Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 25 de octubre de 2003.
Al escribir este artículo se desconoce el resultado del referendo. Pero, con independencia del veredicto de las urnas, ya hay enseñanzas que pueden destacarse. Los hechos confirmaron la advertencia de que no se estaba ante un instrumento de la democracia sino de su negación, aun cuando se presentara como la máxima forma de participación democrática de las gentes. Su propia experiencia terminó por explicarles a los colombianos por qué los referendos han sido de uso tan común en los regímenes autoritarios y por qué suelen calificarse de bonapartistas, calificativo que define las prácticas que en nombre de la democracia violan sus preceptos, porque esta exige condiciones que van más allá de llevar a una montonera a votar.
Sus propios partidarios terminaron por destapar el juego y aceptaron que no se buscaba solamente decidir sobre asuntos que el uribismo hubiera podido aprobar en el Congreso, sino que el referendo era un pretexto para dotar al Presidente de poderes aún mayores. Como un ejemplo, porque podrían transcribirse más, el Editorial de El Tiempo del día anterior a la votación dijo: “En el fondo, se trata de un plebiscito sobre la gestión de Álvaro Uribe Vélez. Sobre todo, cuando el mejor argumento para votar por el ‘Sí’, más que el contenido del extenso y farragoso cuestionario, es el deseo de mantener la fortaleza” del jefe del Estado.
Ya se sabe que la casi totalidad de quienes van a votar el referendo lo harán sin haberlo leído, por la simple razón de que su texto completo sólo circuló entre algunos sectores, a lo que hay que agregarle que es ilegible o incomprensible para muchos, verdades que por definición le niegan su carácter democrático, al ser obvio que no puede haber democracia cuando a la gente se le pide que opine sobre asuntos que ignora o no entiende. Y para dejar sentado que quienes no pudieron leerlo antes de entrar a votarlo no podrían hacerlo una vez lo tuvieran en la mano, el ministro del Interior advirtió que habría cárcel para quien se demorara en sufragar.
Una vez quedó a la vista que el referendo podía hundirse, el gobierno tomó más decisiones de indiscutible naturaleza absolutista. La nación observó, entre atónita e indignada, cómo todo el peso del poder del Estado se puso al servicio del “Sí”, lo que permitió que Uribe Vélez y sus altos funcionarios abusaran de su condición y se tomaran la radio y la televisión para inducir a los colombianos a votar en el sentido de las conveniencias oficiales, inducción que se hizo mediante no pocas manipulaciones, incluida la muy burda y antidemocrática de relacionar abstención con terrorismo.
Entre las maniobras usadas para arriar a los electores a votar supuestamente “contra la politiquería y la corrupción”, fue muy grave la relacionada con los llamados “estímulos electorales”, gabelas que Uribe y Londoño decidieron darles a quienes fueran a las urnas el 25 de octubre a pesar de que ello viola de manera flagrante la Ley 403 de 1997, que señala, en cinco sitios diferentes, que sólo otorga ventajas el certificado que se expida por la “votación inmediatamente anterior”, es decir, por la última, que para efectos prácticos no puede ser otra que la del domingo 26. Además, esta astucia de descarado clientelismo, que se determinó con maña a última hora para que los jueces no tuvieran tiempo de declararla ilegal antes de la realización del referendo, puso en condiciones de desigualdad a los abstencionistas y engañó a los votantes, pues sería el colmo que pronto no se declarase ilegal, lo que dejaría sin validez los estímulos.
Y el gobierno ya advirtió que los sueldos y pensiones se congelarán –además de este año, como ya lo determinó– en 2004 y 2005, así el referendo no pase. La razón de esta escandalosa burla a los colombianos tiene origen en una realidad que Uribe negó en el debate y que el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood, se encargó de confirmar, al entrometerse otra vez en los asuntos internos del país. Según este, el congelamiento de los sueldos y las pensiones es “importante para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para la sólida financiación internacional que Colombia ha recibido y recibirá. Si estos artículos no son aprobados –agregó–, deberá buscarse algún otro mecanismo” para congelarlos (El Tiempo, 22 de octubre de 2003).
