticas, esperando que la Justicia falle, se pudrirá inexorablemente.
Cada día se confirma más que “el cambio” cierto en este gobierno es el de los petristas que han pasado a “vivir sabroso”.
Bogotá, 9 de agosto de 2024
