Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, 22 de Agosto de 2001.
Como es sabido, Unidad Cafetera Nacional ha tenido no pocas diferencias con la Federación de Cafeteros, principalmente en lo que deben ser las relaciones entre los gremios de productores y los gobiernos nacionales. De ahí que les corresponda a los dirigentes de la Federación responder como les parezca a la carta de críticas que les envió el Presidente de la República sobre su papel en la definición de la política cafetera colombiana.
Pero también es claro que el gobierno tiene la principal responsabilidad en los errores cometidos en la orientación de la caficultura nacional en los tres años que lleva su mandato. Y la tiene porque quienes dicen la última palabra en las decisiones del Comité Nacional de Cafeteros son el Ministro de Hacienda y el propio Presidente de la República. En efecto, el Artículo 13 de los estatutos de la Federación de Cafeteros señala: “El ministro de Hacienda y Crédito Público tendrá tantos votos cuantos sean necesarios para equilibrar el poder de voto entre el gobierno y los representantes cafeteros. Cuando ocurran empates al votarse una medida, los dirimirá el señor Presidente de la República”.
Y es fácil poner ejemplos de posiciones recientes del Comité Nacional de Cafeteros en las que se ha perjudicado a los caficultores, bien sea por acción o por omisión. A diferencia de lo que ocurrió con las corporaciones de ahorro y vivienda —salvadas con la plata del Estado y en favor de sus propietarios—, el gobierno rescató al Bancafé pero se quedó con todas sus acciones y, además, en el proceso de apropiárselo, le impuso al Fondo Nacional del Café botar en ese banco 300 mil millones de pesos de la plata del precio interno del grano. También es sabido que esta administración no ha hecho nada por modificar la Ley 9 de 1991, la cual grava con un impuesto discriminatorio de cien mil millones de pesos anuales a los cafeteros colombianos.
Tampoco puede el gobierno cerrar los ojos ante las consecuencias del rompimiento del Pacto Internacional del Café —la indudable base de la crisis de la caficultura nacional—, porque el Presidente de la república es, según la Constitución, el “encargado de dirigir las relaciones internacionales”. Cómo se nota su silencio frente a las maniobras de Estados Unidos y de los otros países desarrollados para generar superproducción cafetera en el mundo y envilecer el precio internacional del café.
En la carta hay otros dos aspectos que tampoco pueden dejarse pasar. En ella es notorio el malestar del Presidente porque se le estén pidiendo “cuantiosas inversiones” del gobierno para atender la crisis de los caficultores, como si se preparara el terreno para negar dicha solicitud. Y allí se pone en duda que las “instituciones cafeteras” sean “instrumentos válidos” en este momento, con lo que podría estarse preparando su desmonte, lo que significaría un verdadero puntillazo a la caficultura nacional porque se eliminaría el precio de sustentación del café y se le acabaría de entregar la totalidad del comercio interno y externo del grano colombiano a las mismas transnacionales que tienen postradas las cotizaciones internacionales.
Que el gobierno nacional no tire cortinas de humo para velar las causas de la crisis cafetera, para no dar los recursos necesarios que permitan elevar de manera inmediata el precio interno del café y condonar las deudas impagables de los productores, para terminar atentando contra la estabilidad de las instituciones cafeteras y para permanecer indiferente ante las bajas cotizaciones en el mercado mundial. Hoy más que nunca se requiere de la unidad de los productores en la exigencia de que el Estado no puede abandonarlos a su suerte.
