Jorge Enrique Robledo Castillo*
Manizales, 27 de febrero de 2003.
Con el cuento de siempre de la falta de plata, y en desarrollo de una explotación pactada con la Texas desde 1982, en 1996 Ecopetrol firmó con la ChevronTexaco un contrato para que esta diseñara, financiara, construyera, instalara y operara la Plataforma B del yacimiento Chuchupa, con el propósito de extraer más gas en el mar de La Guajira. El supuesto atractivo para los colombianos consistió en que el hidrocarburo se repartiría en partes iguales con la transnacional y en que, sobre todo, al terminar el 2004 la totalidad del recurso revertiría a Ecopetrol, con lo que esta disfrutaría, ahí sí, del ciento por ciento del gas que se estaba extrayendo y del de más que se pudiera extraer. Hay que agregar que Ecopetrol aportó, además de la riqueza del subsuelo, 336.9 millones de dólares por concepto del alquiler, hasta el 2016, de la plataforma marina desde donde se explota un yacimiento que posee reservas comprobadas por tres billones de pies cúbicos de gas. Luego hablar de riesgo en el futuro de este negocio constituiría una mentira, como lo ha explicado el senador Hugo Serrano Gómez.
Pero el gobierno nacional, a través del ministro de Minas y la dirección Ecopetrol, acaba de firmar el contrato Catalina, unos de los peores de la historia del país, por el cual Chuchupa B no va a revertir a la nación como estaba pactado, sino que el incremento de la producción del yacimiento se compartirá, en peores condiciones que las de antes, con la ChevronTexaco. Perderá también Ecopetrol la posibilidad de perforar pozos en el mar, una experiencia valiosa para el futuro de cualquier empresa petrolera. ¿El pretexto? Que no tiene los 40 millones de dólares que se requieren para ganarse 900 millones (!), en un negocio en el que, como se dijo, ya invirtió, en la sola plataforma, más de ocho veces la suma que hace falta.
Sobre la falacia de la carencia de recursos de Ecopetrol, bastan unas cifras: sus transferencias al gobierno, en solo 2000 y 2001, ascendieron a 10.5 billones pesos, equivalentes al 60 por ciento de sus ingresos. Pero no obstante ello, la empresa reportó utilidades por 3.75 billones de pesos en el mismo período y tiene un fondo pensional que cubre sin problemas los compromisos con sus trabajadores. Además, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) mantiene en bancos en el exterior más de 1.200 millones de dólares recibiendo tasas de interés promedio del insignificante 1.75 por ciento anual, en tanto el negocio en mención tendría para la petrolera estatal una tasa de descuento del 18 por ciento.
Se repite la historia de los contratos de asociación, que se firman con el gancho de que un día los equipos y los hidrocarburos revertirán en el ciento por ciento a los colombianos, pero que siempre, una vez llegado ese momento, aparecen las presiones de las transnacionales para prorrogarlos. Así ocurrió, incluso, en 1948, cuando la Tropical Oil Company intentó que no revirtieran los yacimientos que le dieron origen a Ecopetrol, empresa que solo se creó luego de que los trabajadores del petróleo, con el respaldo de casi todos los colombianos, derrotaran las pretensiones de la transnacional.
El caso que se denuncia es parte de la estrategia de marchitamiento de Ecopetrol definida por la privatización neoliberal, la cual está conduciendo a que el país, que tiene excelentes posibilidades en la explotación de hidrocarburos, pueda terminar, en pocos años, cargando las refinerías de la empresa no con crudos de su propiedad sino de las transnacionales producidos en el territorio nacional, primero, y con crudos de ellas pero importados, después. El absurdo ha llegado a tanto que la política oficial dice que Ecopetrol –que se supone es una petrolera– no debe explorar ni explotar hidrocarburos porque esas son actividades “de riesgo”, lo que tiende a convertirla en una simple recaudadora de impuestos y regalías de las transnacionales, las que sí harían el excelente negocio de invertir en las riquezas de nuestro subsuelo.
En medio de una política tan contraria al progreso de Ecopetrol, y tan fracasada en los propios términos de la retórica de los neoliberales criollos, no debe sorprender que el gobierno haya decidido responsabilizar de las dificultades de la empresa a sus trabajadores, a quienes intenta imponerles un duro contrapliego laboral, con lo que tira una cortina de humo sobre la verdad de lo que ocurre y pretende eliminar el principal obstáculo que tienen las medidas de privatización de la petrolera de los colombianos.
*Senador de la República
