Por Jorge Enrique Robledo / @JERobledo
Sin Estado no existiría el capitalismo. Porque además de su papel de gendarme –fuerza pública, soberanía nacional, Justicia…–, es un imperativo del desarrollo económico y especialmente del empresarial. Sin el respaldo del Estado, en los tiempos corrientes las economías se anquilosan, y en las crisis, que son inevitables, colapsarían los países. ¿Empresas sin el aporte oficial a la educación pública, la seguridad social, los servicios públicos, las vías, los puertos y los subsidios y sin controles al capital financiero ni incidir en las tasa de interés y de cambio? Aunque quisiera, el neoliberalismo no elimina la intervención del Estado en la economía. No puede. Lo que hace es ponerla al servicio de los poderes globales que impiden el verdadero progreso de países como Colombia.
En la economía de mercado resulta inevitable financiar el Estado con impuestos. Y estos no deben estrangular a las empresas, porque ellas son la principal fuente del ahorro, el progreso técnico y el mejor empleo, de lejos de mayor calidad que el de la informalidad. Pero los impuestos tampoco deben despojar de sus ingresos a los sectores populares y a la clase media. Por razones de justicia social y porque –ojo, empresarios– las empresas se quedan sin compradores. El salario no debe verse entonces solo como un costo de la economía, dado que también es la capacidad de compra de una nación, pilar de las ventas de todo tipo.
Lo que dificulta ponerse de acuerdo en el debate tributario, ya en concreto, son los intereses individuales de dos tipos: las miopías que llevan a pensar que todo lo que sea bueno para mí también lo es para el país y el mayor poder de quienes han logrado separar su suerte personal de la de la Nación y, a conciencia, actúan contra el progreso de Colombia. Y todos ellos han montado su propuesta tributaria sobre falacias.
Falacia uno. “Muy pocas empresas, las mayores, pagan todos o casi todos los impuestos nacionales”. La verdad es que más de la mitad son indirectos (IVA, aranceles, combustibles), regresivos por definición al castigar, principalmente, a los pobres y a las clases medias. En renta también aportan las empresas pequeñas y medianas y la clase media asalariada y por cuenta propia. Y el monto de los pagos de las megaempresas no debe extrañar, porque obtienen el 80 por ciento de las ganancias empresariales. Falacia dos. “El impuesto sobre la de renta de las empresas es del 70 por ciento”. Otra fábula. Su renta nominal es del 33 por ciento, la actual reforma la rebaja al 30 y la real es bastante menor de lo que dicen las normas. La tasa en renta de las pequeñas y medianas y las grandes es igual, cuando debe ser inferior para las dos primeras, que además no gozan de las exenciones de las mayores. Falacia tres. “Si se rebajan los impuestos empresariales, el progreso nacional se disparará por añadidura”. Ojalá fuera tan fácil. Otro truco para tapar las causas principales del subdesarrollo del país.
Si algo evidencia el estilo marrullero con el que se gobierna a Colombia, es que no existe un cuadro oficial, refrendado por entidades respetables aceptadas por todos, que señale cuánto paga en impuestos, de verdad, cada sector de la economía, para que, a partir de esas cifras, pueda debatirse con seriedad sobre cómo debe ser la estructura tributaria.
Si bien el reclamo ciudadano impidió que se ampliara el IVA a más bienes de la canasta familiar, de todas maneras la reforma es regresiva. Porque más IVA a cervezas y gaseosas, que son artículos de consumo básico, castiga a pobres y clase media y porque esta pagará más impuesto de renta, aumento que se suma al muy fuerte de la reforma de Santos de 2016. Y porque a las megaempresas les mantendrán las numerosas exenciones y, como si fuera poco, les reducirán la renta en diez billones de pesos, cifra que Carrasquilla, violando la Ley 819/03, le ocultó al país.
Si se analiza la reforma no solo en 2019, además se evidencia la irresponsabilidad de Duque y Carrasquilla. Porque generará nuevos ingresos por siete billones en ese año, pero la renta se reducirá en diez billones desde 2020, aumentando el déficit fiscal, faltante que, como ya anunciaron, atenderán recortándoles los subsidios a los pobres, hasta alcanzar cinco billones de pesos al año (Enlace 1).
Bogotá, 21 de diciembre de 2018.
