Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate a la directora del ICBF por la situación de las madres comunitarias y la corrupción en el Instituto, Plenaria del Senado, 20 de mayo de 2008
El truco trillado de los dirigentes uribistas. La corrupción, el clientelismo y el desgreño administrativo en el ICBF se enmarcan en la política de privatización. El caso de las madres comunitarias clama al cielo. Más eficiente operar con los propios funcionarios que subcontratar.
Lo primero es lamentar que se le hubiera negado a la bancada del Polo la posibilidad de terminar hoy el debate que le iniciamos al ministro de la Protección Social. Entiendo que le huyan con todo celo al caso Yidis y Teodolindo, pero pienso que se les debiera permitir a quienes citan un debate concluirlo. Lo mismo que pidió ahora el senador Javier Cáceres. Y que si no se concluye en el día de la citación, que se les deje hacerlo después, pues esto es lo que establece el reglamento en de la Ley 5ª.
Después de oír uno a la señora directora de Bienestar Familiar, no puede menos de concluir que todos los funcionarios del actual gobierno son cortados por la misma tijera y se parecen bastante al doctor Uribe. Si uno les hace una pregunta comprometedora sobre la letra A, se despachan sobre todas las letras del abecedario, menos sobre la letra A. Algo muy parecido a lo que vimos ahora con la doctora Elvira Forero, a quien se le hace un debate relacionado con corrupción, con clientelismo, con el desgreño administrativo, con la manipulación, y ella se despacha mostrándonos a los viejitos bailando y hablando del almuerzo que les dan.
También es estilo de los ministros de este gobierno abrumar al auditorio dando cifras y cifras y cifras de programas y de las cosas que hacen. Tampoco es un buen estilo de debate, porque es obvio que si a uno le dan dos y medio billones de pesos, como es el caso del ICBF, pues algo acaba haciendo. El colmo sería que con 2,5 billones de pesos no hiciera uno absolutamente nada. Pero es que tampoco se le pedía a la directora del ICBF contarnos cómo se gasta 2,5 billones de pesos o un poco menos, sino que explicara lo del clientelismo y la corrupción, como lo plantearon el senador Javier Cáceres y la senadora Dayra Galvis. Y resulta curioso que en el tiempo que tuvo la doctora Elvira Forero para hablar de todo lo habido y por haber se le olvidó mencionar que el ICBF tiene más de un billón de pesos en TES, dineros que por supuesto le hacen falta para atender los programas de la infancia, de los jóvenes y de los adultos mayores, una plata que está desde hace muchísimo tiempo donde no debiera estar.
Son muy graves las acusaciones que hacen la doctora Galvis y el senador Cáceres y yo, personalmente, no me sentí satisfecho con las explicaciones que dio la señora directora de Bienestar Familiar. Pienso que se saltó a la torera las denuncias, se hizo la loca, como se dice coloquialmente, no refutó los gravísimos cargos que le lanzaron. Pienso, en ese sentido, como supongo que pensarán también todos los que la oyeron, que sus respuestas fueron por completo insatisfactorias.
No voy a repetir lo que dijeron los senadores citantes, pero sí a hacer una reflexión sobre el mal manejo del ICBF, de todos sus disparates y enredos, enmarcados en la política general de privatización del Instituto. Se opera mejor, a mi juicio, se gastan mejor los recursos públicos si las empresas no se privatizan, si no se subcontratan las labores del Estado con particulares. Creo que es más eficiente cuando estas operaciones del sector público se hacen con los propios funcionarios y no subcontratándolo todo.
El caso de las madres comunitarias clama al cielo
Voy a detenerme en algunos aspectos que en este sentido me parecen interesantes. Lo primero es comentar la situación de las madres comunitarias, un caso que clama al cielo. Hasta el año pasado, con un sueldo que apenas alcanzaba la mitad del salario mínimo legal, las madres comunitarias cumplían una faena durísima educando niños, aseándolos, lavando platos, haciéndoles la comida, uno de los trabajos más duros que pueda haber –se imagina, doctora Elvira Forero, si a usted le tocará realizar durante una semana entera un trabajo de esos, seguramente coincidiría conmigo–, y con un sueldo, repito, que no llegaba ni a la mitad del mínimo legal. Colombia es definitivamente un país muy mal gobernado cuando a trabajadores que hacen esfuerzos tan grandes ni siquiera les pagan el mínimo de ley y además les escamotean el derecho a la salud en el régimen contributivo con cobertura familiar y les birlan el derecho de pago de incapacidades, el pago de pensión, las afiliaciones a las ARP, la afiliación a una Caja de Compensación Familiar, el derecho al descanso remunerado y vacaciones, el derecho a cesantías y demás prestaciones sociales y el derecho a la estabilidad laboral. Las madres comunitarias están casi peor que los siervos del medioevo y esa debiera ser, doctora Forero, una de las principales preocupaciones del Bienestar Familiar, porque uno no puede proclamar ante la prensa el amor al prójimo y a los ancianos y a los niños y maltratar así a unas señoras que hacen faenas tan ingratas.
Empezando el presente año se aprobó la Ley 1187, que ordenó subirles el pago a estas señoras al 70% del salario mínimo, aunque manteniendo las pésimas condiciones de contratación. Pues resulta que el presidente Uribe, que también quiere tanto al prójimo, no vaciló en objetar la ley. Afortunadamente, la objeción no pasó y el incremento se dio. Y sorpréndanse ustedes, colombianos, de la forma como se legisla y se ejecuta la ley. Según informaciones que tengo, en este momento apenas se les ha incrementado el sueldo a 6.777 madres comunitarias, de un total de setenta mil. Uno ya no sabe si hecha la ley hecha la trampa, o si primero se hace la trampa y después la ley, pero el hecho cierto es que no les están pagando a estas compatriotas lo que ordenó la ley. ¿Cómo puede funcionar bien así cualquier Estado?
Más eficiente operar con los propios funcionarios que subcontratar
Quién ejecuta los recursos del Bienestar Familiar es la otra gran discusión. En la política que el Polo Democrático defiende, esos recursos los debieran ejecutar fundamentalmente quienes trabajan en el ICBF, los empleados y las empleadas de la institución. Estamos hablando de los restaurantes escolares, los programas de adultos mayores, los desayunos infantiles y toda una serie de funciones. La visión de la privatización, que es la misma del FMI, es que todo se debe subcontratar con terceros. Aparece aquí un debate bien interesante. Cuando el ICBF tenía más conocimientos de detalle y mejores recursos técnicos y había menos politiquería y menos clientelismo de por medio, las cosas funcionaban mejor. Pero me informan que en esta administración se ha hecho la regresión de volver a que el Bienestar ponga la plata y a que sean alcaldes y gobernadores los que ejecuten, en procesos bien discutibles desde el punto de vista de la eficiencia, de la politiquería y de la moralidad administrativa. Miremos más en detalle cómo es el asunto. Hoy el ICBF subcontrata con terceros actividades como las que explicó aquí la doctora Forero. Y se habla de que hay 23.300 contratos firmados por el Instituto. Esto solo de por sí ya es una locura. Quisiera saber cómo se hace de manera eficiente una subcontratación de ese tamaño, cómo se controla, cómo se analiza, cómo se estudia. No logro realmente entenderlo desde el punto de vista de la eficiencia administrativa.
Miremos algunas de las lacras del sector público colombiano. Son tres básicamente: politiquería, ineficiencia y corrupción. Y miremos cómo resultan las cosas en la lógica de la privatización, si mejores o peores. Politiquería: obvio que quienes aparecen como empleados de las firmas intermediarias resultan convertidos en algo así como en súbditos sin ninguna capacidad de independencia política. Luego tienen que votar por quien les haga el contrato, inexorable que sea así. Ahora, es mucho menos posible la politiquería allí donde hay estabilidad laboral, donde hay organizaciones sindicales, donde hay respeto al trabajador, donde se pueden hacer reclamos. Por este lado de la politiquería, la tercerización de las faenas del Estado resulta bastante peor de lo que sería en la propuesta que estamos haciendo.
Desde el punto de vista de la eficiencia, pienso que son mucho mejores las empresas del Estado que funcionan sobre la base de trabajos especializados y con trayectorias largas, que han realizado un know how, donde hay un espíritu creativo y todo lo que tiene que ver con empresas seriamente construidas y no estas contrataciones que hoy están y mañana no y donde hoy entra el uno y mañana sale el otro. Estoy convencido de que es mucho más eficiente el otro mecanismo.
Y ni se diga lo de la corrupción. Porque aquí lo que aparecen, en no en pocos casos, son una serie de aventureros que hoy están y mañana no están, y que no dan la cara ni aparecen. El Instituto de Bienestar Familiar está hoy funcionando con una lógica bastante desafortunada, que de manera natural conduce a los hechos tan graves de desdeño, manipulación, corrupción y politiquería, que han señalado los senadores citantes.
