Jorge Enrique Robledo Castillo[1]
Manizales, 18 de abril de 2001.
Pocos conocen a cabalidad el Plan Colombia, el acta de compromiso que el gobierno de Andrés Pastrana le suscribió al de Estados Unidos a cambio de que éste le concediera mil trescientos millones de dólares de “ayuda”. Los análisis se han centrado de manera excluyente en cuánto gasto militar (70 por ciento) y en cuánto “gasto social” (30 por ciento) se financiará con el Plan o, como dijera la canciller norteamericana, Madelaine Albrigth, en qué proporciones se repartirá la zanahoria y el garrote. Pero el convenio no determina solamente el aumento de la injerencia militar norteamericana en los asuntos internos del país. Además define cómo se gastarán cuatro mil setecientos millones de dólares del presupuesto nacional —que la propaganda oficial presenta como si también fueran aportes de los gringos— y, más digno de mirar con atención aún, señala el rumbo de toda la economía colombiana en los próximos años.
Al respecto del agro, el Plan Colombia señala: “En los últimos diez años, Colombia ha abierto su economía, tradicionalmente cerrada… el sector agropecuario ha sufrido graves impactos ya que la producción de algunos cereales tales como el trigo, el maíz, la cebada, y otros productos básicos como soya, algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los mercados internacionales. Como resultado de ello —agrega— se han perdido 700 mil hectáreas de producción agrícola frente al aumento de importaciones durante los años 90, y esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las áreas rurales”. Y concluye: “La modernización esperada de la agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos permanentes en los cuales Colombia es competitiva como país tropical, requieren de inversiones y créditos sustanciales puesto que son de rendimiento tardío” (subrayado en este texto). Nada más, pero tampoco nada menos.
Es evidente que el Plan Colombia ni siquiera hace demagogia sobre recuperar las 700 mil hectáreas de cultivos transitorios perdidas o impedir la ruina de la producción cerealera sobreviviente y toda la que no resista la muy dura competencia que se da en el mercado mundial, a pesar de reconocer que el gran debilitamiento de esos sectores ha lesionado en materia grave la producción y el empleo rural. Y es notorio también que lo pactado somete al país a especializarse en cultivos tropicales, especies que por causa del clima no pueden producirse en las zonas templadas, donde se localiza Estados Unidos. Lo leonino del compromiso salta a la vista: los estadounidenses “renuncian” a producir lo que no pueden cultivar y los colombianos aceptamos no sembrar buena parte de lo que sí podemos cosechar.
La pérdida de los cereales y la de los otros productos que ratifica el Plan Colombia —y lo confirma el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, quiere decir que el país pone en grave riesgo su seguridad alimentaria, con lo que queda en condiciones de ser sometido a una hambruna por parte de los países localizados en las zonas templadas y las transnacionales que comercializan la comida en el mundo. El abandono de los cultivos que no pueden competir con los enormes subsidios estatales de los países desarrollados además significa que tienden a desaparecer los sectores mecanizados de la agricultura colombiana, donde se han aclimatado los mayores desarrollos tecnológicos del agro nacional. Y con éstos también se perderán los avances industriales y sociales que se dieron en torno a esos productos, con lo que se empuja al conjunto de la nación hacia un atraso peor que el que ha padecido.
Como si lo anterior fuera poco, especializar al país en cultivos tropicales es pernicioso por otras varias razones, además de la naturaleza evidentemente colonial de esa especialización. En la medida en que todas las naciones localizadas en el trópico sean cada vez más sometidas a producir lo mismo, la natural tendencia de esos cultivos a producirse en exceso y a los bajos precios se acentuará, con esa tendencia agravada por la acción de los países desarrollados y sus transnacionales, según lo ilustran sus estímulos a las grandes siembras de café en Asia. Como casi todos los productos tropicales no hacen parte de la dieta básica de los pueblos, con mayor razón sus precios podrían bajar hasta la insignificancia, y más en la medida en que los graves problemas de la economía norteamericana acentúen la crisis que padece la del resto del mundo. Dedicarse a lo que no puedan producir los países desarrollados también significa que se convertirán en rastrojos miles y miles de hectáreas de tierras agrícolas que de ninguna manera podrán pasarse a cultivos tropicales, sobre todo si contra la leche y la carne se aplica una mayor apertura, amenaza que está implícita en la creación del ALCA. Y que los cultivos tropicales sean de muy difícil o imposible mecanización conlleva que los colombianos solo podrán competir en el mercado mundial si son capaces de funcionar con campesinos y jornaleros tan miserables como los de los países tropicales más pobres de la tierra.
Los casos de la palma africana, el banano y el café, cultivos tropicales por excelencia, muestran los estrechísimos límites que impone la especialización en esos productos. La muy notoria propaganda oficial tendiente a meter campesinos en el cultivo de la palma tiene una explicación: ante la caída de los precios en el mercado internacional, el capital financiero se está retirando de las siembras y se está especializando en la extracción y comercialización del aceite. Los últimos pleitos entre los compradores norteamericanos y europeos de banano volvieron a dejar sentado que los cultivadores son algo así como la lechuga en el sándwich de sus disputas. Y los precios impuestos por el llamado “libre mercado” cafetero escandalizarían al mundo si no se estuviera en la globalización neoliberal. De acuerdo con la Federación de Cafeteros de Colombia, mientras en las década de 1970 los países productores recibían al año, por 56 millones de sacos, el equivalente a 19.000 millones de dólares del año 2000, durante el 2001 recibirán 5.200 millones por 80 millones de sacos (Portafolio, 3 de abril de 2001, p. 25).
El capitalismo es un sistema de competencia, tanto en las relaciones entre los individuos como entre las naciones. Y de competencia feroz. De ahí que no tengan futuro aquellos países que le entregan a sus competidores la orientación de sus economías, luego de ceder la principal palanca del desarrollo nacional: el cabal ejercicio de la soberanía política, que es la potestad de definir lo que mejor le conviene a sus intereses, lo que significa defender la producción para el mercado interno como la fundamental y dejar que las exportaciones jueguen un papel complementario.
[1] Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Coordinador Unidad Cafetera Nacional. Secretario Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.
