Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 14 de noviembre de 2006.
No hay una sola organización representativa de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, intelectuales y demás sectores populares de Colombia que respalde el TLC con Estados Unidos. Incluso, la mayoría de las agremiaciones de empresarios agrícolas se opuso al texto del Tratado hasta el 27 de febrero de 2006, día en que se impuso su firma. Pero no rechazamos el TLC porque por principios nos opongamos a los negocios internacionales o a las relaciones con Estados Unidos. Nos oponemos es porque sacrifica la soberanía de Colombia, anexa la economía nacional a la estadounidense y le quita país los principales instrumentos del desarrollo, lo que empobrecerá más a casi todos los colombianos.
El TLC hace irreversibles las reformas neoliberales de los últimos quince años, las cuales le provocaron enormes pérdidas a la industria y al agro, reemplazaron los monopolios públicos por los privados y generaron el peor desastre social del siglo XX. El retroceso en empleo y pobreza fue tanto, que aún no se retorna a los indicadores anteriores a la crisis y el país padece por una de las peores desigualdades sociales del mundo.
Los estudios oficiales señalan que con el TLC las importaciones de Colombia crecerán el doble que las de Estados Unidos y que los exportadores colombianos perderán, frente a los estadounidenses, ventas a los países andinos. Porque Colombia eliminará sus aranceles y Estados Unidos, además de gozar del poder de una economía 129 veces mayor, mantendrá sus inmensos subsidios. Además, Colombia casi eliminó las barreras sanitarias a los productos estadounidenses, en tanto las Casa Blanca mantuvo todas las suyas contra los bienes colombianos. Por lo impuesto en propiedad intelectual, Colombia renuncia a la producción de bienes industriales complejos y al progreso en ciencia y tecnología. Este capítulo, además, provocará enfermedad y muerte entre los colombianos, pues encarecerá los medicamentos en cerca de 900 millones de dólares al año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y lo pactado en telecomunicaciones y tribunales de arbitramento se redactó con el propósito de menoscabar el interés de las empresas oficiales y del Estado colombiano.
Las normas sobre inversiones y compras públicas les conceden ventajas insólitas a los monopolistas estadounidenses en Colombia, gabelas que es una burla decir que también las tendrán los colombianos en Estados Unidos. Es especialmente grave que el Tratado le arrebate a Colombia el derecho a tener una eficaz cláusula de balanza de pagos, mecanismo que autoriza el propio FMI y que perderlo puede significarle pérdidas catastróficas al país. Y el TLC también consolida la entrega a los extranjeros del sistema financiero y le impone a Colombia pagar costos muy altos por influir en las tasas de cambio e interés.
Los partidarios del TLC dicen que los inversionistas estadounidenses reemplazarán los daños que el Tratado le provocará a la capacidad de los colombianos para generar ahorro interno. Pero silencian que a esos inversionistas habrá que atraerlos con peores condiciones laborales y ambientales. Es sabido que en Colombia van varias reformas legales que abarataron el precio de la mano de obra, que en el país es más fácil organizar y mantener una organización armada ilegal que un sindicato y que ya hay en marcha una campaña ideológica para disminuir el salario mínimo. Además, al actual gobierno le preocupa tan poco el medio ambiente, que fue capaz de fumigar con poderosos venenos el parque nacional natural de La Macarena. Y el TLC, aunque intenta engañar al respecto, de manera expresa autoriza deteriorar los estándares laborales y ambientales para atraer inversionistas (artículos 17.2 y 18.2).
También cuenta en nuestro repudio al TLC que la destrucción del agro obligue a más colombianos a cultivar coca y amapola y que el “libre comercio” enriquezca a los monopolistas de Estados Unidos pero empobrezca al pueblo de ese país.
Quienes en los Congresos de Colombia y Estados Unidos tenemos una concepción auténticamente democrática, debemos pugnar por las mejores relaciones entre los dos países. Pero con franqueza les digo que a ello se opone la lógica imperial que anima al TLC. Es, por tanto, uno de nuestros deberes rechazar ese Tratado.
