Juan Pablo Fernández M.
@FernandezMJP
El servicio público de transporte está dominado por el caos. Hay competencia desleal, ilegalidad, monopolización, corrupción y tramitología arbitraria. Este cóctel explosivo, al cual las políticas estatales de los últimos dieciséis años le han echado pólvora, creó una crisis de rentabilidad, de alto endeudamiento y de seguridad social entre los conductores, poniendo en entredicho la viabilidad del transporte público y llevándolo por la vía de los monopolios privados respaldados por el gran capital financiero, el cual le succiona recursos al sector en detrimento de la calidad del servicio. Con este marco haré un análisis de cada uno de los modos de transporte terrestre.
En relación con la carga, más del 73% se mueve por carretera, 25,5% por vía férrea –y, dentro de esta, más del 99% corresponde a carbón– y el 1% a través de los ríos. Mientras aquí solo 1,5% de la carga se moviliza de manera multimodal, en Europa lo hace el 60%. Las proporciones en los medios de movilización de la carga se reflejan en la inversión pública en infraestructura, donde el 80% se ha dirigido al modo carretero, y menos del 1% al férreo y al fluvial. Por eso los camiones son el principal medio para trasladar las mercancías, actividad donde desde 2006 el gobierno nacional permitió que la oferta de vehículos de este servicio público crecieran 3,2 veces mientras la carga lo hacía en 1,5 veces. Sobreoferta agravada por el alto costo país (combustibles, peajes y crédito carísimos).
Sobre el transporte de pasajeros, si se exceptúa al millón de usuarios diarios del Metro de Medellín, los colombianos se mueven en vehículos públicos o privados de ruedas, o caminan. El creciente uso del carro particular no solo está relacionado con su abaratamiento relativo sino también con el deterioro de la calidad y el aumento del costo del transporte público, que con la extensión de los sistemas tipo transmilenio –en grave crisis financiera (https://bit.ly/2IMfLWo)– ha crecido con importantes impactos en la estructura del consumo de los hogares. En las veintitrés principales ciudades el gasto en transporte de las familias equivale al de educación, salud y servicios públicos sumados. Cada peso en que el costo del pasaje aumente por encima del salario impacta la calidad de vida y el derecho a la libre circulación.
Respecto al transporte intermunicipal y los modos taxi y especial, allí existe una sobreoferta vehicular causada, principalmente, por la ilegalidad y la competencia desleal. Las empresas de transporte como Uber, que valiéndose de plataformas tecnológicas, de un engañoso uso de la economía colaborativa y de usurpar funciones públicas, han aumentado el número de vehículos. En un año, según Aditt (gremio del transporte intermunicipal) los pasajeros totales en la ruta Bogotá-Medellín cayeron 30%. En el transporte especial mientras su demanda crece al 2,7% la oferta lo hace al 12,3%, 4,5 veces más. Y para los taxis, en ciudades como Bogotá, por ejemplo, el servicio nocturno es cada vez más difícil de prestar porque es menos malo dejar los vehículos guardados ante la imposibilidad de conseguir un producido que cubra los costos de operación (arrendamiento, combustibles, depreciación e ingreso del conductor).
Lo descrito empeora con que a raíz de la informalidad generalizada de la economía nacional, en varias ciudades y pueblos predominan medios de transporte que no garantizan estándares mínimos de seguridad. Sobreoferta, ilegalidad y competencia desleal, rentabilidad a la baja o negativa, la infaltable dosis de corrupción (Ruta del Sol II y Navelena), y la política de monopolización es la síntesis de la situación actual del transporte público. ¿Y quiénes son los principales responsables de este caos? Uribe y Santos. Así de simple.
Uribe, siguiendo la línea de Peñalosa (el vendedor de buses) extendió los transmilenios por las principales ciudades del país, facilitó la sobreoferta vehicular en el transporte de carga con las pólizas de chatarrización, disparó el precio de los combustibles y puso su granito de arena en la corrupción con los contratos viales. Santos, por su parte, permitió la ilegalidad y la competencia desleal de multinacionales como Uber, tanto que se reunió el jefe de esa compañía en el Palacio de Nariño. Le ha mamado gallo a los controles a la sobreoferta en el transporte de carga, que quiere desmontar para hacerles el mandado a los Estados Unidos y a la OCDE. E hizo lo suyo con la corrupción (recuerden la plata de Odebrecht en las campañas de 2014 y Ocaña-Gamarra). Tanto Uribe como Santos además contribuyeron al abandono del modo férreo. A propósito, los camioneros deberían recordar cómo les tocó hacerle seis paros a Uribe y otros seis a Santos y que, mientras uno negoció los TLC el otro los implementó y acrecentó en número.
Ante estas realidades, ¿qué plantean los diferentes candidatos? Duque, el de Uribe, y Vargas, el de Santos, son el continuismo puro y duro. Su libreto es el de los últimos dieciséis años. Son fervientes seguidores de los TLC. Ambos son amigos del modelo de monopolización al estilo peñalosista y les gusta Uber. Es bueno recordar que miembros de Cambio Radical, partido de Vargas, presentaron al Congreso una ley para legalizar a la ilegal multinacional, e Iván Duque es autor de un proyecto de ley en trámite (https://bit.ly/2s8h6AD) que favorece a compañías ilegales de transporte público como Uber. ¿Sabrán esto los taxistas que apoyan al doctor Duque? Lo dudo. En el caso de Petro, más allá de sus globos como el de los paneles solares para los taxistas, en el pasado cohonestó con el modelo transmilenio (https://bit.ly/2G5Y6HI y https://bit.ly/2GqPpYu) y apoya a los modelos de las plataformas tecnológicas, las del trabajo libre, según dice él (https://bit.ly/2A8LkZI).
Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Colombia, según las bases de esta alianza tiene un compromiso programático con la lucha en contra de la ilegalidad (https://bit.ly/2pO0HiM). Como parte de su plan de gobierno impulsará la economía industrial y agraria, sectores a los que sí les va bien empujan al transporte al generarle más carga. Cree en el multimodalismo para dar un giro que recupere los modos férreos y así sentar las bases de las denominadas economías de alcance. Es enemigo de la corrupción y de la tramitología abusiva. ¡Revisará, uno a uno, todos los TLC! Respetará y aplicará las normas laborales y los acuerdos de la OIT. Y en cualquier otro asunto estratégico que afecte al servicio público de transporte de carga y de pasajeros, sectores donde predominan la pequeña y mediana propiedad, a los transportadores les digo que el de Fajardo es el talante de un demócrata guiado por la defensa de la pequeña y mediana empresa, la capacidad de atender las voces de diferentes sectores y un gran ánimo de concertación. Cada una de estas propuestas mejorará la calidad para los usuarios y la seguridad económica del sector.
Bogotá, 25 de mayo de 2018
