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CON NUEVO CÓDIGO DE MINAS, EL GOBIERNO LE DA MÁS GABELAS A LA GRAN MINERÍA, DENUNCIA ROBLEDO

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, septiembre 13 de 2007 Con el proyecto de reforma al Código de Minas que hace trámite en el Congreso, el gobierno le brinda más gabelas a la gran minería, apunta a la yugular de la pequeña y mediana y excluye por completo al Estado de toda actividad […]

Minas

Hace 10 años

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, septiembre 13 de 2007

Con el proyecto de reforma al Código de Minas que hace trámite en el Congreso, el gobierno le brinda más gabelas a la gran minería, apunta a la yugular de la pequeña y mediana y excluye por completo al Estado de toda actividad productiva, dijo el senador Jorge Enrique Robledo en el foro convocado en el Capitolio por la Comisión Quinta del Senado.

Si el actual Código es un adefesio, agregó Robledo, la reforma lo hace todavía peor. El congresista del Polo Democrático, uno los ponentes, citó el concepto emitido por la Contraloría General, según el cual el proyecto de ley propuesto por el gobierno no aplica el principio de igualdad ni defiende el interés de la nación. Para Robledo, el punto clave del debate es la defensa del interés nacional, que reclama una legislación distinta para la pequeña, la mediana y la gran minería. Frente a esta última, hoy en manos de las trasnacionales, exigió revisar la política que la cobija, es decir, los contratos, las regalías, las tasas de impuestos, las normas ambientales y las relaciones laborales.

Tras analizar los aspectos más problemáticos del proyecto de ley, Robledo propuso redactar un capítulo específico en el que se consagre la protección a la pequeña y mediana minería en aspectos tan sustanciales como el del transporte y los respaldos tecnológico y financiero, incluido el del crédito barato. Concluyó planteando que el Estado debe aumentar en forma sustancial la inversión en auditoría, a fin de extremar la vigilancia sobre la actividad de las trasnacionales, pues “resulta inaudito que el interés público carezca casi por completo de capacidad para juzgar si son veraces los informes que le entrega el capital extranjero”.