La verdad total sobre el agro colombiano establece que es un desastre, así el ministro de Agricultura –a quien hay que reconocerle que no lo hace mal echando cuentos– sea capaz de decir cualquier cosa sobre las maravillas de su gestión. Como contra las cifras nadie puede, van las principales: las importaciones agropecuarias sumaron 12,7 millones de toneladas en 2016 –446 mil en 1990 y 8,8 millones en 2010–, en tanto que desde el café, el banano y las flores no se crea un renglón de exportación importante. Y crecerán más las compras externas, porque la política agraria consiste en reemplazar el trabajo nacional por el extranjero.
Los arroceros anunciaron paro el 29 de agosto porque los dos compradores, con el respaldo práctico del Ministerio de Agricultura, acordaron precios de compra de empobrecimiento y ruina, que no compensan los costos de producción con los que también los esquilman. Todo inducido por las importaciones de arroz norteamericano del TLC, compras que en 2018 presionarán todavía más a la baja los precios internos porque empieza en grande la reducción de los aranceles y porque Santos abrió el país al arroz paddy estadounidense. La burla cruel: Estados Unidos también anunció que Colombia podrá exportarles, si puede, unos aguacates.
Se consolidan además las importaciones de etanol norteamericano –26 millones de litros hasta mayo–, que se les subsidian a los productores gringos allá y aquí (!). A cuántos engatusaron con el cuento de que con el TLC se inundaría a EEUU con etanol nacional. Santos quiere además pactos con Nueva Zelanda y Australia, potencias en leche y carne, mientras entra en grande papa europea que llega con precios de dumping (Fedepapa), es decir, tramposos. Y se anuncian importaciones de biodiesel.
A los lesionados por la leche extranjera les quieren imponer la estupidez de seguir trayéndola y, a la par, exportar subsidiada por ellos una parte de la que sobra en el país. A los cacaoteros los entusiasmaron para que aumentaran las siembras y luego los dos únicos compradores bajaron los precios de compra a la mitad, al ritmo de los que fijan las trasnacionales que hasta se lucran con la escandalosa miseria y hasta el trabajo de los niños esclavos de los países africanos (http://bit.ly/2iqSdh6).
Si en el café no van peor las cosas, es porque la devaluación y los precios externos algo ayudan, pero viven amenazados de ruina por los costos, fuera de su control. Tan tétricos son los nubarrones, que la Federación de Cafeteros tuvo la buena idea de promover un foro mundial para ver qué se hace frente a los enormes abusos de las trasnacionales. Y la aftosa deja al desnudo a un gobierno incapaz de hacer que se vacunen todas las reses del país y de controlar las fronteras, perforadas también por el contrabando de textiles y confecciones.
Pero lo peor de esta historia es que ni siquiera se debate sobre ella. Y pasan ocultos sus responsables políticos, luego de 27 años de desgracias que mantienen a la brava: “Como nosotros mandamos aquí, hago lo que me da la gana”, mangoneo que además nace de uno de los sistemas políticos más tramposos y corruptos del mundo. El secreto consiste en que el fracaso no los afecta a todos, porque ganan las transnacionales y unos cuantos intermediarios criollos.
Aunque a veces se saquen los ojos por algo, ellos –todos los presidentes desde 1990, más el que pretenden escoger en 2018– tienen un pacto que imponen contra el agro y la industria. Este establece que la producción puede reducirse hasta donde sea según lo determinen las fórmulas extranjeras de lo que definen por “libre” comercio, tal como viene sucediendo. Y esto es lo principal que pretenden reelegir los continuismos el año entrante, así lo oculten.
Coletilla: abrigan cierta razón quienes piensan que los escándalos de corrupción de Odebrecht y la Corte Suprema son uno solo. Porque así lo indican las relaciones políticas entre los actores y porque hay una bisagra que los une: nada menos que el Fiscal Martínez Neira, muy tocado en los dos casos y sostenido en el cargo, para mal y vergüenza de Colombia, por “los mismos con las mismas”.
Bogotá, 25 de agosto de 2017.
