Por: María Antonieta Cano Acosta, Secretaria de asuntos intergremiales de la ADE, Bogotá, septiembre 6 de 2016
El 2016 pasará a la historia como el año en el que se configuró la tercera gran oleada de reformas y decretos contra la educación. La primera se vivió en 2001, cuando Pastrana y su ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, recortaron las transferencias. La segunda, en 2007, cuando Álvaro Uribe prórrogó ese recorte y la tercera hoy, cuando se avecina otro gran zarpazo al presupuesto del sector. En vísperas del ingreso de Colombia a la OCDE, Santos y su ministra Parody acaban de expedir tres decretos que apuntan a arrasar con los pocos derechos laborales que aún conserva el magisterio y acomodar el régimen laboral al recorte presupuestal que se avecina.
Los decretos son el 490 del 28 de marzo, “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 1278 de 2002 en materia tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera Docente y su provisión”; el 501 del 30 de marzo de 2016 “por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar la Jornada Única en los establecimientos educativos oficiales y el Programa para la Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media”, y el Decreto 915 de 1 junio, “por el cual se reglamenta el Decreto Ley 1278 de 2002 en materia de concursos de ingreso al sistema especial de carrera docente”. Los tres, aupando la flexibilización, acaban paulatinamente con nuestros derechos laborales.
Para los neoliberales se ha convertido en un dolor de cabeza que todavía haya un gremio como el de docentes que, a pesar de tener bajos salarios, aún goza de alguna estabilidad laboral, prestaciones sociales, contratos a término indefinido, primas de vacaciones y demás derechos, conquistados durante décadas de luchas.
El contenido de estos tres decretos demuestra que, por orientación de la OCDE, Santos decidió imponer una contrarreforma laboral.
No podía ser de otra manera. Según la OCDE, “la mayor parte del gasto en educación es gasto corriente, que incluye los sueldos de los docentes”. En un documento llamado Panorama de la educación 2014, la OCDE afirma que Colombia gasta en educación un porcentaje de su PIB superior al promedio, equivalente en 2011 al 6.7%. Este gasto tan “desmesurado”, dice, se va esencialmente en la nómina docente, aspecto que se debe corregir.
En las últimas dos décadas, el sistema educativo colombiano ha experimentado una transformación drástica.
Primera oleada
En 2001 el magisterio sufrió una profunda derrota con la aprobación del recorte a las transferencias. Como resultado, se expidió la Ley 715, nefasta para la educación pública y los derechos del magisterio. Se generalizó la municipalización y se amplió el camino de la privatización. Poco después, el Decreto 1278 de 2002 nos infligió otro duro golpe, pues arrasó con la estabilidad laboral conquistada en 1979 con el 2277 e impuso a los nuevos docentes un escalafón casi imposible de transitar. La situación se hizo más gravosa pues los nuevos docentes fueron incluidos por la Ley 812 de 2003 en el régimen de pensiones de la Ley 100.
Esta política barrió con la autonomía escolar conquistada en la Ley 115 de 1994 y desconoció los objetivos de la educación trazados por esta norma, sustituyendo la educación dirigida a la enseñanza de los conocimientos más avanzados de la humanidad por una educación basada en tres o cuatro competencias, evaluada con estándares nacionales e internacionales que guardan estrecha relación con las necesidades de mano de obra barata de los monopolios que se lucran de los TLC.
Segunda oleada
En el 2007, como resultado del nuevo recorte a las transferencias, fue eliminado el Preescolar atendido por el Estado para entregarlo a las alianzas público-privadas, en la llamada Atención Integral a la Primera Infancia; se impuso un currículo básico en los colegios con baja evaluación, que puede ser ampliado a todas las instituciones educativas; se plantelizaron los recursos de gratuidad y calidad, como preludio para plantelizar todos los recursos que el gobierno central gira a las entidades territoriales a través del SGP; se impusieron nuevos criterios para la jornada escolar, dirigidos a aumentar la permanencia de los docentes en los centros educativos y a dotar a los rectores de facultades para ejercer un control policivo asfixiante y a continuar el sistema de colegios por concesión, los bancos de oferentes, los convenios y becas estatales en colegios privados, como ejes de la privatización. Y para rematar, sigue vigente la intención del gobierno de acabar el régimen especial de salud y pensiones del gremio por la vía de estrangular financieramente el Fondo Prestacional del Magisterio.
Tercera oleada: contrarreforma laboral para los educadores
Estamos ante la tercera gran oleada y no es casual que los tres decretos, el 490, el 501 y el 915, se hayan expedido justo cuando se aproxima otro gran recorte a las transferencias.
El analista político y económico Aurelio Suárez lo describe muy bien: “Juan Manuel Santos intenta trasladar los costos de la crisis a las clases medias y trabajadoras, limitando los salarios; evadiendo las deudas laborales contraídas; haciendo recorte a la inversión y al ‘gasto social’ y aumentando los impuestos regresivos”. Al sector educativo le correspondería, acorde con el SGP, $20,3 billones en el 2017 y $21,82 billones en 2018. A contramano, con el ICN, para 2017 serían apenas $17,37 billones y, para 2018, $18,28 billones.” La última fórmula es la que escogió el gobierno, lo que significaría un descuento de alrededor de $6 billones en los dos primeros años para la educación.
Los tres decretos sientan las bases para finiquitar la ofensiva contra la educación pública y los derechos de los maestros.
El Decreto 490 divide al magisterio en docentes de aula y líderes de apoyo, imponiéndoles a estos una cantidad de funciones nuevas. Son los docentes que desarrollan su actividad académica a través de proyectos pedagógicos y otras actividades de apoyo para la formación integral de los estudiantes, relacionadas con la orientación y convivencia escolar; para el fortalecimiento de competencias matemáticas, comunicativas y científicas; para las áreas transversales de enseñanza obligatoria; para el uso como espacio pedagógico del bibliobanco de textos, las bibliotecas y el material educativo con miras a aplicar proyectos de oralidad, escritura y lectura; para proyectos de mejoramiento de la calidad educativa, la aplicación de modelos pedagógicos flexibles para la prestación del servicio educativo; y, ¡ojo! las necesidades que surjan de la puesta en marcha de los planes de estudio y los proyectos educativos institucionales. Igualmente, son responsables de las demás actividades curriculares complementarias que les sean asignadas por el rector o director rural en el marco del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. Hasta los docentes del 1278 estarán en mejores condiciones.
Este decreto apunta a suprimir miles de vacantes por todo el país. Aumenta los mínimos de estudiantes por grupo para la ubicación de maestros, 32 en la zona urbana y 22 en la rural. Con un piso tan alto para las zonas rurales, muy seguramente se cerrarán cursos, lo que implica menos maestros y más niños sin educación. Sin unos máximos, en las zonas urbanas podrá haber, como en efecto ya los hay, grupos de cuarenta, cincuenta y de hasta sesenta niños, lo que aumentará el hacinamiento y reducirá la planta de personal docente.
El Decreto 915, reglamentario del Decreto Ley 1278, pone cada vez más talanqueras para ingresar a la carrera docente con el fin de ir acabando con el trabajo formal en la educación y generalizar la tercerización laboral y la provisionalidad indefinida, con el subsecuente recorte de derechos.
Y el Decreto 501 reglamenta la mal llamada jornada única, acaba con cualquier vestigio de autonomía escolar que aún subsiste, desconociendo el gobierno escolar, establece como política central de la descentralización de los recursos del Sistema General de Participaciones la entrega directa de las transferencias a los planteles educativos. La norma entrega estímulos a los que se adapten a las políticas y cumplan con los “estándares de calidad” e impone sanciones a los colegios que no lo hagan, condicionando así el presupuesto de las instituciones educativas a los resultados de gestión.
Con este decreto todos los maestros, sin excepción, tanto los del régimen anterior 2277, como los del 1278 y por supuesto los que ingresarán bajo los tres decretos reglamentarios, 915, 490 y 501, pierden el derecho a la jornada laboral, pues así se diga que seguirá siendo de seis horas, en la práctica, la disponibilidad del docente deberá ser de diez horas, sin que haya siquiera un debate frente al reajuste salarial que ello debería traer.
El 501 también profundiza la tercerización laboral mediante la contratación con operadores privados de maestros, sobre todo de artes y deportes, áreas que la ministra Parody prácticamente excluye del currículo formal.
Y se ponen cimientos para plantelizar la educación mediante el ISCE o Índice Sintético para la Calidad de la Educación. Según el ISCE, cuya pretensión final es que paulatinamente cada escuela administre sus propios asuntos y decida sobre la ejecución de los recursos para ir aumentando sus responsabilidades, violando así el principio constitucional que incluye a la familia, a la sociedad y al Estado como “responsables” de la educación. Recordemos que la plantelización es el camino más expedito hacia la privatización definitiva.
Ante esta tercera ola neoliberal, debemos continuar alentando incansablemente la resistencia desde Fecode y sus sindicatos filiales. Desde Tribuna Magisterial contribuiremos con todo nuestro esfuerzo, trabajo y tesón a engrandecer el movimiento nacional en la lucha. Y lo haremos con la convicción de que el ahondamiento de la crisis de la educación terminará indefectiblemente por despertar la movilización contra las imposiciones de la OCDE a fin de rescatar una verdadera educación nacional que esté a tono con las necesidades de la nación.
